En el noveno municipio de Quintana Roo, privilegiado estratégicamente con megaobras y recursos públicos federales mayores que en cualquier otro del país, a costa de violaciones a leyes ambientales y el agravamiento de problemas sociales, han sentado reales familiares y allegados al expresidente López Obrador; el relleno sanitario, otro negocio vinculado al Partido Verde
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE “EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO”
Bajo la administración del alcalde Diego Castañón Trejo, Tulum, privilegiado con la mayor inyección de obras y recursos públicos federales durante el pasado gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha caído en un grave desorden urbanístico que parece no tener freno, por la voracidad e intereses de grandes desarrollos –entre ellos, el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, dos hoteles y dos estaciones del Tren Maya, caso único entre los municipios de todo el país– y cárteles inmobiliarios que violan impunemente leyes y regulaciones, carentes de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) para sus proyectos, como muestras claras de una gestión municipal marcada por la complicidad, la omisión y la corrupción.
Ello, aunado a la falta de drenaje sanitario, de plantas de tratamiento de aguas residuales e incluso de un relleno sanitario que hoy se ve como un negocio y no como una solución a los problemas graves de recolección y disposición de la basura –servicio que ha sido puesto en manos de una empresa vinculada al Partido Verde, como en otros municipios de Quintana Roo–, poniendo en peligro al Gran Acuífero Maya, la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an y la salud pública de habitantes y turistas.
En septiembre del 2024, el Cabildo de Tulum aprobó a puerta cerrada un Programa de Desarrollo Urbano (PDU) que fue instrumentado y ajustado desde el centro del país para favorecer los intereses de la denominada “ex Familia Real” integrada por los López Obrador y los López Beltrán, junto a sus aliados como los Portilla y los Mollinedo, así como altos jefes militares y dirigentes del Partido Verde que hoy poseen muchos intereses en ese municipio, desde donde pretenden operar el proceso electoral del 2027 para quedarse con el estado, como ha sido su proyecto desde hace muchos años.
En ese contexto, el gobierno local también ha permitido la realización de fiestas “raves” en las que se reporta consumo de drogas, ruido extremo y descontrol, mientras la inseguridad crece a pasos agigantados, consolidando a Tulum como el epicentro del crimen organizado en Quintana Roo.
Antes de fungir como alcalde, el verde ecologista Diego Castañón Trejo, ahora considerado uno de los hombres más acaudalados de Tulum, ocupó el cargo de tesorero en la administración 2021-2024 liderada por Marciano Dzul Caamal, quien falleció en 2023, un hecho fortuito que le permitió asumir el 8 de marzo de ese año la presidencia municipal,
desde donde ha tejido una amplia red de corrupción dedicada al despojo de tierras, denominado por varios medios locales como “cártel del despojo”, como El Despertador de Quintana Roo también lo dio a conocer el 30 de marzo del 2024, en un amplio reportaje disponible en el siguiente link: https://eldespertadorqr.com/tulum-invasiones-y-despojos-con-proteccion-oficial/.
De hecho, en el año 2023 el titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo (Agepro), José Alonso Ovando, tras haber detectado la falsificación de títulos de propiedad en Tulum, confirmó la existencia de una mafia inmobiliaria conformada por exfuncionarios estatales y miembros del gobierno municipal, que subdividieron 179 hectáreas para su venta ilegal a precio de “oferta”. (https://grupopiramide.com.mx/noticias/escandalo-en-tulum-confirmo-la-agepro-la-mafia-inmobiliaria-que-opera-en-q-roo-y-que-denuncio-grupo-piramide/).
Al respecto, en los primeros días del presente año, el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, aseguró que los despojos denunciados en Tulum están siendo atendidos de manera puntual por la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales.
Tulum, municipio con la mayor inversión pública federal
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador eligió a Tulum como su principal apuesta para consolidar proyectos estratégicos, destinando recursos públicos mucho mayores que a cualquier otro municipio del país. Esto benefició, directa o indirectamente, a familiares, amigos y socios del expresidente.
Con el respaldo del gobierno local, encabezado por Diego Castañón Trejo, se otorgaron permisos para la construcción de diversas obras, muchas de ellas sin la autorización ambiental correspondiente ni los cambios de uso de suelo necesarios. Entre estas destacan dos hoteles operados por militares: el Gran Plaza Tulum, ubicado en las inmediaciones del Parque El Jaguar, y el Hotel Aeropuerto Tulum, inaugurado en diciembre pasado sin que se informara públicamente sobre su edificación.
Además, de manera insólita, el municipio cuenta con dos estaciones del Tren Maya: una en la zona urbana y otra junto al Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto”, considerado el proyecto insignia de la administración federal en la región.
Estas obras, calificadas por ambientalistas como altamente depredadoras, han causado graves afectaciones a la fauna local, porque muchos animales han quedado atrapados en medio de las moles de concreto y alambrado, como una parvada de pavos ocelados o “pavos de monte” que fue captada por la lente de El Despertador de Quintana Roo en la estación del Tren Maya en el Aeropuerto de Tulum, el cual todavía no logra cumplir el objetivo de incrementar la llegada de turistas a la zona centro y sur de la entidad, y las dos estaciones del Tren Maya lucen desiertas.
Debe destacarse que todas esas onerosas obras se construyeron con recursos públicos federales, haciendo de lado necesidades prioritarias con las que debería contar una ciudad en crecimiento disparado como Tulum, como el drenaje sanitario, un suministro de agua potable de mejor calidad, infraestructura vial adecuada, hospitales y universidades.
El nuevo emporio de la ex “Familia Real” y aliados
Los negocios de la ex “Familia Real” en torno a proyectos federales como el Tren Maya, hoteles y el Aeropuerto de Tulum no son nuevos, ya que todo parecía estar planeado para que el municipio de Tulum se convirtiera, a corto y mediano plazo, en el nuevo centro de poder de los nuevos terratenientes y millonarios de México. Entre ellos destacan nombres como los López Obrador, López Beltrán, Portilla y Mollinedo, quienes, según diversas investigaciones, han consolidado este dominio a costa de violaciones a leyes ambientales y el agravamiento de problemas sociales.
En septiembre de 2023, el portal informativo Latinus publicó un reportaje de la periodista Isabella González (https://latinus.us/mexico/2023/9/12/de-chofer-de-amlo-empresario-de-la-4t-los-negocios-de-la-familia-de-nico-con-el-tren-maya-96625.html), retomado también por El Despertador de Quintana Roo. El reportaje denunció que varias de las obras federales en Tulum fueron ubicadas estratégicamente para beneficiar a socios, amigos y familiares del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los beneficiarios señalados se encuentra la familia Mollinedo-Portilla, propietaria de un terreno de 645 mil metros cuadrados en el que opera un balneario bajo la empresa Preservación Ecológica Sac Actún S.A. de C.V. Este predio se ubica frente a una de las estaciones del Tren Maya.
Según información consultada por El Despertador de Quintana Roo en el portal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el dueño de la empresa es Nicolás Mollinedo Portilla, hijo de Nicolás “Nico” Mollinedo Bastar, quien fuera chofer de López Obrador cuando este fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Además, entre los accionistas figuran Samuel (regidor en el municipio de Benito Juárez) e Isaac René Mollinedo Portilla, quienes son hijos de Lydia Esther Portilla Manica, exesposa de “Nico” y hermana de Jorge Alberto Portilla Manica, actual regidor del Ayuntamiento de Tulum.
El reportaje revela que la extensión del terreno equivale a siete veces la zona arqueológica de Tulum y se acerca a la de Xcaret, uno de los complejos turísticos más importantes de México. Según la investigación, el terreno fue adquirido en octubre de 2018 mediante una donación de César Augusto Portilla Manica, tío de Nicolás, apenas dos meses después de que López Obrador anunciara la construcción del Tren Maya.
Otros propietarios de grandes extensiones de tierra en Tulum, incluidos desarrollos hoteleros en proceso, estarían vinculados a altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como a Andrés “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente, y personajes ligados directamente con Jorge Emilio González Martínez, conocido como “El Niño Verde”, jefe vitalicio del Partido Verde.
A esto se suma la existencia de una red integrada por abogados, notarios y funcionarios públicos a nivel municipal, estatal y federal, que forman parte del llamado “Cártel Inmobiliario”, dedicada al despojo de valiosos predios y la regularización de miles de hectáreas de terrenos nacionales en Tulum.
Una columna de abril del 2024 del periodista Darío Celis (https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2024/4/1/el-miedo-wal-mart-telcel-demanda-altan-590333.html) señala a Samuel Mollinedo, hijo de Nicolás Mollinedo y regidor en el municipio de Benito Juárez, por ostentarse como representante del empresario tabasqueño Amílcar Olán, íntimo amigo de “Andy” y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, para cobrar ‘derecho de piso’ a contratistas en los proyectos federales de Quintana Roo.
Otro “negocio verde”, tras el relleno sanitario de Tulum
Inicialmente, se anunció que la construcción del relleno sanitario de Tulum se ubicaría en un predio entre las comunidades de Macario Gómez y Francisco Uh May, y que los preparativos estarían a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esto se decidió tras el cierre del basurero que operó durante años cerca del ejido Pino Suárez, debido a su proximidad con el aeropuerto “Felipe Carrillo Puerto” y el riesgo que representaba la fauna nociva, como los zopilotes, para la seguridad de los vuelos. Ante esta situación, se acordó con el gobierno de Solidaridad disponer, mientras tanto, de los desechos en el basurero de Playa del Carmen.
En plena campaña electoral de 2024, donde Diego Castañón Trejo buscaba la reelección, el primer regidor en calidad de alcalde interino, David Manances Tah Balam, siguiendo instrucciones de Castañón, aprobó con el Cabildo celebrar un contrato de comodato por 15 años para un terreno de 10 hectáreas en la comunidad de Manuel Antonio Ay, que fue ofrecido a título gratuito por Ramiro Susunaga García, según lo estipulado en la Sexagésima Séptima Sesión Ordinaria del 10 de junio de 2024.
El equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo identificó a Susunaga García como representante de la firma “Protección Ambiental, Contenedores y Más S.A. de C.V.”, vinculada a Red Ambiental, ligada a su vez al Partido Verde y su líder Jorge Emilio González Martínez, empresa que ya tiene a su cargo la recolección de basura en Tulum, así como en Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad, donde también gestiona la disposición final de los desechos.
En su momento, el entonces regidor Carlos Adolfo Coral Basulto, quien votó en contra del contrato, denunció que el terreno “donado” al municipio se encuentra sobre cenotes y acuíferos subterráneos, lo que podría generar daños irreparables, incluso con las medidas de mitigación, como geomembranas. Además, pidió investigar al donante del predio, señalando posibles conflictos de interés, ya que el propietario podría beneficiarse al ser también el operador del relleno sanitario.
“En la celebración de este contrato expresé que esto no solucionaba de fondo el problema de Tulum con respecto a la basura, sino que solamente ponía un ‘curita’ a un problema sangrante y a mi entender está fuera de derecho, debido a que se celebra entre un particular y el Ayuntamiento respecto de un bien que no ha perdido su calidad de ejidal y por el cual el ejido no está formando parte alguna e incluso ni siquiera han sido tomados en cuenta”, afirmó Coral Basulto.
También cuestionó la intención del donante al preguntar: “¿Quién regala un bien sin esperar algo a cambio?”, sugiriendo que todo se trata de un negocio encubierto a costa de los habitantes de Tulum.
Incertidumbre en Manuel Antonio Ay por el basurero
Pese a que no quiso hablar a fondo por temor a represalias, el subdelegado de la comunidad Manuel Antonio Ay, Josué Canché Bello, accedió a una breve entrevista en sus oficinas con el equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo. Canché Bello explicó que asumió su cargo apenas en diciembre, pero lo que le han dicho es que el tema del relleno sanitario “viene desde arriba”.
“Yo no tengo mucha información, pero como ustedes saben, en junio del año pasado la comunidad hizo una manifestación y hasta se cerró la carretera para exigir una explicación en torno al relleno sanitario que van a construir en un predio de 10 hectáreas”, comentó.
E insistió: “la gente no está del todo contenta, pero hay un acuerdo y al parecer sí se hará el basurero; no tengo información exacta, la poca información que tenemos es en el aspecto de que luego se va a inaugurar, pero no tenemos una fecha exacta, puede ser este año o el 2026, no lo sabemos”.
Sostuvo que “cada quién tiene su opinión respecto a este tema, y nada de esto tiene que ver con las instituciones, es algo que tiene que ver de más arriba, con gobernación (sic)”.
Canché Bello reveló también que otra persona involucrada en el proyecto del relleno sanitario es el señor Alberto Refugio Pacheco, de quien se pudo investigar que hace algunos años adquirió algunos derechos ejidales y ha estado comprando terrenos en Manuel Antonio Ay.
A pregunta concreta sobre el tema de posibles afectaciones ambientales, consideró que las habrá “sin duda: está el manto acuífero y el predio muy cerca de la población, a tres o cuatro kilómetros sobre la carretera y unos cuatro más hacia adentro en una brecha”.
“PDU, impuesto desde el centro del país”
Uno de los problemas recurrentes respecto al tema del crecimiento de Tulum ha sido la carencia de un Programa de Desarrollo Urbano (PDU) y aunque el cabildo aprobó uno en septiembre del año pasado, ha generado controversia entre grupos ambientalistas y sectores empresariales, quienes han expresado su preocupación por la falta de consultas públicas adecuadas.
Al respecto, el expresidente del Colegio de Ingenieros de Tulum, Manuel Fernando Aznar Pavón, en entrevista con El Despertador de Quintana Roo, refirió que no se tomó en cuenta a la población.
“Hablando del PDU, es un plan impuesto desde el centro del país, hay una Ley de Asentamientos Urbanos en donde hay un procedimiento para poder llevar a cabo estos Planes de Desarrollo Urbano y no se cumplió, no le preguntaron a la ciudadanía si lo querían o no y no le pidieron su opinión; a la opinión pública salió dos días, teniendo que haber sido durante 15 por lo menos y entonces hubo muchas irregularidades”, detalló.
Si bien destacó que este PDU entra en vigor hasta marzo, ya existen varios amparos que están en proceso en juzgados federales, pues, insistió: “Fueron muchas irregularidades, estuvo mal tanto el procedimiento como el contenido, hay muchos errores”.
Entre ellos mencionó la incorporación de playas al plan, que forman parte del POEL (Programa de Ordenamiento Ecológico Local) y deberían ser consideradas como UGA (Unidades de Gestión Ambiental); además, no se respetó la traza urbana correcta, explicó.
“No le dieron oportunidad a la ciudadanía, ni al mismo comité, de revisar el contenido de ese instrumento, pues llegaron (los miembros del Cabildo), se sentaron y dijeron ‘señores, vamos a votar’ y listo”, lamentó.
Ayuntamiento de Tulum se luce en violar la Ley: DMAS
En ese contexto, El Despertador de Quintana Roo buscó a la representante legal de la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), Antonella Vázquez Cavedon, quien explicó que el Primer Tribunal Colegiado admitió la suspensión provisional contra el Programa de Desarrollo Urbano de Tulum por no permitir la participación ciudadana en el diseño de ese instrumento de planeación de largo plazo.
“Nuestra demanda de amparo contra esta violación a la Constitución ya fue admitida, pues hay que recordar que el 12 de septiembre pasado los regidores sesionaron a puerta cerrada aun sin dar a conocer el motivo y presentaron el PDU y anunciaron que a partir del 13 y hasta el 17 del mismo mes se llevaría a cabo la consulta ciudadana; es decir, sólo habría dos días hábiles para consultar el documento”, detalló la abogada.
Sin embargo, en otros municipios el plazo para realizar consultas y emitir opiniones ha sido de hasta tres semanas, como es el caso de la convocatoria en Mahahual de la Consulta Pública del Proyecto de Desarrollo Urbano del Centro de Población, que estuvo disponible del 21 de noviembre al 12 de diciembre.
Falta de drenaje, una bomba de tiempo
El ingeniero Manuel Fernando Aznar Pavón, expresidente del Colegio de Ingenieros de Tulum, advirtió que la ausencia de un drenaje sanitario en el municipio representa un riesgo ambiental significativo, calificándolo como una “bomba de tiempo” debido a la contaminación del manto acuífero.
“El drenaje es muy costoso porque no se hizo desde un principio, a pesar de que a todos los desarrolladores la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) les cobra una cantidad fuerte por concepto de litros por segundo; además, en nuestras casas pagamos drenaje sin tenerlo y lamentablemente todo ese dinero se lo lleva la paraestatal que presta el servicio”, comentó.
Aznar Pavón cuestionó la falta de transparencia en las inversiones de la CAPA: “¿Dónde están las inversiones que deberían hacerse en Tulum? No las hacen y se llevan todo el dinero, que son cantidades millonarias”.
El ingeniero destacó que, dado que Tulum es una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional en México y América Latina en la última década, es urgente implementar soluciones para el manejo de aguas residuales, como plantas de tratamiento o fosas sépticas diseñadas conforme a las normas ambientales.
Sin embargo, subrayó la necesidad de contar primero con un departamento químico-biológico a nivel municipal o estatal para supervisar el funcionamiento de las plantas de tratamiento, las fosas sépticas y los biodigestores.
“Una planta de tratamiento necesita servicios, un programa de mantenimiento al igual que las fosas o equipos de biodigestores, pero lamentablemente ningún municipio tiene un departamento que haga esa labor y el problema es mayor en ciudades como Tulum, en donde el suelo es kárstico y todo se va al subsuelo y posteriormente al manto acuífero”, explicó.
Finalmente, Aznar Pavón destacó la importancia de establecer un Instituto de Planeación Municipal (Implan) en Tulum, pues ello permitiría que un comité especializado tome decisiones informadas sobre la revisión de programas y proyectos. Es una medida esencial para planificar el desarrollo urbano de manera sostenible, concluyó.
Protegen inversiones de la “exFamilia Real”
De acuerdo con el portal La Silla Rota, el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. (GAFSACOMM), adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), adjudicó el pasado 30 de diciembre de 2024 un contrato por 279 millones 400 mil pesos a Seguros Inbursa, S.A. del Grupo Financiero Inbursa, propiedad del empresario Carlos Slim Helú.
Conforme al acta de la licitación pública nacional electrónica número “LA-07-HOC-007H0C999-N-2-2025”, el contrato es para el “Servicio de aseguramiento de bienes patrimoniales del GAFSACOMM (aeropuertos e hidrocarburos)”.
Se destaca que Seguros Inbursa se encuentra obligado a cumplir con la prestación del servicio en específico en el Tren Maya y el Aeropuerto de Tulum a partir de las 00:00 horas del 1 enero de 2025, y hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre 2025. (https://lasillarota.com/nacion/2025/1/8/ejercito-da-mega-contrato-sin-licitacion-slim-para-tren-maya-aeropuerto-de-tulum-517531.html).
Diego Castañón, populismo y falta de resultados
Desde su llegada a la presidencia municipal, Diego Castañón Trejo ha sido señalado por su populismo, oportunismo y falta de resultados.
En agosto de 2023, un video mostró a Castañón quitándose la camisa para presuntamente “ayudar” a una persona con discapacidad, tendida sobre un colchón en el interior de una vivienda precaria. La acción, que buscaba generar empatía, desató en cambio burlas y críticas en redes sociales, al grado que el video fue eliminado de sus plataformas oficiales, aunque sigue disponible en publicaciones de diversos portales, como esta: https://twitter.com/MegaNews_MX/status/1687202563865948160.
Otro incidente ocurrió en enero de 2024, cuando plagió un mensaje motivacional del entrenador de alto rendimiento Rodrigo Garduño, respecto a promover la práctica del deporte, en donde literalmente repitió palabra por palabra un video publicado meses atrás por el influencer, residente en Miami. Nuevamente, tras la andanada de críticas al ser descubierto y la advertencia de que podría enfrentar problemas legales, ordenó bajar de sus cuentas la publicación. Sin embargo, la prueba del plagio permanece en redes sociales: https://fb.watch/q_DTFO76lK/.
La frivolización de las acciones de gobierno, como en los hechos anteriormente citados, ha sido privilegiada por Castañón Trejo quien, ante su falta de tablas, en lugar de atender las numerosas problemáticas que enfrenta el municipio, como las calles en mal estado, tanto en la zona urbana como en la zona hotelera, que carece de accesos libres a las playas, como es el caso de Punta Piedra, donde las personas que acuden tienen que sortear una cerca de piedras y alambres para acceder a los arenales.
