REDACCIÓN
CAMPECHE.- La administración estatal, encabezada por Layda Sansores San Román, anunció una reforma al Reglamento de Vialidad que reduciría de 104 a tres las causales por las que un vehículo puede ser enviado al corralón. La propuesta, presentada junto con la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, busca limitar el uso de grúas tras la imposición de infracciones.
La gobernadora sostuvo que la normativa vigente resulta excesiva y adelantó que incluso podría elaborarse un reglamento completamente nuevo. No obstante, aclaró que las sanciones económicas por infracciones de tránsito permanecerán sin cambios.
El anuncio fue recibido con escepticismo. Durante años, organizaciones civiles y automovilistas han denunciado abusos en el uso de grúas y los elevados costos de los corralones, sin que hasta ahora el gobierno impulsara modificaciones al esquema.
Además, el artículo 182 del reglamento vigente ya establece que el arrastre de vehículos solo procede en casos de abandono o cuando, tras un accidente, las condiciones mecánicas impidan su desplazamiento. También prohíbe expresamente el uso de grúas cuando la unidad puede circular y el conductor dispone de las llaves. Esta aparente contradicción entre la norma y su aplicación ha reavivado los cuestionamientos sobre la necesidad de reformar la legislación o, simplemente, hacer cumplir la que ya existe.
La mandataria aseguró que el gobierno estatal no recibe ingresos por multas ni por el servicio de grúas, al señalar que esos recursos corresponden a los municipios. Sin embargo, los operativos de arrastre son ejecutados por elementos de la Policía Estatal, adscritos a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, lo que ha generado dudas sobre el alcance de ese deslinde.
Analistas consideran que el anuncio también responde a un contexto político complejo, marcado por el rechazo legislativo a la contratación de deuda pública por mil millones de pesos y por las diferencias públicas con el diputado federal Ricardo Monreal. Mientras tanto, la ciudadanía mantiene reservas sobre si la reforma se traducirá en un cambio real o quedará solo en el discurso.