El sistema de transporte en Cancún ha operado por años bajo un esquema que combina corrupción, impunidad, complicidad y abandono institucional, priorizando intereses empresariales por encima de la movilidad y el bienestar de los usuarios, con autoridades encargadas que solamente prometen y no resuelven de fondo el problema

SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO

Cada día, los habitantes de Cancún se enfrentan a un transporte público que no solo es deficiente, sino peligroso. Camiones que nunca llegan, rutas saturadas, unidades sin seguro ni mantenimiento, operadores explotados y pasajeros hacinados en combis deterioradas son parte del panorama cotidiano. Mientras tanto, los turistas disfrutan hoteles de lujo y playas paradisíacas. La ciudad vive la paradoja de ser un destino de clase mundial con un servicio urbano en crisis desde hace décadas.

El abandono histórico del sistema de transporte se profundiza año con año. Las empresas concesionarias —Autocar, Turicun, Maya Caribe y Transporte Bonfil— operan con total impunidad, mientras el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), encabezado por Rafael Hernández Kotasek, respalda consultas “ciudadanas” que no buscan soluciones reales, sino justificar aumentos de tarifa sin exigir el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en concesiones vigentes por casi cuatro años más.

El caos no es casualidad. Durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, la llegada masiva de combis tipo van y la creación de la empresa Transporte Terrestre Estatal (TTE) como concesión estatal operada por el Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” no solo violaron la autonomía municipal, sino que consolidaron un desorden que hoy forma parte del paisaje urbano.

De hecho, Cancún se ubica actualmente como la tercera ciudad con el peor transporte público del país, solo detrás de Morelia y Monterrey, de acuerdo con el Ranking de Transporte Público para Ciudades Mexicanas 2025.

El aumento de accidentes viales refleja la negligencia sistemática de autoridades y concesionarias que ahora pretenden imponer un incremento en la tarifa mediante una consulta popular que, según miembros del Colegio de Abogados, carece de legalidad.

Gerardo Ruiz, presidente de la Red de Ciegos de Quintana Roo, coincidió con El Despertador de Quintana Roo en que, en una ciudad que supera el millón de habitantes, donde la movilidad es un derecho y no un privilegio, no puede condicionarse la mejora del transporte a un aumento de tarifa.

“Todos tenemos derecho a un transporte público seguro y accesible, como ya lo establecen la legislación de Quintana Roo, la Constitución Mexicana y los reglamentos de movilidad de la entidad”, afirmó.

Gandallismo en el transporte de Cancún: tarifas sin control

El transporte público en Cancún ha sido un ejemplo de impunidad empresarial. La última tarifa urbana oficial, aprobada durante la administración de Remberto Estrada (2016–2018), nunca se respetó. Aunque la zona urbana se fijó legalmente en 9.50 pesos, las concesionarias han cobrado sistemáticamente 10 pesos, mientras que la tarifa de 12 pesos en la Zona Hotelera sí se ha mantenido.

Este comportamiento no es nuevo. En el último año del gobierno de Julián Ricalde Magaña (2011–2013), el Cabildo autorizó un ajuste de tarifa: 7 pesos en la ciudad y 9.50 en la Zona Hotelera. Posteriormente, en junio de 2017, el Cabildo de Benito Juárez, bajo la administración de Remberto Estrada Barba, aprobó “por orden judicial” un aumento de 1.50 pesos: 9.50 en la ciudad y 12 en la Zona Hotelera. Estrada Barba se deslindó, argumentando que solo acataba la orden judicial, sin garantizar su cumplimiento efectivo.

El fenómeno del “gandallismo” se repitió en agosto de 2024. Seis concesionarias estatales y municipales —Maya Caribe, Turicún, Sociedad de Transporte Bonfil, Autocar, el Sindicato de Transporte Público de Pasajeros del Servicio Colectivo de Cancún y Transporte Terrestre Estatal (TTE)— anunciaron unilateralmente un aumento de cinco pesos en sus tarifas, sin autorización gubernamental. Pretendían que el servicio costara 17 pesos en la Zona Hotelera y 15 en la zona urbana.

Por presión social, el gobierno municipal impidió dicho incremento al carecer de autorización, pues por ley el Ayuntamiento de Benito Juárez fija la tarifa de los camiones, mientras que el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Movilidad, regula la de las combis.

Violaciones sistemáticas a la concesión y abandono institucional

El Reglamento de Transporte Público de Pasajeros en Ruta Establecida del Municipio de Benito Juárez establece que las concesiones pueden ser revocadas si las empresas no ofrecen un servicio continuo, seguro y eficiente. También contempla sanciones si operan con vehículos no registrados o sin póliza vigente, alteran rutas y horarios autorizados o suspenden el servicio sin justificación.

En la práctica, estos incumplimientos se han convertido en la norma. Los usuarios enfrentan a diario un transporte irregular, inseguro y carente de supervisión. Cuando llueve, la ciudad parece detenerse: bastan unos minutos de tormenta para que el servicio se interrumpa en amplias zonas, dejando a trabajadores, estudiantes y madres de familia varados, sin alternativas para llegar a casa o al empleo.

En paraderos de diversas regiones, e incluso en plazas comerciales como Las Américas, se forman largas filas de personas que esperan durante horas, sin certeza de que los autobuses volverán a circular. Las empresas justifican las suspensiones alegando “medidas de seguridad”, pero no existe protocolo público ni autorización oficial que respalde estas decisiones.

Lo que para las compañías puede ser un procedimiento preventivo, para los ciudadanos representa abandono institucional y evidencia la falta de supervisión del municipio y del Imoveqroo. El resultado es un sistema de transporte que falla en su objetivo principal: mover a la población de manera confiable y segura.

Imoveqroo y la farsa de la participación ciudadana

El pasado domingo 5 de octubre, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) organizó una “Consulta Ciudadana en Materia de Movilidad”, supuestamente para conocer la opinión de la población sobre la transformación del transporte público en Cancún y en otros municipios del estado.

El diseño del ejercicio levantó sospechas. La boleta contenía una sola pregunta, redactada de forma que vinculaba automáticamente el aumento de tarifas con promesas de mejora, sin garantías de cumplimiento:

“¿Estás de acuerdo en una actualización de la tarifa para transformar el sistema de transporte de la ciudad con nuevos camiones, operadores más capacitados, más eficiente, más seguro, nuevas rutas y horarios definidos?”

Analistas advirtieron que la formulación condicionaba la respuesta positiva: quien quisiera un mejor servicio debía aceptar pagar más, aunque nada asegurara que los cambios se implementaran.

En el caso de Benito Juárez, detrás de la apariencia de participación democrática, surgieron denuncias de coerción laboral. Conductores de distintas empresas relataron a El Despertador de Quintana Roo que fueron obligados a participar, a llevar a sus familias, marcar la casilla del “sí”, tomarse fotografías y entregarlas como prueba.

Un operador de Turicun que acudió al domo de la Región 102 denunció:

“Nos dijeron que teníamos que votar por el ‘sí’, que lleváramos a la familia y tomáramos foto. Si no lo hacías, te descontaban el día o te ponían falta, pero si veníamos, nos cancelaban faltas o sanciones acumuladas”, explicó.

Estas prácticas no solo anulan la legitimidad de la consulta, sino que reflejan el control absoluto que ejercen las empresas sobre sus operadores, quienes carecen de representación sindical independiente y de protección laboral efectiva, una situación que el Imoveqroo parece permitir sin intervenir.

Incumplimiento sistemático en las concesiones 

El impulso por aumentar las tarifas del transporte público de Cancún no es casual: tiene un trasfondo económico y político evidente. Las concesiones otorgadas a las empresas vencen en aproximadamente cuatro años, y cualquier aumento previo les asegura mayores ingresos y una posición más sólida ante la eventual revisión o renovación de sus contratos.

Bajo el discurso de “modernizar” el sistema, los empresarios buscan proteger sus márgenes de ganancia sin asumir los costos reales de actualización tecnológica ni de mejora del servicio. Mientras tanto, el Imoveqroo centra su narrativa en la necesidad de “transformar el transporte”, ignorando que las mismas compañías que hoy piden más dinero han incumplido reiteradamente sus obligaciones.

El Reglamento Municipal de Transporte establece mecanismos claros para garantizar un servicio seguro y eficiente. El artículo 124 contempla hasta 28 causales para revocar una concesión, pero en Cancún al menos diez se incumplen de manera cotidiana: el servicio no es continuo ni seguro, las unidades circulan sin placas actualizadas ni seguros vigentes, se alteran rutas y horarios sin autorización, se suspenden servicios sin causa de fuerza mayor, los vehículos carecen del mantenimiento físico-mecánico obligatorio y no se respetan zonas de ascenso y descenso. Tampoco cuentan con gobernadores de velocidad, aire acondicionado, Internet ni rampas para personas con discapacidad.

A ello se suma el incumplimiento del artículo 195, que obliga a destinar al menos el 10% de los asientos para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. En la mayoría de las unidades, esta disposición simplemente no se cumple.

Pese a estas violaciones sistemáticas, no existe registro de sanciones efectivas, suspensiones de rutas ni procesos de revocación iniciados por el Ayuntamiento. Así, mientras las concesionarias buscan aumentar tarifas y consolidar ganancias, los usuarios siguen enfrentando un transporte deficiente, inseguro y excluyente, sin que nadie, hasta ahora, haya asumido la responsabilidad de hacer cumplir la ley.

Ampliación anticipada de concesiones, ejemplo de impunidad

En septiembre de 2018, durante los últimos días de la administración de Remberto Estrada, el Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez aprobó la extensión de las concesiones del transporte público urbano a las empresas Autocar, Turicun, Maya Caribe y Bonfil por un periodo de diez años más, aun cuando a las concesiones vigentes les restaban seis meses antes de expirar. La votación quedó en 12 a favor y cuatro en contra.

La decisión, tomada tras aplazarse la sesión en al menos dos ocasiones por falta de acuerdo, consolidó un modelo de transporte considerado obsoleto y escasamente regulado. Con esta ampliación, las mismas empresas seguirían operando hasta 2029, sin cambios significativos en rutas, tarifas o calidad del servicio, pese a las constantes quejas de los usuarios por retrasos, hacinamiento y unidades en mal estado.

Para críticos y ciudadanos, esta aprobación anticipada no solo perpetuó el dominio de un grupo reducido de concesionarios, sino que también evidenció la falta de voluntad política para transformar un sistema que, desde hace más de una década, arrastra problemas crónicos de eficiencia y seguridad.

Violaciones a las concesiones y abandono institucional

El Reglamento de Transporte Público de Pasajeros en Ruta Establecida del Municipio de Benito Juárez establece hasta 28 causales para revocar una concesión si las empresas no ofrecen un servicio continuo, seguro y eficiente. También contempla sanciones si operan vehículos sin registro o seguro, alteran rutas y horarios autorizados, o suspenden el servicio sin justificación.

En la práctica, estos incumplimientos se han vuelto la norma en Cancún. Los usuarios enfrentan a diario un transporte irregular, inseguro y sin supervisión, especialmente durante las lluvias, cuando amplias zonas de la ciudad quedan sin servicio. Las empresas justifican estas suspensiones como “medidas de seguridad”, pero no existe protocolo público ni autorización oficial que las respalde.

Entre las faltas más frecuentes se encuentran:

• Servicio irregular, inseguro y poco confiable.

• Unidades sin placas actualizadas ni seguros vigentes.

• Alteración de rutas y horarios sin autorización.

• Suspensiones arbitrarias del servicio, especialmente en días de lluvia.

• Falta de mantenimiento físico-mecánico de las unidades.

• Incumplimiento de zonas oficiales de ascenso y descenso.

• Ausencia de gobernadores de velocidad, aire acondicionado, internet y rampas para personas con discapacidad.

• No respetar el 10% de asientos para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas (artículo 195).

Pese a estas violaciones sistemáticas, no hay registro público de sanciones, suspensiones ni procesos de revocación por parte del Ayuntamiento o del Imoveqroo. Esto evidencia un abandono institucional que deja a los usuarios expuestos y consolida la impunidad de las concesionarias.

Imoveqroo, capturado por mafias del transporte 

El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) funciona más como un escudo de protección para las mafias del transporte y los sindicatos de taxistas que como una autoridad reguladora. En lugar de imponer orden, se ha convertido en cómplice de un sistema que privilegia los intereses económicos de unos cuantos sobre la seguridad y el bienestar de miles de usuarios.

En Cancún, el transporte público se mantiene secuestrado por un entramado de concesionarios y sindicatos que actúan con total impunidad. Las empresas Autocar, Turicun, Maya Caribe, Bonfil y Del Valle, junto con el poderoso gremio de taxistas, han consolidado un monopolio que impide cualquier intento de competencia o modernización. La falta de control y la permisividad del Imoveqroo han generado un servicio deficiente, caro y riesgoso.

Mientras en otras entidades se han implementado modelos de movilidad más seguros y eficientes, en Cancún las autoridades siguen sin resolver nada. Las plataformas digitales, que avanzan sin regulación clara, han aprovechado el vacío para captar a miles de usuarios cansados del mal servicio.

Las administraciones municipales tampoco han estado exentas de responsabilidad. Paul Carrillo de Cáceres, actual secretario estatal de Desarrollo Económico, cuando fungió como presidente municipal de Benito Juárez presumió que “mi ciudad ya no se inunda”, pero la realidad lo contradice: cada temporada de lluvias, las calles de Cancún colapsan y el transporte público se paraliza entre baches, anegaciones y rutas suspendidas.

Remberto Estrada Barba, por su parte, presentó como “avance” la instalación de paraderos en la avenida Tulum, entre las avenidas Uxmal y Chichén Itzá, pero la decisión resultó un error. Contra toda lógica, los colocó en los carriles centrales —que en todo el mundo son asignados para el tránsito a velocidades más rápidas, mientras que los carriles laterales se destinan a vía pública y paraderos—, obligando a los usuarios a cruzar sorteando autos y camiones. Lejos de mejorar la movilidad, estos paraderos se convirtieron en un riesgo para peatones, adultos mayores y estudiantes. A ello se suma un conflicto de interés: la familia del exalcalde está vinculada con la empresa Del Valle, una de las beneficiadas por las concesiones del transporte urbano.

Años después, los resultados son visibles: paraderos peligrosos, calles que siguen inundándose, camiones obsoletos y una autoridad sometida a los intereses de las mismas mafias. Cancún no carece de diagnósticos; carece de voluntad política para romper con un sistema diseñado para que nada cambie.

El gran ausente: la reingeniería del transporte

Mientras las autoridades insisten en justificar un nuevo aumento de tarifas, no existe un solo estudio técnico público que proponga una verdadera reingeniería del transporte en Cancún. Nadie ha presentado un plan integral que reorganice rutas, frecuencias, horarios ni la operación de los distintos modos de transporte.

El problema es estructural. La sobrepoblación de combis —vehículos pequeños que compiten con los autobuses en las mismas rutas— agrava la saturación vial y, de acuerdo con reportes de movilidad, son responsables de la mayoría de los accidentes de transporte público en la ciudad.

Especialistas coinciden en que el caos no se resolverá con más dinero, sino con un rediseño completo del modelo de operación: rutas planificadas según la demanda real, horarios predecibles, información en tiempo real para los usuarios y vigilancia efectiva para evitar abusos.

Sin embargo, ninguna de estas medidas aparece en la consulta promovida por el Imoveqroo, que se limita a plantear el incremento tarifario sin metas verificables, sin evaluación de resultados y sin mecanismos de rendición de cuentas.

A ello se suma la corrupción cotidiana: inspectores de movilidad cobran hasta diez pesos por unidad en los paraderos de El Crucero y Las Américas, una práctica tolerada durante años que perpetúa la impunidad del sistema.

Incluso en redes sociales surgen propuestas ciudadanas ante el vacío institucional. En TikTok, el usuario Luis Bautista Pinelo (@LuisBP) ha difundido CUNnecta, un proyecto alternativo para un nuevo sistema de transporte público en Cancún. Aunque su planteamiento resulta aún confuso, refleja la urgencia de repensar la movilidad desde la ciudadanía. El Despertador de Quintana Roo intentó contactarlo para profundizar en su propuesta, pero no fue posible obtener su versión antes del cierre de edición.

Polémica entrega del control del transporte público 

El Ayuntamiento de Benito Juárez anunció recientemente que transferirá el control de las concesiones del transporte público al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), una decisión que ha generado debate entre autoridades, expertos y usuarios.

El exalcalde de Cancún, Julián Ricalde Magaña, advirtió que la llegada de la empresa Transporte Terrestre Estatal (TTE) ya había modificado la dinámica del transporte colectivo en la ciudad, afectando a algunas compañías concesionarias. Ricalde subraya que entregar las facultades municipales a un ente estatal no resolverá por sí sola los problemas de movilidad que arrastra Cancún desde hace años.

Por su parte, la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, defendió la medida como parte de un trabajo coordinado con la gobernadora Mara Lezama, con el objetivo declarado de mejorar la calidad del servicio y atender el rezago histórico del transporte público. La alcaldesa puntualizó que cualquier ajuste a la tarifa dependerá de mejoras en unidades, rutas y atención a los usuarios.

Sin embargo, el diputado local Ricardo Velazco Rodríguez recordó que la ley establece que el transporte urbano es responsabilidad municipal y enfatizó que se requiere coordinación con el Estado sin perder la autonomía local. En este sentido, ya se han comenzado a entregar las licencias que ahora controla el Imoveqroo, un acto que, según críticos, podría violar el artículo 115 de la Constitución, que protege la autonomía de los municipios.

A esto se suma un grave problema de seguridad: el cobro de cuotas a los operadores por parte del crimen organizado continúa vigente. Taxistas que controlan ciertos sitios amenazan a compañeros, incluso utilizando láseres como forma de intimidación. Se han reportado amenazas a operadores de Autocar en la zona de Las Américas, y casos similares han ocurrido en Playa del Carmen.

El panorama de riesgo también incluye al transporte de carga: tráileres que ingresan a la ciudad deben pagar cuotas para circular a cualquier hora, incluyendo los de doble remolque, lo que evidencia que la extorsión y los cobros ilegales afectan tanto al transporte urbano como al de carga.

En conjunto, la transferencia del control al Imoveqroo, aunque presentada como una estrategia para mejorar el servicio, ocurre en un contexto donde la autonomía municipal, la seguridad de los operadores y la corrupción en el transporte siguen siendo preocupaciones centrales, dejando en duda si esta medida logrará los beneficios prometidos.

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Durante décadas, el transporte público en Cancún ha operado bajo un esquema que prioriza intereses empresariales y políticos por encima de la movilidad ciudadana. Las concesiones fueron otorgadas y ampliadas sin licitación pública, sin estudios técnicos y sin mecanismos efectivos de supervisión.

Los usuarios, en cambio, enfrentan diariamente un servicio irregular, costoso y peligroso, con la complacencia cómplice de las autoridades. La corrupción en los paraderos, el deterioro de las unidades y la ausencia de sanciones mantienen al sistema atrapado en un círculo de impunidad que parece no tener fin.

Especialistas coinciden en que solo un rediseño integral —basado en datos, control ciudadano y voluntad política real— podrá romper el monopolio que mantiene paralizada la movilidad en Cancún.

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Interrogantes sin respuesta

Además de las irregularidades de la consulta, surgen preguntas clave que el Instituto de Movilidad no ha aclarado:

• ¿Cuánto costó económicamente la consulta y quién pagó por ella?

• ¿Por qué tanta insistencia del Imoveqroo y su titular en realizarla, cuando la población enfrenta un servicio deficiente desde hace años?

•¿Qué garantías existen de que el aumento de tarifas se traduzca realmente en mejoras para los usuarios?

• ¿Por qué se diseñó una boleta que prácticamente condicionó a los ciudadanos a aprobar el aumento?

Estos cuestionamientos ponen en duda la transparencia y la verdadera intención detrás de la consulta, evidenciando que la “participación ciudadana” podría ser más un espectáculo que un instrumento de mejora real del transporte público en Cancún. Si no, basta revisar lo ocurrido con la consulta en contra de Aguakan, en la que la población de los cuatro municipios donde opera votó por el retiro de la concesión y, sin embargo, esto no se ha cumplido.

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Propuestas de El Despertador para mejorar el transporte público en Cancún

• Es urgente reorganizar las rutas urbanas y de la Zona Hotelera según la demanda real de pasajeros, estableciendo horarios predecibles que reduzcan la saturación y los tiempos de espera.

• Las unidades deben cumplir estándares de seguridad y comodidad: mantenimiento constante, aire acondicionado, internet, rampas para personas con discapacidad y gobernadores de velocidad obligatorios.

• Debe establecerse por ley la obligación de que todas las unidades del transporte público cuenten con gobernadores de velocidad que les impidan rebasar los límites permitidos, lo que evitaría decenas de accidentes que ocurren cada mes.

• Las empresas deben asumir plenamente las obligaciones establecidas en sus concesiones, con sanciones efectivas o revocación ante incumplimientos. La transparencia y un registro público de infracciones son indispensables.

• Los paraderos deben ubicarse en zonas seguras y se debe garantizar que al menos el 10% de los asientos esté destinado a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

• Las tarifas deben fijarse de manera clara y pública; los aumentos solo pueden aplicarse si se comprueba una mejora real en el servicio, evitando abusos o incrementos arbitrarios.

• Debe haber una participación ciudadana auténtica. Cualquier consulta debe permitir que los usuarios opinen libremente, sin condicionar la respuesta a un aumento de tarifas, y debe ser supervisada por organismos independientes para asegurar su legitimidad.

• Fortalecimiento institucional y respeto a la autonomía municipal. La coordinación con el Estado debe respetar la autonomía del Ayuntamiento, garantizando que la autoridad local supervise y regule efectivamente el transporte.

• Es esencial implementar sistemas digitales de información en tiempo real sobre rutas, horarios y disponibilidad de unidades, así como plataformas para reportar irregularidades, con el fin de ofrecer un transporte moderno y confiable.

• Se deben regular los vehículos pequeños que compiten con los autobuses, integrándolos al sistema bajo criterios de seguridad y eficiencia, para reducir accidentes y la saturación vial.