La reducción de participaciones y ajustes presupuestales obligan a ayuntamientos campechanos a replantear su operación, entre la austeridad administrativa y la necesidad de mantener servicios básicos para la población
SERGIO MASTÉ
El panorama financiero para los ayuntamientos de Campeche se vuelve cada vez más complejo. A partir de marzo, los 13 municipios enfrentarán recortes presupuestales como parte de una estrategia de ahorro estatal, una medida que impacta con mayor fuerza a las administraciones municipales de oposición, al limitar recursos destinados a la operación diaria, programas sociales y servicios públicos.
La Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Campeche notificó a los alcaldes que los ajustes se aplicarán de manera generalizada, aun cuando el Congreso del Estado de Campeche autorizó un endeudamiento superior a mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026. Esta combinación de deuda pública y reducción de participaciones coloca a los municipios en un escenario de presión financiera sin precedentes recientes.
Entre los municipios más afectados destacan:
• Hopelchén, con un recorte estimado de entre 17 y 19 millones de pesos.
• Calkiní, con una reducción proyectada de aproximadamente 16 millones de pesos.
• Dzitbalché, con un ajuste de 6 millones de pesos y la previsión de despedir a 22 empleados.
Estos recursos, según han señalado autoridades municipales, se destinan principalmente al pago de nómina, mantenimiento de servicios públicos y ejecución de obras de carácter social, por lo que cualquier disminución repercute directamente en la atención ciudadana.
El contexto fiscal tampoco resulta alentador. El Gasto Federalizado propuesto para Campeche en 2026 asciende a 24 mil 485.8 millones de pesos, lo que representa una disminución real del 2.5 por ciento respecto al año anterior. Esta reducción obliga a los municipios a replantear prioridades y a operar con márgenes financieros más estrechos.
ANALIZAN REDUCCIÓN DE SUELDOS
El presidente municipal de Hopelchén, Hiram Aranda Calderón, explicó que el nuevo ajuste presupuestal, sumado al recorte de 5 millones aplicado a finales de 2025, significa una reducción cercana a los 22 millones de pesos en comparación con el año pasado. Calificó la medida como “un recorte muy duro, muy fuerte”, que coloca al municipio en una situación de vulnerabilidad operativa.
El edil también cuestionó lo que considera un contraste entre el discurso federal de humanismo y la realidad financiera de los municipios, al señalar que los ayuntamientos representan el primer contacto entre gobierno y ciudadanía, especialmente en la atención de necesidades básicas.
Ante este escenario, los gobiernos municipales han comenzado a delinear estrategias de mitigación. Entre ellas destacan la optimización del gasto público —desde la reducción en el uso de materiales hasta la búsqueda de proveedores más económicos—, el fortalecimiento de la recaudación propia para evitar endeudamiento y la evaluación de recortes en personal de confianza.
En Hopelchén, incluso se analiza la reducción de salarios comenzando por el propio alcalde y directores de área, como una medida simbólica y administrativa para sostener la operatividad mínima sin afectar servicios esenciales.
Más allá de los números, la situación plantea una reflexión de fondo sobre la fragilidad financiera de los municipios mexicanos y su alta dependencia de recursos estatales y federales. Cuando los ingresos disminuyen, la presión recae directamente en la prestación de servicios básicos, recordando que la estabilidad de un municipio no se mide sólo en balances contables, sino en su capacidad para responder a las necesidades cotidianas de la población.
