15 mayo, 2026

PUERTO MORELOS, UN MUNICIPIO A LA DERIVA

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A 9 años de su creación, enfrenta problemas críticos derivados del crecimiento urbano descontrolado, el aumento de delitos de alto impacto y las afectaciones ambientales, solapado por un gobierno municipal omiso, por desidia, incapacidad o complicidad

SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO

A nueve años de su creación como el undécimo municipio de Quintana Roo, Puerto Morelos enfrenta problemas críticos derivados del crecimiento urbano descontrolado, el aumento de delitos de alto impacto y la falta de claridad en las leyes y reglamentos locales.

Además, se observa una carencia de servicios públicos eficientes y la urgente necesidad de un relleno sanitario. Esto se suma a una sobredensificación hotelera que evidencia la complicidad de un Cabildo integrado en su mayoría por miembros del Partido Verde, incluida la alcaldesa Blanca Merari Tziu Muñoz, que ha ignorado las opiniones y reclamos ciudadanos mientras prepara la aprobación del nuevo Plan de Desarrollo Urbano (PDU), cuya implementación podría ocurrir en cualquier momento.

El desarrollo no regulado que padece Puerto Morelos está marcado por la corrupción, propiciada por la premura de un gobierno estatal que lo erigió como municipio en noviembre de 2015, como un tema político más que por merecimiento, pues hasta la fecha incumple a cabalidad con el Artículo 115 Constitucional, que establece los lineamientos para la conformación de un municipio. Estos incluyen la provisión de hospitales, carreteras adecuadas, mercados, alumbrado público funcional y un relleno sanitario para la disposición final de los desechos generados por residentes y turistas.

Uno de los problemas más alarmantes es la ausencia de un sistema de drenaje sanitario adecuado, que ha provocado un impacto ambiental grave debido a los constantes derrames de aguas negras tanto en colonias como en la zona conocida como el “Casco Antiguo”, los cuales generan un impacto negativo al Parque Nacional Arrecife Puerto Morelos, parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo más importante del mundo y de importancia vital para la región. Según denuncias reiteradas de su directora, María del Carmen García Rivas, la construcción de hoteles de seis y hasta ocho pisos ha causado daños irreparables al ecosistema.

A pesar de su corta edad como municipio, hasta la fecha no existe en Puerto Morelos una sola obra pública significativa con inversión municipal. El único “logro” relevante obtenido ha sido su designación como “Pueblo con Encanto”, una estrategia turística local con la cual se pretende “preparar” al municipio para aspirar a la categoría de “Pueblo Mágico” que otorga el Gobierno de México, mientras que a nivel federal se ha optado por obras de relumbrón y con intereses ajenos al crecimiento ordenado del pueblo, como dos estaciones del Tren Maya en la zona de la Ruta de los Cenotes, la principal en las cercanías de la parte urbana y una más pequeña en la comunidad de Leona Vicario.

Hoteles sin plantas de tratamiento: un riesgo latente

En los últimos años, Puerto Morelos ha sido escenario de una expansión turística descontrolada. Se han aprobado numerosos hoteles, algunos de hasta ocho pisos en la zona del puerto, sin que se garantice la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Estas omisiones, permitidas bajo un manto de corrupción, han resultado en el vertido de grandes cantidades de aguas residuales sin tratar al mar. María del Carmen García Rivas, directora del Parque Nacional Arrecife Puerto Morelos, ha señalado que la mayoría de los hoteles que se construyen en el “Casco Antiguo” carecen de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pese a lo estipulado por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).

Un artículo del portal Wired que recoge una entrevista con García Rivas –que puede ser consultada aquí: https://es.wired.com/articulos/amenazas-area-natural-protegida-de-puerto-morelos– expone que estas construcciones violan toda norma jurídica de derecho ambiental en México, pese a que es obligación para desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros presentar para evaluación de la Semarnat una MIA, la cual es un estudio técnico-científico en el que se contemplan los efectos que puede ocasionar una obra o actividad sobre el medio ambiente y señala las medidas preventivas que podrían minimizarlos.

Desde 2020, García Rivas ha identificado y denunciado ante la Profepa 17 construcciones cercanas al Parque Nacional. Estas edificaciones, ubicadas principalmente en el “Casco Antiguo”, no cuentan con MIA y representan una amenaza para la sostenibilidad urbana y ambiental.

En la calle Javier Rojo Gómez, una de las principales vialidades del puerto y situada a pocos metros de la playa, existen al menos cinco nuevas construcciones. Entre ellas destacan los condominios IX Puerto Morelos, una de las cuales presenta un sello de clausura del Gobierno del Estado, mientras que las demás avanzan hacia lujosos desarrollos de seis y hasta ocho pisos, sin que se garantice el manejo adecuado de las aguas residuales.

Impunidad, sinónimo del gobierno de Blanca Merari

A 100 días de haber iniciado su segundo periodo al frente del municipio (2024-2027), el gobierno de Blanca Merari Tziu Muñoz está marcado por la impunidad. Pese a que han transcurrido tres años desde que asumió el cargo por primera vez (2021-2024), las denuncias penales interpuestas ante las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción, tanto federal como estatal, contra la administración de Laura Fernández Piña, no han avanzado significativamente, y tampoco el Ayuntamiento les ha dado el seguimiento adecuado para aportar las pruebas necesarias a fin de que se castigue a los responsables del saqueo a las arcas municipales.

La propia Tziu Muñoz ha señalado que Fernández Piña dejó una deuda pública que tardará 20 años en saldarse, así como obras prometidas y no realizadas, incluyendo una nueva sede para el Ayuntamiento, por lo que interpusieron seis demandas penales.

Las querellas, por actos presuntamente constitutivos de delitos durante la administración 2018-2021, denuncian obras inconclusas o inexistentes, defraudación a los regímenes de seguridad social de los trabajadores y contratos ventajosos otorgados mediante asociaciones público-privadas.

Algunos de estos contratos, relacionados con el alumbrado público y la construcción de un nuevo Palacio Municipal, beneficiaron a la empresa Mexiled, ligada al empresario Carlos Alberto Moyano Menchaca, esposo de Laura Fernández Piña. 

Nombrar municipio a Puerto Morelos, capricho político 

El Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases del régimen municipal en el país y detalla los requisitos y características generales que deben cumplirse para que una localidad sea elevada a la categoría de municipio.

Aunque dicho artículo no especifica requisitos exactos para la creación de un nuevo municipio, indica que las constituciones locales de cada entidad federativa deben regular estos procedimientos. En términos generales, los criterios básicos incluyen contar con un número mínimo de habitantes, demostrar la capacidad económica para sostener la administración y garantizar servicios públicos esenciales, como agua potable, alumbrado público, seguridad y manejo adecuado de los desechos. Actualmente, este último servicio está concesionado en Puerto Morelos a la empresa Red Ambiental, vinculada al Partido Verde.

Otro punto crucial es la infraestructura mínima requerida, que incluye oficinas administrativas (un Ayuntamiento propio), carreteras o caminos, servicios de salud, educación, y otros servicios básicos.

Sin embargo, la creación de Puerto Morelos como municipio parece haber sido más un “capricho” político que una necesidad fundamentada e incluso, según diversas fuentes, para dar mayor relevancia a la designación municipal se decidió en conjunto con el empresario Isaac Hamui, quien desarrollaba el fraccionamiento Villas Morelos, nombrar algunas de sus calles en honor a expresidentes municipales como Francisco Alor y Rafael Lara, así como a exgobernadores como Félix González Canto, Joaquín Hendricks, Miguel Borge Martín, Mario Villanueva Madrid, Jesús Martínez Ross y David Gustavo Gutiérrez –último gobernante del Territorio de Quintana Roo–, además de otras figuras prominentes como “Don Nassim” (padre de los exgobernadores Pedro Joaquín Coldwell, también con su propia calle y Carlos Joaquín González) y el empresario Miguel Quintana Pali.

Colonias con rebosamiento de aguas negras

En la colonia irregular conocida como “La Invasión” existen tuberías expuestas en la vía pública por donde son expulsadas aguas negras, lo que evidencia una grave problemática sanitaria. En varias zonas del fraccionamiento Villas Morelos también se reportan rebosamientos frecuentes, lo que deja en evidencia la insuficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales operada por Aguakan.

A pesar de la evidente saturación de infraestructura, continúan las construcciones en la parte del puerto sin garantizar espacios adecuados para el tratamiento de las aguas residuales.

El equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo realizó un recorrido por la zona urbana y el puerto, confirmando la urgencia de atender el problema del drenaje sanitario. En la colonia irregular se observó un cúmulo de tapas de coladeras apiladas en una esquina, las cuales, según los vecinos, fueron llevadas por las autoridades locales con la promesa de instalar un sistema de drenaje sanitario. Sin embargo, no se proporcionó una fecha específica para la realización de estos trabajos.

El arrecife en peligro: blanqueamiento y colapso

El Parque Nacional Arrecife Puerto Morelos, una de las 20 áreas naturales protegidas del Caribe mexicano desde 1998, abarca más de 9,000 hectáreas paralelas a la línea costera. Este sistema, integrado por una barrera de corales más o menos profunda, según la zona, forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo más importante del mundo.

Hasta el año 2000, cuando se publicó su Programa de Manejo, se registraban en la zona cerca de mil especies de plantas y animales marinos, por lo que es un ecosistema clave para la biodiversidad de Quintana Roo. Sin embargo, actualmente enfrenta una crisis severa debido a diversos factores, como la construcción irregular de hoteles y complejos residenciales, el vertimiento de aguas negras, la destrucción de manglares, pastos marinos y vegetación costera, la caza furtiva, encallamientos de embarcaciones, fuga de aceites y las malas prácticas del turismo masivo.

La enfermedad de blanqueamiento de los corales, atribuida principalmente al calentamiento global, es una de las amenazas más graves para el arrecife, según investigadores de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML) de la UNAM en Puerto Morelos.

Además, el arrecife enfrenta la invasión del Pez León (Pterois antennata) y el Pez Diablo (Hypostomus plecostomus), especies exóticas que han devastado varias poblaciones marinas. Para mitigar este problema, pescadores locales organizaron una “cacería” de estas especies hace algunos años e incluso promovieron concursos gastronómicos con ellas, pues ambas son comestibles, como una alternativa viable para reducir su población.

Asesinato de Ignacio “Nacho” Sánchez Cordero sigue impune

Puerto Morelos ha experimentado un notable aumento en la inseguridad en los últimos años, reflejo de los desafíos que enfrentan muchas regiones turísticas de México debido a la presencia de grupos delictivos que buscan controlar el territorio y las actividades económicas mediante la venta y distribución de drogas, así como extorsiones, como el cobro de derecho de piso.

Este fenómeno ha afectado no solo a los habitantes locales, sino también a la percepción internacional de seguridad en la región.

El caso de Ignacio “Nacho” Sánchez Cordero, quien fungía como secretario de Desarrollo Social y era un aspirante directo a la presidencia municipal, marcó un punto de inflexión. Sánchez Cordero fue asesinado a balazos el 24 de febrero de 2021 mientras desayunaba en un café.

Su asesinato causó conmoción, no solo por su papel político, sino también por la violencia con la que se perpetró el crimen, representando un antes y un después para Puerto Morelos.

Meses después, en mayo de 2021, las autoridades aprehendieron a Karla Odeth Vivas Medina –hermana de la entonces candidata del Partido Encuentro Social (PES) a la presidencia municipal de Puerto Morelos, Yasmín Vivas Medina–, a quien se atribuyó la autoría intelectual del asesinato, acusación basada en la denuncia de un “testigo protegido” detenido por narcomenudeo y en una serie de audios editados en donde, presuntamente, Karla Vivas habló sobre atentar contra la viuda de Sánchez Cordero –Blanca Merari Tziu Muñoz, actual presidenta municipal– e hizo referencia a una supuesta extorsión. Sin embargo, fue liberada en septiembre de 2022 y desligada del caso, luego de permanecer encarcelada durante un año tres meses, gracias a la obtención de un amparo, según informó a Noticaribe su hermana Yazmín Vivas, quien actualmente milita en Morena y es la tercera regidora en el cabildo portomorelense, por lo que el crimen sigue sin resolverse, persistiendo como una herida abierta en la memoria colectiva del municipio. 

Contaminación auditiva consentida por el Ayuntamiento

Un grupo de habitantes de la zona del puerto denunció públicamente el grave problema de contaminación auditiva ocasionado por bares ubicados en las avenidas Javier Rojo Gómez y Niños Héroes. Según los denunciantes, estos establecimientos tienen autorización para operar hasta las 11 de la noche, pero continúan con música a niveles excesivos hasta las seis o siete de la mañana, todos los días.

“No podemos dormir. La mayoría de los que vivimos en esta zona somos personas adultas. No es posible que tengan la música por encima de los decibeles permitidos hasta el amanecer; hemos reclamado y las autoridades no nos hacen caso”, declararon los afectados.

Los denunciantes afirman que han presentado oficios en el Ayuntamiento solicitando apoyo, pero han sido ignorados, mientras el problema persiste. La situación llegó al punto de que recientemente un residente extranjero, al reclamar en uno de los bares, fue agredido físicamente. 

Sedena construye complejo de lujo para altos mandos 

Sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y con permisos que violan el reglamento de construcción municipal, ya que el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) vigente no contempla este tipo de edificaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construye un complejo de lujo para altos mandos militares a unos metros de la playa de Puerto Morelos.

El predio ocupa toda una cuadra comprendida entre las calles Ejército Mexicano y Lázaro Cárdenas, y las avenidas Javier Rojo Gómez y Niños Héroes. Un gran número de trabajadores labora a todas horas para terminar cuanto antes este nuevo proyecto.

“No pueden tomar fotos, está prohibido y si persisten, llamaré al coronel que está a cargo para que hablen con él”, declaró una trabajadora de seguridad de la obra el pasado martes, mientras el Equipo de Investigación de El Despertador de Quintana Roo intentaba tomar imágenes del lugar.

Pocos minutos después, un grupo de cuatro hombres salió del sitio. Uno de ellos confirmó que la obra corresponde a un complejo habitacional destinado a altos mandos de la Sedena y explicó que ellos mismos eligieron los materiales de construcción, destacando el uso de tabique rojo característico del centro del país, en lugar de los “blocks” típicos de la región.

Cabe señalar que, aunque se realizó una consulta en la Gaceta de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para buscar información sobre el proyecto, no se encontró registro alguno.

Milla de oro, el pastel que se ha ido posponiendo

Pese a que a principios del 2024 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) emitió un decreto para salvaguardar como área natural protegida, con la categoría de área de protección de flora y fauna, el sitio Manglares de Puerto Morelos, que incluye una gran extensión del predio conocido como “Milla de Oro”, un área muy codiciada por las cadenas hoteleras, existe una decena de proyectos a la espera de la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Puerto Morelos, que podrían ser destrabados.

En esta zona convergen los intereses de políticos locales y de otras entidades y dueños de medios de comunicación, particularmente del Grupo Sipse, quienes poseen propiedades en esta enorme franja costera donde, desde 2008, se han planteado diversos intentos para desarrollarla turísticamente.

Entre estos proyectos destaca un plan maestro llamado “Las Américas”, impulsado por la firma Desarrollos Turísticos Paso Victoria, que buscaba urbanizar un área de 420 hectáreas en la Milla de Oro. Actualmente, al menos dos hoteles están listos para invertir en la zona: el JW Marriott Milla de Oro Resort & Spa y el Renaissance Milla de Oro Resort. El proyecto completo contempla la construcción de ocho hoteles que, en conjunto, sumarían 2,104 habitaciones.

Leona Vicario, pueblo que crece a la sombra de Puerto Morelos

Con proyectos ecocidas como “Ciudad Aurum” y la regularización de cientos de hectáreas que benefician a decenas de políticos locales y nacionales, la delegación de Leona Vicario se ha convertido en una “bandera” de negociación del gobierno municipal de Puerto Morelos con empresarios y autoridades federales para establecer desarrollos en tierras ejidales ubicadas en la Ruta de los Cenotes, cerca de las dos estaciones del Tren Maya.

El equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo solicitó información al ejido sobre la actualización del proyecto “Ciudad Aurum”, el cual contempla la devastación de 10 mil hectáreas del ejido Leona Vicario, que ya se había iniciado a pesar de que no cuenta con los permisos correspondientes.

Este proyecto prevé un complejo habitacional compuesto por varios desarrollos inmobiliarios operados por la llamada “Mafia Agraria Peninsular” –a la que se atribuyen decenas de fraudes y despojos y de la cual forman parte, según diversas investigaciones periodísticas, empresarios yucatecos y quintanarroenses coludidos con funcionarios agrarios federales–, que también pretende regularizar otros predios ejidales, en busca de cerrar un lucrativo negocio de tierras cuya plusvalía aumentó tras la construcción de las estaciones del Tren Maya.

En un recorrido por la Ruta de los Cenotes se constató que la venta de terrenos y la especulación han crecido significativamente en los últimos años. Por su parte, la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) detectó problemas graves en al menos 11 ejidos de Quintana Roo, vinculados a la regularización irregular de tierras.

Entre los ejidos afectados figuran los de Leona Vicario y Puerto Morelos, que están comprometidos con desarrollos inmobiliarios que atentan contra el medio ambiente al pretender lotificar grandes predios sin los permisos requeridos.

Las autoridades de Puerto Morelos deben asumir su responsabilidad, y

  • Dejar de depender de dispensarios médicos que no se dan abasto y proyectar la construcción de un Hospital General.
  • Planificar a corto plazo un relleno sanitario propio que cumpla con los lineamientos ambientales.
  • Resolver urgentemente el problema del drenaje sanitario y obligar a la concesionaria Aguakan a construir más plantas de tratamiento de aguas residuales.
  • Aprobar un Plan de Desarrollo Urbano (PDU) armónico con el medio ambiente, tomando en cuenta los comentarios de residentes, organizaciones civiles y cámaras empresariales.

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