MÉXICO. Tres de cada diez funcionarios y exfuncionarios que buscan la candidatura de Morena para las gubernaturas que se renovarán en 2027 carecen de un patrimonio verificable, ya sea porque sus declaraciones no están disponibles, reportaron no tener bienes o decidieron mantener reservada esa información, de acuerdo con un análisis sobre los perfiles inscritos en el proceso interno del partido.
Un estudio realizado por el diario El Universal revisó la trayectoria y las declaraciones patrimoniales de 111 aspirantes con antecedentes en el servicio público cuya identidad pudo corroborarse. De ellos, 38 no cuentan con un registro patrimonial verificable. Morena informó que recibió 277 registros para las coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, aunque no hizo pública la lista completa, por lo que únicamente fue posible identificar y revisar a 120 participantes.
Entre los perfiles analizados, 73 mantienen declaraciones patrimoniales accesibles; 24 manifestaron no poseer bienes inmuebles o muebles; en 10 casos no fue posible localizar declaraciones públicas y cuatro rechazaron autorizar la difusión de esa información. La excomisionada del extinto Inai, Julieta del Río Venegas, recordó que “la Ley General de Transparencia aplica para todos”, al sostener que los servidores públicos están obligados a publicar versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales.
El análisis también identificó al menos 17 aspirantes con antecedentes de investigaciones, denuncias o señalamientos por presunta corrupción, enriquecimiento ilícito, irregularidades administrativas o actos anticipados de campaña. Entre ellos aparecen la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero; la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el exdirector del Fonden, José María Tapia Franco; el exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros; la senadora Andrea Chávez y el diputado local Pablo Amílcar Sandoval.
Además, algunos expedientes incluyen investigaciones periodísticas sobre propiedades de alto valor, observaciones de órganos fiscalizadores, contratos públicos cuestionados y medidas cautelares por presuntos actos anticipados de campaña, aunque varios de esos procedimientos permanecen sin resolución definitiva.
Actualmente, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena revisa las solicitudes para descartar perfiles relacionados con nepotismo, antecedentes de corrupción, violencia política contra las mujeres o incumplimiento de obligaciones alimentarias. Tras esa depuración, el partido dejará un máximo de seis aspirantes por estado, quienes participarán en las encuestas que definirán las candidaturas para las 17 gubernaturas que estarán en disputa durante las elecciones de 2027. (Con información de Vanguardia)