Aunque el Gobierno de Quintana Roo impulsa la mayor expansión de infraestructura hospitalaria de su historia reciente, voces dentro del sector salud estatal cuestionan que su titular haya privilegiado la actividad política, pese a que el fortalecimiento de los servicios médicos es una de las prioridades de la gobernadora
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR
Cada día, miles de quintanarroenses acuden a hospitales y centros de salud con la expectativa de recibir atención médica oportuna. Sin embargo, el sistema de salud pública de México y, particularmente, el de Quintana Roo, no enfrenta una crisis pasajera ni una suma de deficiencias aisladas. Lo que ocurre en hospitales y centros de salud es el resultado de un proceso de desmantelamiento institucional que, tras la desaparición del Seguro Popular, el fracaso del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la transición, aún inconclusa, hacia el modelo IMSS-Bienestar, ha dejado una cadena de problemas que hoy se refleja en el desabasto de medicamentos, la falta de médicos especialistas, infraestructura deteriorada, servicios saturados y miles de pacientes obligados a buscar por su cuenta la atención que el Estado está obligado a garantizar.
Mientras los gobiernos federal y estatal sostienen que el sistema sanitario avanza hacia su consolidación, la realidad cotidiana muestra hospitales que operan al límite de su capacidad, consultas diferidas durante meses, malos tratos, cirugías reprogramadas y tratamientos inconclusos. En Quintana Roo, donde el crecimiento demográfico ha sido uno de los más acelerados del país y la actividad turística incrementa de manera permanente la demanda de servicios médicos, las carencias dejaron de ser episodios aislados para convertirse en parte del funcionamiento cotidiano.
La saturación hospitalaria es una de las expresiones más visibles de esta crisis. En diversas unidades médicas del estado, la falta de espacios obliga a que pacientes permanezcan durante horas —e incluso días— en sillas, bancos o camillas instaladas en los pasillos mientras esperan una cama disponible para su recuperación. A ello se suman familias que adquieren medicamentos con recursos propios, pacientes que enfrentan largas esperas para acceder a un especialista, rezagos en la atención de la salud mental y una infraestructura que opera bajo una presión constante.
Pero la crisis sanitaria no puede analizarse únicamente desde las decisiones tomadas en el ámbito federal. También obliga a revisar la operación estatal del sistema y la conducción de las instituciones responsables de garantizar la atención médica. En ese contexto, la gestión de Flavio Carlos Rosado como secretario estatal de Salud ha generado cuestionamientos entre trabajadores del sector, personal médico y diversos actores, quienes consideran que su desempeño no ha estado a la altura de las circunstancias ni de las exigencias de la gobernadora Mara Lezama, quien mantiene una intensa agenda de trabajo; a ello se suma la percepción de que la atención del funcionario está centrada en una eventual aspiración a la presidencia municipal de Isla Mujeres.
Pese a ello, la crisis sanitaria no comienza cuando un paciente sale de un hospital con una receta que deberá pagar de su bolsillo. Comienza mucho antes: en las decisiones a nivel federal que modificaron la forma de administrar la salud pública, adquirir medicamentos, almacenar insumos, distribuir recursos y mantener en operación la infraestructura hospitalaria.
Ahí aparece una de las mayores contradicciones del sistema: mientras miles de pacientes recorren farmacias buscando tratamientos y medicinas que no encuentran en las instituciones públicas, persisten interrogantes sobre fallas en los procesos de adquisición, distribución e inventarios que determinan si un medicamento llega a tiempo o queda atrapado dentro de una cadena administrativa.
El paciente frente a un sistema que dejó de responder
La enfermedad comienza con un síntoma, pero para miles de quintanarroenses el verdadero desafío inicia cuando intentan acceder a la atención médica. Conseguir una consulta, obtener un estudio, encontrar un especialista o surtir una receta en el sector público puede convertirse en un recorrido marcado por largas esperas, trámites y obstáculos que retrasan el tratamiento de padecimientos que no admiten demora.
Para una persona con diabetes, hipertensión, cáncer o cualquier enfermedad crónica, cada cita reprogramada y cada medicamento ausente representan un riesgo adicional. La incertidumbre se vuelve parte del tratamiento y, en muchos casos, obliga a las familias a buscar alternativas fuera del sistema público para evitar que la enfermedad avance.
En Quintana Roo, el acelerado crecimiento poblacional y la presión que ejerce una de las principales zonas turísticas del país sobre los servicios médicos han rebasado la capacidad de respuesta de hospitales y centros de salud, operados en su mayoría bajo el esquema IMSS-Bienestar. Las carencias dejaron de ser hechos aislados para convertirse en parte de la rutina de quienes dependen de la atención pública.
Del Seguro Popular al IMSS-Bienestar: una transformación fallida
Las dificultades del sistema de salud no comenzaron de un día para otro. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el Seguro Popular enfrentó críticas por presuntos actos de corrupción, cobertura desigual y deficiencias en la calidad de los servicios; sin embargo, mantenía una estructura operativa para atender a millones de personas sin seguridad social.
Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, el modelo cambió por completo. En 2020 desapareció el Seguro Popular y nació el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), con la promesa de ofrecer atención y medicamentos gratuitos mediante un sistema centralizado. La reforma modificó la compra de medicamentos, la administración de recursos y la coordinación con los estados, pero enfrentó problemas operativos, administrativos y de distribución que derivaron en un creciente desabasto y terminó como un rotundo fracaso.
Ante esos resultados, en 2023 el Gobierno federal extinguió el INSABI y transfirió sus funciones al IMSS-Bienestar, organismo que asumió la operación de hospitales y centros de salud estatales mediante convenios de federalización.
En Quintana Roo, esta transición todavía enfrenta desafíos administrativos, de coordinación y abastecimiento. Mientras el nuevo modelo busca consolidarse, médicos, enfermeras y pacientes continúan padeciendo las consecuencias de una reforma que, seis años después, sigue sin ofrecer la estabilidad prometida. A ello se suman señalamientos de presuntas irregularidades en la contratación de personal, realizadas mediante asignaciones directas y sin procesos de concurso, de acuerdo con información proporcionada por fuentes internas de la Secretaría de Salud a El Despertador.
¿Dónde se rompe la cadena del abasto?
El desabasto de medicamentos no comienza cuando una farmacia hospitalaria informa que una receta no puede surtirse. La falla suele originarse mucho antes, en una cadena que involucra fabricantes, procesos de licitación, compras consolidadas, importaciones, almacenamiento, distribución y control de inventarios. Si uno de esos eslabones se rompe, el medicamento simplemente no llega al paciente.
Tras la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI, el Gobierno federal modificó el modelo de adquisiciones al centralizar las compras con el argumento de combatir la corrupción y eliminar intermediarios que durante años dominaron el mercado farmacéutico. Sin embargo, auditorías de la Auditoría Superior de la Federación e investigaciones periodísticas nacionales documentaron retrasos en licitaciones, problemas logísticos y fallas en la distribución que afectaron el suministro oportuno de medicamentos en hospitales públicos.
Aunque el IMSS-Bienestar asumió posteriormente la operación de los servicios de salud para la población sin seguridad social, los problemas de abastecimiento no desaparecieron. En Quintana Roo, las consecuencias de esa cadena administrativa rota siguen reflejándose en recetas incompletas, tratamientos suspendidos y pacientes obligados a adquirir por su cuenta medicamentos que deberían recibir gratuitamente.
Un ejemplo reciente volvió a colocar el foco en la entidad. Trabajadores del sector salud denunciaron que, durante una auditoría practicada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno al almacén estatal de medicamentos ubicado en Subteniente López, fueron detectados medicamentos e insumos mojados, caducados o en mal estado, además de presuntas irregularidades en el manejo de inventarios. De confirmarse, los hechos evidenciarían que la crisis del abasto no solo depende de las compras o la distribución nacional, sino también de la conservación, administración y control de los medicamentos una vez que llegan al estado.
Casos similares se han documentado en otras entidades del país. En la Ciudad de México, por ejemplo, recientemente se informó que en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” caducaron más de 18.4 millones de piezas de medicamentos e insumos con un valor superior a 121 millones de pesos. Ambos casos muestran que la ruptura en la cadena del abasto puede presentarse tanto durante los procesos de adquisición como en el almacenamiento y la administración de inventarios.
De 300 a 70 claves: se desploma cuadro de medicamentos en Quintana Roo
El desabasto no sólo puede medirse por los anaqueles vacíos de una farmacia hospitalaria. También se refleja en la disminución de las claves de medicamentos disponibles para atender a los pacientes. Cada clave corresponde a un fármaco específico, una presentación o una dosis autorizada dentro del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Cuantas menos claves se surtan, menor es la capacidad del sistema para ofrecer tratamientos completos.
De acuerdo con testimonios obtenidos por el equipo de investigación de El Despertador entre personal del sector salud en Quintana Roo, al inicio de la actual administración las unidades médicas recibían alrededor de 300 claves de medicamentos básicos y de especialidad. Posteriormente, el suministro se redujo a 140 y actualmente sólo llegan de manera regular cerca de 70. Paradójicamente, trabajadores del sector aseguran que, mientras unas claves escasean, otras permanecen almacenadas hasta caducar, como se detectó en la bodega de medicamentos de Subteniente López.
En la bodega de Cancún, ubicada en la Supermanzana 221, la disminución del número de claves disponibles también ha limitado las opciones terapéuticas para miles de pacientes.
La información corresponde a testimonios recabados de manera anónima por este medio. Con el propósito de conocer la postura oficial, El Despertador solicitó una entrevista con el director del Centro de Salud Urbano Número 14, donde se ubica dicha bodega; sin embargo, el funcionario indicó que cualquier información debía solicitarse por escrito a la Jurisdicción Sanitaria o a la coordinación estatal del IMSS-Bienestar.
Hospitales enfermos: cuando la infraestructura también colapsa
Los problemas de atención sanitaria no sólo se reflejan en el desabasto de medicamentos. También pueden observarse en la infraestructura de hospitales que operan bajo una presión constante y, en algunos casos, con instalaciones que evidencian años de rezago en mantenimiento y conservación.
Durante un recorrido realizado por el equipo de investigación de El Despertador en diversas unidades médicas de Cancún, se constató que en la clínica del IMSS de la avenida Cobá varios pacientes permanecían en pasillos, algunos conectados a suero o en sillas de ruedas, mientras esperaban la disponibilidad de una cama. En el Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, decenas de familiares aguardaban información sobre sus pacientes bajo un toldo instalado en el estacionamiento o refugiados en banquetas y áreas verdes para protegerse de temperaturas cercanas a los 40 grados. Además, la falta de mantenimiento en los compresores del sistema de aire acondicionado deja expuestos cables pelados que representan un riesgo de electrocución, especialmente para menores de edad que transiten por el área.
A ello se suman denuncias documentadas en otros hospitales del país por plafones colapsados, elevadores averiados, fallas en sistemas de climatización y problemas de mantenimiento que han puesto en riesgo la atención médica. En Quintana Roo incluso se reportó, apenas hace unos días, el retraso de una cirugía en el Hospital General de Chetumal debido a fallas en el aire acondicionado del quirófano, una muestra de que cuando la infraestructura falla, las consecuencias también recaen sobre los pacientes.
En el Hospital de Gineco-Pediatría del IMSS en Cancún, un activista de la Comisión Internacional de Derechos Humanos difundió en redes sociales imágenes en las que se observa a personal médico y de enfermería dentro de un consultorio mientras varias mujeres embarazadas esperaban ser atendidas en la sala de espera.
También en Cancún, en la Unidad Médica de Especialidades del IMSS, ubicada sobre la avenida 510, familiares de un derechohabiente denunciaron que su paciente permanecía desde hacía una semana en el área de Urgencias y tres semanas en Cirugía, con una evolución que calificaron de excesivamente lenta.
Los negocios invisibles que mantienen vivo a un hospital
La operación de un hospital no depende únicamente de médicos, enfermeras o medicamentos. Detrás de cada consulta, cirugía o atención de urgencias existe una compleja red de servicios que rara vez es visible para los pacientes, pero cuyo funcionamiento resulta indispensable para salvar vidas.
La sanitización de quirófanos e incubadoras, el manejo de residuos biológico-infecciosos, el suministro de oxígeno medicinal, el mantenimiento de elevadores y sistemas de aire acondicionado, la lavandería hospitalaria, la fumigación, la energía eléctrica y la conservación de equipos médicos representan contratos millonarios que, en su mayoría, son adjudicados a empresas especializadas mediante procesos de contratación pública.
Cuando alguno de esos servicios falla, las consecuencias trascienden el ámbito administrativo. Un quirófano sin climatización puede obligar a suspender una cirugía; un elevador fuera de servicio retrasa el traslado de pacientes; una deficiente sanitización incrementa el riesgo de infecciones hospitalarias y una interrupción en el suministro de oxígeno compromete la atención de casos críticos.
Casos recientes ya mencionados, como la caducidad de millones de medicamentos en hospitales públicos o los hallazgos detectados durante la auditoría al almacén estatal de medicamentos en Quintana Roo, evidencian que la crisis sanitaria no responde únicamente a la falta de presupuesto. También pone de manifiesto fallas en la administración, el control de inventarios y la supervisión de los recursos públicos, aspectos que pocas veces forman parte del debate, pero que pueden determinar si un tratamiento llega a tiempo o termina perdiéndose en una bodega.
En un hospital público, la atención médica depende también de una cadena de proveedores externos. Por ello, conocer quién presta esos servicios, bajo qué contratos fueron asignados y qué mecanismos existen para supervisar su cumplimiento forma parte de entender dónde se utilizan los recursos destinados a la salud.
Sin embargo, trabajadores del IMSS y de la Secretaría Estatal de Salud consultados por El Despertador cuestionan la falta de transparencia en la contratación de diversos servicios, entre ellos el de lavandería hospitalaria. De acuerdo con esos testimonios, varias de las empresas proveedoras estarían vinculadas con personas cercanas a funcionarios del sector salud, por lo que consideran necesario transparentar los procesos de contratación, supervisión y rendición de cuentas.
Una emergencia silenciosa: la salud mental abandonada
Durante años, la crisis sanitaria se midió principalmente por camas disponibles, medicamentos y hospitales saturados. Sin embargo, existe otra emergencia que avanza de manera silenciosa: la salud mental. En Quintana Roo, el aumento de problemas relacionados con ansiedad, depresión, consumo de sustancias y trastornos emocionales enfrenta a un sistema con capacidad limitada para responder.
La entidad carece de un hospital psiquiátrico público especializado, lo que obliga a muchos pacientes a depender de servicios insuficientes, referencias fuera del estado o alternativas privadas que no siempre están al alcance de las familias.
El crecimiento poblacional, la movilidad constante y las dinámicas sociales vinculadas al turismo han creado nuevos retos para la atención emocional y psicológica. Sin embargo, la salud mental continúa ocupando un lugar secundario dentro de la planeación sanitaria.
El problema no sólo representa una falta de espacios especializados, sino también de prevención, seguimiento y atención temprana. Mientras la demanda aumenta, las instituciones enfrentan el desafío de atender enfermedades que durante mucho tiempo permanecieron invisibles.
La crisis sanitaria tiene así otra dimensión: una población que necesita ayuda, pero que muchas veces no encuentra dónde recibirla.
Enfermeras con nuevas facultades: cunde la incertidumbre
Ante el déficit de médicos y la creciente demanda de atención, el Gobierno federal autorizó un modelo de prescripción para el personal de enfermería dentro del Sistema Nacional de Salud. El esquema permite a licenciadas y pasantes prescribir medicamentos incluidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud bajo tres modalidades: autónoma, para padecimientos menores; colaborativa, en coordinación con médicos para dar seguimiento a enfermedades crónicas; y de práctica avanzada, dirigida a enfermeras con capacitación especializada o estudios de posgrado.
La autorización comprende principalmente medicamentos de atención primaria y seguimiento, como analgésicos, antipiréticos, antihistamínicos, desparasitantes y algunos fármacos para el control de enfermedades crónicas, entre ellos antihipertensivos e insulina, siempre bajo los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud.
La medida ha generado opiniones encontradas entre el propio gremio, expuestas en redes sociales. Para Natayael León representa un reconocimiento profesional, aunque advierte que debe acompañarse de capacitación, respaldo jurídico y mejores condiciones laborales. Monserrath Fuentes considera que la formación actual no brinda los conocimientos suficientes en farmacología para prescribir tratamientos complejos y sostiene que debería establecerse una certificación obligatoria. Carmelita Ramírez coincide en que el personal de enfermería posee amplia experiencia en el cuidado y la valoración clínica de los pacientes, pero advierte que asumir mayores responsabilidades sin protección legal podría exponerlo a procesos judiciales. Las tres coinciden en un punto: ampliar funciones no debe sustituir la contratación de más médicos ni convertirse en una solución permanente al déficit de personal sanitario.
En busca de alternativas, ante un sistema fallido
Cuando una persona enferma, la necesidad de atención no puede esperar a que los procesos administrativos funcionen. Ante consultas tardías, falta de especialistas o dificultades para acceder a tratamientos, miles de pacientes buscan alternativas fuera de las instituciones públicas.
Los consultorios anexos a farmacias, la medicina privada de bajo costo, la herbolaria, la medicina tradicional y otras prácticas se han convertido en opciones frecuentes para quienes necesitan una respuesta inmediata. Su crecimiento no sólo responde a decisiones culturales o personales; también refleja los espacios que el sistema público no ha logrado cubrir.
Durante años, especialistas han advertido sobre los riesgos de una atención fragmentada cuando no existe un seguimiento médico adecuado, especialmente en enfermedades crónicas. Sin embargo, para muchas familias estas alternativas representan la única posibilidad de recibir orientación rápida y cercana.
La expansión de estos servicios revela una paradoja: mientras el Estado busca garantizar un modelo universal de atención, una parte de la población continúa resolviendo sus necesidades médicas fuera de él.
Cuando los pacientes abandonan el sistema público para encontrar soluciones por su cuenta, no sólo cambia la forma de atender una enfermedad; también se pone de manifiesto la pérdida de confianza en la capacidad institucional.
En agosto de 2022, la Secretaría de Salud federal abrió un debate sobre el funcionamiento de los consultorios instalados junto a farmacias y cuestionó su operación al considerar que, en algunos casos, no contaban con las condiciones necesarias para atender enfermedades complejas o padecimientos crónicos que requieren seguimiento especializado.
La discusión evidenció una contradicción: mientras las autoridades cuestionaban sus alcances médicos, millones de pacientes siguen recurriendo a estos consultorios porque encuentran en ellos una respuesta inmediata que no siempre obtienen en las instituciones públicas.
Estos establecimientos no surgieron únicamente como una alternativa comercial; también crecieron en un contexto donde la demanda rebasó la capacidad del sistema sanitario. Su expansión refleja una realidad incómoda: cuando la atención institucional se retrasa, otros modelos ocupan ese espacio.
El ciudadano termina pagando dos veces
El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud y establece la obligación del Estado de garantizar servicios médicos integrales y gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social. A ello se suman las aportaciones obligatorias que millones de trabajadores, empleadores y el propio gobierno realizan al IMSS y al ISSSTE para financiar consultas, hospitalización, medicamentos, incapacidades y otros servicios médicos.
Sin embargo, cuando el sistema público no responde, el costo de la atención vuelve a recaer sobre los ciudadanos. Quien no encuentra un medicamento en la farmacia institucional debe comprarlo; quien enfrenta meses de espera para una consulta especializada termina recurriendo al sector privado; y quien requiere un estudio urgente suele pagarlo de su propio bolsillo para evitar que su enfermedad avance.
En Quintana Roo, donde la demanda de servicios médicos crece de manera constante, esta realidad afecta especialmente a pacientes con enfermedades crónicas y a familias de bajos ingresos. La consecuencia es una paradoja: los ciudadanos ya financian el sistema de salud mediante impuestos y cuotas de seguridad social, pero terminan pagando nuevamente para ejercer un derecho que la Constitución les garantiza.
Reconstruir el sistema: una inversión que deberá traducirse en resultados
En medio de las carencias que enfrenta el sistema de salud, el Gobierno de Quintana Roo sostiene que 2026 marcará un punto de inflexión con la mayor expansión hospitalaria registrada en la entidad. La estrategia contempla la construcción de una Torre de Especialidades junto al Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez” de Cancún, con servicios de neurocirugía, oncología, nefrología, oftalmología, cinco quirófanos y equipos de resonancia magnética, además de una Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio destinada a fortalecer la atención especializada.
El plan también incluye la conclusión del nuevo Hospital General de Chetumal, con 120 camas y área de hemodinamia; un hospital del ISSSTE con 90 camas en la capital; la reconversión del antiguo “Jesús Kumate” en un Hospital Materno Infantil; la ampliación de la clínica del ISSSTE en Cancún; el nuevo Hospital General de Felipe Carrillo Puerto; y una unidad médica del ISSSTE ya en operación en Playa del Carmen con equipo de imagenología de alta tecnología.
La administración estatal sostiene que estas obras permitirán reducir los traslados hacia otras entidades y acercar servicios de alta especialidad a la población. El desafío, sin embargo, no terminará con la inauguración de nuevos edificios: el verdadero éxito dependerá de que cuenten con médicos, personal suficiente, medicamentos, equipamiento funcional y recursos para operar de manera permanente. Porque la infraestructura, por sí sola, no cura; lo hace un sistema capaz de funcionar todos los días.
Enmendar la salud: el desafío que va más allá de la infraestructura
La recuperación del sistema de salud no dependerá únicamente de nuevos hospitales, más camas o equipos de última generación. La infraestructura constituye apenas uno de los componentes de un modelo que también requiere médicos suficientes, personal de enfermería capacitado, medicamentos disponibles, procesos de compra transparentes, mantenimiento permanente y una administración capaz de responder con eficiencia a las necesidades de la población.
La experiencia de los últimos años demuestra que una obra inaugurada no garantiza, por sí misma, una mejor atención. Un hospital puede contar con edificios modernos, pero enfrentar carencias de especialistas, fallas en el abastecimiento de insumos o problemas administrativos que terminan afectando directamente a los pacientes. La salud pública se sostiene sobre una cadena en la que cada eslabón resulta indispensable.
Quintana Roo enfrenta hoy una oportunidad para transformar su sistema sanitario mediante la inversión anunciada en infraestructura y servicios de alta especialidad. Sin embargo, el verdadero indicador del éxito no será el número de hospitales construidos, sino la capacidad de ofrecer atención oportuna, tratamientos completos y servicios de calidad para toda la población. Porque el derecho a la salud no se mide por los proyectos anunciados, sino por la confianza de los ciudadanos en que, cuando enfermen, el sistema responderá. Mientras un paciente continúe comprando sus medicamentos, esperando meses por una consulta o buscando atención fuera del sistema público, la transformación sanitaria seguirá siendo una meta pendiente.
Acciones para reconstruir la salud pública en Quintana Roo
1. Dignificar la espera de pacientes y familiares en los hospitales públicos
Construir salas de espera amplias, techadas y climatizadas, con suficientes asientos, agua potable gratuita, sanitarios limpios, conexión a internet, puntos de carga para dispositivos móviles y espacios accesibles para personas con discapacidad. Ningún familiar debería esperar durante horas bajo el sol o sobre una banqueta.
2. Garantizar el abasto mediante un sistema público de inventarios en tiempo real
Implementar una plataforma digital donde hospitales y centros de salud reporten diariamente la disponibilidad de medicamentos, insumos y material de curación, permitiendo detectar faltantes oportunamente y evitar la caducidad de productos almacenados.
3. Fortalecer la contratación y permanencia de médicos especialistas
El crecimiento poblacional y turístico exige ampliar las plantillas médicas mediante mejores salarios, incentivos por permanencia, vivienda temporal, capacitación continua y facilidades académicas para atraer especialistas a los municipios con mayor déficit.
4. Crear un Programa Estatal Permanente de Mantenimiento Hospitalario
Asignar un presupuesto específico para el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de aire acondicionado, elevadores, quirófanos, plantas eléctricas, equipos médicos e instalaciones hidráulicas y eléctricas. La infraestructura no debe repararse únicamente cuando ocurre una emergencia.
5. Transparentar las compras y contratos del sector salud
Publicar en una plataforma de acceso público las licitaciones, adjudicaciones, proveedores, montos, entregas y evaluaciones de desempeño de las empresas encargadas del suministro de medicamentos, lavandería, oxígeno medicinal, sanitización, mantenimiento y demás servicios hospitalarios.
6. Construir el primer Hospital Público de Salud Mental del estado
Complementarlo con una red de centros comunitarios especializados en atención psicológica, prevención del suicidio, tratamiento de adicciones y salud mental infantil, reduciendo la necesidad de trasladar pacientes a otras entidades.
7. Reducir los tiempos de espera para consultas, estudios y cirugías
Implementar jornadas extraordinarias, ampliar horarios de atención, fortalecer la telemedicina para determinadas especialidades —utilizando tecnologías como videollamadas, chats o dispositivos de monitoreo remoto— y establecer indicadores públicos que permitan medir mensualmente la reducción de las listas de espera.
8. Fortalecer la supervisión y la calidad de la atención al paciente
Crear una Defensoría Estatal del Paciente con mecanismos ágiles para recibir denuncias por malos tratos, negligencias, retrasos injustificados o incumplimiento de servicios, garantizando su seguimiento y resolución.
9. Profesionalizar la administración hospitalaria
Separar la gestión administrativa de la operación médica mediante perfiles técnicos especializados en logística, compras, abastecimiento, inventarios y administración hospitalaria. Una gestión eficiente reduce desperdicios y permite que el personal médico concentre sus esfuerzos en la atención de los pacientes.
10. Garantizar la operación integral de los nuevos hospitales antes de inaugurarlos
Toda nueva infraestructura debe abrir únicamente cuando tenga garantizados médicos, enfermeras, especialistas, medicamentos, equipamiento funcional, mantenimiento y recursos suficientes para operar de manera permanente. Un edificio sin personal ni insumos no resuelve la crisis sanitaria.