AGENCIAS
DAKAR.- El Parlamento de Senegal aprobó una reforma legal que endurece las penas contra la homosexualidad y amplía la persecución penal contra activistas, organizaciones y personas vinculadas a la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. La modificación fue aprobada por 135 diputados, con tres abstenciones, mientras que la mayoría de los legisladores de la oposición decidió ausentarse de la votación.
La reforma modifica el artículo 319 del Código Penal, vigente desde 1965, que castigaba los llamados “actos contra natura” con penas de entre uno y cinco años de prisión. Con el cambio aprobado, las condenas se incrementan a entre cinco y 10 años, con sanciones más altas cuando haya menores implicados. Además, la norma amplía el alcance de las sanciones a personas u organizaciones que promuevan o financien lo que el texto denomina “filosofía LGTBI”.
También se endurecen las multas económicas. Mientras que anteriormente podían alcanzar hasta 1.5 millones de francos CFA (cerca de 50 mil pesos mexicanos), ahora podrán llegar a 10 millones (334,000 pesos mexicanos), dependiendo de la gravedad de los hechos. Con esta modificación, la legislación senegalesa equipara la homosexualidad con conductas consideradas delitos graves.
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno y respaldada por el primer ministro Ousmane Sonko, quien había prometido durante su campaña electoral promover un endurecimiento de la legislación en esta materia.
En las últimas semanas se ha intensificado el clima de hostilidad hacia personas LGTBI en el país. Activistas y asociaciones de derechos humanos reportan la difusión en redes sociales de fotografías, identidades y direcciones de personas señaladas como homosexuales o vinculadas al activismo, lo que ha provocado que algunas abandonen sus hogares o busquen refugio en otras regiones o en el extranjero.
Organizaciones defensoras de derechos humanos también han alertado sobre un aumento de detenciones, denuncias públicas y agresiones contra integrantes de esta comunidad. En este contexto, diversas asociaciones señalan que el debate político y social ha incrementado el temor entre personas que viven su orientación sexual en condiciones de discreción para evitar represalias o señalamientos públicos.