Durante décadas, el estado ha sido referente nacional de seguridad y paz social; sin embargo, el crecimiento poblacional, la migración, las nuevas modalidades delictivas y el deterioro de la percepción ciudadana plantean el mayor desafío para preservar un modelo que hoy comienza a mostrar signos de desgaste
Eduardo May
Desde hace cuatro décadas, Yucatán mantiene los índices de seguridad más altos del país. Los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que, desde 1985, registra una de las tasas más bajas de delitos de alto impacto en México.
Las cifras muestran que los homicidios dolosos se mantienen entre los de menor incidencia, no solo del país, sino de toda Latinoamérica; los secuestros prácticamente han desaparecido de las estadísticas oficiales desde hace casi 30 años. Asimismo, delitos como violación, crímenes de odio y agresiones con violencia se ubican muy por debajo del promedio nacional. Sin embargo, algo no cuadra: la percepción de seguridad entre los yucatecos se ha deteriorado de manera sensible durante los últimos cinco años.
En contraste con ciudades como Acapulco, Culiacán, Tijuana, Veracruz, Villahermosa, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Cuernavaca, cuya presencia mediática en los ámbitos turístico y económico es mucho mayor, Mérida se mantiene como la ciudad más segura del país. No obstante, este oasis comienza a diluirse por diversos factores, incluso frente a ciudades cercanas como Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y Campeche, donde el repunte de homicidios, hechos violentos, secuestros y delitos patrimoniales ha sido mucho más pronunciado.
Yucatán reportó en 2025 un incremento en la incidencia delictiva que lo sacó del grupo de las diez entidades más seguras del país, posición que durante años fue uno de sus principales referentes, de acuerdo con el informe anual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El organismo detectó que en la entidad se cometió un delito cada hora y media, principalmente robo a casa habitación, extorsión y daño en propiedad ajena.
El Secretariado presentó sus cifras anuales sobre incidencia delictiva y generación de violencia. Los datos reflejan un incremento en las carpetas de investigación abiertas en Yucatán, con registros superiores a los de los últimos cuatro años, pese a que la entidad continúa siendo considerada una de las más seguras del país.
El informe del SESNSP detalla que durante 2025 se cometió un delito cada 98 minutos, la incidencia más alta registrada en el último lustro. A pesar de ello, Yucatán continúa como la segunda entidad con el menor número de denuncias presentadas ante el Ministerio Público.
Los registros del organismo coinciden con la percepción de inseguridad de los yucatecos: 36.5 por ciento de la población considera que han aumentado los delitos de alto impacto y que ello propicia el crecimiento de otras actividades delictivas.
De enero a diciembre de 2025 se denunciaron cinco mil 357 delitos del fuero común, cifra 29.18 por ciento superior a la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron cuatro mil 147 carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Esto equivale a 230.82 delitos por cada 100 mil habitantes, una tasa siete veces menor que el promedio nacional, ubicado en mil 600.2 casos por cada 100 mil habitantes.
El incremento es el más alto desde 2021. En 2022 se documentaron cuatro mil 209 denuncias y en 2023 un total de cuatro mil 280. Asimismo, diciembre pasado cerró con 536 delitos, el registro mensual más elevado de los últimos cuatro años y medio, aunque aún por debajo del máximo histórico alcanzado en marzo de 2017, cuando se reportaron tres mil 290 casos.
De enero de 2015 a diciembre de 2025, el historial delictivo de Yucatán registra nueve meses con más de tres mil delitos; 21 meses con entre dos mil y tres mil denuncias; 31 meses con entre mil y dos mil casos, y 71 meses con menos de mil querellas.
En el desglose por tipo de delito, el SESNSP reportó un aumento en los homicidios, impulsado principalmente por los dolosos, mientras que los culposos disminuyeron. También se registraron incrementos en lesiones, feminicidio, delitos sexuales, robos, fraude, abuso de confianza, extorsión, daño en propiedad ajena y despojo.
Otros ilícitos que aumentaron fueron corrupción de menores, amenazas, allanamiento de morada, falsedad y falsificación. En los delitos contra la familia creció el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, mientras que la violencia familiar mostró una tendencia a la baja.
En contraste, disminuyeron los casos de narcomenudeo, delitos contra el medio ambiente y aquellos cometidos por servidores públicos. Asimismo, durante el periodo no se registraron denuncias por aborto, secuestro, tráfico de menores, trata de personas ni rapto.
El informe también destaca hechos atípicos. En 2024 se registró, por primera vez en una década, un robo en transporte público individual (taxi), además de un robo en transporte individual. En 2025 se documentó, por primera vez en 11 años, un robo a transportista cometido sin violencia y, en marzo, el segundo robo en transporte público individual del mismo periodo.
¿Qué sucede en Yucatán?
La pregunta es inevitable: ¿por qué existe una brecha tan amplia entre los datos duros —las estadísticas criminales— y la percepción ciudadana de que “ya no estamos como antes”? ¿Cómo explicar que el estado más seguro del país haya visto a su capital y zona metropolitana salir del “top ten” de las ciudades donde la población se siente más segura para ubicarse en el lugar 13 de la encuesta más reciente?
Sobre este tema, la investigadora y socióloga Dulce María Sauri escribe: “Es conveniente hacer algunas precisiones básicas. No todas las cifras sobre seguridad significan lo mismo”. En México existen tres grandes fuentes de información para analizar el fenómeno de la seguridad pública. Coinciden en su propósito general, pero difieren en alcances, métodos y escalas, explica en un editorial.
Y agrega: “La incidencia delictiva se construye a partir de la información que entregan las fiscalías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este es el territorio de los llamados datos duros: homicidios, secuestros, violaciones y robos denunciados. Cada cifra corresponde a una carpeta de investigación abierta”.
“Con esta información puede afirmarse, sin exagerar, que Yucatán es el estado más seguro del país en delitos de alto impacto. Después viene la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), elaborada por el Inegi. Aquí el enfoque cambia. Este instrumento mide la victimización real: el autorreporte de haber sufrido un delito, ya sea en carne propia o de algún integrante del hogar”, argumenta.
Aparecen entonces delitos que rara vez llegan a una fiscalía: robos en la vía pública, carterismo, bolsas arrebatadas, robos a casa habitación cuando los propietarios están ausentes, daños menores, amenazas, entre otros.
La Envipe revela un dato incómodo: la cifra negra. Es la enorme cantidad de delitos que no se denuncian porque se considera inútil hacerlo, porque da vergüenza —especialmente en los delitos sexuales— o porque el trámite resulta humillante. En Yucatán, menos de 10 de cada 100 delitos se denuncian.
Las cifras y la percepción
“El porcentaje, 9.4 por ciento, es prácticamente idéntico al promedio nacional. Lo demás se vive, se comenta en voz baja… y se calla. Este punto es fundamental para entender un cambio profundo en la cultura cívica del estado. Hace poco más de 30 años, nuestro Código Penal —entonces llamado de Defensa Social— contemplaba el delito de amenazas”, detalla.
“Los pleitos vecinales terminaban con frecuencia en la barandilla del juzgado. El robo de gallinas o pavos en los pueblos era objeto de denuncia formal. Cuando comenzó a levantarse la Envipe, Yucatán aparecía con niveles muy altos de delitos reportados. Recuerdo haberle dicho entonces al personal del Inegi: ‘Nos castigan porque aquí se denuncia, porque la gente confía en la autoridad’. En otras regiones del país, el silencio es la regla”, advierte.
Hoy esa situación parece haber cambiado. La población yucateca comienza a compartir la idea de que denunciar ya no vale la pena. Las víctimas se enfrentan a interrogatorios absurdos —”¿tiene la factura?, ¿dónde y cuándo lo compró?”— que desalientan cualquier intento de presentar una denuncia. Se trata de una erosión silenciosa de la confianza ciudadana, una protesta muda frente a la burocracia de la justicia.
El tercer instrumento es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), también elaborada por el Inegi. Se aplica trimestralmente y mide la percepción de inseguridad en 91 áreas urbanas del país. La pregunta es sencilla y contundente: ¿qué tan seguro se siente de vivir en su ciudad?
Aquí aparece un matiz decisivo. Para esta encuesta, la “ciudad de Mérida” no comprende únicamente el municipio del mismo nombre. El área urbana incorpora también municipios como Kanasín, Umán, Conkal, Ucú y Progreso, dentro de una zona metropolitana integrada por 14 municipios. La razón es evidente: los flujos de transporte, trabajo, comercio y servicios hacen que la vida cotidiana sea compartida.
“Se puede vivir en un municipio, trabajar en otro, acudir al hospital o estudiar en un tercero. Es en esta zona metropolitana donde se ha deteriorado la percepción de seguridad. Son los propios meridanos quienes han sacado a Mérida de los diez primeros lugares. ¿Se debe a lo que ocurre en Mérida o a lo que sucede en Kanasín o Umán? ¿Influyen los robos en Progreso o la violencia en fraccionamientos como Flamboyanes? No lo sabemos con precisión”, puntualiza, pues la ENSU no permite ese nivel de desagregación.
La imagen de Yucatán como un estado seguro sigue siendo su principal activo. Aunque los cambios sociales comienzan a modificar esa percepción, la entidad mantiene bajos índices de delitos de alto impacto y una política institucional que privilegia la investigación y el combate a la impunidad.
Pero los cambios sociales avanzan con rapidez. El crecimiento poblacional derivado de la llegada de habitantes de otras regiones trae prosperidad, sí, pero también nuevos desafíos. En la periferia de Mérida reaparecen asentamientos irregulares y precarios; aumenta el narcomenudeo en colonias antes consideradas tranquilas y, en cabeceras municipales tradicionalmente pacíficas, comienzan a surgir delitos antes desconocidos.
¿Yucatán es una isla?
Las redes sociales amplifican todo: permiten emitir alertas, pero también exageran, sobreinforman, deforman y generalizan hechos que muchas veces no se cuantifican con precisión. En una sociedad que hasta hace poco sacaba la mecedora a la puerta para “tomar el fresco”, cualquier alteración se vive como una amenaza existencial.
Campeche y Yucatán mantienen una dinámica distinta a la del resto del país en materia de seguridad. Mientras el mapa nacional de la violencia se expande de manera exponencial —en muchos casos con la complacencia o participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, donde se ha documentado la intervención de agentes federales, estatales y municipales en diversos hechos delictivos—, ambas entidades conservan indicadores significativamente más favorables.
En junio pasado, previo al torneo internacional de futbol trinacional, el gobierno de Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje para sus ciudadanos. En ella, Yucatán y Campeche fueron las únicas entidades del país clasificadas con nivel 1, el de menor riesgo, mientras que Quintana Roo quedó en nivel 2 y buena parte del resto del territorio nacional fue ubicada en niveles superiores debido a la incidencia delictiva, la presencia de grupos criminales o conflictos sociales y políticos. Entre las entidades con mayores restricciones figuran Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Zacatecas, Oaxaca, Baja California, Sonora, Coahuila y Tamaulipas.
Esta clasificación resulta especialmente relevante para el turismo internacional, ya que favorece el arribo de visitantes a destinos como Mérida, Valladolid, Izamal, las zonas costeras y los principales sitios arqueológicos y culturales de Yucatán. Del mismo modo, Campeche mantiene un importante atractivo para viajeros estadounidenses y canadienses interesados en su patrimonio histórico, arqueológico y natural.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respaldan esa percepción. Por décimo año consecutivo, Yucatán se mantuvo como la entidad con menor incidencia de delitos violentos. Entre 2016 y 2026 acumuló 477 víctimas de homicidio doloso —63 de ellas en 2019, el año con mayor registro— y, entre enero y mayo del presente año, contabilizó únicamente 12 víctimas, equivalentes al 0.2 por ciento del total nacional.
Durante la última década, Yucatán se mantuvo entre las entidades con menor incidencia de homicidios, junto con Baja California Sur, Coahuila, Durango, Aguascalientes y Tlaxcala. En ese mismo periodo, México acumuló más de 268 mil 985 muertes violentas, sin considerar las registradas durante 2025, lo que refleja la dimensión de la diferencia entre el estado y el promedio nacional.
Estos indicadores confirman que Yucatán conserva condiciones favorables de seguridad pública y un entorno de estabilidad para su población. A ello se suman las acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales, así como la participación ciudadana mediante la denuncia y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad.
La diferencia también se aprecia en la comparación regional. Durante la última década, Campeche registró 868 homicidios y 47 más en los primeros cinco meses de 2026. En el mismo periodo, Quintana Roo acumuló cinco mil 602 homicidios y otros 220 entre enero y mayo del presente año.
Las políticas de seguridad
En mayo de 2016, el Gobierno de Yucatán promulgó la Ley Estatal de Seguridad Pública, reformada en 2019 para fortalecer las políticas públicas en la materia. A partir de esos cambios se reforzaron los procesos de capacitación, los métodos de operación y los criterios de selección del personal encargado de la seguridad pública.
Las reformas también fortalecieron a la corporación con vehículos, cámaras, equipamiento, infraestructura y mejores condiciones laborales. Ello permitió consolidar una institución más cohesionada y ofrecer mayores garantías a sus integrantes y sus familias, no solo en materia salarial, sino también de protección patrimonial.
La estrategia estatal ha privilegiado la profesionalización policial mediante incentivos laborales, una estructura de mando basada en la responsabilidad y mayores mecanismos de supervisión y transparencia. Al mismo tiempo, busca fortalecer la cercanía con la ciudadanía sin dejar de investigar y sancionar las irregularidades cometidas por sus propios elementos.
Como parte de ese modelo, el estado ha desarrollado instrumentos de planeación y actualización normativa para fortalecer las tareas de prevención, investigación, vialidad y operación policial, sustentados en la Constitución federal, la Constitución de Yucatán y la legislación estatal en materia de planeación y seguridad pública.
¿Por qué Yucatán?
En marzo de 2026, 67 por ciento de la población mexicana de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Paradójicamente, en ese contexto nacional de percepción de inseguridad, Yucatán continúa catalogado como uno de los estados más seguros del país.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) señaló que 66.5 por ciento de las mujeres y 54.5 por ciento de los hombres consideran inseguro vivir en su ciudad. Aun así, Mérida permanece entre las ciudades más seguras del país. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el gobierno de Mauricio Vila (2018-2024) se contabilizaron 211 homicidios dolosos en la entidad, mientras que en México se registraban, en promedio, hasta 98 homicidios diarios.
Cuando el entonces gobernador inició su administración, Yucatán registraba dos mil 625 carpetas de investigación por el delito de robo; para 2020 la cifra había descendido a 583.
De igual forma, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual cerraron 2023 con 169 casos, una reducción significativa respecto de 2019, cuando se contabilizaron 780.
Durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012), los indicadores de seguridad también fueron favorables. En su momento, la exgobernadora declaró a un medio nacional que uno de los principales logros de su administración fue mantener bajos los índices de inseguridad en Yucatán. Al referirse a las dos estrategias nacionales —la “guerra contra el narco” y la política de “abrazos, no balazos”— sostuvo: “Ni una ni otra; son dos extremos”.
También es importante considerar que, durante los últimos 18 años, la población de Yucatán ha crecido de manera considerable. La llegada de cerca de 600 mil nuevos habitantes ha modificado la composición social del estado, incorporando formas distintas de convivencia, valores y dinámicas comunitarias. En ese contexto, la migración también aparece como uno de los factores que algunos especialistas vinculan con el incremento de determinados hechos delictivos.
¿Migración es igual a inseguridad?
Aunque con frecuencia la migración se ha estigmatizado como sinónimo de violencia debido a la crisis de refugiados y al incremento de los flujos migratorios, diversos especialistas sostienen que ambos fenómenos no guardan una relación automática. También señalan que la condición de migrante comprende a personas que cambian de residencia por motivos forzados, sin que necesariamente se dé seguimiento a su permanencia, integración o establecimiento definitivo en el lugar de destino.
De acuerdo con registros de las autoridades migratorias, la cantidad de personas que llega a las zonas fronterizas, particularmente en el norte del país, no puede cuantificarse con absoluta precisión. Esto dificulta medir de manera concluyente la incidencia de hechos violentos entre migrantes y población local, así como los conflictos que pudieran surgir entre los propios grupos en tránsito.
Tampoco existen estudios concluyentes sobre esta problemática. Gran parte de las investigaciones se concentra en comprender las condiciones humanitarias y sociales de la migración, más que en analizar la conducta individual de quienes participan en esos desplazamientos. Ello deja abierto el debate sobre la presencia de personas que aprovechan los flujos migratorios para ocultarse, evadir a la justicia o escapar de responsabilidades derivadas de delitos cometidos previamente.
Es innegable que las zonas fronterizas representan focos de riesgo por el elevado número de migrantes que pagan para cruzar hacia otro país o que son obligados a transportar drogas, armas o documentos falsificados. Yucatán no comparte esa condición fronteriza, por lo que su dinámica migratoria es distinta. Sin embargo, también registra hechos delictivos en los que participan personas provenientes de otras entidades o del extranjero.
Desde esa óptica, el autor plantea que la migración puede contribuir al incremento de algunos indicadores de criminalidad y conflictividad social, aunque advierte que resulta imposible medir ese impacto con absoluta precisión, debido a que en México únicamente se denuncia una fracción de los delitos cometidos y la impunidad alcanza niveles cercanos al 99.8 por ciento.
Los reportes del organismo estatal de población señalan que cada semana llegan alrededor de 15 familias para establecerse en Yucatán. Este fenómeno ha transformado el mosaico social, económico y cultural de Mérida y del resto del estado, no solo por la llegada de personas desplazadas por la violencia en entidades del centro y norte del país, sino también de migrantes procedentes del Caribe, Centroamérica y Sudamérica que buscan mejores condiciones de vida.
¿Qué hacemos ahora?
El espejismo de la tranquilidad en Yucatán comienza a empañarse conforme cambian las dinámicas de seguridad, migración e identidad. Mientras el panorama nacional enfrenta retos estructurales marcados por la violencia de alto impacto, Yucatán se ha consolidado históricamente como una notable excepción jurídica y social.
Evaluado de manera recurrente por el Índice de Paz México como la entidad más pacífica del país, mantiene tasas de homicidio doloso y de delitos de alto impacto sustancialmente inferiores a las del resto del territorio nacional. Sin embargo, este estatus de “oasis de tranquilidad” no está exento de tensiones internas. En los últimos años, la entidad ha experimentado una acelerada transformación demográfica, donde el crecimiento urbano, la migración y las nuevas modalidades delictivas ponen a prueba el tejido social y los mecanismos tradicionales de control institucional.
Los indicadores delictivos continúan mostrando cifras mínimas en delitos como el secuestro o el homicidio vinculado con la delincuencia organizada. No obstante, el crecimiento demográfico —impulsado tanto por la migración interna de personas que buscan escapar de la inseguridad en otros estados como por la inversión inmobiliaria y los flujos internacionales— ha generado un proceso de transformación social silencioso.
La llegada de nuevos residentes ha provocado fenómenos como el encarecimiento de la vivienda y una creciente presión sobre los servicios públicos en la zona metropolitana de Mérida. Esta transición acelerada de una sociedad predominantemente rural y tradicional hacia una dinámica urbana y periférica comienza a reflejarse en el aumento de conflictos locales, como la violencia familiar, los litigios por despojo de tierras y los delitos patrimoniales de menor escala, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo de seguridad que ha caracterizado al estado.
El impacto más profundo de este cambio se observa en el ámbito sociocultural. Las costumbres y tradiciones yucatecas, estrechamente ligadas a la vida comunitaria, el uso de la lengua maya, las celebraciones patronales, la vaquería y una visión compartida de respeto al entorno vecinal, enfrentan un proceso gradual de transformación.
En muchos casos, los nuevos desarrollos habitacionales funcionan al margen de las dinámicas comunitarias, debilitando el tradicional esquema de vigilancia vecinal y cohesión social que durante décadas actuó como una barrera natural frente a la delincuencia.
La pérdida de identidad también se manifiesta en el desplazamiento de las nuevas generaciones de sus espacios tradicionales y en la incorporación de patrones culturales y de consumo ajenos a la región, lo que fragmenta el sentido de pertenencia que históricamente fortaleció la cohesión social del estado.
Nuevos delitos para una nueva sociedad
Sería un error considerar que la seguridad de Yucatán es un fenómeno reciente o producto únicamente de estrategias publicitarias. Históricamente, la baja incidencia delictiva ha respondido a condiciones sociales preexistentes, como un sólido arraigo comunitario, una baja tolerancia social hacia la impunidad cotidiana y un relativo aislamiento geográfico respecto de las principales rutas del narcotráfico.
Sin embargo, las fronteras de la criminalidad también han cambiado. La estabilidad del entorno ha vuelto a la población más vulnerable frente a nuevas modalidades delictivas de carácter tecnológico o financiero. La extorsión telefónica, los fraudes inmobiliarios, el esquema de préstamos conocido como “gota a gota” y los delitos cibernéticos encuentran terreno propicio en una sociedad acostumbrada a relaciones basadas en la confianza.
Estas modalidades delictivas ya no requieren controlar violentamente un territorio; aprovechan las brechas digitales y la escasa cultura de prevención frente a riesgos que hace apenas unos años resultaban poco comunes en la entidad.
Frente al complejo escenario de violencia que enfrenta el país, los gobiernos estatales han construido una estrategia de “blindaje” basada en la combinación de tecnología y fortalecimiento institucional. El sistema de monitoreo inteligente C5i, la red de videovigilancia, los arcos lectores de placas instalados en los accesos al estado y la vigilancia marítima forman parte de ese esquema preventivo.
A diferencia del modelo federal sustentado en una mayor presencia militar, la estrategia yucateca privilegia el fortalecimiento de la policía estatal. Para ello se han impulsado salarios competitivos, acceso a servicios de salud, programas de vivienda y becas universitarias para los hijos de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Esta política busca reducir los márgenes de corrupción y consolidar una corporación profesional. Paralelamente, la actual administración mantiene acciones coordinadas en materia migratoria con un enfoque humanista y de inteligencia preventiva, procurando disminuir los efectos derivados de la movilidad humana sin criminalizar el fenómeno migratorio.
El desafío de preservar la paz
La preservación de la paz en Yucatán no dependerá únicamente del equipamiento tecnológico o del fortalecimiento policial. El verdadero desafío consiste en administrar el crecimiento poblacional y la migración sin erosionar el capital social que durante décadas sostuvo la tranquilidad del estado. La conservación de la identidad cultural, la integración de los nuevos habitantes a las normas de convivencia y el fortalecimiento de las estrategias de prevención frente a delitos emergentes serán factores determinantes para preservar esta condición de excepción en el contexto nacional.
La seguridad no puede entenderse únicamente como la ausencia de delitos. También implica la certeza de que, frente a los problemas cotidianos, existen instituciones capaces de responder con eficacia y generar confianza entre la ciudadanía.
Yucatán puede crecer hasta alcanzar tres millones de habitantes, y su zona metropolitana acercarse al millón y medio, sin perder cohesión social. Pero ello exige mucho más que buenos indicadores estadísticos. Requiere fortalecer la prevención, la atención a la salud mental, el combate a las adicciones, el cuidado de las personas adultas mayores y la reconstrucción permanente de la confianza ciudadana.
Unir los hechos con la percepción social no constituye un simple ejercicio académico.
Es una tarea indispensable para preservar lo que Yucatán ha construido durante décadas y enfrentar con inteligencia los riesgos que ya comienzan a manifestarse. Solo así será posible no solo mantener la seguridad, sino también recuperar la confianza y la tranquilidad que distinguen al estado.