GERARDO RUIZ
Si la reforma electoral presentada por el Ejecutivo solo concibe a las personas con discapacidad como votantes, entonces no estamos frente a una reforma: estamos frente a una exclusión técnicamente maquillada.
En México solemos medir la democracia por la cantidad de boletas depositadas en las urnas. Pero la democracia constitucional no se reduce al acto de votar. La participación política es un derecho integral: incluye la posibilidad real de ser votado, de competir en igualdad de condiciones y de ejercer el cargo público sin obstáculos estructurales.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es clara. En su artículo 29 reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar plenamente en la vida política y pública, lo que implica no solo emitir el sufragio, sino también acceder a cargos de representación y desempeñar funciones públicas en todos los niveles de gobierno. No es una declaración simbólica; es un instrumento internacional vinculante para el Estado mexicano.
El artículo 1° de nuestra Constitución obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo el principio pro persona. Esto significa que cualquier reforma debe interpretarse y diseñarse ampliando derechos, no administrando limitaciones.
Por eso preocupa que, cuando se habla de accesibilidad en materia electoral, el debate se limite casi exclusivamente a mecanismos para facilitar el voto. Se habla de plantillas braille, de asistencia en casillas, de protocolos. Todo eso es importante. Pero es insuficiente.
La pregunta de fondo es otra: ¿qué tan accesible es el sistema para que una persona con discapacidad pueda registrarse como candidata, fiscalizar sus recursos, hacer campaña en condiciones de equidad y ejercer el cargo sin enfrentar barreras normativas o prejuicios institucionales?
Si persisten requisitos diseñados sin enfoque de accesibilidad, si no se contemplan ajustes razonables en los procedimientos administrativos, si los partidos políticos siguen operando bajo lógicas excluyentes, entonces la reforma no transforma nada. Solo reproduce el modelo tradicional con un lenguaje más amable.
La igualdad formal —la que dice que “todos pueden participar”— no corrige la desigualdad estructural. Y cuando el diseño normativo ignora esa realidad, el resultado es discriminación indirecta.
Una democracia que nos permite elegir, pero no ser elegidos, es una democracia incompleta.
La accesibilidad no es un favor, ni una concesión progresista. Es una condición de legalidad constitucional. Es coherencia entre el discurso de inclusión y la arquitectura real del poder.
Porque mientras el sistema nos vea únicamente como electores, seguirá enviando un mensaje implícito: tu voz cuenta para votar, pero no para gobernar.
Y la democracia no se construye administrando minorías; se fortalece reconociendo ciudadanía plena.
La verdadera reforma electoral será aquella que elimine barreras, no la que las administre. Aquella que entienda que la representación también debe ser accesible. Aquella que asuma que los derechos políticos no se fragmentan.
Lo demás —aunque se llame reforma— será más de lo mismo, de los mismos.
Gerardo Ruiz es director de la Red Ciegos Quintana Roo
X: @gruizcun