SALVADOR CANTO
Durante el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional –antes Sedena, hoy identificada con el acrónimo Defensa–, se convirtió en la dependencia favorita del Ejecutivo, acumulando un amplio abanico de responsabilidades que anteriormente no formaban parte de su competencia.
A lo largo del sexenio, la institución militar asumió la construcción de carreteras, aeropuertos, la refinería de Dos Bocas y varios tramos del Tren Maya.
Como reconocimiento por estas tareas, la Sedena fue beneficiada con la edificación de diversos proyectos inmobiliarios, incluyendo hoteles y conjuntos habitacionales de lujo en Puerto Morelos y Puerto Juárez, desarrollos financiados con recursos públicos que bien podrían destinarse a mejorar los servicios de salud, educación y seguridad.
En Puerto Juárez, por ejemplo, se decidió derribar antiguas casas militares que habían estado abandonadas durante años. En su lugar, en ese lote actualmente se construyen modernas torres departamentales, así como varias casas reservadas para altos mandos de la institución y con una vista privilegiada a la costa, como se observa en imágenes captadas por el Despertadrón.
Este desarrollo ha generado controversia, ya que se ha señalado que parte de la playa frente a estas edificaciones está siendo adjudicada a la milicia mediante una concesión. Presuntamente, el plan incluye la construcción de un muelle para embarcaciones militares, aunque esto no ha sido confirmado. Además, el proyecto carece de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), a pesar de encontrarse en una zona ya compactada, lo que, en la práctica, podría significar la privatización del acceso a esta área costera.
Uno de los sectores más afectados por estas medidas es el de los lancheros de Puerto Juárez, quienes han utilizado este espacio por años para resguardar sus embarcaciones, especialmente durante la temporada de huracanes. La incertidumbre ha generado inconformidad entre prestadores de servicios náuticos y turísticos, quienes temen ser desalojados sin alternativas viables para continuar con sus actividades. Aunque han sostenido conversaciones con altos mandos militares, hasta el momento no han obtenido una respuesta definitiva sobre si podrán seguir utilizando esa parte del área federal.
Esta situación ha despertado un intenso debate sobre el creciente poder de la Secretaría de la Defensa dentro de la administración pública y sus implicaciones en la vida cotidiana de diversos sectores. Mientras algunos consideran estas acciones como una estrategia para fortalecer la presencia militar en proyectos estratégicos, otros las interpretan como una preocupante tendencia hacia la militarización y privatización de espacios públicos en beneficio de un grupo selecto dentro de la institución.