La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Cozumel, María del Carmen Joaquín Hernández, calificó como positiva la decisión del Gobierno federal de reducir progresivamente el cobro del Derecho de No Residente (DNR) a pasajeros de cruceros, aunque insistió en la necesidad de definir con claridad el destino de los recursos recaudados.
Como se recordará, el nuevo esquema de cobro, acordado con la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), contempla una reducción gradual a partir del 1 de julio de 2025. Iniciará con un cargo de 5 dólares por pasajero, aumentando a 10 dólares en agosto de 2026, 15 en enero de 2027 y 21 dólares a partir de agosto de ese mismo año. La tarifa original, establecida por el Congreso, era de 42 dólares.
Joaquín Hernández señaló que la disposición al diálogo y el ajuste en las tarifas podrían revertir cancelaciones como las anunciadas por Princess Cruises, que había retirado al menos 33 arribos a Cozumel y Mahahual. Consideró que esta medida ayudará a mantener el flujo turístico y a preservar empleos en la isla.
Sin embargo, reiteró la petición del sector empresarial de que parte de lo recaudado retorne a Cozumel para inversión en infraestructura turística. Actualmente, el 66 % del ingreso irá a las Fuerzas Armadas y otro porcentaje a la Tesorería, sin que se conozca el destino del resto. También se espera que las navieras cumplan con compromisos adicionales, como la adquisición de insumos nacionales.