La animadversión manifiesta del próximo presidente de Estados Unidos hacia México afectaría directamente al estado –donde afirma haber sido víctima de estafas y corrupción y mantiene intereses como inversionista en Calica–, por los riesgos que los posibles conflictos entre ambos países conllevarían para la actividad turística
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO
Con Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos por segunda ocasión a partir del próximo 20 de enero, el odio que ha manifestado hacia México desde hace varios años, expresado por él mismo en diversas ocasiones, vuelve a ser motivo de preocupación. Las advertencias que tanto él como integrantes de su futuro equipo de gobierno han lanzado podrían materializarse, con repercusiones serias para la economía nacional en aspectos como comercio, turismo, migración y, sobre todo, seguridad. En particular, Trump ha expresado su intención de declarar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas, argumentando que sus acciones criminales son peores que las de Al Qaeda debido a su acceso a financiamiento ilimitado.
De concretarse esta medida, implicaría la intervención directa de fuerzas especiales estadounidenses, el uso de drones y ataques en zonas donde se sospeche la presencia de estos grupos delictivos. Según Marco Rubio, quien se perfila como el próximo secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, estos cárteles habrían contado con el respaldo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para operar libremente, lo que añade un matiz político a la tensión bilateral.
En este contexto de marcada animadversión hacia México, Quintana Roo también figura entre los objetivos de la próxima administración estadounidense, pues reviste especial interés debido a las inversiones e intereses de Trump en la región, que se han visto afectados por políticas implementadas durante el gobierno de López Obrador. Una de las más significativas fue la intervención del Ejército Mexicano en Sac-Tun (antes Calizas Industriales del Carmen), filial en México de la empresa Vulcan Materials Company, la mayor productora de agregados para la construcción en Estados Unidos, de la que Trump posee 300 mil acciones junto con su familia, a través de Elaine Chao (exsecretaria de Transporte estadounidense), una situación revelada en un reportaje exclusivo del periodista Xavier Méndez Camacho (Q.E.P.D.), publicado por El Despertador de Quintana Roo el 22 de enero de 2018 (Calica: depredación a la sombra de Trump https://acortar.link/qoVio6).
Poco antes de concluir su mandato, López Obrador emitió una declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) que abarca más de 53 mil hectáreas, la cual incluye 2 mil 387 hectáreas divididas en los cuatro predios propiedad de Vulcan Materials en el municipio de Solidaridad, lo que ha generado una pugna jurídica y diplomática que alarma a inversionistas extranjeros y pone bajo escrutinio la relación comercial entre México y Estados Unidos.
Declaratoria de terrorismo: posibles implicaciones
En una columna publicada el pasado 15 de noviembre en el portal DW Español (https://acortar.link/S1ObRc), la periodista y escritora Anabel Hernández cita declaraciones de Tim Kennedy, excombatiente en Irak y Afganistán cercano a Donald Trump. Kennedy afirmó que los cárteles mexicanos son más poderosos que Al Qaeda debido a su financiamiento ilimitado y que, durante la campaña presidencial, Trump expresó su intención de bombardear objetivos vinculados a estos grupos. Estos cárteles han sido señalados por el gobierno estadounidense como responsables de la epidemia de fentanilo, que ha causado más de 300 mil muertes por sobredosis en los últimos cinco años.
A ello se suman las recientes críticas del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, contra la estrategia de seguridad de “abrazos y no balazos” implementada por López Obrador, que calificó como un fracaso que ha exacerbado los problemas de violencia e inseguridad en México.
Hernández, periodista especializada en temas de seguridad, señala que durante su participación en el evento “Encuentro Internacional sobre Cárteles y Pandillas Mexicanas” en Texas, pudo conversar con Tim Kennedy, quien le aseguró que, bajo la próxima administración de Trump, los cárteles y sus cómplices serán designados como terroristas y que hay planes de crear una operación especial de ataque para exterminar a esas organizaciones criminales.
Aunque Kennedy aclaró que no hablaba en nombre de Trump, sostuvo que Estados Unidos adoptará un enfoque directo, sin rodeos ni soluciones diplomáticas pasivo-agresivas, para obligar al gobierno mexicano a alinearse con sus políticas.
Por su parte, Marco Rubio, próximo secretario de Estado estadounidense, aseguró hace unos días que los cárteles de las drogas tuvieron todo el respaldo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para operar libremente por todo el territorio mexicano.
De concretarse la designación de los cárteles como terroristas se abriría el camino para imponer sanciones económicas a México e, incluso, para realizar operaciones antiterroristas en territorio mexicano.
¿Qué implicaría declarar “terroristas” a los cárteles?
Elevar a los cárteles de la droga del grado de organizaciones criminales al de terroristas no es una idea nueva; el gobierno mexicano ha rechazado categóricamente ese planteamiento, pues vulneraría la soberanía nacional.
Si se concretara esta designación, los cárteles dejarían de considerarse una amenaza a la seguridad pública para convertirse en una amenaza a la seguridad nacional.
Es fundamental entender que Estados Unidos clasifica a las organizaciones terroristas bajo diferentes formas y grados, a través de instituciones como el Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y aunque se establece un perfil general, las decisiones suelen tener un trasfondo político. La más severa designación es la de “organización terrorista extranjera”, determinada por el Departamento de Estado.
Una de las principales consecuencias de designar a los cárteles como terroristas sería que dicha clasificación se extendería a todos aquellos que colaboren con ellos, incluidos vendedores locales de drogas o incluso sus clientes. Según un documento explicativo del Congreso de EEUU, cualquier persona que “sabiéndolo” proporcione “apoyo o recursos materiales” a estas organizaciones podría ser acusada de colaborar con el terrorismo.
Además, sus miembros y representantes podrían ser deportados o no admitidos en Estados Unidos, y sus activos y transacciones financieras serían bloqueados por instituciones estadounidenses. Este mismo documento señala que la designación como terroristas permitiría al gobierno de EEUU “animar” a otros países a hacer lo mismo, además de “estigmatizar y aislar internacionalmente” a estas organizaciones.
Otra implicación sería que los cárteles pasarían a ser una prioridad en las operaciones de seguridad. Ya no se requerirían órdenes judiciales para inspeccionar propiedades o intervenir dispositivos electrónicos, dado que la lucha contra el terrorismo prioriza la acción preventiva antes de que ocurra un ataque.
Lo que más preocupa al gobierno mexicano es que esta medida podría abrir la puerta a operativos unilaterales de Estados Unidos en territorio mexicano, ignorando la soberanía nacional.
Resentimiento de Trump llega a Quintana Roo
Los conflictos entre Donald Trump y México se remontan a hace aproximadamente 17 años, marcados por la organización del certamen Miss Universo en Cancún y los intentos fallidos de construir desarrollos inmobiliarios en Tijuana y Cozumel.
En 2006, el próximo inquilino de la Casa Blanca intentó desarrollar un proyecto denominado Trump Ocean Resort en Punta Bandera, Tijuana, Baja California, que prometía espectaculares vistas al mar. Sin embargo, el proyecto no pasó de un enorme hoyo en la arena, lo que generó una serie de demandas por fraude contra Trump. Varias personas habían invertido en departamentos con precios que oscilaban entre 300 mil y tres millones de dólares, equivalentes a entre 3.27 y 32.7 millones de pesos al tipo de cambio de 2006, cuando el dólar se cotizaba en aproximadamente 10.90 pesos.
En 2007, Trump intentó un proyecto similar en Punta Molas o Punta Arrecifes, al este de Cozumel, una zona virgen de alta fragilidad ecológica en el Caribe. El plan incluía una marina, un campo de golf, tres mil habitaciones, una pista de aterrizaje para aviones privados, muelles y villas.
Según Fabiola Cortés Miranda, dirigente de la asociación civil “Somos tus Ojos”, era un secreto a voces que el entonces alcalde panista Gustavo Ortega Joaquín (2005-2008) habría pedido a los hijos de Trump 20 millones de dólares para autorizar el cambio de uso de suelo y otorgar las densidades necesarias para el proyecto. Ortega Joaquín negó tales acusaciones en su momento.
No obstante, la mayor oposición al proyecto provino de ambientalistas y ciudadanos liderados por Guadalupe Álvarez Chulim, presidenta de Cielo, Mar y Tierra (Citymar). Argumentaban que el desarrollo implicaría devastar manglares y otra vegetación diversa, además de provocar una grave sobrecarga ambiental y contaminación en la isla.
El interés de Trump en concretar el proyecto fue tal que sus hijos, Ivanka y Donald Trump Jr., visitaron la isla en 2007 y recorrieron la zona junto al alcalde Ortega, inspeccionando terrenos propiedad de la familia Barbachano, ubicados en el sureste de Cozumel.
Ese mismo año, tras el impacto del huracán Wilma en 2005, se propuso un plan para reactivar la economía de Quintana Roo, que incluía la realización del certamen Miss Universo en Cancún, Chiapas y la Ciudad de México. Trump, copropietario de los derechos del concurso a través de Miss Universe LP LLLP, firmó un contrato con Grupo Promotor MU de México SA de CV, y el evento se celebró en mayo del 2007.
En 2010, tres años después del certamen, surgió una disputa entre Trump y Rodolfo Rosas Moya, uno de los impulsores del evento, debido a un convenio por 6.5 millones de dólares que incluía la garantía de al menos 26 terrenos en la Riviera Maya. Estas propiedades se convirtieron en objeto de litigios tanto en México como en Estados Unidos.
En 2015, Trump expresó en su cuenta oficial de Twitter (actualmente X) críticas contundentes hacia México. Afirmó que el país tenía un sistema corrupto, desaconsejó hacer negocios allí y dijo que debía detenerse el envío de “criminales” a las fronteras estadounidenses. Declaró:
“No quiero tener nada que ver con México, excepto construir una pared impenetrable y detenerlos para que no vengan a quitar dinero de Estados Unidos”.
Vulcan Materials: la gota que derramó la bilis
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano emprendió acciones contra Calica, actualmente Sac-Tun, una empresa operada por la trasnacional Vulcan Materials Company LLC, de la cual Trump, a través de la intermediación como prestanombres de Elaine Chao –a quien nombró su secretaria de Transporte en su primer gobierno–, posee más de 300 mil acciones, de acuerdo con una investigación del reportero de AFM Reports Tom Scheck, que data de 2016, poco antes de que Trump asumiera por primera vez la presidencia de Estados Unidos.
Vulcan Materials mantiene ante el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) un reclamo contra México por daños económicos de mil 900 millones de dólares, mediante un arbitraje internacional iniciado desde el año 2018, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) clausuró el predio La Rosita, en Playa del Carmen, desde donde extraía material pétreo para su exportación a Estados Unidos.
Posteriormente, el gobierno mexicano intervino con el Ejército la totalidad de las instalaciones de Sac-Tun en marzo de 2023, incluida la terminal marítima de Punta Venado y, el 23 de septiembre de este 2024, pocos días antes de concluir su mandato presidencial, López Obrador emitió una declaratoria para convertir más de 2 mil hectáreas en un Área Natural Protegida (ANP) que incluye los predios de Vulcan, lo que impide la extracción de material pétreo en la zona.
En días pasados, la senadora estadounidense de Alabama, Katie Britt, mencionó que entre sus prioridades de trabajo con el presidente electo Donald Trump y la nueva mayoría en el Senado se encuentra, precisamente, proteger los intereses de Vulcan Materials en México. “Espero que la administración Trump, desde una posición de fortaleza, interactúe con México con respecto a la expropiación ilegal del puerto y la propiedad de Vulcan Materials en Quintana Roo”, dijo Britt, quien, junto con otros cinco senadores, tanto republicanos como demócratas, promueve una propuesta de legislación que penalizaría a México si intenta sacar provecho de los predios de Calica y de la terminal marítima de Punta Venado.
Los ejecutivos de Vulcan llevarán el caso al debate diplomático tan pronto Donald Trump sea ungido presidente de los EEUU; en tanto, el pasado 12 de noviembre el Juzgado Noveno de Distrito en Quintana Roo admitió a trámite un amparo contra la creación del Área Natural Protegida y en el transcurso de esta semana resolverá si otorga o no la suspensión definitiva solicitada por la empresa.
Este caso también tiene implicaciones en el T-MEC. Según Vulcan, México ha incumplido con sus compromisos comerciales, lo que podría tener un efecto paralizante en las relaciones de inversión entre ambos países.
Para recordar: Calica, denunciada por depredación en 1992
De acuerdo con un documento que fue proporcionado a El Despertador de Quintana Roo, el tema de la depredación ambiental de Calica fue revisado en la Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD) de 1992, durante la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, Brasil, el 11 de junio de ese año, donde la empresa aceptó firmar un acuerdo de mitigación ambiental.
En ese documento firmado por la entonces presidenta de Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), Pricila Sosa Ferreira y la secretaria de la organización, Leticia Rubello Garza, y por parte de Calica el ingeniero Víctor Cachogua, entonces presidente del comité ejecutivo de la empresa, se estableció que, tras varios meses de denuncias y señalamientos de incumplimiento en materia ambiental, dicha empresa aceptó acatar las leyes mexicanas y darles atención mediante algunos mecanismos de mitigación ambiental.
Como parte de ese compromiso, la empresa contrató los servicios de instituciones científicas nacionales, calificadas como “de excelencia”, para apoyar el proyecto de la conservación de la biodiversidad del norte de Quintana Roo.
Durante una entrevista con El Despertador de Quintana Roo realizada en febrero de 2022, Araceli Domínguez Rodríguez, actual presidenta de GEMA, recordó que en el acuerdo Calica se comprometía a crear un fideicomiso mediante el cual aportaría unos centavos de dólar por cada determinada cantidad de sascab extraído y que con ese dinero se tratarían asuntos medioambientales, “pero nunca se cumplió” (Calica – Sac-Tun, colosal desastre ambiental https://acortar.link/3sH17s).
Pagar deuda a Vulcan costaría 15 dólares a cada mexicano
Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), explicó durante la 52ª Convención Nacional 2024 del organismo, celebrada el 14 de noviembre en Mérida, Yucatán, que la demanda de Vulcan Materials contra el gobierno mexicano asciende a 1,900 millones de dólares.
Herrera estimó que, si México pierde el caso, cada ciudadano tendría que aportar alrededor de 15 dólares (equivalentes a 300 pesos mexicanos, con un tipo de cambio de 20 pesos por dólar) para cubrir el pago.
“Hay una demanda por mil 900 millones de dólares que Vulcan interpuso contra el gobierno mexicano por la expropiación de Calica. La vamos a perder y cada ciudadano —hombre, mujer, niño, bebé— tendrá que pagar 15 dólares de su bolsillo para cubrir esa deuda”, advirtió el economista.
Recordó que, mientras en 2023 México enfrentó cinco disputas comerciales con Estados Unidos, para 2024 la cifra ya asciende a 64. Herrera urgió a resolver esta problemática ante la inminente renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Actualmente tenemos 64 disputas comerciales con Estados Unidos. La mayoría están relacionadas con demandas laborales bajo el tratado. En años anteriores eran dos o tres al año; en 2023 hubo cinco, pero en 2024 ya hay 64. Esto demuestra que no somos un buen socio comercial. Tenemos que corregir esta situación, especialmente con la renegociación del tratado en puerta”, señaló Herrera.
Comienzan las amenazas directas hacia México
Aunque el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca será el 20 de enero de 2025, las tensiones hacia México ya se han incrementado, incluyendo la posibilidad de ser excluido del T-MEC. El gobierno mexicano, liderado por Claudia Sheinbaum Pardo, ha minimizado estas amenazas, argumentando que se utilizan como estrategia electoral en Canadá.
Recientemente, Doug Ford, primer ministro de Ontario —la provincia más poblada de Canadá—, declaró que busca que el gobierno de Justin Trudeau negocie un nuevo acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos que excluya a México. A esta propuesta, aseguró, se han sumado todos los primeros ministros de los 13 gobiernos provinciales y territoriales, quienes en los próximos días se reunirán en Toronto para analizar el tema.
Estas declaraciones han sido aprovechadas por Donald Trump, quien ha endurecido su postura hacia México con una retórica más radical, centrada en temas como la inmigración y la seguridad.
La contundente victoria de Trump frente a Kamala Harris en las elecciones del pasado 6 de noviembre, que le aseguró su regreso a la presidencia de Estados Unidos, ha generado incertidumbre sobre las repercusiones que sus políticas tendrán en sectores clave como el turismo y las relaciones diplomáticas.
Quintana Roo podría ser una de las entidades más afectadas por las políticas que el nuevo presidente pretende implementar, puesto que Estados Unidos es el principal proveedor de turistas para este estado, cuya economía depende significativamente del turismo internacional.
De EEUU y Canadá, mayoría de turistas
En 2023, Estados Unidos fue el principal emisor de turistas a Cancún, con 5.67 millones de visitantes, lo que representó el 60.5% del total de turistas extranjeros.
Según datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, durante el primer semestre de 2024, Estados Unidos mantuvo su posición dominante con el 39.1% del total de visitantes. El turismo nacional representó el 31.7%, mientras que Canadá ocupó el tercer lugar con el 11.4%.
Estos datos reflejan que los dos principales socios comerciales de México también son, de manera conjunta, los mayores generadores de turismo en Quintana Roo. Por ello, es crucial mantener relaciones diplomáticas estables y mitigar las tensiones políticas. Un simple aviso de viaje (o travel warning) por parte de Estados Unidos podría reducir significativamente la afluencia de turistas.
Tratado de aguas: un conflicto recurrente
El Tratado de Aguas de 1944 obliga a México y Estados Unidos a compartir y compensar el uso de los ríos fronterizos. Este acuerdo suele generar tensiones diplomáticas cada vez que se revisa en el contexto de un cambio de gobierno.
Conforme al tratado, México debe entregar 431 millones de litros cúbicos de agua a Estados Unidos al año por compartir el Río Bravo, mientras que el país vecino del norte debe entregar mil 850 millones de litros cúbicos por el Río Colorado. El pago de aguas se debe realizar cada cinco años.
Las consecuencias de no cumplir con la entrega del agua a EEUU en la fecha pactada pueden derivar en un conflicto diplomático directo entre los presidentes de ambos países, como ocurrió durante el gobierno de Vicente Fox, quien tuvo que negociar el tema dos veces con George Bush Jr.
En ese entonces, Fox temía no poder negociar temas migratorios ni económicos por la deuda de agua con EEUU y también sostuvo enfrentamientos con el entonces gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez y de Coahuila, Enrique Martínez, quienes se negaban a la entrega de agua de las presas de sus estados.
En 2020, durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, que coincidió con el primer periodo presidencial de Donald Trump, se cumplió el plazo para la entrega de agua y en aquel momento también hubo conflictos significativos en torno al cumplimiento del tratado, por la oposición del gobierno de Chihuahua, al argumentar que se ponía en riesgo el ciclo agrícola por la sequía que azotaba al estado, por lo que el gobierno federal tuvo que recurrir a extraer agua adicional de presas de otros estados.
Ahora, con el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum y el regreso de Trump a la presidencia, este tema se perfila como un desafío prioritario, pues nuevamente se avecina el cumplimiento de ese tratado, en 2025. Será necesario evitar que las diferencias sobre el manejo de las aguas escalen a un conflicto mayor y que las tensiones perjudiquen las relaciones entre ambos países.
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Para evitar un conflicto mayor con Estados Unidos y mitigar los efectos en temas de turismo, migración y seguridad, el gobierno mexicano debe tomar varias acciones estratégicas, muchas de ellas basadas en diplomacia, cooperación internacional y medidas internas para fortalecer la estabilidad social, económica y política del país:
- Fortalecer la diplomacia bilateral y multilateral; particularmente, las relaciones comerciales para asegurar la estabilidad económica y comercial con EEUU como una prioridad.
- Promover la cooperación en seguridad y migración: Ambos países comparten preocupaciones sobre el crimen organizado y los flujos migratorios. México puede reforzar su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional, así como fortalecer los mecanismos de control migratorio. La colaboración en estos temas, mediante agencias como la DEA, el FBI, y otros organismos binacionales, es crucial para evitar tensiones.
- Abordar los desafíos migratorios de manera eficaz, con una política migratoria coherente y humana en donde se garanticen los derechos humanos de los migrantes.
- Promover el turismo con estrategias de seguridad e imagen internacional, que genere un incremento de seguridad en los destinos turísticos, lo cual es fundamental para mantener la afluencia de visitantes internacionales, especialmente de turistas estadounidenses.
- Fomentar la estabilidad económica mediante la incentivación a la inversión y la creación de empleos.
- México debe mantener una política de diplomacia activa, cooperación en seguridad y migración, y asegurar la estabilidad interna mediante la mejora de la justicia, la seguridad y la economía. Además, el gobierno mexicano debe trabajar en una estrategia de promoción turística y desarrollar políticas inclusivas para reducir las desigualdades sociales. La prevención de un conflicto se basa en una acción integral y en el fortalecimiento de relaciones tanto internas como externas.