MÉXICO.- La escalada de violencia contra actores productivos en México ha dejado al menos nueve víctimas de secuestro o asesinato en seis meses, en una tendencia que alcanza por igual a líderes agrícolas, comerciantes y operadores regionales con alto impacto económico.
El caso más reciente, el homicidio de Rafael Tirado Lizárraga en Mazatlán, confirma un patrón de ataques en zonas estratégicas donde grupos criminales disputan control territorial y presionan cadenas productivas mediante extorsión y violencia directa.
Organizaciones como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación advirtieron que la inseguridad compromete la estabilidad económica y comunitaria, al inhibir inversión, empleo y operación cotidiana de negocios en regiones clave.
Entre los casos documentados figuran el secuestro y asesinato de Bernardo Bravo Manríquez en Michoacán, tras denunciar extorsiones; el homicidio de Javier Vargas Arias en Veracruz; y la ejecución de Adrián Corona Radillo en Jalisco, luego de ser interceptado en carretera sin que mediara rescate.
A estos se suma el ataque masivo contra Alberto Prieto Valencia en Zapopan, que dejó tres muertos y varios heridos, así como los asesinatos de productores agrícolas en San Luis Potosí, Zacatecas y Colima, donde la violencia se vincula con disputas del crimen organizado.
El común denominador es la exposición pública, el arraigo local y la presión sistemática de redes criminales que buscan controlar mercados, rutas y financiamiento ilegal mediante amenazas y secuestros.
Datos de Coparmex indican que 46,8% de empresas sufrió delitos en 2025, con la extorsión como uno de los principales riesgos, lo que refuerza la lectura de un problema estructural más amplio que los casos contabilizados.
Pese a operativos y detenciones en algunos expedientes, cámaras empresariales exigen resultados sostenidos y una estrategia efectiva que garantice seguridad para quienes sostienen la actividad económica en entornos de alto riesgo. (Con información de Infobae)