MÉXICO.- El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito confirmó la sentencia que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional a entregar las versiones públicas de los contratos relacionados con el software de espionaje Pegasus, al considerar que incumplió una resolución definitiva del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
La resolución desechó el recurso de revisión promovido por la dependencia militar contra el amparo obtenido por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización que impulsó el litigio para acceder a los contratos celebrados durante 2018 y 2019 con Comercializadora Antsua S.A. de C.V., empresa vinculada al suministro del denominado “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”.
El Tribunal respaldó el criterio del juez de Distrito, quien determinó que la Defensa excedió ampliamente el plazo para cumplir una resolución “vinculante, definitiva e inatacable” del INAI. Además, estableció que la autoridad ya no puede alegar que toda la información permanece reservada para impedir su entrega.
Las organizaciones civiles recordaron que la entonces Sedena negó inicialmente la existencia de los contratos, aunque información de la Auditoría Superior de la Federación y documentos filtrados posteriormente acreditaron adquisiciones superiores a 140 millones de pesos. La investigación “Ejército Espía” identificó además al Centro Militar de Inteligencia como usuario final del sistema.
R3D, Artículo 19 y SocialTIC celebraron la resolución judicial al sostener que permitirá avanzar en la transparencia sobre la contratación de tecnologías de vigilancia. “Celebramos esta decisión del Poder Judicial en defensa de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la justicia”, señalaron las organizaciones, que esperan esclarecer posibles abusos y responsabilidades. (Con información de Aristegui Noticias)