SOBERANÍA Y DIGNIDAD HUMANA: EL CENTRO DEL DEBATE
Mtra. Adela Jiménez Izquierdo
Se cumple una semana de la detención del mandatario venezolano y durante estos días he seguido de cerca lo que se dice en los medios de comunicación, en declaraciones de cuentas oficiales y, sobre todo, en las voces de la propia gente venezolana a través de sus redes. En efecto, las opiniones están profundamente divididas; mientras muchas personas fuera de ese país defienden de manera férrea la soberanía del Estado, resulta imposible no notar a esa parte importante del pueblo venezolano que ha expresado alivio, esperanza, incluso júbilo, como si se abriera por fin una posibilidad de libertad largamente negada.
Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué es lo que realmente debe prevalecer? Porque en Venezuela, como estoy segura ocurre en otros países, existe un patrón múltiple y sistemático de violaciones a derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales.
El escenario actual es un auténtico ejercicio de ponderación de derechos. Para quienes tenemos formación jurídica, el conflicto es muy complejo, pero identificable: soberanía del Estado frente a derechos humanos, legalidad formal frente a legitimidad moral. Sin embargo, para quienes detentan el poder sin una perspectiva jurídica ni humanista, el análisis suele reducirse a una consigna cómoda: “defender la soberanía”.
Y es que, en un mundo atravesado por la violencia, la represión y el sufrimiento cotidiano de millones de personas, esa postura, aislada de cierta empatía, resulta profundamente fría. Es por eso que vale la pena mirar el otro lado de la moneda.
En estos días también se ha colocado en el centro la muerte de militares —la seguridad del mandatario—, presentándolos como la prueba máxima de injusticia. Con esto estoy totalmente de acuerdo: la muerte de cualquier ser humano duele. Pero hay una diferencia fundamental que no puede ignorarse: los militares son formados, entrenados y preparados para escenarios de confrontación, incluso para una intervención armada si esta llegara a ocurrir; la población civil no.
Los hombres, mujeres, niñas y niños que mueren lentamente por hambre, por falta de medicamentos, por persecución política, por exilio forzado o por miedo constante no eligieron ese destino. Ellos no fueron entrenados para sobrevivir a un Estado que los vigila, los reprime o los silencia; no portan armas ni discursos de poder, portan carencias, angustia y desesperanza.
Victimizar exclusivamente a quienes forman parte de la estructura armada del Estado, mientras se minimiza el sufrimiento diario de la población inocente, puede configurar violencia simbólica, pues es colocar el foco donde resulta políticamente cómodo y no donde éticamente corresponde. Pero bueno, hasta aquí podría decirse que esto sigue siendo una opinión.
Ahora bien, seamos honestos: pensar que el fin último del presidente de Estados Unidos es la protección del pueblo venezolano sería ingenuo. La historia demuestra que a las grandes potencias rara vez les ha importado genuinamente la gente, salvo cuando sus intereses están en juego. Sin embargo, también sería hipócrita negar que esta intervención —cualquiera que sea su motivación real— vino a significar una esperanza para millones de venezolanos, y estoy segura de que no fue porque confíen ciegamente en un actor externo, sino porque por primera vez en mucho tiempo sintieron que el mundo los estaba mirando y que su voz sería escuchada.
Tanto le fue arrebatada la dignidad a su pueblo que ni siquiera el propio dirigente actuó como un representante soberano digno de su nación. Porque, ojo aquí, la soberanía no reside en la figura del mandatario, sino en el pueblo al que dice gobernar; por tanto, un dirigente que reprime, empobrece, persigue y obliga al exilio deja de ser expresión de la voluntad soberana. Desde ese momento, no custodia la soberanía nacional, la usurpa.
La responsabilidad no recae únicamente en el régimen que cerró todas las vías internas, sino también en una comunidad internacional que, en nombre del respeto a la soberanía, optó por la inacción. Hoy, cuando ocurre un hecho visible y disruptivo, se activan discursos, posicionamientos y condenas. ¿Por qué ahora? Defender la soberanía después de haber ignorado durante años el clamor documentado de las víctimas no es coherencia.
¿Debemos entonces normalizar que la ambición por el poder transforme, poco a poco, a países soberanos en regímenes autoritarios, controlados, disfrazados de soberanía? Mientras hoy se discute con vehemencia este principio, la masacre silenciosa y cotidiana venía ocurriendo desde mucho antes. El pueblo venezolano ya se encontraba en crisis humanitaria; hubo llamados formales ante organismos internacionales, advertencias, informes y peticiones de auxilio. No hubo una respuesta eficaz ni oportuna.
Una crisis humanitaria existe cuando la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de una población son vulnerados de forma masiva y el Estado no actúa —o es quien provoca— el daño, haciendo necesaria la protección internacional.
La soberanía no puede ser un dogma vacío. El nivel de intromisión del presidente de los Estados Unidos revela algo más profundo: un poder que ya no gobernaba, sino que dominaba.
La Carta de las Naciones Unidas fue adoptada el 26 de junio de 1945 y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año, constituyéndose como el instrumento fundacional del sistema internacional contemporáneo. En ella se reconoce el principio de la igualdad soberana de los Estados (art. 2.1), pero se establece, desde su artículo 1.3, la promoción y protección de los derechos humanos como uno de los fines esenciales de la Organización. Posteriormente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948, no creó nuevas obligaciones aisladas, sino que desarrolló y precisó el contenido material de dicho compromiso. Este orden cronológico y normativo confirma que la soberanía estatal, en el marco del Derecho Internacional moderno, no es absoluta, sino funcional y condicionada al respeto de la dignidad humana.
¿PUEDE UN ESTADO ALEGAR DEFENSA PROPIA FRENTE A UN MANDATARIO ACUSADO DE CONDUCTAS CRIMINALES?
Desde la perspectiva del gobierno de Estados Unidos, la actuación frente al mandatario venezolano no se presenta como una intervención política ni como un acto altruista, sino como una acción de defensa de su propio Estado. La acusación de que un jefe de Estado participa activamente en redes criminales de alcance transnacional introduce un elemento distinto al debate clásico sobre soberanía: ya no se trataría únicamente de autoritarismo o de una mala gestión interna, sino de la presunta comisión de conductas que traspasan fronteras y afectan directamente a otros Estados.
En esa lógica, cuando un mandatario no solo incumple la Carta de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, sino que además utiliza la estructura del Estado para facilitar actividades criminales que impactan la seguridad, la salud y la vida de ciudadanos de otros países, deja de actuar como representante legítimo de la soberanía nacional y pasa a comportarse como un actor criminal con poder estatal. Desde este enfoque, se podría sostener que el Estado que actúa lo hace en protección de su propia soberanía frente a un daño continuado.
No obstante, esta justificación revela una fractura profunda del orden jurídico internacional, porque esto no justifica el uso unilateral de la fuerza; el Derecho Internacional no autoriza a los Estados a convertirse en jueces y ejecutores globales, incluso cuando la causa parece moralmente comprensible.
La pregunta de fondo es otra: ¿qué ocurre cuando el Derecho Internacional llega tarde y cuando las víctimas ya no pueden esperar a que los procedimientos formales reaccionen?
¿CUÁL HABRÍA SIDO EL ESCENARIO SI LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES HUBIERAN ACTUADO OPORTUNAMENTE?
Desde 1945, la comunidad internacional reconoció la soberanía de los Estados, pero la subordinó a un fin superior que todos conocemos: la protección de la dignidad humana. Tres años después, la Declaración Universal no contradijo ese principio, sino que lo desarrolló, detallando los derechos que todo Estado soberano está obligado a respetar. Así, los derechos humanos y, por tanto, la soberanía no son un fin en sí mismos, sino una responsabilidad.
Si los organismos internacionales hubieran actuado con firmeza y oportunidad, la crisis no habría escalado hasta un punto de ruptura. La rendición de cuentas habría sido institucional, progresiva y multilateral; la atención se habría centrado en las víctimas y no en el poder; y la soberanía habría funcionado como responsabilidad y no como coartada.
Finalmente, esto no es un debate ideológico ni un análisis geopolítico; es una reflexión profundamente humana. Por tanto, no se trata de elegir un bando, sino de asumir que, aunque la soberanía implique autoridad suprema, ello no significa autoridad ilimitada.