13 noviembre, 2026

Proponen elevar hasta ocho años de prisión las penas por despojo

Harold Amabilis

Campeche.— Elevar de cuatro a ocho años de prisión la pena por el delito de despojo, establecer castigos adicionales cuando las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables y sancionar la comercialización irregular de terrenos e inmuebles son algunas de las medidas planteadas en una iniciativa para reformar el Código Penal de Campeche.

La propuesta fue presentada por el diputado Omar Talango Cervantes en representación de la bancada de Morena, con la adhesión del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), durante la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Congreso.

El proyecto considera modificar las disposiciones que actualmente establecen de seis meses a cuatro años de prisión para quienes cometan despojo e incrementar las multas con el propósito de ampliar las sanciones frente a las distintas modalidades de apropiación ilegal de propiedades.

Entre las conductas que busca incorporar expresamente figuran el cambio de cerraduras para impedir que los legítimos poseedores ingresen a sus inmuebles, la suplantación de identidad, el empleo de documentos falsos y la simulación de procedimientos legales o notariales para obtener el control de una propiedad.

La iniciativa también plantea elevar las penas cuando las personas afectadas sean mayores de 60 años, menores de edad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o integrantes de comunidades indígenas y zonas de alta marginación. En esos supuestos, los incrementos alcanzarían de una mitad a dos terceras partes de la sanción correspondiente.

Otro apartado considera castigos agravados cuando intervengan tres o más personas en la ocupación ilegal, además de quienes organicen, financien, dirijan o promuevan invasiones de terrenos. La responsabilidad también se extendería a servidores públicos y trabajadores de notarías que participen en estos hechos, con la posibilidad de imponerles destitución e inhabilitación definitiva.

En materia de operaciones inmobiliarias, el documento propone sancionar a quienes vendan, renten o comercialicen terrenos y construcciones sin contar con derechos legales sobre ellos, siempre que tengan conocimiento de esa irregularidad.

Para la recuperación de las propiedades, se plantea facultar al Ministerio Público o al Juez de Control para disponer su restitución provisional a favor de quien acredite ser su legítimo poseedor, durante el desarrollo del procedimiento y bajo el cumplimiento de los requisitos legales y la existencia de pruebas suficientes.

La propuesta también considera sanciones adicionales para quienes reincidan en ese delito y establece circunstancias en las que las penas podrían incrementarse.

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