La lucha que comenzó con el sufragio femenino evolucionó hacia un modelo de representación obligatoria que hoy enfrenta el desafío de revisar cómo conviven igualdad, competencia, mérito y transparencia dentro de la democracia mexicana
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR
El 3 de julio de 1955, millones de mujeres mexicanas acudieron a las urnas por primera vez para participar en una elección federal. Aquel día no solo ejercieron un derecho; rompieron una barrera que durante décadas las había mantenido al margen de las decisiones públicas. La exigencia impulsada por pioneras como Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto era tan sencilla como transformadora: participar en igualdad de condiciones en la vida política nacional.
Setenta y un años después, el escenario parece impensable para aquellas generaciones. México tiene a su primera mujer en la Presidencia de la República; los congresos federal y estatales operan bajo reglas de paridad, y las mujeres ocupan cada vez más gubernaturas, presidencias municipales y espacios de decisión. La representación femenina dejó de ser una excepción para convertirse en una obligación constitucional.
Pero mientras las cifras celebran una revolución democrática, el poder comienza a plantear nuevas preguntas. La discusión ya no gira en torno a si las mujeres pueden llegar a los cargos públicos; esa batalla, al menos en el terreno legal, parece resuelta. El verdadero debate es otro: ¿quién decide qué mujeres llegan?, ¿bajo qué criterios son seleccionadas?, ¿la paridad está democratizando el acceso al poder o simplemente está modificando la manera en que los partidos políticos lo administran?
Porque detrás del éxito estadístico de la paridad también aparecen nuevas tensiones. Las cuotas obligatorias, concebidas para romper estructuras históricamente excluyentes, hoy conviven con denuncias de nepotismo, simulación, candidaturas construidas para cumplir porcentajes legales y disputas sobre si el mérito debe ceder frente a los criterios de representación. Al mismo tiempo, mientras las élites políticas presumen congresos paritarios, en numerosas comunidades del país las mujeres todavía enfrentan obstáculos para participar en las decisiones más básicas de su propia localidad.
Hoy, la democracia mexicana vive una paradoja inédita. Nunca había existido tanta presencia femenina en el poder, pero tampoco tantas interrogantes sobre la forma en que ese poder se distribuye, pues la paridad, por sí misma, no garantiza buenos gobiernos ni buenos resultados.
Cuando votar era una revolución
La conquista del voto femenino no ocurrió al mismo tiempo en todo el mundo. Fue el resultado de décadas de movilización social frente a sistemas que excluían a las mujeres de las decisiones públicas. Nueva Zelanda abrió el camino en 1893 al convertirse en el primer país en reconocer el sufragio femenino, seguida por Australia en 1902, Finlandia en 1906, Estados Unidos en 1920, Francia en 1944 e Italia en 1946. Incluso Suiza, considerada una de las democracias más consolidadas, permitió el voto de las mujeres en elecciones federales hasta 1971.
México se incorporó a esa transformación el 3 de julio de 1955, cuando millones de mujeres participaron por primera vez en una elección federal, luego de la reforma constitucional impulsada dos años antes. Aquella jornada representó mucho más que el ejercicio de un derecho: marcó el inicio de una nueva etapa democrática y coronó la lucha de pioneras como Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto, quienes durante décadas exigieron igualdad política. Siete décadas después, el país pasó de reclamar el derecho al voto a debatir cómo garantizar una representación equitativa en los espacios donde realmente se ejerce el poder.
Para la historiadora Gabriela Cano, el sufragio femenino representó mucho más que el derecho a emitir un voto; significó el reconocimiento pleno de las mujeres como ciudadanas dentro del Estado mexicano y el inicio de una transformación política que continúa hasta nuestros días.
La ingeniería de la igualdad: cuando la ley comenzó a elegir
La creciente presencia de mujeres en los espacios de poder no fue resultado de una evolución espontánea dentro de los partidos políticos, sino de una serie de reformas que modificaron las reglas del sistema electoral mexicano. Lo que comenzó en la década de 1990 como cuotas de género evolucionó hasta convertirse en el principio constitucional de la “paridad en todo”, obligando a los partidos a distribuir de manera equitativa sus candidaturas entre mujeres y hombres y reduciendo la discrecionalidad con la que tradicionalmente definían a sus aspirantes.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, estas reformas buscan garantizar que mujeres y hombres compitan en condiciones de igualdad y evitar prácticas que durante décadas limitaron el acceso femenino a los cargos de elección popular. Sin embargo, la transformación también modificó la manera en que los partidos construyen sus estrategias electorales, pues ahora deben equilibrar criterios políticos, competitividad y obligaciones constitucionales.
La politóloga Flavia Freidenberg ha señalado que la paridad constituye uno de los cambios más profundos del sistema electoral mexicano porque dejó de ser una recomendación para convertirse en una obligación jurídica. No obstante, advierte que el verdadero reto no consiste únicamente en cumplir porcentajes, sino en garantizar que las mujeres ejerzan el poder en condiciones reales de autonomía y que las reglas fortalezcan la calidad de la democracia. Ese nuevo escenario abrió una discusión que continúa vigente: hasta dónde debe intervenir la ley para construir un equilibrio en la representación sin desplazar otros principios democráticos.
La paridad como campo de batalla
La paridad transformó mucho más que la integración de los congresos; también modificó la forma en que los partidos negocian el poder. Donde antes las candidaturas se repartían entre corrientes políticas, grupos regionales y liderazgos tradicionales, ahora deben ajustarse a una compleja combinación de reglas constitucionales, acciones afirmativas y criterios de competitividad.
Cada proceso electoral se ha convertido en un rompecabezas jurídico y político. Las dirigencias ya no solo calculan quién puede ganar una elección, sino también cómo cumplir con la paridad, respetar las cuotas destinadas a grupos históricamente discriminados y evitar impugnaciones ante los tribunales electorales. La competencia ya no ocurre únicamente en las urnas; comienza meses antes, durante la construcción de las listas de candidaturas.
Para algunos especialistas, este modelo fortaleció la inclusión y limitó la discrecionalidad de las élites partidistas. Para otros, abrió una nueva disputa por el control de las candidaturas, donde las reglas constitucionales pesan tanto como los acuerdos políticos. Esa tensión explica por qué el siguiente debate ya no enfrenta a hombres y mujeres, sino a dos conceptos distintos de democracia: la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados.
Las sombras de la simulación: casos que pusieron a prueba la paridad
La evolución de la paridad en México no se entiende únicamente a partir de las reformas constitucionales. También está marcada por casos que obligaron a modificar leyes, redefinir criterios judiciales y replantear el alcance de las reglas de inclusión. Cada expediente evidenció una nueva tensión entre igualdad, democracia y poder.
El caso más emblemático fue el de las llamadas “Juanitas”. En 2009, varias mujeres fueron postuladas para cumplir con las cuotas de género, pero, tras ganar la elección, renunciaron a sus cargos para que sus suplentes hombres asumieran las curules. El episodio provocó un amplio rechazo y derivó en reformas que endurecieron las reglas para impedir que la representación femenina pudiera ser utilizada como un simple trámite electoral.
Posteriormente, la aplicación de la paridad en municipios regidos por sistemas normativos indígenas, particularmente en Oaxaca, abrió un nuevo debate entre el derecho de las mujeres a participar en condiciones de igualdad y la autonomía de las comunidades para elegir a sus autoridades. En San Luis Potosí, diversas resoluciones obligaron a modificar listas de representación proporcional para garantizar ese derecho fundamental, confirmando que la igualdad ya no solo influye en el registro de candidaturas, sino también en la integración final de los órganos legislativos.
A todo esto, se le añade que, en los últimos años, la legislación electoral incorporó acciones afirmativas para pueblos indígenas, personas con discapacidad, afromexicanos e integrantes de la diversidad sexual, pero en muchos casos como en Quintana Roo, se han documentado abusos como el casado de la actual diputada Paola Moreno que la inscribieron al pasado proceso electoral bajo el argumento de tener discapacidad visual o el de la Senadora Anahí González como indígena sin serlo.
¿Cuota o mérito? El debate que divide a la democracia
La paridad dejó de ser únicamente una herramienta para ampliar la participación de las mujeres. Hoy representa uno de los debates más complejos del sistema democrático mexicano, al confrontar dos principios que, en ocasiones, parecen avanzar por caminos distintos: la igualdad y el mérito. Quienes respaldan las acciones afirmativas sostienen que la competencia nunca fue realmente equitativa y que las cuotas son un mecanismo para corregir décadas de exclusión. Sus críticos responden que la obligación constitucional de cumplir con la paridad también modificó los criterios de selección de candidaturas y, en algunos casos, desplazó a perfiles con mayor trayectoria para privilegiar el cumplimiento de una disposición legal.
El jurista Miguel Carbonell sostiene que las acciones afirmativas son constitucionalmente válidas para corregir desigualdades históricas, siempre que se apliquen bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad. A su vez, el politólogo José Woldenberg ha señalado que el reto consiste en armonizar la inclusión con la libre competencia política, evitando que cualquier principio sustituya la deliberación democrática.
En Quintana Roo, donde en 2027 se renovará la gubernatura, este debate dejará de ser una discusión académica para convertirse en una realidad política. Las decisiones que adopten los partidos al definir sus candidaturas pondrán a prueba si la paridad puede coexistir con el mérito, la competitividad y la confianza ciudadana.
La nueva geografía del poder femenino
La participación política de las mujeres dejó de medirse únicamente por el número de legisladoras o candidatas. Hoy también se refleja en los gobiernos que encabezan. Quintana Roo es uno de los ejemplos más representativos de esta transformación: además de tener a una mujer al frente del Poder Ejecutivo estatal, más de la mitad de sus municipios son gobernados por presidentas municipales.
La entidad es encabezada por Mara Lezama Espinosa, mientras que Ana Patricia Peralta gobierna Benito Juárez (Cancún); Estefanía Mercado, Playa del Carmen; Blanca Merari Tziu Muñoz, Puerto Morelos; Atenea Gómez Ricalde, Isla Mujeres; Maricarmen Hernández Solís, Felipe Carrillo Puerto; y Yensunni Martínez Hernández, Othón P. Blanco. En conjunto, seis de los once municipios quintanarroenses son administrados por mujeres, una configuración política inédita en la historia del estado.
Este escenario refleja el alcance que ha tenido la paridad de género en los cargos de elección popular. Lo que comenzó como una lucha por el derecho al voto evolucionó hasta permitir que las mujeres no sólo participen en las elecciones, sino que encabecen gobiernos estatales y municipales, administren presupuestos públicos y tomen decisiones que impactan de manera directa en millones de ciudadanos.
La presencia femenina en estos cargos confirma que una de las principales demandas del movimiento sufragista logró materializarse. El desafío de esta nueva etapa ya no es únicamente abrir espacios de participación, sino que esa representación se traduzca en gobiernos eficaces, transparentes y cercanos a la ciudadanía.
La paridad no garantiza buenos gobiernos
La creciente presencia de mujeres en los espacios de decisión también ha demostrado que el género no determina la capacidad para gobernar. Así como existen administraciones ampliamente reconocidas por sus resultados, también hay casos marcados por la corrupción, la improvisación, decisiones controvertidas o polémicas públicas. La igualdad política implica, asimismo, igualdad en la exigencia de resultados y en la rendición de cuentas.
Un caso destacado es el de Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, quien participa en el proceso interno de Morena con la intención de contender por la gubernatura de Guerrero. Su administración enfrenta investigaciones por presunto desvío de recursos y cuestionamientos derivados del llamado “caso del collar”, luego de que fuera vista portando una presunta joya de una firma francesa, valuada en alrededor de 227 mil pesos. A ello se suman las fuertes críticas por la deficiente respuesta de su gobierno tras el paso del huracán Otis y por diversas declaraciones que fueron calificadas como insensibles hacia la población afectada.
A nivel nacional también destaca el caso de Ana Gabriela Guevara, cuya gestión al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha sido objeto de constantes cuestionamientos por los conflictos con atletas de alto rendimiento y por el manejo de los recursos públicos asignados al organismo.
Estos casos han alimentado un debate que trasciende el género. Especialistas coinciden en que la consolidación de la democracia no depende únicamente de alcanzar la paridad, sino de que quienes ocupan los cargos públicos, mujeres u hombres, ejerzan el poder con preparación, transparencia, ética y resultados.
La justicia también tiene rostro de mujer
La histórica incorporación de las mujeres a la vida pública también alcanzó al Poder Judicial. Lo que durante décadas fue un espacio predominantemente masculino comienza a transformarse con una presencia femenina cada vez mayor en los órganos encargados de impartir justicia y resolver algunos de los asuntos más relevantes del país.
Tras la primera elección por voto popular del Poder Judicial Federal fueron electas 801 personas para ocupar magistraturas de Circuito y juzgados de Distrito. De ese universo, 400 son magistradas de Circuito y 363 juezas de Distrito, cifras que consolidan la mayor presencia femenina registrada en la historia reciente de la justicia federal.
La tendencia también se refleja en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las cinco Salas Regionales mantienen una integración mayoritariamente femenina, con 10 magistradas y cinco magistrados, mientras que la Sala Superior conserva una composición mixta.
Sin embargo, la mayor representación femenina también ha ido acompañada del mismo nivel de escrutinio público que enfrentan sus pares hombres. El caso más emblemático es el de la ministra Yasmín Esquivel, cuya permanencia en la Suprema Corte quedó marcada por las acusaciones de plagio de su tesis de licenciatura, una controversia que abrió un intenso debate sobre la ética, la legitimidad y los mecanismos de control dentro del máximo tribunal del país.
La creciente presencia de mujeres en la impartición de justicia constituye uno de los cambios institucionales más relevantes de las últimas décadas. No obstante, algunos críticos debaten si la imposición de cuotas por paridad subordina el mérito y la carrera judiciales; el desafío ya no consiste únicamente en alcanzar la paridad, sino en fortalecer la independencia judicial, la transparencia y la confianza ciudadana en quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley.
El otro México
Mientras el debate nacional gira en torno a la paridad, las cuotas y el mérito, existe un México donde la discusión sigue siendo mucho más elemental: permitir que una mujer participe en política. En diversas comunidades regidas por sistemas normativos indígenas, los tribunales electorales han debido intervenir para garantizar que las mujeres puedan votar, ser electas e integrar las asambleas comunitarias en condiciones de igualdad, al enfrentar restricciones derivadas de prácticas y costumbres locales.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido diversas sentencias para proteger los derechos político-electorales de las mujeres en municipios de entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde persisten casos de exclusión o limitaciones para acceder a cargos públicos. De igual forma, ONU Mujeres ha advertido que la igualdad formal reconocida en las leyes no siempre se traduce en igualdad sustantiva dentro de las comunidades.
La paradoja es evidente: mientras México es reconocido internacionalmente por su legislación en materia de paridad y representación política, miles de mujeres aún enfrentan barreras culturales, sociales y políticas para ejercer plenamente derechos que la Constitución les reconoce desde hace décadas. La democracia mexicana, en consecuencia, avanza a distintas velocidades.
¿México tiene sobrerrepresentación femenina?
Las reformas constitucionales en materia de paridad colocaron a México entre los referentes internacionales en participación política de las mujeres. Hoy, tanto el Congreso de la Unión como diversos congresos locales mantienen una integración cercana o incluso superior al 50 por ciento de legisladoras, resultado de las reglas que obligan a los partidos a postular candidaturas bajo criterios de igualdad sustantiva. Este avance, sin embargo, ha dado paso a un nuevo debate sobre los alcances de la representación democrática.
Mientras ONU Mujeres sostiene que la paridad no constituye una concesión, sino un mecanismo para corregir una desigualdad histórica y reflejar la composición de la sociedad, algunos especialistas consideran que el desafío ahora consiste en evaluar si las reglas deben garantizar únicamente la igualdad de oportunidades o también determinados resultados en la integración de los órganos de gobierno.
El constitucionalista Diego Valadés ha señalado que toda acción afirmativa debe revisarse periódicamente para verificar que siga cumpliendo el propósito para el que fue creada y mantenga un equilibrio con los principios de igualdad, legalidad y representación democrática. Más que responder si existe una sobrerrepresentación femenina, la discusión invita a analizar hasta dónde debe llegar la intervención de la ley en la conformación del poder político.
Balance para el futuro
Setenta y un años después de que las mujeres mexicanas acudieran por primera vez a las urnas, la discusión sobre su participación política cambió por completo. La lucha por el derecho al voto dio paso a la exigencia de acceder a los espacios de decisión y, posteriormente, a un modelo constitucional que obliga a los partidos a garantizar la paridad en la integración de sus candidaturas. México pasó de combatir la exclusión política de las mujeres a debatir los alcances de un sistema que busca equilibrar la representación mediante reglas obligatorias.
Para ONU Mujeres, la democracia paritaria constituye un requisito para construir sociedades más igualitarias y fortalecer la legitimidad de las instituciones públicas. Sin embargo, especialistas como José Woldenberg sostienen que toda democracia también debe preservar la competencia, la pluralidad y la libertad de la ciudadanía para elegir a sus representantes.
Ese debate ya tiene un escenario concreto en Quintana Roo. El proceso interno de Morena para definir a quien encabezará la Coordinación Estatal en Defensa de la Soberanía y la Cuarta Transformación reunió, entre otras aspirantes, a la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña; a la diputada del Partido Verde, Alexa Murguía Pastrana; y a la diputada federal Marybel Villegas Canché. No obstante, desde antes del arranque del proceso, diversos actores políticos sostienen que existen perfiles que parten con una ventaja ampliamente reconocida, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre si todas las personas inscritas compiten en igualdad de oportunidades o si algunas postulaciones terminan cumpliendo una función predominantemente formal para acreditar la paridad.
Si el desenlace confirma que las decisiones estaban definidas desde el inicio, Quintana Roo podría convertirse en un nuevo referente de un debate que parecía superado: si la simulación en materia de paridad desapareció con las “Juanitas” o simplemente encontró nuevas formas de manifestarse dentro de los procesos internos de los partidos políticos.
Setenta y un años después de que las mujeres conquistaran el derecho al voto, México ya no discute si deben participar en el poder, sino cómo garantizar que esa conquista fortalezca la democracia. El desafío de las próximas décadas quizá ya no consista únicamente en abrir más espacios, sino en asegurar que la igualdad conviva con la transparencia, el mérito, la competencia y la confianza ciudadana. Porque la historia demuestra que toda conquista democrática necesita revisarse constantemente para evitar que sus propios mecanismos terminen alejándola del propósito que le dio origen.
Cronología: el camino hacia el voto de las mujeres en México
Antecedentes históricos
El esfuerzo por el reconocimiento pleno de los derechos ciudadanos de las mujeres comenzó desde el siglo XIX. En 1821 surgieron las primeras demandas para reconocerlas como ciudadanas con derecho al voto. Posteriormente, entre 1856 y 1890, se consolidaron las primeras movilizaciones y luchas organizadas en favor del sufragio femenino.
Los primeros logros legislativos
A nivel local, Yucatán marcó un hito histórico en 1923 al convertirse en la primera entidad federativa en reconocer el derecho de las mujeres a votar. Tres décadas más tarde, en 1953, un decreto presidencial otorgó plenamente el derecho a votar y ser votadas mediante la reforma al artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El hito democrático
La culminación de este proceso se materializó el 3 de julio de 1955, fecha histórica en la que, por primera vez, las mujeres mexicanas acudieron a las urnas para emitir su voto en una elección federal.
Precisión
El 17 de octubre se conmemora el reconocimiento legal del derecho al voto femenino en México, al promulgarse en 1953 las reformas al artículo 34 constitucional impulsadas por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, que otorgaron a las mujeres el derecho pleno a votar y ser votadas. En cambio, el 3 de julio recuerda la jornada histórica en la que, tras hacerse efectivo ese derecho, millones de mujeres emitieron por primera vez su voto en una elección federal para elegir diputaciones.
*** APUNTES DE EL DESPERTADOR ***
DIEZ CUESTIONAMIENTOS PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA PARITARIA
1. ¿La paridad garantiza igualdad de oportunidades o igualdad de resultados?
Transparentar los procesos internos para que todas las personas compitan bajo las mismas reglas.
2. ¿Cómo evitar que la paridad se convierta en una simulación?
Establecer criterios objetivos, públicos y verificables para la selección de candidaturas.
3. ¿Las acciones afirmativas deben evaluarse periódicamente?
Revisarlas de manera periódica para medir su efectividad y realizar los ajustes necesarios.
4. ¿Cómo equilibrar paridad y mérito?
Valorar simultáneamente la igualdad, la trayectoria, la capacidad y los resultados de cada aspirante.
5. ¿Cómo impedir que el nepotismo aproveche las reglas de paridad?
Fortalecer las normas de transparencia y sancionar los conflictos de interés.
6. ¿Cómo garantizar que las mujeres ejerzan el poder con autonomía?
Combatir la violencia política de género y fortalecer su independencia en la toma de decisiones.
7. ¿Cómo armonizar las distintas acciones afirmativas?
Diseñar reglas claras que permitan equilibrar la representación de todos los grupos.
8. ¿Cómo democratizar la selección de candidaturas?
Impulsar procesos internos abiertos, transparentes y supervisados.
9. ¿Cómo medir el éxito de la paridad?
Evaluar no solo el número de mujeres electas, sino también su desempeño, autonomía y resultados.
10. ¿Cuál debe ser el siguiente paso de la democracia paritaria?
Consolidar un modelo que combine igualdad, transparencia, competencia y confianza ciudadana.