La utilización política de las tradiciones, el deterioro del patrimonio, la precarización de los creadores y la priorización de la obra pública sobre el mantenimiento de recintos históricos cuestionan el rumbo de la política cultural de Campeche
Harold Amábilis
Durante años, las tradiciones, el patrimonio y la vida cultural de Campeche fueron el rostro que la entidad mostró al mundo. Sin embargo, en los últimos años esa riqueza ha sido desplazada por una lógica distinta: la propaganda gubernamental, la subordinación de la cultura a obras de impacto visual y una política pública en la que la creación artística ha quedado atrapada en una dinámica donde los intereses pesan más que la vitalidad de la comunidad. En esta edición de El Despertador exploramos cómo se ha configurado ese desplazamiento y qué significa para el presente y el futuro de la identidad campechana.
El pueblo como decorado: la política se adueña de las tradiciones
A lo largo del año, diversas festividades tradicionales de Campeche fueron aprovechadas por autoridades estatales y municipales para posicionar su imagen en medios de comunicación y redes sociales. Tradiciones emblemáticas como el Carnaval de San Francisco de Campeche, la Fiesta del Mar en Ciudad del Carmen, la Vaquería Peninsular del Instituto de Cultura y las ferias comunitarias perdieron su naturaleza comunitaria para convertirse en plataformas presupuestales de propaganda gubernamental. La línea entre gestión cultural, precampaña y proselitismo abierto quedó diluida bajo la sombra de comitivas oficiales, transmisiones institucionales y discursos que desplazaron el valor folclórico en favor del lucimiento político.
Un caso representativo ocurrió durante la coronación de los Reyes del Carnaval Estudiantil del Benemérito Instituto Campechano el 6 de febrero de 2026. Históricamente, este espacio pertenecía a la juventud, la sátira universitaria y la autonomía creativa. Sin embargo, en esta edición, funcionarios estatales e integrantes del gabinete convirtieron el escenario en una pasarela personal, ocupando la pista al término de la comparsa de los soberanos para acaparar las transmisiones en vivo y relegar a los verdaderos protagonistas. Los encuadres televisivos y el diseño escenográfico priorizaron la figura pública para nutrir campañas en redes sociales. Prensa crítica y columnas locales denunciaron la absorción del evento en la Plaza de la República por parte del programa oficial “Gobierno de Todos”, interpretando la sumisión de la rectoría como una cesión forzada de su autonomía histórica ante la dependencia de subsidios estatales.
En Ciudad del Carmen, la Fiesta del Mar 2026 ofreció una dinámica similar bajo el financiamiento de la Secretaría de Turismo. La gobernadora Layda Sansores San Román, junto a miembros de su gabinete, irrumpió en los escenarios principales de los conciertos para cantar, bailar y emitir proclamas, mientras la Unidad de Comunicación Social editaba las coberturas públicas enfocando los encuadres hacia los funcionarios. Si bien la administración de Pablo Gutiérrez Lazarus defendió la trascendencia turística del encuentro al reportar un lleno hotelero en Playa Norte y el despliegue de infraestructura recreativa, sectores críticos señalaron la instrumentalización del encuentro familiar para el posicionamiento de marca partidista. Personajes como Laura Sansores, Esteban Hinojosa Rebolledo, Walther Patrón Bacab y Fabricio Fernando Pérez Mendoza priorizaron su figuración mediática por encima del desarrollo orgánico de las celebraciones.
Igual instrumentalización sufrió la última edición de la Gran Fiesta de la Vaquería Peninsular, organizada por el Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche (ICAECAM). Las coberturas oficiales ignoraron la técnica del zapateado, la historia de las jaranas y la dedicación de los ganadores para privilegiar los encuadres de secretarios de Estado, directores y diputados oficialistas. Ataviados con trajes regionales y ubicados en espacios preferenciales delimitados para la grabación de material publicitario, la clase política utilizó a jaraneros provenientes de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo o Hopelchén como simple escenografía viva para simular cercanía popular.
Esta estrategia de apropiación se extendió a comunidades como Tikinmul y Mamantel, donde la Secretaría de Bienestar superpuso las “Grandes Ferias del Bienestar” a los festejos patronales. Personal acreditado con distintivos institucionales condicionó entregas de apoyos sociales a la escucha de discursos partidistas, convirtiendo los bailes y actos tradicionales en mero relleno para audiencias cautivas.
La instrumentalización política de las tradiciones ha generado apatía y desarticulación ciudadana. La comunidad percibe que los eventos ya no le pertenecen. Cuando la coronación de un barrio o institución se ve como pasarela gubernamental, el público tradicional se distancia y baja la participación autogestiva. También hay censura y pérdida de sátira popular. El carnaval campechano, conocido por la quema del “Mal Humor” y bandos satíricos contra el poder, fue esterilizado. Existe censura tácita sobre comparsas que ridiculicen a figuras públicas, con apoyos económicos condicionados a la complacencia discursiva.
En última instancia, la línea que separa el impulso institucional de la apropiación política se ha vuelto imperceptible en Campeche. Cuando las fiestas del pueblo se transforman en escaparates de gobierno, surge una interrogante inevitable sobre el verdadero papel del Estado en la tradición: ¿Dónde concluye el deber de la promoción pública legítima y en qué punto comienza la abierta instrumentalización de la cultura?
Cuando las obras públicas se confunden con política cultural
El modelo de gestión cultural en el estado ha volcado sus prioridades hacia la edificación de proyectos arquitectónicos de gran escala e intervenciones urbanísticas de enfoque comercial, relegando la conservación del legado histórico y las iniciativas creativas emanadas de la ciudadanía. Esta dinámica revela una visión gubernamental que mide el avance institucional por el volumen de concreto, pavimento e iluminación. Frente al presupuesto dirigido a obras de alto impacto visual, los recintos patrimoniales, las casas de cultura y otros espacios dedicados al arte padecen desabastecimiento, falta de mantenimiento y programas desarticulados.
El proyecto previsto para el antiguo Foro Ah Kim Pech, rebautizado como Centro Cultural de Artes Escénicas o Teatro del Jaguar, expone la brecha entre el reparto de fondos y los mandatos normativos del estado. El planteamiento contempla una estructura techada con escenario reversible para espectáculos masivos al aire libre, cuya administración quedaría ligada a la Promotora Proeventos, un organismo vinculado al gobierno estatal. No obstante, la Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Campeche obliga a destinar recursos prioritariamente al mantenimiento, conservación y equipamiento de la infraestructura cultural existente antes de emprender nuevas edificaciones. Asimismo, la planeación omitió las convocatorias obligatorias al Consejo Consultivo Estatal de Planeación Cultural y los foros de consulta ciudadana exigidos por ley para este tipo de proyectos.
Por otro lado, la propuesta prescindió de un análisis sobre el impacto en el patrimonio inmaterial y las tradiciones vinculadas a este espacio público, como el Carnaval o la Feria de San Román; tampoco se tiene un estudio explícito que evalúe la afectación y el desplazamiento que este nuevo recinto generará sobre inmuebles históricos emblemáticos dedicados al arte y la música como lo son el Teatro Francisco de Paula Toro o el Circo Teatro Renacimiento.
Esta orientación hacia intervenciones urbanas de alto impacto visual replica un modelo que prioriza la obra pública y relega la cultura viva de la comunidad. En el polígono monumental de San Francisco de Campeche, la acción estatal se concentra casi exclusivamente en remodelar corredores comerciales y de alta afluencia turística, como las calles 10 y 59 del Centro Histórico. Las instancias de conservación, como la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche, promocionan esas intervenciones como grandes logros, aunque son adecuaciones de fachada superficiales, pensadas para el consumo del visitante, que ignoran las dinámicas culturales de quienes habitan la ciudad y la desplazan de la política pública.
Esta focalización que desatiende las manifestaciones culturales inmateriales y las tradiciones del tejido comunitario resulta deficiente incluso en materia de conservación. En gran parte del Centro Histórico y los barrios tradicionales, el patrimonio material sufre un deterioro sistemático por abandono institucional, mientras que recintos intervenidos recientemente —como el Templo de San Roque— evidencian los estragos de malas prácticas de restauración, caracterizadas por el uso de materiales incompatibles y acabados superficiales.
Al transferir la carga de mantenimiento a los particulares mediante reglamentos de imagen urbana que ignoran la capacidad económica de los residentes y la complejidad de los trámites federales, el Estado evade su mandato Constitucional de proteger el patrimonio como un bien público superior. Esta política pública, volcada en la escenografía turística y la obra efectista, deja secuelas irreversibles: colapsos en cornisas, desprendimiento de aplanados en templos antiguos y el desgaste acelerado del sistema defensivo virreinal.
A ese deterioro material y social se suma una opacidad crítica en la gestión financiera. La preferencia por infraestructura monumental sobre programas de fomento artístico obedece también a conveniencia presupuestal. Las grandes intervenciones urbanas facilitan la concentración de capitales mediante licitaciones opacas, contratos reservados y adjudicaciones directas que evaden la rendición de cuentas. Mientras los padrones de apoyo a creadores y los presupuestos operativos de museos locales soportan fiscalización exhaustiva pero pauperizada, las partidas para megaproyectos arquitectónicos se amparan en reserva de información y convenios de confidencialidad. Esa discrecionalidad convierte la asignación de obra en un mecanismo que subordina el desarrollo cultural al rendimiento financiero y contractual de las empresas proveedoras.
Sustituir una política de fomento y salvaguarda cultural por una agenda de obra pública quebranta el marco jurídico vigente y devalúa el ejercicio de los derechos culturales de la población. La infraestructura debe ser contenedor de vida comunitaria y artística, no un fin propagandístico o mercantil que asfixie el patrimonio y a los creadores de la región: ¿Estamos ante una verdadera política pública de salvaguarda cultural o frente a una estrategia de imagen urbana que usa la cultura como simple activo político y económico?
Deterioro y abandono institucional corroe la red de museos
Los museos albergan objetos del pasado y sostienen la memoria colectiva, la investigación histórica, la educación y los derechos culturales de una comunidad. San Francisco de Campeche y sus municipios articularon una red patrimonial diversa, desde museos de arquitectura militar, comercio marítimo e historia colonial hasta espacios dedicados a la memoria comunitaria, colecciones de arte sacro, arte contemporáneo o etnografía local. Hoy ese entramado muestra una crisis severa, marcada por el desmantelamiento de recintos consolidados, el abandono de infraestructuras históricas y la ausencia de respaldo institucional.
Entre las pérdidas más severas destaca la reconfiguración del Museo del Palacio (Centro Cultural El Palacio), recinto que albergaba salas expositivas sobre la historia del comercio y la navegación de la ciudad histórica fortificada. Este espacio sufrió un cambio de uso y el desmantelamiento de su guion museográfico original, dejando en la opacidad el paradero y las condiciones actuales de resguardo de las piezas históricas que allí se exhibían. A este hecho se sumó el posterior cierre y desmantelamiento imprevisto del Museo de Arte Contemporáneo de Campeche (MACC), un espacio de reciente creación cuyas colecciones, proyectos curatoriales y programas pedagógicos fueron retirados de forma abrupta para ceder el inmueble a instalaciones comerciales e itinerantes de rentabilidad privada, privando a la comunidad artística y a los creadores locales de su único espacio público permanente para la producción, exhibición y diálogo del arte visual contemporáneo.
A este repliegue de los recintos públicos se suma la crítica vulnerabilidad del patrimonio religioso. Los museos de arte sacro situados en la Catedral de Campeche y en el Santuario Diocesano del Cristo Negro de San Román enfrentan un grave deterioro por la falta de sistemas de control microclimático, humedad pasiva y seguridad adecuada para la conservación de textil, platería colonial y pintura novohispana. En el caso de la Catedral, a pesar de que se han promovido acercamientos con instancias como el Tren Maya y la Autoridad del Patrimonio Cultural para proponer nuevas sedes y acondicionar espacios dignos que permitan exponer la riqueza del arte sacro, la respuesta institucional ha sido el desinterés sistemático. La situación en San Román es aún más precaria: ante la completa ausencia de voluntad política y apoyo presupuestal por parte del sector cultural gubernamental, ha tenido que ser la propia comunidad local la que sostenga de forma autogestiva y con recursos limitados la operatividad del recinto.
En la arquitectura defensiva, inmuebles emblemáticos como los baluartes de San Pedro y Santa Rosa, que en el pasado alojaron museos temáticos como la Exposición Permanente de Artesanías o la Sala de la Inquisición, sufrieron el desmantelamiento de sus exposiciones. Hoy arrastran un desaprovechamiento evidente, cerrados al público la mayor parte del tiempo o restringidos a usos administrativos y eventos privados.
Esta dinámica de abandono afecta directamente a los municipios del interior del estado, donde los museos comunitarios carecen de presupuestos operativos, mantenimiento preventivo e insumos básicos para la custodia de sus acervos. Casos como el del Museo Arqueológico del Camino Real en Hecelchakán evidencian esta fragilidad, donde tras largos periodos de cierre y un recientísimo proceso de reapertura, estos recintos sobreviven al borde de la inoperatividad por la falta de un programa estatal permanente de apoyo técnico y financiero para la salvaguarda de las colecciones etnográficas y arqueológicas de la región.
Ante este desmantelamiento progresivo, la improvisación y el abandono institucional de la infraestructura patrimonial del estado: ¿Hasta cuándo las autoridades postergarán el diseño de una política pública cultural seria y con presupuesto garantizado que devuelva la vida a los museos y asegure el derecho de los campechanos a acceder, disfrutar y conservar su propio patrimonio?
Precarización de los creadores y artistas campechanos
Los creadores independientes en el estado enfrentan un panorama económico adverso debido a la ausencia de un circuito comercial propio, con foros o espacios independientes, circunstancia que ha convertido a los fondos públicos en el principal recurso para sostener proyectos artísticos. Este aislamiento respecto del mercado privado genera una vulnerabilidad constante, agravada por la cancelación paulatina de plataformas históricas y festivales como el Indi Fest y otros encuentros culturales que antes garantizaban opciones legítimas de trabajo. A esa pérdida de escaparates se suma la disolución de esquemas institucionales que facilitaban la circulación y visibilidad de los talentos, entre ellos las Giras Poder Joven, la Plataforma de Talento Poder Joven y la red de Espacios y Casas Poder Joven.
La transformación de las políticas públicas en Campeche, reflejada en la transición organizativa desde una Secretaría hasta la actual estructura operativa del Instituto de Cultura, derivó en una modificación sustancial de los esquemas financieros al desmantelar los contratos directos para presentaciones y obra. El modelo previo, basado en contrataciones profesionales directas para eventos, cedió su lugar a un sistema fundamentado casi por completo en convocatorias de estímulos individuales. En este contexto, el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), al igual que las becas, se convirtió en una de las principales vías de sustento financiero para los creadores; sin embargo, perdió su naturaleza original como herramienta orientada a incentivar la producción novedosa y pasó a funcionar como un sueldo de supervivencia.
Esta dependencia estructural satura constantemente los registros del programa gubernamental, cuya última emisión disponible benefició a solo 34 propuestas para toda la entidad y marginó a numerosos profesionales con amplia trayectoria. Al mismo tiempo, la falta de seguimiento sistemático para evaluar el impacto real de los trabajos seleccionados hace que la simple repartición de incentivos económicos se confunda con la consolidación de proyectos verdaderamente sustentables dentro de la comunidad. Así, el subsidio gubernamental se reduce a una válvula de escape temporal y se enmascara un falso apoyo que propicia el estancamiento profesional.
La insuficiencia de alternativas comerciales locales afecta con severidad la continuidad del trabajo cultural y obliga a los creadores a autocensurarse para encajar en los criterios de los jurados oficiales y en las ideologías políticas o, de lo contrario, a quedar condenados al desempleo. Esta precariedad extrema empuja a los profesionales que no obtienen financiamiento a buscar opciones laborales en rubros ajenos a su disciplina o a emprender trayectos migratorios hacia destinos circundantes como Mérida, Cancún o la Ciudad de México. Frente a este panorama de abandono estructural, cabe preguntarse: ¿Cómo puede subsistir el talento local cuando el Estado abandona el fomento integral y reduce la cultura a un sistema de migajas presupuestales?
La Feria de San Román: anatomía de un conflicto político-administrativo
Las celebraciones dedicadas al Cristo Negro, Señor de San Román, representan un pilar fundamental para la cohesión social, la economía y la identidad del pueblo de Campeche, fungiendo como un elemento que articula el tejido social, dinamiza la economía local y reafirma el sentido de pertenencia, al tiempo que ha funcionado como termómetro de la estabilidad institucional. Recientemente, la organización de estas festividades tradicionales se convirtió en el epicentro de un diferendo de carácter político entre distintas instancias de gobierno, evidenciando cómo las tradiciones pueden ser ocupadas como elementos de confrontación y, en última instancia, quedar subordinadas a intereses políticos: afectar o intervenir en la tradición se vuelve un modo de afectar a los rivales.
El origen de la controversia se vincula con la modificación en la distribución de las actividades recreativas y comerciales que desde el año 2007 se concentraban en el Foro Ah Kim Pech. Debido al proyecto de obra pública impulsado por el gobierno estatal para la construcción del Centro Cultural de Artes Escénicas, conocido popularmente como el Teatro del Jaguar, el espacio quedó inhabilitado para la instalación de juegos mecánicos y grandes concentraciones feriales. Esta determinación obligó a replantear la logística y derivó en el traslado de los comerciantes hacia vialidades secundarias y avenidas aledañas al Parque Campeche. La medida desató profundas discrepancias sobre la pertinencia de las nuevas ubicaciones, planteando dificultades severas en la movilidad urbana, la circulación vehicular y el acceso a servicios cotidianos, al tratarse de una zona caracterizada por su intensa actividad comercial y su cercanía con instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Ante este escenario, la cobertura mediática reflejó una polarización absoluta y un clima de abierta hostilidad política. Los portales afines al oficialismo justificaron los cambios bajo el argumento de la inminente necesidad de concretar recintos culturales y obras de relevancia urbana, señalando que existieron conversaciones previas, aunque infructuosas, para atender el tema y minimizando las protestas gremiales. Por otro lado, las expresiones críticas y las voces de los legisladores desde la tribuna local denunciaron un boicot administrativo deliberado para asfixiar operativamente al Ayuntamiento, argumentando que la construcción no se planeó para concluirse al finalizar la feria y bajo la premisa firme de que la festividad debía continuar pese a los obstáculos interpuestos desde el ejecutivo estatal. La total falta de coordinación y diálogo entre ambas administraciones terminó por trasladar los costos de la confrontación política hacia la ciudadanía, los comerciantes y los fiesteros, alterando profundamente la vida cotidiana del municipio.
La pugna escaló hacia terrenos operativos y financieros cuando los medios de comunicación difundieron reclamos severos de los gremios comerciales respecto a cobros excesivos por metro lineal y supuestas cuotas de control impuestas por operadores externos. En medio de este clima de tensión, las torrenciales lluvias de la temporada provocaron severas inundaciones en las nuevas zonas de instalación ferial, convirtiendo los espacios asignados en lodazales intransitables que dañaron la mercancía de los locatarios. Mientras la prensa oficialista minimizó las afectaciones responsabilizando a los fenómenos meteorológicos naturales, los sectores críticos y los comerciantes señalaron que la improvisación y la necedad de mantener una ubicación inadecuada por caprichos políticos profundizaron el desastre operativo, desatando acusaciones mutuas sobre la indolencia institucional ante las pérdidas económicas del sector comercial.
Paralelamente, la negativa institucional para otorgar los permisos necesarios en la tradicional Plaza de la República impidió que dicho espacio albergara eventos de gran relevancia cultural, motivando que la vigesimotercera Magna Vaquería Peninsular trasladara su sede directamente a la explanada del santuario del barrio. Lejos de mermar la participación, esta concentración reunió a numerosos contingentes y parejas de jaraneros provenientes de distintos municipios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, quienes participaron en los concursos de baile y en la tradicional representación de la cabeza de cochino. La respuesta popular reafirmó la vitalidad de las expresiones folclóricas en su entorno original, evidenciando una resistencia comunitaria frente a las trabas burocráticas impuestas por las autoridades.
La importancia de la feria de San Román rebasa la mera administración de recursos y plantea una necesidad inaplazable de superar la coyuntura en beneficio de la tradición y la ciudadanía, recordando que las visiones políticas y los intereses temporales de los gobernantes nunca deben precarizar el patrimonio cultural en aras de réditos inmediatos. La experiencia demostró que las expresiones identitarias de la comunidad poseen una raíz profunda capaz de superar las diferencias entre gestiones pasajeras, subrayando que el verdadero reto de la administración pública radica en construir el porvenir sin desatender el legado histórico que da sentido a la capital campechana, abriendo la reflexión sobre la urgente necesidad de alcanzar acuerdos duraderos para blindar la identidad colectiva frente a las disputas institucionales. Por lo tanto: ¿Estaremos dispuestos a permitir que cualquier administración afecte negativamente una tradición en nombre de sus propias reyertas partidistas, o seremos capaces de construir un pacto civilizatorio para proteger nuestra dignidad cultural?
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Preguntas respecto a la política cultural
• ¿Hasta qué punto es legítimo que el gobierno utilice el patrimonio y las tradiciones como plataforma de exposición política?
• ¿Qué mensaje social transmite una administración que prioriza megaproyectos mientras permite el deterioro del patrimonio y la memoria colectiva?
• ¿Cómo puede hablarse de una verdadera política de fomento a la cultura cuando los creadores independientes, sujetos a convocatorias saturadas, ven limitada su libertad artística a cambio de la complacencia oficial?
• ¿Qué sentido tiene apelar a la autonomía de las instituciones educativas y culturales cuando la dependencia presupuestal del Estado las lleva a perder los espacios históricos de sátira, crítica y expresión juvenil?
• ¿En qué medida la sustitución de programas artísticos integrales por una agenda de obra pública responde a una visión de desarrollo cultural o a una estrategia orientada a la concentración de capitales?
• ¿Cómo afecta al derecho de los campechanos a su patrimonio el deterioro de la red de museos?
• ¿Cómo se puede conciliar el mandato constitucional del Estado de proteger el patrimonio cultural como un bien público superior cuando la carga de su mantenimiento se traslada a particulares mediante normativas ajenas a su realidad económica?
• ¿Es ético que las disputas políticas e institucionales entre diferentes niveles de gobierno impacten directamente la continuidad de una tradición?
• ¿Qué futuro le espera a la identidad de Campeche si la salvaguarda del patrimonio material e inmaterial se subordina permanentemente a los réditos mediáticos inmediatos de la clase política en turno?
• ¿Dónde concluye el deber legítimo de la promoción pública y en qué punto exacto comienza la apropiación gubernamental de la cultura, convirtiendo la tradición en un mero activo de propaganda partidista?