La laguna de Bacalar enfrenta una situación crítica, ya que, pese a los esfuerzos por mantener un saldo blanco, la falta de regulación, la escasa vigilancia y presuntos actos de corrupción dentro de la Capitanía de Puerto de Chetumal-Bacalar amenazan con poner en jaque la seguridad, el orden y la salud ambiental del destino.
Actualmente navegan más de 450 embarcaciones, muchas sin permisos ni supervisión. Bajo el mando del ingeniero naval Román Bustos Gómez –acusado de inexperto y prepotente a través de denuncias ciudadanas anónimas–, la Capitanía continúa otorgando autorizaciones sin una estrategia clara. Solo dos embarcaciones oficiales vigilan toda la laguna.
Imágenes recientes de kayaks entre lanchas saturadas desataron indignación en redes, reflejando la falta de control. Peor aún, denuncias anónimas acusan al personal del Resguardo Marítimo Federal de extorsionar a operadores sin permisos en lugar de regularizarlos, promoviendo una competencia desleal y debilitando el ordenamiento náutico.
Si no se actúa con urgencia, Bacalar podría pagar un alto precio ecológico y turístico.