Tres expresidentes municipales de Cancún, consultados por El Despertador, se pronunciaron contra la posibilidad de comercializar el predio junto a Playa Marlín; por el contrario, deben ser habilitados para aprovechamiento y disfrute de todos los ciudadanos
SALVADOR CANTO
CANCÚN.- En medio de la polémica desatada por la posible venta de un terreno municipal colindante con Playa Marlín, en la zona hotelera de Cancún, exalcaldes del municipio de Benito Juárez se han sumado a las voces que rechazan tajantemente la operación. Coinciden en que el predio debe preservarse como espacio público y no entregarse al mercado inmobiliario.
La controversia surgió la semana pasada, tras una reunión de precabildeo entre regidores, donde se analizó la posible enajenación del predio ubicado en el kilómetro 13 del bulevar Kukulcán. Sin embargo, la propuesta fue frenada por tres regidoras de Morena, cuyos votos en contra, sumados a los de Movimiento Ciudadano y el PRI, impidieron alcanzar la mayoría calificada necesaria para presentarla en sesión de cabildo.
El tema ha generado tensiones políticas entre regidores y preocupación ciudadana por el riesgo de perder uno de los pocos espacios costeros con vocación pública.
En respuesta a la polémica, el síndico municipal, Miguel Zenteno Cortés, descartó que el predio pueda ser vendido en este momento, ya que cuenta con una concesión vigente desde 2010, la cual vence en 2037.
“El hecho de que esté concesionado prácticamente lo deja fuera. Cancelar la concesión no es el caso en este momento”, afirmó el funcionario.
Explicó que el terreno forma parte de un inventario de bienes del Ayuntamiento que podrían ser vendidos para financiar obra pública sin recurrir a créditos, pero subrayó que cualquier operación requiere una evaluación bancaria, consulta pública y el cumplimiento de procedimientos legales estrictos.
Zenteno también recordó que el año pasado se intentó subastar otros predios sin lograr el monto necesario para obras prioritarias, por lo que se decidió revisar nuevas alternativas de financiamiento.
“Hay que dejar muy claro que sí se está analizando esa fuente de financiamiento, pero siempre con transparencia, como se ha hecho con el Derecho de Saneamiento”, añadió.
Exalcaldes se pronuncian: “Ese terreno no se toca”
La polémica reactivó una vieja discusión. El mismo terreno estuvo a punto de ser vendido en 2018 durante el gobierno de Remberto Estrada, en una operación con el Grupo Salinas valuada en más de 139 millones de pesos, pero fue frenada por presión ciudadana.
Ahora, exalcaldes de Cancún como José Irabién Medina (1981–1984), Gregorio Sánchez Martínez (2008–2010) y Rafael Lara Lara (1996–1999) han manifestado su oposición a cualquier intento de privatizar el predio.
“Ahí hubo canchas de tenis y pádel; hoy es un terreno abandonado, sin servicios de playa pública como en Delfines o Las Perlas. No estoy de acuerdo con su venta. Hacen falta espacios públicos para los cancunenses”, expresó Irabién. “Seguramente hay muchos intereses detrás. Ojalá escuchen a la comunidad”.
Gregorio Sánchez recordó que en su administración también enfrentó presiones para vender terrenos estratégicos, pero las frenó:
“Este es el terreno más valioso que tiene el municipio. En mi gobierno no se vendió ni uno solo. Esa joya debe quedarse para un gran proyecto municipal, no para negocios privados”, comentó.
Por su parte, Rafael Lara consideró que, más allá del uso de suelo que contemple el Plan de Desarrollo Urbano, el terreno debe transformarse en un área digna y accesible para la ciudadanía.
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Preservación de espacios públicos debe ser prioridad
Preservar los espacios públicos que aún existen en el municipio de Benito Juárez es fundamental para garantizar el bienestar social y la calidad de vida de sus habitantes. Estos espacios actúan como pulmones verdes y pueden representar áreas de recreación que fomenten la convivencia comunitaria, la salud física y mental, y el equilibrio ambiental, en una ciudad que enfrenta un crecimiento urbano acelerado.
En lugar de contemplar su venta, las autoridades municipales deberían enfocarse en habilitarlos, mejorarlos y mantenerlos accesibles para la ciudadanía, pues su conservación contribuye a reducir la desigualdad al ofrecer lugares gratuitos para el esparcimiento, el deporte y la cultura. Además, este tipo de espacios públicos fortalecen el sentido de identidad y pertenencia de la población, promueven la cohesión social y son vitales para proteger la biodiversidad urbana y mitigar los efectos del cambio climático.
Por estas razones, su preservación debe ser una prioridad que esté alineada con políticas de desarrollo sostenible y justicia social.
