Por el Abogado Luis Esquiel
Hay temas que no pueden tratarse con medias palabras. Hay momentos en los que la sociedad tiene que levantar la voz y decir claramente lo que piensa. Y hoy hay que decirlo sin rodeos: ¡sí a la libertad de expresión!
México no puede acostumbrarse a que cada vez que una estación de radio, un canal de televisión, un periodista o un comunicador cuestiona al poder, inmediatamente aparezca la amenaza de regular, sancionar, limitar o controlar lo que se dice.
Una democracia verdadera no se construye con aplausos al gobierno. Se construye precisamente con la posibilidad de cuestionarlo.
El derecho de las audiencias es importante. Por supuesto que lo es. Los ciudadanos tienen derecho a recibir información plural, veraz, equilibrada y de interés público. Pero una cosa es proteger a las audiencias y otra muy diferente utilizar ese concepto como instrumento para controlar a los medios de comunicación o para castigar las opiniones incómodas.
Ahí está la línea que debemos cuidar.
Porque cuando el poder político comienza a decidir qué periodista puede hablar, qué comentario es aceptable, qué crítica puede transmitirse y qué opinión debe desaparecer de la radio o la televisión, dejamos de hablar de protección de las audiencias y comenzamos a acercarnos peligrosamente a la censura.
Y la censura, en una democracia, siempre termina perjudicando al ciudadano.
EL PERIODISTA TIENE ALGO QUE EL PODER NO PUEDE FABRICAR: CREDIBILIDAD
Un periodista profesional construye su patrimonio más importante durante años: su credibilidad.
El periodista que miente pierde audiencia.
El periodista que manipula pierde credibilidad.
El periodista que inventa información pierde la confianza de la sociedad.
El periodista que trabaja con ética, investiga, contrasta fuentes y sostiene sus opiniones con argumentos, construye una audiencia.
Así de claro.
Por eso resulta preocupante que desde el poder se pretenda convertir al ciudadano en un espectador pasivo que únicamente recibe aquello que el gobierno considera conveniente.
El mexicano tiene capacidad para pensar.
Tiene capacidad para comparar.
Tiene capacidad para escuchar diferentes versiones.
Y tiene derecho a sacar sus propias conclusiones.
No necesitamos un gobierno que piense por nosotros.
Necesitamos instituciones que garanticen que podamos pensar libremente.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LOS MEDIOS?
En los últimos años hemos visto un ambiente político cada vez más confrontado. Las redes sociales, la radio, la televisión, los periódicos y las plataformas digitales se han convertido en espacios donde diariamente se cuestionan las decisiones del gobierno.
Y cuando aparecen investigaciones periodísticas sobre posibles actos de corrupción, relaciones políticas, presuntos vínculos de funcionarios o legisladores con personas relacionadas con organizaciones criminales, el debate público debe ser todavía más intenso.
Pero aquí hay que ser responsables.
Una investigación periodística, una denuncia, una fotografía, una declaración o un señalamiento no equivalen automáticamente a una sentencia judicial.
Eso debe quedar perfectamente claro.
El periodista tiene la obligación ética de investigar, verificar y distinguir entre hechos comprobados, denuncias, investigaciones abiertas y opiniones.
Pero el gobierno también tiene una obligación: no utilizar el poder del Estado para silenciar aquello que le resulta incómodo.
Si un funcionario es señalado por un medio de comunicación, tiene derecho a responder.
Si considera que una información es falsa, puede acudir a las vías legales correspondientes.
Si existe un delito, debe investigarse.
Si existe una difamación o una afectación ilícita a derechos, deben existir mecanismos legales para reclamar.
Pero una democracia no puede resolver las críticas mediante amenazas, intimidación o mecanismos de censura.
EL GRAN PELIGRO: QUE EL REGULADOR SE CONVIERTA EN CENSOR
Aquí aparece uno de los mayores riesgos.
Regular no significa controlar.
Supervisar no significa silenciar.
Garantizar derechos no significa imponer una verdad oficial.
Y proteger a las audiencias no significa proteger al gobierno de las críticas.
Si una institución reguladora adquiere facultades demasiado amplias para determinar qué puede decirse y qué no puede decirse en radio y televisión, el riesgo es evidente.
Hoy puede utilizarse contra un periodista crítico del gobierno.
Mañana puede utilizarse contra un periodista crítico de la oposición.
Después puede utilizarse contra una organización social.
Y finalmente puede terminar afectando al ciudadano común.
Ese es el verdadero problema.
Las libertades no se defienden únicamente cuando nos favorecen. Se defienden precisamente cuando permiten hablar a quien piensa diferente.
¿Y EL INE?
También debemos ser cuidadosos con cualquier institución electoral.
El Instituto Nacional Electoral tiene una función fundamental en la democracia mexicana. Pero ninguna institución, por importante que sea, debe convertirse en árbitro de las ideas políticas de los ciudadanos.
El debate electoral necesita reglas. Sí.
La propaganda debe tener límites. Sí.
El uso indebido de recursos públicos debe sancionarse. Sí.
La violencia política, la calumnia electoral y las conductas ilícitas deben investigarse. Sí.
Pero una cosa es regular el proceso electoral y otra muy distinta es pretender controlar el debate público.
El ciudadano debe poder escuchar una opinión favorable al gobierno y otra completamente contraria.
Debe poder escuchar a un periodista de izquierda, de derecha, liberal, conservador, oficialista, opositor o independiente.
Y después decidir.
Eso se llama democracia.
EL PELIGRO NO ES QUE HABLE EL PERIODISTA
El verdadero peligro para una democracia no es que un periodista critique al gobierno.
El verdadero peligro es que el periodista deje de poder criticarlo.
Porque cuando desaparecen las voces incómodas, no desaparecen los problemas.
Solamente desaparece quien los denuncia.
Y eso es muchísimo más peligroso.
Si existen señalamientos sobre posibles vínculos de servidores públicos, legisladores o dirigentes políticos con organizaciones criminales, la obligación del Estado es investigar con seriedad, transparencia y debido proceso.
No atacar al mensajero.
No descalificar automáticamente al medio.
No pretender convertir una denuncia periodística en un delito simplemente porque resulta políticamente incómoda.
Y tampoco debe ocurrir lo contrario: que un periodista publique una acusación sin pruebas y pretenda esconderse detrás de la libertad de expresión.
La libertad de expresión no es una licencia para mentir.
Pero tampoco puede convertirse la exigencia de responsabilidad en una excusa para censurar.
Ese equilibrio es fundamental.
EL CIUDADANO TIENE LA ÚLTIMA PALABRA
Hay una realidad que ningún gobierno puede modificar mediante una ley:
la audiencia decide.
Si un periodista es bueno, la gente lo escucha.
Si un programa informa, la gente lo busca.
Si un comunicador tiene credibilidad, construye audiencia.
Si pierde credibilidad, la audiencia se va.
Así funciona.
Por eso la verdadera defensa de los medios no consiste en darles privilegios.
Consiste en garantizar que puedan ejercer su profesión sin miedo al poder político.
Y la verdadera defensa de las audiencias consiste en garantizar que los ciudadanos tengan acceso a múltiples voces, no únicamente a la voz oficial.
México necesita más periodismo, no menos.
Necesita más investigación, no menos.
Necesita más debate, no menos.
Necesita más voces, no menos.
¡GRITO FUERTE: ¡SÍ A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN!
No quiero una radio que solamente hable bien del gobierno.
No quiero una televisión que solamente transmita discursos oficiales.
No quiero periodistas que tengan miedo de investigar.
No quiero ciudadanos que solamente puedan escuchar una versión de la realidad.
Quiero medios responsables.
Quiero periodistas éticos.
Quiero investigaciones serias.
Quiero derecho de réplica.
Quiero instituciones fuertes.
Quiero autoridades que respondan a las acusaciones con pruebas y argumentos.
Y quiero ciudadanos capaces de escuchar, analizar y decidir.
Porque la libertad de expresión no pertenece al gobierno, ni a los periodistas, ni a los empresarios de los medios. Pertenece también al ciudadano.
Y cuando se pretende silenciar a quien cuestiona al poder, debemos recordar una verdad elemental:
el poder público está para servir al ciudadano, no para decirle al ciudadano qué puede pensar.
México ya ha pagado demasiado caro por los silencios.
Por eso, desde esta Vértice Legal, lo digo fuerte, claro y sin miedo:
¡SÍ A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN!
¡SÍ AL PERIODISMO ÉTICO!
¡SÍ A LA CRÍTICA!
¡SÍ AL DERECHO DE LOS CIUDADANOS A SABER, ESCUCHAR, CUESTIONAR Y DECIDIR!