Confirma Sheinbaum asignación de seguridad al gobernador con licencia de Sinaloa, por la “consideración de riesgo de su persona” y cuestiona petición de extradición; “no hay solicitud formal” de EEUU, argumenta la nueva consejera jurídica, Luisa María Alcalde
MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno federal asignó un esquema de seguridad al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras solicitar licencia a su cargo en medio de señalamientos provenientes de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, mientras autoridades mexicanas sostienen que no existe una solicitud formal de extradición en su contra.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la protección otorgada responde a un análisis de riesgo personal, mecanismo que, dijo, se aplica de manera general a funcionarios y ciudadanos. “Se hace un análisis de riesgo y, sobre eso, se fortalece, se da seguridad”, señaló al justificar la intervención de la Guardia Nacional y del Gabinete de Seguridad en estos casos.
Rocha Moya pidió licencia el 1 de mayo, después de que la Fiscalía General de la República abrió una investigación derivada de acusaciones del Departamento de Justicia estadunidense que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa. Un día después, el Congreso local aprobó su separación temporal del cargo y designó a una gobernadora interina.
Con respecto al proceso de solicitud de extradición contra Rocha y otros funcionarios, mencionó que pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitarle a la Fiscalía General de la República analizar si hay elementos de prueba para que fuera procedente la solicitud. “La cancillería plantea ‘¿por qué es tan urgente? ¿qué pruebas tienen?’. La FGR le pide más pruebas, porque no vienen las pruebas que acrediten la urgencia”, dijo.
Por su parte, la recientemente nombrada consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, precisó que la petición de Estados Unidos no constituye una solicitud formal de extradición, sino una “detención provisional con fines de extradición”, figura que, explicó, solo procede en situaciones de urgencia debidamente acreditadas.
“La Fiscalía determinó que no se aportaron pruebas que acrediten el riesgo de sustracción u obstaculización del proceso”, afirmó, al indicar que la documentación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York es insuficiente para sustentar la medida.
Alcalde detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información adicional al gobierno estadounidense para complementar el expediente, luego de que la FGR consideró que los elementos enviados no cumplen con los requisitos establecidos en el tratado bilateral.
Explicó que, de acreditarse la urgencia, corresponderá a un juez de control evaluar la procedencia de una eventual detención provisional, lo que abriría un plazo de 60 días para que se formalice la solicitud de extradición. “Quien lo va a determinar es un juez de control, no la Fiscalía ni la Secretaría de Relaciones Exteriores”, puntualizó.
La funcionaria también cuestionó la difusión pública del caso, al señalar que estos procedimientos deben manejarse con confidencialidad para proteger el debido proceso y la presunción de inocencia. Advirtió que la filtración de información ha derivado en un “linchamiento mediático” contra las personas involucradas, “sin que exista hasta ahora una resolución judicial”. (Redacción / con información de agencias)
