La Profepa admite insuficiencia de personal para atender la destrucción ambiental en Quintana Roo; falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno complica la problemática
SALVADOR CANTO
CANCÚN.- Para el gobierno federal, el cuidado del medio ambiente no ha sido una prioridad en varios sexenios. Esto queda en evidencia en Quintana Roo, donde, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se cometieron numerosos delitos ambientales que dejaron al descubierto la ineficacia de las instituciones responsables de la conservación ambiental.
Entre estas dependencias destaca la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), señalada en repetidas ocasiones por su omisión frente a los ecocidios y la destrucción de recursos naturales que ocurren con frecuencia.
En la actual administración, la situación no parece mejorar. Nidelvia Guadalupe Anguas Ambrosio, encargada del despacho de la delegación estatal de la Profepa, reconoció en entrevista con El Despertador de Quintana Roo que cuentan con muy poco personal para atender las problemáticas ambientales de la región.


“Actualmente estamos en un programa para revisar todos los temas que se dejaron de atender. Estamos enfocados en la procuración del medio ambiente, retomando denuncias que teníamos desde hace un ‘tiempecito’. Una servidora está trabajando en conjunto con el equipo de inspección, el área jurídica y de denuncias”, aseguró la funcionaria.

Por ello, dijo, la Profepa está buscando apoyo del gobierno estatal y de los municipios para abordar las cuestiones de competencia federal, ya que los recursos humanos con los que cuentan son insuficientes para cubrir todo el territorio estatal.
“En Quintana Roo tenemos la preocupación de procurar y preservar los recursos naturales, incluyendo atender problemas como los basureros a cielo abierto. Estamos trabajando para regular estos temas contaminantes en coordinación con el gobierno estatal, monitoreando las zonas y actuando en lo que compete a la Profepa”, señaló Anguas Ambrosio.
A pesar de estas declaraciones, admitió que la falta de personal limita significativamente su capacidad de acción. “No hay suficiente personal para abarcar todo el estado, por lo que trabajamos con los comités de vigilancia, el gobierno estatal y los municipios, para que ellos sean nuestros ojos en lugares a donde no podemos llegar de forma directa”, explicó.
Un tema particularmente crítico es el manejo de los basureros a cielo abierto en Quintana Roo, ya que ningún municipio cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que regula los rellenos sanitarios.
Al respecto, Anguas Ambrosio aclaró que “la Procuraduría no interviene en las autorizaciones, ya que esto lo regula el gobierno del estado; sin embargo, sí verificamos temas relacionados con la contaminación por residuos peligrosos y las autorizaciones de competencia federal otorgadas por la Semarnat, como los cambios de uso de suelo federal y las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA)”, explicó.
Este tipo de declaraciones deja entrever la fragmentación de responsabilidades y la falta de coordinación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno, lo que complica la solución de problemas ambientales que requieren una respuesta integral.
Los ecocidios y la degradación de los recursos naturales continúan avanzando en la región, mientras que las acciones implementadas parecen insuficientes frente a la magnitud del problema. Esto pone en riesgo no solo los ecosistemas de Quintana Roo, sino también la salud y bienestar de sus habitantes, quienes dependen directamente de la preservación de su entorno natural.



