Aunque la Constitución proclama equidad en el acceso al poder y a los derechos entre mujeres y hombres, una de las principales responsabilidades frente al Estado sigue asignándose por sexo, exponiendo una brecha entre el discurso de paridad y la práctica institucional

SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR

En México, la equidad de género dejó de ser una consigna política para convertirse en un mandato constitucional y una política pública transversal, es decir, que promueve la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres en todos los sectores. La paridad es hoy obligatoria en cargos de elección popular, órganos autónomos y estructuras administrativas; la representación femenina pasó de ser una demanda histórica a una exigencia legal. Durante décadas, los movimientos feministas impulsaron transformaciones profundas que hoy se reflejan en derechos laborales, civiles, políticos y sociales. Sin embargo, cuando el debate se traslada del terreno de los derechos al de las obligaciones cívicas, la igualdad comienza a diluirse y aparecen zonas grises que el Estado Mexicano no ha querido discutir abiertamente. Una de ellas es el Servicio Militar Nacional (SMN).

Actualmente, todos los hombres mexicanos que cumplen 18 años están obligados por ley a registrarse para el Servicio Militar Nacional. En contraste, las mujeres —incorporadas formalmente al SMN desde 2020— participan únicamente bajo un esquema voluntario. Esta distinción persiste incluso cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ha anunciado que, a partir de 2026, se reforzará el carácter obligatorio del servicio mediante nuevos mecanismos de adiestramiento, control y validación, aplicables exclusivamente a los varones. La contradicción es evidente: igualdad en derechos, pero no en deberes frente al Estado.

Aunque el servicio militar ha perdido relevancia como requisito administrativo —la cartilla dejó de ser obligatoria para obtener el pasaporte desde el año 2000—, su carácter legal no ha desaparecido. El SMN sigue siendo un filtro indispensable para ingresar a las escuelas militares, a cuerpos castrenses y a empresas de seguridad registradas ante la Defensa. En los hechos, la principal obligación cívica vinculada a la defensa nacional continúa asignándose con base en el sexo.

Este escenario ha reactivado un debate que atraviesa lo legal, lo político, lo social y lo cultural. En el ámbito familiar, padres y madres se preguntan por qué el servicio militar se asume como una carga natural para los hijos y no para las hijas. En el plano institucional, se cuestiona si la equidad de género puede sostenerse solo cuando implica derechos, pero no cuando supone responsabilidades. Y en un país donde la igualdad es un principio constitucional, la diferenciación obligatoria en el SMN expone una tensión no resuelta entre igualdad formal y equidad sustantiva.

El Despertador presenta este reportaje con el propósito de analizar esa tensión. No para descalificar luchas históricas ni imponer una postura ideológica, sino para colocar sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria: ¿puede una democracia exigir igualdad de género sin discutir, con la misma seriedad, la paridad en las obligaciones cívicas? El Servicio Militar Nacional se ha convertido hoy en el espejo de esa discusión pendiente.

Igualdad constitucional y obligaciones diferenciadas

El Servicio Militar Nacional (SMN) fue creado en 1940, en un contexto internacional marcado por la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo original no era formar soldados profesionales, sino construir reservas estratégicas, fortalecer la defensa nacional y fomentar una ciudadanía disciplinada y preparada ante amenazas externas. Desde su origen, el servicio fue obligatorio para los hombres mexicanos por nacimiento o naturalización. Las mujeres quedaron fuera, no por una prohibición expresa, sino por una concepción cultural que las vinculaba al ámbito doméstico y al cuidado.

Más de ocho décadas después, esa lógica permanece prácticamente intacta. Aunque la Constitución reconoce la igualdad entre mujeres y hombres y prohíbe la discriminación por razón de género, la Ley del Servicio Militar mantiene una obligación diferenciada por sexo. Los varones siguen obligados a registrarse y cumplir con el servicio al alcanzar la mayoría de edad; las mujeres, incorporadas formalmente hasta 2020, participan únicamente como voluntarias.

La incorporación femenina permitió obtener la Cartilla de Identidad del SMN y la Hoja de Liberación en igualdad de condiciones administrativas, pero no modificó el carácter obligatorio del servicio. La Secretaría de la Defensa Nacional ha reforzado esta distinción al anunciar que, a partir de 2026, se fortalecerá la obligatoriedad del SMN mediante nuevos esquemas de adiestramiento dirigidos exclusivamente a los hombres.

El resultado es un marco jurídico que proclama la igualdad como principio, pero conserva una de las principales obligaciones cívicas bajo un diseño heredado del siglo pasado, sin una revisión constitucional profunda ni un debate legislativo amplio.

El SMN en Cancún: trabajo forzado en vez de formación

Durante décadas, la Cartilla del Servicio Militar fue presentada como un documento indispensable para la vida adulta. Hoy, ese valor se ha diluido. Aunque la Constitución mantiene la obligación legal, en la práctica el SMN se ha convertido en un trámite irregular y, en ciudades como Cancún, en una experiencia desvinculada de la formación cívica o militar.

Testimonios de jóvenes que cumplen el servicio revelan una constante: semanas dedicadas a pintar bardas, chapear áreas verdes o cargar escombro, sin entrenamiento militar real. La percepción generalizada es que el encuadramiento es casi automático y que la disciplina se impone mediante gritos, control y confiscación de objetos personales, más que a través del aprendizaje.

Para muchos conscriptos, el SMN dejó de ser una escuela de ciudadanía y se transformó en un simulacro de control con escasa utilidad práctica. La experiencia es vista como una carga improductiva, más cercana a un castigo que a un servicio formativo.

Sin embargo, la cartilla sigue siendo estrictamente obligatoria para quienes aspiran a ingresar a instituciones militares o a determinadas áreas de seguridad privada. Así, mientras para algunos el SMN es un trámite vacío, para otros representa un filtro profesional ineludible.

En Cancún, lo que se presenta como “servicio cívico” suele percibirse como trabajo físico forzado, sin objetivos claros ni formación militar efectiva.

Mujeres y SMN: inclusión voluntaria y límites institucionales

La incorporación de las mujeres al Servicio Militar Nacional ocurrió hasta 2020. Desde entonces, pueden registrarse, cumplir con el servicio y obtener su cartilla liberada. No obstante, su participación fue diseñada desde el inicio como voluntaria, sin consecuencias legales para quienes deciden no incorporarse.

Esta inclusión fue presentada como un avance en equidad, pero no alteró la lógica de corresponsabilidad. Mientras los hombres siguen sujetos a una obligación legal, las mujeres participan solo si así lo desean. La diferencia es sustantiva: el deber cívico vinculado a la defensa nacional continúa asignándose con base en el sexo.

En la práctica, la participación femenina suele concentrarse en actividades administrativas, de apoyo o de formación básica, bajo esquemas diferenciados de exigencia. Para algunos sectores, esto representa un primer paso hacia una integración más amplia; para otros, confirma una inclusión simbólica que evita el debate de fondo.

La decisión de reforzar el carácter obligatorio del SMN a partir de 2026 únicamente para los varones profundiza esta asimetría. En lugar de revisar el modelo desde una perspectiva de igualdad sustantiva, se endurece la exigencia para unos y se mantiene la voluntariedad para otras. Así, la inclusión femenina no resuelve la tensión entre equidad de género y responsabilidades cívicas, sino que la pospone, dejando intacta la diferenciación estructural.

Esta omisión tampoco es casual dentro del discurso de ciertos sectores del feminismo contemporáneo. Mientras la paridad, la representación política y el acceso a posiciones de poder se defienden con firmeza, la corresponsabilidad en las obligaciones cívicas permanece prácticamente ausente de sus demandas. En los hechos, la igualdad se reivindica cuando implica derechos, pero se relativiza cuando supone cargas, disciplina o riesgos frente al Estado. Esta selectividad ha contribuido a que el Servicio Militar Nacional conserve un diseño desigual sin enfrentar una presión pública comparable a la que existe en otros ámbitos de la agenda de género.

Igualdad, equidad y biología: el límite incómodo 

Uno de los argumentos más utilizados para justificar un trato diferenciado en el Servicio Militar Nacional se basa en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. El entrenamiento militar implica exigencias físicas y fisiológicas que colocan este debate en un terreno complejo, donde la igualdad formal no siempre se traduce en condiciones equitativas.

Especialistas señalan que variables como el ciclo menstrual, el embarazo, el posparto y las diferencias promedio en fuerza y resistencia física influyen en el desempeño durante entrenamientos intensivos. Desde esta perspectiva, exigir una igualdad absoluta podría generar esquemas inequitativos. Por ello, algunos sostienen que el enfoque adecuado no es la igualdad estricta, sino la equidad: mismas oportunidades bajo reglas diferenciadas.

El problema surge cuando este argumento se utiliza para justificar la exención total de una obligación cívica. Para diversos analistas, reconocer diferencias biológicas no implica excluir a las mujeres del carácter obligatorio del SMN, sino adaptar sus modalidades, funciones y niveles de exigencia dentro de un esquema común.

El riesgo es que la biología se convierta en una justificación automática para mantener roles tradicionales. En ese punto, la línea entre equidad y discriminación se vuelve difusa.

En el caso del SMN, el debate biológico no resuelve la contradicción central. Más bien evidencia la falta de una discusión seria sobre cómo integrar la equidad de género en las obligaciones cívicas sin negar ni exagerar las diferencias reales.

Cultura, religión y roles de género: resistencia al cambio

Más allá del marco legal, la obligatoriedad del Servicio Militar Nacional para las mujeres enfrenta una resistencia profundamente arraigada en factores culturales y religiosos. En amplios sectores del país persiste una visión tradicional de los roles de género que asigna a las mujeres funciones vinculadas al cuidado familiar, mientras que la defensa armada se asocia históricamente a lo masculino.

Esta concepción tiene una fuerte influencia religiosa. El catolicismo y diversas iglesias cristianas evangélicas sostienen narrativas donde la figura femenina se relaciona con la maternidad y la protección del hogar. En ese contexto, la idea de un servicio militar obligatorio para mujeres suele percibirse como una imposición estatal que ignora realidades sociales y comunitarias.

Estas posturas también se reproducen en el ámbito familiar. En comunidades rurales y sectores urbanos conservadores, se acepta que los hijos varones cumplan el servicio como una carga “natural”, pero se rechaza que las hijas enfrenten una experiencia similar. Esta diferencia revela que, incluso con políticas de equidad, los imaginarios sociales siguen limitando el cambio normativo.

Para el Estado, avanzar hacia obligaciones cívicas compartidas implicaría confrontar valores profundamente arraigados y asumir costos políticos. No hacerlo perpetúa una desigualdad sostenida más en la tradición que en argumentos jurídicos sólidos.

Antecedentes históricos: las mujeres y la guerra en el imaginario mexicano

El debate sobre la participación femenina en el Servicio Militar Nacional está marcado por referentes históricos como ‘las Adelitas’ de la Revolución Mexicana. Su figura suele utilizarse tanto para defender como para cuestionar la incorporación de las mujeres a esquemas militares obligatorios.

Históricamente, las mujeres participaron principalmente en labores de apoyo: logística, atención a heridos y acompañamiento de tropas. Aunque existen casos documentados de mujeres combatientes, estos fueron excepcionales. Con el tiempo, la Adelita se convirtió más en un símbolo cultural que en un referente militar formal.

Este antecedente ha servido para sostener que las mujeres pueden integrarse a la defensa nacional bajo funciones diferenciadas. Sin embargo, también ha reforzado la idea de que su papel ha sido complementario y no central.

El problema surge cuando el pasado se utiliza para justificar el presente. La Revolución ocurrió en un contexto radicalmente distinto al actual, en un país que hoy reconoce formalmente la igualdad de género y cuenta con Fuerzas Armadas profesionalizadas y tecnificadas.

Así, los antecedentes históricos funcionan como un espejo ambiguo: reconocen la presencia femenina, pero también perpetúan narrativas que limitan su papel en el debate contemporáneo sobre obligaciones cívicas. En el debate sobre el Servicio Militar Nacional, la apelación a las Adelitas revela más sobre las resistencias contemporáneas que sobre las posibilidades reales de un modelo de obligaciones cívicas acorde con el México actual.

Modelos internacionales: cómo otros países resuelven la obligación militar

La discusión sobre la obligatoriedad del servicio militar para las mujeres no es exclusiva de México. Diversos países han enfrentado esta tensión y sus respuestas muestran que no existe un modelo único.

En Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio solo para los hombres, pero también está abierta a mujeres que deseen seguirla, bajo un contexto geopolítico marcado por el conflicto con Corea del Norte, donde sí es obligatorio para ambos sexos desde 2015. 

En contraste, algunos otros países europeos han optado por esquemas mixtos o por sustituir la conscripción militar por servicios civiles obligatorios aplicables a toda la población joven, sin distinción de género.

En Israel, el servicio militar es obligatorio para mujeres desde 1949, con una duración de dos años. De igual manera, en Noruega y Suecia; en Myanmar y Timor Oriental en Asia; en China, las mujeres de 18 hasta 19 años que tienen un título secundario y cumplen con los requisitos para ciertos trabajos castrenses están sujetas a prestar servicio en el Ejército.

El reclutamiento también es obligatorio para ambos sexos en varios países africanos, como Eritrea, Mali, Marruecos, Túnez, Chad,  Guinea-Bisáu, Mozambique, Cabo Verde y Níger.

El ejemplo más reciente de la introducción del servicio militar para mujeres es Dinamarca. Luego de una resolución del Parlamento de Copenhague, a partir del 1 de julio de 2025, todas las mujeres que para entonces hayan cumplido 19 años pueden recibir un aviso para prestar servicio militar. A partir de enero de 2026, serán reclutadas.

En Tailandia, la conscripción se determina por el sexo biológico registrado al nacer, incluso en personas trans, un modelo ampliamente cuestionado por organismos de derechos humanos.

Estos casos muestran que cada Estado define la relación entre ciudadanía, género y defensa nacional según su contexto. Sin embargo, todos han enfrentado el debate de forma abierta.

Para México, la comparación internacional no implica copiar modelos, sino reconocer que mantener el silencio también es una decisión política.

¿Reformar, ampliar o redefinir el Servicio Militar Nacional?

El esquema actual del Servicio Militar Nacional —obligatorio para los hombres, voluntario para las mujeres y aplicado de forma desigual— muestra claros signos de agotamiento. Frente a ello, se plantean tres rutas principales.

La primera es mantener el modelo vigente y reforzar la obligatoriedad solo para los varones, como ha anunciado la Defensa. Esta opción preserva el marco legal, pero profundiza la brecha entre derechos y obligaciones de género.

La segunda alternativa es ampliar la obligatoriedad del SMN a las mujeres, bajo esquemas diferenciados que reconozcan realidades biológicas y sociales. Implicaría una reforma legal profunda y un debate público amplio.

La tercera ruta propone redefinir el servicio como un esquema civil-militar obligatorio para toda la población joven, enfocado en protección civil, atención a desastres y labores comunitarias, concibiendo la defensa nacional como una responsabilidad compartida.

Cada opción implica costos políticos y sociales. Lo que resulta evidente es que no decidir también es una forma de decidir.

Modernización del SMN: menos sesiones, más preparación integral

El Servicio Militar Nacional se encuentra en un proceso de transformación para adaptarse a los jóvenes y a las dinámicas actuales. De acuerdo con el general de brigada Luis Antonio Pantoja Hinojosa, director general del SMN, el objetivo es ofrecer una experiencia más dinámica y práctica, sin perder la disciplina característica del programa.

Uno de los cambios principales es la reducción del tiempo de adiestramiento: de 44 sábados tradicionales a 13 sesiones distribuidas en dos periodos del año. Cada jornada combina clases teóricas y prácticas, con horarios definidos.

El nuevo enfoque amplía la capacitación más allá de la instrucción militar, incorporando formación en Protección Civil, defensa personal, protección ecológica, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, además de entrenamiento en tiro bajo supervisión profesional.

Aunque la Cartilla Militar dejó de ser requisito para obtener el pasaporte desde 2000, la Defensa sostiene que mantiene relevancia en el ámbito laboral, al asociarse con valores como disciplina y responsabilidad.

Con estos ajustes, el SMN busca posicionarse como una experiencia integral de formación ciudadana.

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APUNTES DE EL DESPERTADOR

El debate sobre el Servicio Militar Nacional no es, en el fondo, una discusión sobre cuarteles, armas o disciplina castrense. Es una conversación pendiente sobre cómo el Estado mexicano entiende hoy la ciudadanía, la igualdad y la corresponsabilidad social. Durante décadas, el SMN ha sobrevivido más por inercia que por convicción, convertido en un trámite diluido para unos y en una obligación selectiva para otros.

En un país que ha reformado su Constitución para garantizar la paridad de género en el poder público, resulta cada vez más difícil justificar que las obligaciones cívicas sigan ancladas a esquemas del siglo pasado. La equidad sustantiva no puede limitarse a los derechos ni agotarse en el discurso. También implica compartir responsabilidades, adaptarlas, modernizarlas y hacerlas útiles para la sociedad.

Replantear el Servicio Militar Nacional —incluyendo a las mujeres y redefiniendo su contenido— no significa imponer un modelo autoritario ni desconocer diferencias reales. Significa reconocer que la ciudadanía plena no se ejerce solo votando o accediendo a cargos, sino también participando en la construcción de un país más resiliente, solidario y preparado.

Servicio Militar Nacional: igualdad que también obliga

• La igualdad no es selectiva.

Un Estado que exige paridad en el poder no puede sostener excepciones en las obligaciones cívicas sin una justificación actualizada y verificable.

• Derechos y deberes deben avanzar juntos.

La equidad de género pierde consistencia cuando solo se aplica al acceso a derechos y no a la corresponsabilidad ciudadana.

• La biología no debe ser sinónimo de exclusión.

Las diferencias físicas pueden atenderse con modalidades diferenciadas, no con la exención total de una obligación constitucional.

• El Servicio Militar debe servir.

Un SMN sin formación real ni utilidad social se convierte en un trámite vacío y en un desgaste institucional.

• Ninguna obligación cívica debe derivar en trabajo forzado.

Las tareas ajenas a la formación militar o ciudadana desvirtúan el sentido del servicio y vulneran derechos.

• La voluntariedad no puede sustituir a la ley.

Convertir una obligación constitucional en opción administrativa debilita el Estado de derecho.

• Incluir no es simbolizar.

La participación de las mujeres debe ser estructural, obligatoria y con funciones claras, no decorativa ni excepcional.

• La seguridad nacional también es civil.

Protección civil, gestión de riesgos y atención a emergencias deben integrarse al modelo de servicio obligatorio.

• El debate no debe temerse.

Revisar el SMN desde la equidad no es militarizar a la sociedad, sino actualizar un pacto cívico anacrónico.

• No reformar también es una decisión.

Mantener el modelo actual perpetúa una desigualdad incompatible con el discurso constitucional de igualdad sustantiva.