REDACCIÓN
CAMPECHE.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales cuyo propósito central es dotar al Instituto Nacional Electoral de una herramienta técnica que examine la trayectoria de quienes pretendan contender por un puesto de elección popular, con la mira puesta en impedir que personas con presuntos lazos delictivos se infiltren en las boletas.
La iniciativa plantea la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un cuerpo colegiado permanente compuesto por cinco consejerías electorales con periodos escalonados de tres años. Este organismo trabajaría de manera coordinada con la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras dependencias de seguridad y procuración de justicia para elaborar análisis de riesgo sobre los perfiles que partidos políticos y aspirantes independientes sometan de forma voluntaria. La información generada quedaría resguardada bajo principios de confidencialidad y su función se limitaría a nutrir la decisión interna de cada fuerza política, sin constituir un requisito obligatorio para el registro oficial de candidaturas.
La exposición de motivos remarca que la medida no persigue fines inhibitorios ni discriminatorios, sino fortalecer la credibilidad de los procesos comiciales y la confianza de la ciudadanía. La discusión legislativa avanza en San Lázaro con el horizonte puesto en que la comisión quede instalada y operando antes del arranque del proceso electoral de 2027.
Crece percepción de inseguridad en Campeche
Campeche ofrece un escenario donde este tipo de candados cobra un significado particular, pues la entidad ha acumulado en años recientes una serie de eventos que alimentan la percepción de que grupos criminales encontraron en su territorio un espacio de resguardo y operación. En enero de 2023 fue detenido Franz “N”, identificado con los alias “Pancho Loco” o “F-1”, presunto cabecilla relacionado con desapariciones y tráfico de estupefacientes. Durante 2024, operativos contra el robo con violencia derivaron en la captura de cuatro personas a quienes se les aseguraron armas y droga. Para 2025, a las aprehensiones de alto perfil se sumó José Roberto “N”, “El 80”, localizado en Ciudad del Carmen como objetivo prioritario, así como a Óscar José “N”, señalado por el delito de extorsión en Cancún.
El año 2026 trajo consigo episodios que tensaron aún más la relación entre el ámbito político y las sospechas de penetración criminal en sus estructuras más íntimas. En abril, Michael Jovanny Jiménez Velázquez, director de un centro universitario, fue capturado por secuestro en un caso donde se investigan presuntas conexiones entre Campeche y Tabasco, según consta en el amparo indirecto 565/2026. Semanas antes, la detención del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche por posesión de sustancias ilícitas había generado un fuerte debate público; en un hecho fue interpretado en diversos sectores como un probable acto de intimidación política, lo que avivó los cuestionamientos sobre la utilización de las instituciones de seguridad en diferendos entre el gobierno estatal y organismos autónomos.
Los datos duros de percepción ciudadana refuerzan la imagen de un estado donde la tranquilidad está lejos de ser la norma. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al primer trimestre de 2026, publicada por el INEGI el 24 de abril, reveló que el 55.1 por ciento de los habitantes de la capital campechana consideró inseguro vivir en su ciudad; aunque la cifra representa una mejora estadística frente al 62.6 por ciento de diciembre de 2025, sigue siendo un valor que supera la mitad de la población encuestada. En Ciudad del Carmen, el indicador se mantuvo prácticamente sin variación al pasar de 53.0 a 54.1 por ciento en el mismo lapso. Ambos registros indican que los operativos y detenciones efectuados en la entidad no han conseguido modificar de raíz la sensación de vulnerabilidad que experimentan los ciudadanos.
“Casi que tienes que ser narco”
Ese trasfondo de desconfianza atraviesa de lleno la coyuntura electoral que Campeche vivirá en 2027, año en que la entidad renovará la gubernatura —la mandataria Layda Sansores concluye su periodo sin opción a reelección—, los 21 ayuntamientos y las 35 diputaciones del Congreso local. El calendario preliminar del Instituto Electoral del Estado prevé que las campañas inicien durante el primer trimestre de 2027 y que la jornada de votación se celebre el primer domingo de junio. La sucesión ya destapó movimientos internos en partidos como Morena, donde los nombres de Silvia Hernández Esquivel, secretaria de Desarrollo Social y Humano, y del senador con licencia Aníbal Ostoa Ortega asoman en el listado de posibles abanderados. La oposición, entretanto, explora la reconstrucción de alianzas entre PAN y PRI, fuerzas que en los comicios recientes acudieron por separado con magros resultados. A esta efervescencia se suma que el Congreso no ha homologado su legislación secundaria con las reformas federales de 2024 y 2025, circunstancia que mantiene en suspenso las reglas sobre topes de gasto, debates obligatorios y fiscalización en tiempo real.
En medio de ese panorama, una declaración de la propia gobernadora Sansores avivó la polémica sobre los requisitos fácticos para competir en el sistema electoral mexicano. Durante la emisión de marzo de su programa “Martes del Jaguar”, la mandataria afirmó que el proceso se ha tornado casi inaccesible para los ciudadanos comunes y expresó textualmente: “Ahora pues casi que tienes que ser narco, tener muchos padrinos, ¿no? Si quieres competir, la piensan, sufren. El que quiere ser candidato ya no cualquiera, no puede ser el más popular porque tienes que tener mucho dinero o muy buenos padrinos”. Momentos después remató: “Ahora para ser candidato, tienes que ser narco o tener padrinos”.
La iniciativa presidencial establece un filtro de carácter técnico que contrasta con ese diagnóstico expresado desde la tribuna gubernamental. Su efectividad real dependerá, sin embargo, de que las fuerzas políticas decidan someter voluntariamente sus listas a escrutinio y de que las instancias encargadas de suministrar la información actúen sin menoscabo del debido proceso ni de la presunción de inocencia, un equilibrio particularmente delicado en un estado donde los señalamientos sobre la convivencia entre crimen organizado y política han dejado de ser un rumor para convertirse en expediente judicial.