La Uqroo documentó que, de las 14 zonas de acceso costero previstas en el Plan Maestro de Cancún, solo tres mantienen condiciones aceptables para el ingreso de ciudadanos, aunque con deficiencias en servicios e infraestructura; persisten restricciones y discriminación
REDACCIÓN
CANCÚN.- A pesar de que la legislación federal garantiza el libre acceso a las playas, en Cancún la mayoría permanece restringida en la práctica. Un estudio de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo documenta que, de las 14 playas públicas previstas en el Plan Maestro del destino, solo tres conservan condiciones adecuadas para el acceso ciudadano, en un contexto donde el avance hotelero y la falta de aplicación de la ley han consolidado un modelo excluyente.
La investigación, elaborada por Mirna Yasmín Pacheco Cocom y Anastacio Gustavo Fernández Rodríguez, advierte que el litoral ha sido reconfigurado para el consumo turístico, desplazando a los residentes. Este fenómeno ocurre pese a la reforma a la Ley General de Bienes Nacionales, publicada en octubre de 2020, que prohíbe cualquier obstáculo físico o administrativo que impida el acceso a la zona federal marítimo-terrestre y establece sanciones económicas de hasta un millón de pesos.
En la práctica, el acceso sigue limitado mediante “cadenas, casetas de seguridad, caminos cerrados con portones” y vigilancia privada que condiciona la entrada a huéspedes. El estudio confirma estas dinámicas a partir de testimonios de residentes, quienes relataron que el personal de hoteles “obstaculiza e intimida a los ciudadanos locales, para preservar la privacidad de los huéspedes”.
Uno de los participantes describió la experiencia como discriminatoria: “te dicen ‘tú eres una persona local y no tienes por qué venir a esta playa’”, lo que refleja una percepción de exclusión sistemática en espacios que legalmente son públicos.
El problema no se limita a la restricción de accesos. Las pocas playas disponibles presentan deficiencias en servicios e infraestructura. La investigación coincide con reportes periodísticos que documentan falta de estacionamientos, sanitarios limitados, accesos mal diseñados y condiciones insalubres en algunos puntos, como Playa del Niño, donde se ha detectado contaminación que impide su uso recreativo.
Además, el análisis académico señala que la privatización incluye “vallas simbólicas” asociadas a la estética del turismo de lujo, lo que refuerza la segregación social.
Las implicaciones también alcanzan el ámbito ambiental. La construcción intensiva sobre la duna costera y el cierre de accesos contribuyen a la erosión y a la fragmentación del paisaje, afectando la biodiversidad y la relación de la población con el entorno.
El estudio advierte que, de no modificarse las tendencias actuales, en los próximos diez años la mayoría de los accesos públicos podría desaparecer. Este escenario consolidaría un litoral donde el acceso pleno quedaría condicionado a la capacidad de pago.
Los investigadores plantean que el problema no radica en la falta de normas, sino en su aplicación. Señalan la necesidad de revisar concesiones, fortalecer la regulación y garantizar vigilancia efectiva sobre el uso de la zona federal marítimo-terrestre, en un contexto donde la omisión institucional ha permitido la apropiación progresiva de un bien público. La investigación de la Uqroo puede consultarse en http://www.elcolegiodehidalgo.edu.mx:81/index.php/revista/article/view/140
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Un reportaje sobre el tema, publicado por El Despertador en mayo de 2025, documenta que, a varios años de la entrada en vigor del decreto federal que garantiza el libre acceso a las playas, la falta de accesos públicos, la corrupción y la ausencia de vigilancia efectiva en los 17 estados costeros del país sostienen un modelo que privilegia intereses privados sobre el uso común. El reportaje se encuentra disponible en https://eldespertador.com.mx/acceso-libre-a-las-playas-derecho-negado





