El máximo tribunal emplazó al alcalde Diego Castañón a concretar la emisión del Programa de Ordenamiento Ecológico Local, bajo advertencia de sanciones que pueden culminar con su destitución por desacato y su consignación ante un juez
REDACCIÓN
CANCÚN.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió al presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, que, junto con los demás servidores públicos responsables, podría ser multado, destituido de su cargo y puesto a disposición de las autoridades competentes si persiste el incumplimiento de la sentencia que ordena emitir el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), instrumento considerado indispensable para regular el crecimiento urbano y la protección ambiental del municipio, dio a conocer el diario Cambio 22.
En un acuerdo emitido el pasado 7 de julio, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, concluyó que el Ayuntamiento de Tulum continúa retrasando de manera injustificada el cumplimiento de la ejecutoria derivada de la Controversia Constitucional 68/2021, resuelta desde noviembre de 2022. El documento señala que “el plazo otorgado para el cumplimiento de la ejecutoria ha transcurrido en exceso” y advierte que existen “evasivas para dar cumplimiento” al fallo judicial.
La resolución establece que el gobierno municipal suspendió en dos ocasiones la Primera Sesión Extraordinaria del Órgano Ejecutivo del Comité del POEL, convocada para presentar y validar el calendario de trabajo correspondiente a la etapa final del procedimiento, sin que posteriormente emitiera una nueva convocatoria. Asimismo, la Corte observó que el Ayuntamiento pretendía aprobar el programa sin la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pese a que la legislación ambiental dispone que este instrumento debe elaborarse y aprobarse conjuntamente por la Federación, el estado y el municipio cuando comprende áreas naturales protegidas de competencia federal, como ocurre en Tulum.
Ante ello, la SCJN requirió al Ayuntamiento informar, en un plazo de cinco días hábiles, la fecha en que se celebrará la sesión pendiente, remitir la propuesta de calendario de trabajo y exhibir la documentación que acredite las acciones realizadas para atender las observaciones técnicas formuladas por la Semarnat. También ordenó identificar con nombres, cargos y datos de contacto a todos los servidores públicos y particulares involucrados en la ejecución de la sentencia, con el propósito de determinar a los responsables del incumplimiento.
El ministro presidente advirtió que no bastará con alegar que continúan atendiéndose observaciones técnicas o diferir nuevamente las reuniones sin demostrar avances verificables. Incluso señaló que “se han suspendido las reuniones sin alguna justificación, lo que denota falta de voluntad en el acatar los fallos de este Tribunal”. En consecuencia, apercibió que, de mantenerse el desacato, la Corte impondrá una multa severa y continuará el procedimiento previsto en el artículo 107 de la Constitución, el cual puede culminar con la destitución de Diego Castañón Trejo y de los demás funcionarios responsables, así como su consignación ante un Juez de Distrito o, en caso de repetirse el acto reclamado, dar vista al Ministerio Público Federal.
La advertencia de la Suprema Corte forma parte del seguimiento que el máximo tribunal mantiene sobre el cumplimiento de la sentencia de la Controversia Constitucional 68/2021, la cual invalidó gran parte del Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable aprobado en 2021 por invadir competencias federales en áreas naturales protegidas sin la participación de la Semarnat. Desde noviembre de 2022, la resolución ordenó al Ayuntamiento de Tulum y a la dependencia federal elaborar de manera conjunta un nuevo instrumento de regulación territorial, proceso que permanece inconcluso.
El expediente permanece bajo vigilancia de la SCJN desde 2024 y ha dado lugar a diversos acuerdos de seguimiento. De acuerdo con las constancias del caso, las últimas actividades sustantivas relacionadas con la elaboración del POEL se realizaron durante 2024, mientras que en 2025 y lo que va de 2026 el Comité responsable no ha registrado avances relevantes. Ese historial llevó al ministro Hugo Aguilar Ortiz a concluir que persisten “evasivas para dar cumplimiento” a una sentencia cuyo acatamiento debió concretarse hace más de tres años.
Llaman a cumplir con la instalación del Fideicomiso del DSA
Mientras la SCJN mantiene abierto el seguimiento del cumplimiento de esta sentencia, la organización ciudadana Tulum Unido exigió a las autoridades municipales presentar avances verificables en la creación del Fideicomiso del Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA), luego de que se comprometieran públicamente ante la gobernadora Mara Lezama a llevar a cabo la firma del fideicomiso en un plazo de dos semanas, durante el ejercicio ciudadano “La Voz del Pueblo” celebrado el pasado 22 de julio.
La agrupación sostuvo que el fideicomiso debe garantizar transparencia en el manejo de los recursos recaudados por ese concepto y destinarlos a proyectos prioritarios, entre ellos una planta de tratamiento de residuos sólidos, infraestructura para aguas residuales, acciones permanentes contra el sargazo y programas de economía circular. “Los compromisos públicos deben cumplirse. Tulum merece transparencia y resultados”, afirmó la organización, que anunció que mantendrá vigilancia sobre el cumplimiento de ese compromiso. (Con información de Cambio22)
