MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un decreto para reforzar la transparencia gubernamental y defendió que los nuevos lineamientos para medios de comunicación no buscan censurar, sino “garantizar el derecho ciudadano a una información veraz”, durante su conferencia matutina de este martes.
Explicó que el decreto pretende fortalecer el cumplimiento del artículo 6 de la Constitución mediante un portal de transparencia más accesible, con criterios claros sobre la información pública y la protección de datos reservados.
“Ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de un director de Pemex, de CFE o de cualquier dependencia; ya hay lineamientos específicos sobre lo que debe ser transparente y aquello que, por un procedimiento administrativo, judicial o por razones de seguridad nacional, no puede informarse”, explicó.
Sheinbaum sostuvo que “así como el gobierno tiene que ser transparente, también los medios de información deben tener un código de ética para garantizar el derecho a la información”.
En la misma conferencia, la consejera jurídica Luisa María Alcalde rechazó que los lineamientos de defensa de los derechos de las audiencias impliquen censura y afirmó que existe una “campaña de desinformación” sobre su contenido. Aseguró que la iniciativa no autoriza al Estado a decidir qué información es verdadera ni limitar opiniones.
Expuso que los propios medios deberán contar obligatoriamente con códigos de ética, designar defensores de las audiencias y establecer mecanismos para atender quejas relacionadas con el derecho a recibir información. Añadió que el regulador únicamente podrá imponer sanciones cuando esas obligaciones no se cumplan, como la falta de publicación del código correspondiente. “Eso nada tiene que ver con censura o intervenir en qué información se presenta”, añadió.
Cabe recordar que especialistas, periodistas y organismos como Artículo 19 y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) han advertido, en torno a estos lineamientos, “riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión”, dado que el Estado podría usar estos controles para intervenir contenidos y presionar líneas editoriales críticas. (Con información de La Política Online)