Mientras el país celebra su identidad con banderas de manufactura china, la reforma que busca limitar el acceso al poder a mexicanos con doble nacionalidad abre un debate sobre la lealtad, la soberanía y los límites que deben tener las reglas constitucionales en una nación construida con migraciones y vínculos transfronterizos
Salvador Canto / Equipo de Investigación de El Despertador
Septiembre llega con banderas, himnos y discursos sobre el orgullo de ser mexicano. México se pinta de verde, blanco y rojo, se brinda con tequila —muchas veces de dudosa procedencia— y se desgarra la garganta al grito de ¡Viva México! y ¡Viva la Independencia!
Pero este Mes Patrio también trae una discusión incómoda que coloca la palabra patriotismo en el terreno del poder: la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir que mexicanos con doble nacionalidad puedan competir por la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La iniciativa, enviada al Congreso al comenzar el nuevo periodo ordinario, plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para exigir una sola nacionalidad a quienes aspiren a esos cargos. Quien tenga otra nacionalidad tendría que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato. Una vez en el cargo, tampoco podría adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos ante otro Estado o acogerse a su protección diplomática.
El argumento oficial es la defensa de la soberanía. La lógica presidencial sostiene que quien aspire a gobernar México debe tener una sola nacionalidad y no mantener otra condición jurídica que pueda generar un conflicto de lealtades.
El problema es que la reforma aparece en un momento político muy específico en donde hay opositores críticos del gobierno de la Cuarta Transformación que han reconocido tener doble nacionalidad y también han manifestado la posibilidad de participar en política rumbo al proceso electoral de 2030. La coincidencia ya provocó que la iniciativa sea bautizada popularmente como la “Ley Ricardo Salinas Pliego”, en referencia al propietario de Grupo Salinas, quien mantiene una fuerte confrontación con el gobierno federal de México.
No existe una prueba que permita afirmar que la reforma fue diseñada exclusivamente contra él. Pero sí existe una coincidencia política imposible de ignorar: la nueva regla podría cerrar el paso a uno de los personajes con recursos, exposición mediática y capacidad para construir una candidatura al margen de los partidos tradicionales.
Y ahí aparece otro riesgo para quien impulsa la medida: la victimización. Una ley pensada para contener a un adversario puede terminar dándole mayor exposición, convertirlo en víctima y, paradójicamente, fortalecerlo, pues en política excluir también puede ser una forma involuntaria de impulsar.
La discusión no es nueva. En 1994, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el artículo 82 constitucional fue modificado para eliminar el requisito de que ambos padres del candidato presidencial fueran mexicanos por nacimiento, una reforma que terminó abriendo la puerta para que Vicente Fox Quesada, cuya madre era española, pudiera llegar a la Presidencia en 2000.
El episodio deja una lección que trasciende nombres y partidos: los candados constitucionales diseñados desde una coyuntura pueden cambiar con el tiempo y terminar afectando a quienes hoy los promueven.
El debate no es solamente jurídico. México es un país construido por pueblos originarios, migraciones, mezclas y generaciones de ciudadanos con vínculos fuera de sus fronteras. Si tener otra nacionalidad comienza a utilizarse como medida de lealtad política, la defensa de la soberanía puede cruzar una frontera delicada: la del nacionalismo excluyente.
Porque una cosa es defender a México frente a intereses extranjeros y otra convertir el pasaporte en una prueba de patriotismo.
Porque las leyes no deberían escribirse para ganar una batalla política de corto plazo. Deberían construirse para resistir al poder, al cambio de gobierno y, sobre todo, a la tentación de convertir la Constitución en un arma a la medida del momento.
La Reforma que pone un nuevo candado
En pleno arranque del Mes Patrio, la discusión sobre quién puede gobernar México tomó un nuevo giro. La propuesta de Claudia Sheinbaum busca establecer una nueva condición para quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: no tener otra nacionalidad o, en caso de poseerla, renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidato.
El Gobierno sostiene que el artículo 32 constitucional establece restricciones para determinados cargos cuando una persona adquiere otra nacionalidad, pero considera necesario precisar que la limitación también alcance a quienes poseen una segunda nacionalidad desde su nacimiento.
La presidenta ha defendido la medida como una garantía frente a posibles injerencias extranjeras. La premisa es directa: quien gobierne México debe colocar el interés nacional por encima de cualquier otro vínculo.
Ahí aparece la primera pregunta de fondo: ¿la nacionalidad es suficiente para medir la lealtad de una persona hacia el país?
Un mexicano puede tener una sola nacionalidad y mantener empresas, inversiones, propiedades, relaciones familiares o intereses económicos en otros países. También puede tener dos nacionalidades y dedicar su trayectoria al servicio público mexicano.
La iniciativa apenas comienza su recorrido legislativo y permanece pendiente de dictamen.
Todavía no es ley, pero ya abrió un debate que va más allá de los requisitos electorales: qué significa la lealtad nacional cuando una persona mantiene vínculos jurídicos con más de un país.
Salinas Pliego y LeBarón: los nombres que ponen rostro a la reforma
La discusión dejó de ser abstracta cuando aparecieron nombres concretos.
El principal es Ricardo Salinas Pliego, quien ha reconocido tener doble nacionalidad y cuestionó públicamente el “repentino apuro” por impedir que mexicanos con otra ciudadanía puedan competir por la Presidencia o una gubernatura. El empresario incluso sostuvo que la reforma busca cerrarle el paso rumbo a 2030.
Su caso resulta relevante porque representa el perfil de una figura con recursos, exposición pública y capacidad para construir una eventual candidatura fuera de las estructuras partidistas tradicionales.
Pero no sería el único afectado. En Chihuahua, Julián LeBarón, quien busca contender por la gubernatura en 2027, ha rechazado renunciar a su nacionalidad estadounidense y advierte que defenderá su derecho a aparecer en la boleta.
Son dos escenarios diferentes que colocan una misma pregunta sobre la mesa: ¿tener una segunda nacionalidad debe impedir que un mexicano aspire a gobernar?
El debate, sin embargo, no puede quedar atrapado en dos nombres. Detrás de ellos existe una realidad mucho más amplia: millones de mexicanos que nacieron, estudiaron, trabajaron o formaron una familia entre dos países.
Por eso, el verdadero alcance de la reforma se encuentra en la regla que podría quedar escrita para quienes todavía no tienen nombre ni candidatura.
De Carlos Salinas a Sheinbaum: la Constitución cambia de sentido
La discusión actual obliga a mirar tres décadas atrás.
En 1994, durante la recta final del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se modificó el artículo 82 constitucional. El requisito dejó de exigir que ambos padres del candidato presidencial fueran mexicanos por nacimiento y pasó a permitir que el aspirante fuera hijo de padre o madre mexicanos, además de acreditar 20 años de residencia en el país.
Seis años después, Vicente Fox llegó a la Presidencia. Nació en la Ciudad de México y su madre, Mercedes Quesada Etxaide, había nacido en San Sebastián, España, antes de emigrar a México. Su padre, José Luis Fox Pont, nació en México.
El antecedente demuestra que las reglas constitucionales no son inamovibles. Se reforman y cambian de alcance conforme se transforman las circunstancias políticas y sociales.
Lo relevante frente al debate actual es precisamente ese precedente. Un requisito considerado indispensable en determinado momento dejó de serlo después de una reforma constitucional.
Las Constituciones, sin embargo, están diseñadas para durar más que los gobiernos que las modifican. Por eso, cada nuevo candado debería evaluarse no solo por el escenario actual, sino por los gobiernos y circunstancias en los que podría aplicarse después.
Cabe señalar que Carlos Salinas de Gortari también cuenta actualmente con nacionalidad española, adquirida en 2021 por sus vínculos genealógicos con el linaje sefardí.
La historia demuestra que las reglas pueden cambiar; sus consecuencias, también.
¿Cuántas nacionalidades caben en un mexicano?
La doble nacionalidad es, antes que nada, una figura jurídica.
México reconoce la nacionalidad por nacimiento tanto para quienes nacen en territorio nacional como para determinados hijos de mexicanos nacidos en el extranjero. Además, desde la reforma constitucional de 1997 se consolidó el reconocimiento de la doble nacionalidad.
La propia presidenta ha recordado que los mexicanos pueden conservar esa condición y que los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos pueden obtener la nacionalidad mexicana. El país, por tanto, reconoce jurídicamente una realidad que millones de familias viven todos los días: pertenecer a México y mantener, al mismo tiempo, un vínculo jurídico con otro Estado.
También existe un reconocimiento político de esa comunidad. Los mexicanos residentes en el extranjero pueden participar en procesos electorales y el Instituto Nacional Electoral establece que una persona puede votar desde fuera del país aun cuando tenga doble nacionalidad.
La diferencia entre ejercer el voto y ocupar un cargo público puede ser jurídicamente defendible. La Constitución establece requisitos distintos para cada derecho.
Pero el contraste abre una pregunta mayor: ¿qué ocurre cuando una persona es reconocida como suficientemente mexicana para participar en las decisiones electorales, pero esa misma condición deja de ser suficiente para aspirar a gobernar?
La respuesta no puede reducirse al pasaporte. La nacionalidad es una condición jurídica; la identidad, en cambio, se construye también desde la familia, la historia, la cultura, el territorio y la pertenencia.
México: una nación hecha de mezclas
México difícilmente puede entenderse desde una identidad única.
Su historia es una mezcla de pueblos originarios, mestizajes, migraciones, conquistas, guerras, exilios y comunidades extranjeras que terminaron formando parte de la vida nacional.
Españoles, libaneses, judíos, chinos, franceses, italianos, alemanes y muchas otras comunidades dejaron huella en la economía, la cultura y la vida pública. Sus descendientes forman parte de generaciones de mexicanos cuya identidad no puede explicarse únicamente por el lugar de nacimiento de sus antepasados.
También existen identidades regionales profundamente marcadas por la movilidad. Yucatecos, tabasqueños, chiapanecos, veracruzanos, quintanarroenses y millones de mexicanos han construido historias familiares en territorios donde las fronteras políticas no siempre coinciden con las fronteras culturales.
La propia historia familiar de Claudia Sheinbaum refleja esa diversidad. Su padre, Carlos Sheinbaum Yoselevitz, nació en Guadalajara, mientras que sus abuelos paternos fueron inmigrantes judíos askenazíes procedentes de Lituania que llegaron a México a principios del siglo XX. Su madre, Annie Pardo Cemo, nació en Ciudad de México y es descendiente de una familia judía sefardí de Bulgaria, desde donde emigraron a este país en la década de 1940, huyendo de persecuciones.
El dato no cuestiona su mexicanidad; recuerda precisamente que la identidad nacional nunca ha sido uniforme.
México se ha construido a través de encuentros, migraciones, mezclas y generaciones.
Por eso, utilizar una segunda nacionalidad como indicador automático de lealtad puede reducir una realidad histórica mucho más compleja.
La pregunta vuelve al origen del debate: ¿hasta dónde puede un pasaporte determinar quién está autorizado para gobernar en nombre de todos?
Cuando las fronteras no impidieron gobernar México
México ya ha tenido gobernantes cuya historia personal, familiar o jurídica cruzó las fronteras que hoy se pretenden convertir en una prueba de lealtad.
Javier Corral nació en El Paso, Texas, de padres mexicanos. Gobernó Chihuahua entre 2016 y 2021 y posteriormente llegó al Senado. En 2024, el Tribunal Electoral confirmó su elegibilidad como legislador y estableció que su nacionalidad estadounidense derivaba de su nacimiento, no de una adquisición voluntaria. Jaime Bonilla, por su parte, gobernó Baja California entre 2019 y 2021 y también tuvo ciudadanía estadounidense.
Quintana Roo, en una de las fronteras del sur, ofrece otros ejemplos. Jesús Martínez Ross, nacido en Chetumal, fue el primer gobernador constitucional del estado y ocupó el cargo entre 1975 y 1981. Su padre, Pedro Manuel Martínez, era originario de Trujillo, Honduras. Joaquín Hendricks Díaz, también nacido en Chetumal, gobernó Quintana Roo entre 1999 y 2005 y tiene raíces familiares afrocaribeñas vinculadas con Honduras.
No son anomalías: forman parte de una nación construida con migraciones y familias transfronterizas.
En Chetumal, la relación con Belice atraviesa generaciones. En el norte ocurre algo similar con Estados Unidos. La contradicción es inevitable: si esas fronteras no impidieron llegar al poder, ¿por qué una nacionalidad adicional tendría que convertirse ahora en sinónimo de deslealtad?
Un pasaporte acredita una nacionalidad. No acredita patriotismo.
Migrantes: héroes para las remesas, ¿sospechosos para el poder?
La contradicción se vuelve mayor cuando se observa la relación de México con sus migrantes. Durante años, el Estado ha reconocido el papel económico de quienes viven fuera del país. Sus remesas sostienen familias, ayudan a pagar viviendas, financian estudios, cubren emergencias y mantienen activas economías locales.
México también ha creado mecanismos para que esos ciudadanos participen políticamente desde el extranjero. En las elecciones presidenciales de 2024 se recibieron 184 mil 326 votos provenientes del exterior, de acuerdo con los datos electorales.
El Instituto Nacional Electoral establece además que una persona puede votar desde otro país aun cuando tenga doble nacionalidad.
Aquí aparece una paradoja. Para enviar dinero, mantener vínculos familiares y participar en elecciones, el mexicano que vive fuera sigue siendo reconocido como parte de la comunidad política nacional. Pero para aspirar a gobernar México, esa misma condición podría convertirse en una barrera.
La diferencia entre votar y ocupar un cargo público puede tener una justificación jurídica. Sin embargo, políticamente plantea una pregunta incómoda: ¿por qué una segunda nacionalidad puede ser compatible con el ejercicio de derechos ciudadanos, pero incompatible con la posibilidad de ejercer el poder? El dilema no es únicamente migratorio. Es una discusión sobre los límites de la ciudadanía y la pertenencia nacional.
Patriotismo de temporada: banderas chinas y artesanos mexicanos
La soberanía también se juega en el mercado. Y ahí México enfrenta una contradicción que rara vez aparece en los discursos patrióticos: buena parte de los productos utilizados para celebrar la identidad nacional son fabricados fuera del país.
Banderas, sombreros de charro, adornos, figuras de la Virgen de Guadalupe y otros artículos alusivos a México llegan de China y compiten con artesanos, pequeños comerciantes y productores nacionales.
El contraste resulta inevitable. Mientras se discute si un mexicano con doble nacionalidad reúne las condiciones suficientes para gobernar, pocas veces se cuestiona el origen de los productos con los que se construye el escenario de ese orgullo nacional.
La discusión sobre soberanía, por tanto, no debería limitarse a quién puede ocupar un cargo público. También implica proteger el empleo, la producción, el campo, la artesanía y las cadenas económicas nacionales.
El problema no es que México comercie con otros países. La economía nacional forma parte de un mercado global y depende, en muchos sectores, de productos e insumos provenientes del extranjero.
La pregunta es otra: ¿qué significa defender lo mexicano si quienes producen nuestros símbolos y sostienen muchas de nuestras tradiciones tienen cada vez más dificultades para competir?
El patriotismo no debería aparecer únicamente en septiembre. También puede expresarse en políticas que protejan a quienes trabajan y producen en México.
De los pasaportes a las lealtades: ¿qué quiere realmente garantizar la reforma?
El argumento de la lealtad plantea la pregunta central de la reforma: ¿un solo pasaporte garantiza que un gobernante pondrá a México por encima de cualquier otro interés?
La respuesta no es sencilla.
Una persona puede tener únicamente nacionalidad mexicana y, al mismo tiempo, poseer empresas en el extranjero, mantener inversiones fuera del país, tener socios internacionales o responder a intereses económicos capaces de entrar en conflicto con el interés público.
Incluso puede incurrir en actos de corrupción.
Nada de eso desaparece por tener un solo pasaporte. Si el objetivo es proteger la soberanía, existen mecanismos más directos para identificar posibles conflictos: fiscalizar el patrimonio de los funcionarios, transparentar a los beneficiarios de las empresas, investigar conflictos de interés, vigilar el financiamiento de las campañas y conocer el origen de los recursos.
Las preguntas deberían ser concretas: ¿quién financia una candidatura?, ¿de dónde proviene cada peso?, ¿qué empresas posee el candidato?, ¿quiénes son sus socios?, ¿qué intereses económicos mantiene y qué contratos públicos ha obtenido? Ahí pueden encontrarse riesgos reales para el ejercicio del poder.
El verdadero debate, entonces, no debería reducirse al número de pasaportes que posee un candidato, sino a los intereses que puede comprometer cuando llega al gobierno.
La nacionalidad identifica una condición jurídica. La conducta, el patrimonio y las relaciones económicas permiten conocer mucho más sobre la lealtad de quien pretende ejercer el poder.
Patriotismo, nacionalismo o chovinismo
La reforma propuesta por Claudia Sheinbaum también obliga a precisar qué se entiende por patriotismo.
Sentir pertenencia y compromiso con México no depende necesariamente de haber vivido siempre dentro del territorio ni de poseer una sola nacionalidad. La historia del país demuestra que millones de mexicanos han construido su identidad desde la migración, el intercambio cultural y los vínculos con otras naciones.
El patriotismo supone pertenencia, compromiso y responsabilidad con el país. El nacionalismo coloca a la nación como eje de la identidad política. El chovinismo, en cambio, lleva esa exaltación al extremo y puede convertir lo extranjero en una amenaza o una sospecha.
La diferencia importa. Una política pública puede defender la soberanía sin convertir automáticamente todo vínculo internacional en un riesgo.
El problema aparece cuando una característica jurídica personal —como tener otra nacionalidad— comienza a utilizarse como prueba de pertenencia o compromiso.
La idea de que “dos nacionalidades significan dos lealtades” reduce una realidad mucho más compleja. Un mexicano puede tener otra nacionalidad y defender los intereses de México. Otro, con un solo pasaporte, puede mantener intereses económicos capaces de comprometer sus decisiones.
Por eso, el debate deja de ser administrativo y entra directamente al terreno de la identidad política: ¿la reforma busca proteger la soberanía o convertir la nacionalidad en una prueba de patriotismo?
Una nación que nació de contradicciones
México no nació de una identidad uniforme. Nació, precisamente, de sus contradicciones.
Miguel Hidalgo, uno de los padres de la Independencia, nació en la Nueva España y era hijo de españoles. Benito Juárez, indígena zapoteco, defendió la República frente a un imperio encabezado por un monarca europeo. Entre ambos extremos se construyó buena parte de la historia nacional: una nación formada por pueblos originarios, mestizos, migrantes, exiliados, comunidades extranjeras y familias cuyas raíces cruzaron fronteras mucho antes de que existieran los pasaportes modernos.
Esa diversidad no debilitó a México; lo convirtió en lo que es.
La propia Constitución reconoce la composición pluricultural de la nación y los derechos de los pueblos indígenas. La identidad mexicana, por tanto, nunca ha dependido de una genealogía única ni de una historia familiar sin cruces.
Por eso, el debate sobre la doble nacionalidad obliga a una pregunta incómoda: ¿tener otra nacionalidad convierte automáticamente a un mexicano en menos mexicano?
La lealtad a un país puede exigirse a quien aspira a gobernarlo. Pero esa lealtad también se demuestra con decisiones, responsabilidades y actos públicos.
México tiene una historia demasiado compleja para reducir su identidad a un solo pasaporte.
2030: cuando la Constitución entra al tablero electoral
La discusión sobre la doble nacionalidad tiene una fecha que pesa sobre el calendario político: 2030.
Aunque la sucesión presidencial todavía parece distante, las reglas para llegar a Palacio Nacional comienzan a definirse mucho antes de que aparezcan formalmente las candidaturas. Y 2027 será el primer gran laboratorio: elecciones locales, renovación de congresos y construcción de alianzas permitirán medir fuerzas rumbo a la contienda presidencial.
Por eso, modificar la Constitución no es un asunto menor ni una decisión que deba leerse únicamente a partir de los nombres que hoy están sobre la mesa.
Una reforma que establece nuevas condiciones para competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México puede permanecer vigente mucho después de que desaparezcan los actores políticos que hoy protagonizan la discusión. Ahí está el verdadero desafío.
Las constituciones deben diseñarse pensando en el país que se quiere proteger, no solamente en el adversario que se quiere contener.
Porque si una regla constitucional nace para cerrar el paso a una persona, mañana puede terminar cerrándoselo a otra que nadie imaginaba.
El problema no es quién gana en 2030. El problema es qué reglas heredará México después de esa elección.
México tiene derecho a definir las condiciones para quienes buscan gobernarlo. Puede exigir independencia. Puede exigir transparencia, rendición de cuentas y absoluta claridad sobre los intereses económicos de quienes aspiran a ejercer el poder. Puede combatir la injerencia extranjera, revisar el origen del dinero de las campañas, investigar conflictos de interés y sancionar con mayor severidad la corrupción. Todo eso protege la soberanía. La pregunta es si para hacerlo resulta indispensable convertir la nacionalidad en una prueba de patriotismo.
Porque un segundo pasaporte no determina por sí mismo dónde están las lealtades de una persona. Y, al mismo tiempo, una sola nacionalidad tampoco garantiza que un gobernante no tenga intereses económicos, empresariales o políticos capaces de comprometer sus decisiones.
La verdadera defensa de México tendría que estar en instituciones capaces de revisar esos intereses antes, durante y después del ejercicio del poder.
Los pasaportes pueden acreditar nacionalidades. No pueden acreditar convicciones. Los gobiernos cambian. Los partidos cambian. Las circunstancias cambian. Las personas que hoy son adversarios pueden mañana convertirse en aliados, y viceversa. La Constitución, en cambio, permanece. Por eso, la discusión merece algo más que una disputa política de coyuntura.
La patria no se hereda, no se acredita con un pasaporte y tampoco se administra desde una ley a modo: se construye.
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México no necesita leyes para bloquearle el camino y dañar a un adversario. Necesita leyes para impedir que cualquiera que llegue al poder pueda dañar al país.
Porque un pasaporte acredita una nacionalidad, pero no acredita patriotismo. Y una sola nacionalidad tampoco garantiza honestidad, independencia ni capacidad para gobernar.
Si de verdad se quiere defender la soberanía, fortalecer la democracia y proteger a México, hay asuntos mucho más importantes que contar los pasaportes de quienes quieren gobernarlo. Las leyes deben proteger a México del poder, no proteger al poder de sus adversarios.
DIEZ COSAS QUE SÍ DEBERÍAN CAMBIAR
1.- No hacer leyes con nombre y apellido
Las reglas electorales deben servir para todos, no para bloquear a un adversario.
2.- No modificar la Constitución para una elección
Las reformas deben pensarse para las próximas generaciones, no para resolver quién puede competir en 2030.
3.- Revisar de dónde sale el dinero
Más importante que contar pasaportes es saber quién financia una campaña, cuánto aporta y qué espera recibir a cambio.
4.- Endurecer las penas contra la corrupción
Quien robe desde el poder debe enfrentar consecuencias reales. Sin excepciones ni privilegios.
5.- Investigar los conflictos de interés
Candidatos y gobernantes deben transparentar empresas, socios, inversiones y relaciones económicas que puedan comprometer sus decisiones.
6.- Castigar el engaño deliberado
Mentir sobre patrimonio, financiamiento o intereses económicos debe tener consecuencias. La democracia necesita información verdadera.
7.- Acabar con la opacidad
La información pública debe ser pública. Las reservas deben ser excepcionales, justificadas y limitadas.
8.- Evaluar a quienes no cumplen
Gobernar no debe significar seis años de impunidad. Quien incumpla sus responsabilidades debe rendir cuentas.
9.- Blindar las elecciones de la injerencia extranjera
Si preocupa la influencia de otros países, hay que vigilar dinero, propaganda, operadores y recursos extranjeros.
10.- Que las urnas decidan quién puede gobernar
Si un mexicano cumple con los requisitos constitucionales, debe ser la ciudadanía quien decida en las urnas, no el gobierno de turno.