CANCÚN.- El plan de manejo del Área Natural Protegida (ANP) Felipe Carrillo Puerto será publicado hasta el primer o segundo trimestre de 2026, debido a su peso en el litigio internacional que enfrenta México con la empresa estadounidense Vulcan Materials, propietaria de la mina Calica, ubicada dentro de esta reserva. El documento debía estar listo desde mediados de 2025, según lo anunciado por la entonces titular de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, pero su elaboración avanza con cautela para evitar que genere nuevos conflictos legales, informó El Economista.
La definición del uso de suelo en los terrenos de la compañía es uno de los factores que ha frenado el proceso, pues el plan establecerá qué actividades podrán desarrollarse en las 2,387 hectáreas que la trasnacional posee dentro de la ANP. Autoridades federales buscan prevenir amparos mediante consultas con ejidatarios y propietarios privados, explicó Juan Carlos Romero Gil, director regional de la Conanp, quien señaló que el documento se encuentra en su fase final, aunque aún sujeto a revisión.
La ANP Felipe Carrillo Puerto fue decretada el 24 de septiembre de 2024, días antes del cierre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tras la fallida negociación para comprar la mina Calica y otras propiedades de Vulcan en Playa del Carmen. La empresa mantiene una demanda por 1,900 millones de dólares ante el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), luego de que México impidió la continuidad de la extracción de piedra caliza para su exportación.
La reserva tiene una extensión de 53,227 hectáreas, de las cuales 4.4% pertenecen a Vulcan Materials. La justificación para incorporar estos predios al área natural destaca que las actividades extractivas expusieron nueve cuerpos de agua debido a la remoción de vegetación y roca caliza.
Con el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, la administración federal retomó la búsqueda de un posible acuerdo de compra-venta con la empresa, con el objetivo de resolver simultáneamente el litigio internacional. El avance del plan de manejo dependerá de las consultas en curso y de las implicaciones legales para ambas partes. (Con información de El Economista)