Acusan ejidatarios de Morocoy “chicanadas legales” del gobierno federal en el proceso de indemnización por la ocupación de 293 hectáreas en las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kinichná; Tribunal Unitario pospone audiencia dos meses
REDACCIÓN
CHETUMAL.- Una audiencia para atender la demanda de indemnización del ejido Morocoy sobre las tierras ocupadas por las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kinichná fue diferida dos meses por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) Número 44 con sede en Chetumal, causando inconformidad de los comuneros.
La audiencia estaba programada originalmente para este jueves 25 de septiembre a las 11:00 horas, pero el TUA la reprogramó para el 27 de noviembre a las 12:00 horas.
El juicio agrario fue emprendido este año, exigiendo la indemnización por expropiación de unas 300 hectáreas de tierras de las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kinichná, ocupadas al ejido Morocoy, fundado en 1970.
Los más de 250 comuneros reclaman en el juicio que desde entonces el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) expropió terrenos para las tres conjuntos arqueológicos ubicados dentro del núcleo ejidal: 286 hectáreas de Dzibanché, dos de Kinichná y cinco del llamado Grupo Lamay.
Sin embargo, desde entonces el gobierno federal no ha cumplido con la indemnización correspondiente y ahora el ejido exigen un millón de pesos por cada hectárea afectada.
La presidenta del Comisariado Ejidal, Sonia Méndez Lile, afirmó que además el procedimiento fue ilegal, porque nunca se tuvo la presencia de un fedatario público, por lo que se promovió un juicio agrario.
No obstante, la audiencia esperada fue diferida dos meses, lo que la comisaria consideró que es parte de “chicanadas legales” del gobierno federal, pero advirtió que ellos no cederán en sus demandas.
Dijo que el tribunal sorpresivamente alegó cuestiones extraordinarias para diferir la audiencia, lo que causa afectaciones a los ejidatarios, quienes en consecuencia realizarán una asamblea extraordinaria para definir las acciones a seguir, entre las que no descartan protestas.
Afirmaron que no han tenido diálogo con el INAH, porque el delegado en Quintana Roo, Margarito Molina Rendón, se ha desentendido, por lo que buscarán de nueva cuenta la intervención de la Gobernadora Mara Lezama, para que abogue por ellos ante la Federación.
Mientras este conflicto sigue, el ejido también mantiene una caseta en donde cobran 50 pesos por el paso hacia las zonas arqueológicas.
Asimismo, la Federación tiene en suspenso la realización de la modernización y ampliación de la carretera de acceso a estas zonas arqueológicas, que ya fue autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en agosto de este año.
Tras diferirse la audiencia, el proceso legal se sigue prolongando, lo que genera el malestar de los comuneros, quienes acusan al INAH y a las autoridades federales de desatender una deuda histórica que, aseguran, es un pendiente de justicia agraria.
