MÉXICO.- Los delitos relacionados con armas, explosivos y materiales destructivos se consolidaron como la categoría de mayor incidencia en investigaciones federales, con cerca del 70% vinculados al uso de armamento ilegal, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República.
La concentración de estos delitos se ubica en estados del norte y el Bajío, como Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua y Nuevo León, en un corredor asociado al tráfico de armas desde Estados Unidos y a la operación de grupos criminales.
El informe oficial advierte que la disponibilidad de armamento ilícito ha elevado la letalidad de la violencia, encarecido la respuesta institucional y deteriorado la percepción de seguridad.
“Su persistencia entre 2021 y 2025 evidencia que las estrategias de control y decomiso no han reducido de manera estructural la disponibilidad de armas”, señala el documento.
Especialistas indican que la dificultad y el costo para adquirir armas legalmente en México han incentivado el crecimiento del mercado negro.
Se estima que en el país circulan hasta 15 millones de armas ilegales y que cada año ingresan alrededor de 300,000, de las cuales más de 70% provienen de Estados Unidos.
“El principal problema es que las autoridades no han podido controlar el flujo ilegal”, señaló un investigador, al advertir que menos de 1% del armamento en circulación fue adquirido conforme a la ley.
Analistas también identifican un “mercado gris” de reventa entre particulares que carece de regulación efectiva.
La facilidad para acceder a armas de alto poder ha fortalecido la capacidad operativa de organizaciones criminales y plantea desafíos para la seguridad pública en distintas regiones del país, especialmente en contextos de alta violencia y disputa territorial entre grupos delictivos. (Con información de La Silla Rota)