De confirmarse el proyecto de sentencia que discutirá la SCJN, dos magistraturas del Tribunal Superior de Justicia —incluida la de su presidente Heyden Cebada— y la del Tribunal Unitario para Adolescentes deberán ser votadas en la elección judicial de 2028
REDACCIÓN
CANCÚN.- El Observatorio Cívico Legislativo advirtió que el proyecto de resolución que discutirá el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo 6 de julio podría invalidar diversos aspectos de la reforma al Poder Judicial aprobada por la XVIII Legislatura de Quintana Roo, al considerar que excedió sus atribuciones constitucionales.
Advirtió que, de confirmarse el proyecto de sentencia, el Congreso deberá garantizar que las dos magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) —de Heyden Cebada Rivas y Ana Mercedes Castillo Carvajal— y la magistratura del Tribunal Unitario para Adolescentes —donde fue nombrada Aida Isis González Gómez, en lugar de someter el cargo a voto popular— sean incluidas en la convocatoria de la elección judicial ordinaria que se realizará en 2028.
De acuerdo con la Nota Informativa 308 del organismo, la acción de inconstitucionalidad promovida por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestiona las modificaciones aprobadas en agosto del año pasado durante un periodo extraordinario.
El Observatorio afirmó que el proyecto de sentencia representa “una mancha más para nuestros diputados que aprueban sin revisar y considerar los impactos en el marco jurídico nacional”, al sostener que diversas disposiciones invaden competencias reservadas por la Constitución federal.
Según el documento, la Corte propone invalidar normas que permitían crear órganos judiciales mediante legislación secundaria, otorgaban al Tribunal Superior de Justicia facultades para reorganizar salas, prorrogaban magistraturas al margen del calendario constitucional y excluían a la Magistratura Unitaria para Adolescentes del esquema de elección popular.
Asimismo, el proyecto plantea ajustar el mecanismo de designación de las presidencias del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial conforme a los criterios establecidos en la reforma judicial federal.
El Observatorio consideró que, de ser aprobado por la SCJN, el Congreso de Quintana Roo deberá modificar nuevamente la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Judicial, adecuar el calendario de elección judicial y armonizar el marco normativo estatal con los lineamientos fijados por la Corte.
