Detrás del boom turístico de Quintana Roo se esconde una estructura de poder basada en privilegios y corrupción: la industria más lucrativa del país, copada por exclusivos grupos y personajes, entre empresarios, políticos, militares y el crimen organizado, que se reparten el negocio
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO
Quintana Roo, uno de los destinos turísticos más cotizados del mundo, paraíso de sol, playa y naturaleza, se ha convertido en un gran botín de capitales privados. Amparados por la falta de transparencia y la permisividad de las autoridades, empresarios, grupos políticos y redes de lavado de dinero han transformado la región en un terreno fértil para la especulación financiera y la explotación indiscriminada de sus recursos.
Desde Cancún hasta Tulum, pasando por Costa Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen, el turismo es una próspera industria transformada en una auténtica mina de oro para unos cuantos intereses.
Tan solo en 2024, la entidad recibió más de 21 millones de turistas y generó una derrama económica de 20 mil millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo estatal. Esto posiciona a Quintana Roo como el destino turístico más importante del país, al concentrar más del 44 % de los visitantes extranjeros que llegan a México.
Por esta razón existe una ambición desbordada, en la cual lo que está en disputa no es el bienestar social ni el desarrollo sustentable: lo que realmente se pelean desde hace varios años los empresarios, mediante estrategias legales e ilegales, es la derrama que deja el turismo, convertido ya en la industria más lucrativa del país por las millones de ganancias que genera.
El presente análisis del Equipo de Investigación de El Despertador de Quintana Roo plantea que el turismo en la entidad está dividido entre tres grandes vehículos extractivos.
El primero de ellos, los gobiernos y partidos políticos, que otorgan permisos, expropian tierras y modifican usos de suelo para beneficiar a sus aliados económicos, es decir, a los grandes empresarios, propietarios de cadenas hoteleras, parques temáticos, desarrollos inmobiliarios, casinos, restaurantes, entre otros.
El segundo: el crimen organizado, que controla el trasiego de drogas, el cobro de piso, la trata de personas y opera redes paralelas al negocio formal del turismo, como bares y centros nocturnos.
Y, en tercer lugar, las fuerzas armadas, que, bajo el mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador, construyeron hoteles, aeropuertos y estaciones del Tren Maya sin rendir cuentas a la ciudadanía, convirtiendo a Tulum en el epicentro de los grandes intereses económicos.
Esta tríada no compite por ideologías ni por votos. Lo que se disputa aquí es quién controla la riqueza turística. Un negocio en el que cada centímetro cuadrado se mide en dólares, no en bienestar; en el que cada elección se convierte en una subasta, no en una decisión democrática.
El botín ya no es el petróleo ni el oro. El nuevo oro mexicano es el turismo. Y Tulum, con todo su esplendor natural, ha sido secuestrado por una guerra entre capitales que poco tiene que ver con el desarrollo, y mucho con la ambición desmedida.
De hecho, nadie defiende lo que sucede. Por ejemplo, los exgobernadores de Quintana Roo se han limitado a cuidar sus privilegios y zonas de influencia, sin tomar partido ni alzar la voz. Tal es el caso de Félix González Canto, quien, apenas asistió a un evento político, comenzó a ser exhibido y atacado en redes sociales.
Es, también, el gran reto que enfrenta el actual gobierno de Mara Lezama, que en su lucha por más justicia social está enfrentando el asedio en las redes sociales.
Quintana Roo: el paraíso fiscal del Caribe mexicano
Conceptos como “la gran lavadora”, “cuna del lavado de dinero” o “el paraíso fiscal del Caribe mexicano” no son meras exageraciones, sino descripciones cada vez más frecuentes entre analistas y medios especializados.
Un informe del Financial Action Task Force (FATF) —organismo internacional encargado de combatir el lavado de dinero— ha señalado que México, y en particular sus zonas turísticas, son altamente vulnerables a la infiltración de capitales ilícitos. Esto se debe a la gran circulación de efectivo, la falta de controles en sectores como el inmobiliario, el entretenimiento y la hotelería, así como a la limitada capacidad de fiscalización de las autoridades locales. El documento puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.fatf-gafi.org/.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debería tener identificados los flujos de capital que circulan en la región; sin embargo, la realidad apunta a una profunda opacidad. Las empresas facturan millones de pesos en actividades cuyo origen y destino no son claros, mientras operadores conocidos como “factureros” mueven dinero a paraísos fiscales como Panamá o Andorra. A través de esquemas complejos y redes de prestanombres, ese capital ilícito termina financiando campañas políticas, sobornando jueces y comprando voluntades en los tres niveles de gobierno.
En Cancún y Tulum, por ejemplo, se observa un crecimiento desproporcionado de bares, restaurantes y desarrollos inmobiliarios de lujo que operan con márgenes inexplicablemente altos. La relación simbiótica entre empresarios, políticos y crimen organizado ha generado un entorno donde reina la impunidad, y donde las instituciones parecen más comprometidas con proteger intereses privados que con fiscalizar o rendir cuentas.
Un caso reciente que ha generado suspicacias es el concierto del artista británico Sting en Tulum, sin costo para los asistentes, programado para el próximo 17 de mayo en el marco de la primera edición del Mexican Caribbean Music Fest, promovido por el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), con el argumento de que la gratuidad del evento será compensada con el incremento de la ocupación turística durante tres días, por lo menos. Llama la atención la ausencia de información pública sobre su financiamiento. Sting cobra entre 1 y 1.5 millones de libras esterlinas por presentación, es decir, unos 39 millones de pesos mexicanos. ¿De dónde proviene ese dinero? Nadie ha explicado si se trata de recursos públicos o de aportaciones privadas, lo que abre las especulaciones sobre un posible uso del evento para legitimar operaciones financieras de dudosa procedencia.
Tulum, la guerra por el oro del Caribe mexicano
Tulum se ha convertido en el centro geográfico de los grandes intereses económicos. Es el polo turístico que más dinero genera, lo que lo convierte en un objetivo codiciado. Los militares, con su hotel, su aeropuerto, su estación del Tren Maya y sus proyectos construidos a espaldas de los ciudadanos, están dejando su huella.
Detrás de estos intereses se encuentran varios actores poderosos. La Secretaría de la Defensa Nacional no actúa sola; cuenta con el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien le otorgó concesiones y órdenes para intervenir en este sector. Es probable que grupos delictivos también estén involucrados en estos intereses. Por otro lado, detrás de partidos políticos como el Verde, están familias como los González Martínez y González Torres, quienes poseen casinos y cientos de farmacias en todo el estado.
Recientemente se expropiaron más terrenos para el Tren Maya, pero estas decisiones responden, en gran medida, a intereses ocultos tras las grandes inversiones.
Finalmente, detrás de Morena se encuentran los López Beltrán —la “Familia Real”— y sus allegados, quienes también parecen tener participación en estos procesos. Tulum, hoy en día, se ubica en el epicentro de todos estos intereses.
En este contexto, la lucha por Tulum —donde la tierra se ha vuelto más valiosa que en cualquier otra parte del país, al punto que un solo terreno puede costar lo mismo que un pueblo entero en otra entidad— no es simplemente una disputa por la democracia o el bienestar social, sino una batalla por el control de los recursos y el dinero. La “Familia Real” y otras élites económicas están inmersas en una feroz competencia por apropiarse de una de las zonas más codiciadas del estado, mientras la población local observa cómo un modelo de desarrollo parece priorizar los intereses de unos pocos por encima de los de la mayoría.
Conquista sin galeones: la expansión del capital español
Desde 1974, cuando Cancún comenzaba a consolidarse como proyecto turístico del Estado mexicano, grupos hoteleros españoles vieron una oportunidad de negocio en sus playas vírgenes. Pero no fue sino hasta mediados de los años ochenta, y sobre todo a partir de 2005, que esa presencia se convirtió en una auténtica dominación territorial y económica.
Durante el mandato de Félix González Canto, la inversión ibérica creció en Quintana Roo; lo que muchos no saben es que detrás del “todo incluido” y los resorts de lujo se esconde una historia de colonización moderna protagonizada por los grandes grupos hoteleros españoles. Se estima que seis de cada diez habitaciones hoteleras en el Caribe mexicano pertenecen hoy a familias españolas.
Como nuevos piratas del Caribe, estos conglomerados han conquistado las costas de Cancún y la Riviera Maya, apropiándose de territorios, recursos y beneficios con la venia de los gobiernos locales.
Empresarios como Gabriel Escarrer (Sol Meliá), Simón Barceló (Grupo Barceló), Carmen Riu (RIU), Pablo Piñero (QEPD, de Bahía Príncipe), Miguel Fluxá (Iberostar), Abel Matutes Juan (Fiesta y Palladium), Juan Llull (Hipotels), José Codolá (Valentín Hotels), los hermanos Manuel y Guillermo Vallet (Catalonia en Costa Mujeres), José Cabrera (QEPD, de Princess), Joaquín Janer y Jamal Iglesias (Blue Bay), y Pedro Pueyo Toldrá (QEPD, de la cadena Oasis), entre otros, pactaron desde 2005 con las autoridades de Quintana Roo mecanismos para aumentar sus inversiones en el Caribe a cambio de incentivos fiscales, flexibilidad laboral y acceso a terrenos privilegiados.
Desde entonces, las marcas españolas han dominado la región con un modelo que, según expertos, ya no es legal ni racional. De acuerdo con lo expuesto por el investigador Alfonso de Jesús Jiménez Martínez en su tesis de doctorado en geografía por la UNAM Cadenas hoteleras, estrategias y territorio en el Caribe mexicano, estas firmas son solo máscaras que encubren redes corporativas dedicadas al saqueo sistemático de la economía local. Las ganancias se transfieren directamente a cuentas en España gracias a sistemas de reservación en línea que evitan la intermediación mexicana. El turismo de ensueño es, en realidad, un negocio opaco y concentrado.
La expansión no solo ha tenido un impacto económico. Para construir los monumentales resorts que bordean la zona hotelera de Cancún y el corredor de la Riviera Maya, miles de trabajadores fueron traídos desde estados como Chiapas o Tabasco, sin contrato formal ni seguridad social. Hoy, mientras una noche en estos complejos puede costar hasta 500 dólares, muchos de esos empleados viven en condiciones precarias.
Además del despojo laboral, las cadenas españolas han transformado radicalmente el territorio: selvas taladas, cenotes contaminados, manglares destruidos.
Todo esto en nombre de un “desarrollo turístico” que no beneficia a las comunidades locales ni respeta el entorno natural, como señala el investigador Joan Buades en su libro Do not disturb Barceló.
Turismo y desigualdad: el gran dilema
El contraste entre los lujosos resorts y las colonias marginadas que crecen a su sombra es cada vez más evidente. Según el informe anual de la Secretaría del Bienestar federal sobre la situación de pobreza y rezago social de 2023, más de la mitad de la población del estado vivía en condiciones de pobreza, una cifra alarmante si se considera que la entidad genera miles de millones de pesos anuales gracias al turismo.
Este fenómeno evidencia una profunda concentración de la riqueza: mientras un reducido grupo de empresarios, muchos ligados al sector hotelero y comercial, acumula fortunas millonarias, la mayoría de los trabajadores apenas sobrevive.
Meseros, camaristas, albañiles, guías turísticos y vendedores ambulantes sostienen con su esfuerzo la maquinaria turística, pero viven en zonas con viviendas precarias, sufren inseguridad cotidiana y enfrentan la falta de servicios públicos básicos como agua potable, recolección de basura y transporte digno.
Lejos de promover una redistribución más equitativa de la riqueza, el modelo turístico de Quintana Roo ha sido secuestrado por intereses económicos y políticos que se retroalimentan. Los mismos empresarios que se benefician del turismo financian campañas políticas, influyen en la toma de decisiones gubernamentales y obtienen permisos y concesiones para expandirse, muchas veces a costa del medio ambiente y de las comunidades locales.
Así, el turismo deja de ser una oportunidad para el desarrollo y se ha convertido en un botín que pocos reparten y muchos padecen.
Los dueños del paraíso
Hoy en día, los verdaderos dueños de Quintana Roo no son sus ciudadanos ni sus autoridades locales, sino un reducido grupo de participantes, entre empresarios, políticos, familias adineradas y, más recientemente, actores vinculados a la Defensa Nacional. Este pequeño círculo de poder ha convertido al estado en un terreno fértil para sus intereses económicos y estratégicos.
El control de Quintana Roo ha desencadenado una era de impunidad, donde los intereses económicos priman sobre el bienestar social y la protección del medio ambiente. Entre los nombres más influyentes de esta red de poder se encuentra Ricardo Antonio Vega Serrador, conocido como el “Zar de la Gasolina”. A través de su empresa, CorpoGas, ha consolidado un imperio de estaciones de servicio que no solo domina Quintana Roo, sino también gran parte del sureste mexicano. Su poder se ha fortalecido gracias al apoyo de exgobernadores como Félix González Canto, quien le permitió adquirir tierras a precios bajos y operar en una zona gris de la legalidad, como lo demuestra el caso de la gasolinera Isla Isabel en Cancún, que violó diversas normativas ambientales.
Quintana Roo, lejos de ser simplemente un destino turístico, se ha convertido en un tablero de ajedrez donde las comunidades locales son peones y los verdaderos poderosos —empresarios, políticos y actores militares— son los reyes. Los grandes capitales no solo manipulan a los gobiernos para apoderarse de los recursos del turismo, sino que también se vinculan con grupos del narcotráfico que controlan actividades ilícitas como el cobro de derecho de piso, el tráfico de drogas y la trata de personas a nivel local.
Mientras el discurso oficial alaba el desarrollo y el progreso en Quintana Roo, en la práctica, un puñado de familias y empresarios concentra el control económico, turístico y territorial del estado. Ellos son quienes mueven los hilos detrás del paraíso caribeño, operando en la sombra como los verdaderos dueños del destino.
Lo que estamos viendo en Quintana Roo no es una lucha entre partidos, sino entre intereses económicos.
El Partido Verde juega con todos los bandos
Detrás de estos intereses hay nombres y apellidos. El Partido Verde, convertido en un operador financiero disfrazado de partido político, ha invertido cifras multimillonarias en cada proceso electoral porque sabe lo que está en juego: la rentabilidad del Caribe mexicano.
Su perpetuo líder de facto, Jorge Emilio González Martínez (el “Niño Verde”), ha adquirido condominios en zonas residenciales de alta plusvalía, así como casinos como el Macao —negocio que, si bien no está legalmente permitido, sí lo está políticamente—, ubicado en la zona hotelera de Cancún. Su familia, los González Torres, posee cientos de farmacias y negocios vinculados al turismo. No se trata de partidos, sino de intereses extractivos.
Comenzaron primero con el Partido Acción Nacional (PAN), luego con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ahora con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Los intereses detrás de Morena tampoco se quedan atrás: los López Beltrán y sus amistades cercanas, como los Mollinedo, tienen influencia directa en la región, particularmente en Tulum. Y detrás de ellos, la sospecha de vínculos con grupos delictivos se mantiene latente.
Hoy, Tulum es el símbolo de lo que ocurre en Quintana Roo. Aquí convergen los intereses del poder militar, el narcotráfico, los partidos políticos, las inmobiliarias y los capitales extranjeros.
En este municipio, los terrenos valen más que en cualquier otra parte del país, y cada metro cuadrado representa millones de dólares en potencial turístico.
Aquí también se ha configurado una nueva aristocracia: la llamada “Familia Real”, entre cuyos miembros figuran los López Beltrán y los Mollinedo, así como otros nombres ligados al poder económico y político. No luchan por democracia; luchan por territorio, ganancias y control.
En Quintana Roo, las elecciones dejaron de ser una contienda de propuestas para convertirse en una disputa por el control del botín turístico. Quien gana una elección, se queda con el derecho de operar el negocio del Caribe.
El Partido Verde, con su poder económico y su red de negocios —desde casinos hasta condominios en zonas exclusivas—, es apenas una de las máscaras. Detrás hay familias poderosas, nombres intocables y estructuras que operan como una mafia disfrazada de legalidad.
Esto explica por qué los “verdes” inyectan tanto dinero a las campañas, por qué Morena protege sus intereses y por qué otros partidos simplemente se alinean con el capital dominante, tal como lo hicieron durante años el PRI y el PAN.
Las instituciones han sido rebasadas. Las decisiones se toman lejos del interés ciudadano. Las comunidades locales han sido desplazadas, ignoradas y despojadas.
Algunos empresarios que colonizan el paraíso
- Familia Zozaya (AMResorts): Dueños de múltiples propiedades en Cancún, la Riviera Maya y Cozumel, con ambiciosos planes de expansión que consolidan su presencia como uno de los gigantes del hospedaje todo incluido.
- Familia Azcárraga (Grupo Posadas): Operan cadenas como Live Aqua, Fiesta Americana y Fiesta Inn. Planean abrir 32 nuevos hoteles antes de 2028, sumando más de 4,400 habitaciones.
- Familia Chapur (Grupo Palace Resorts): Con 7,700 habitaciones en Cancún y la Riviera Maya, y propiedades en Punta Cana, República Dominicana, también son dueños del Hard Rock Café. Una familia hotelera con tentáculos globales.
- Familia Cosío (Grupo Brisas): Su joya es el Hotel Nizuc, valuado en 170 millones de dólares, emblema del turismo de lujo.
- Familia Vela (Grupo Velas): Se posicionan como el grupo hotelero más lujoso de América Latina, con inversiones cercanas a los 2,000 millones de dólares.
- Carlos Berdegué Sacristán (El Cid Resorts): Posee propiedades estratégicas en Cozumel y Puerto Morelos.
- Miguel Quintana Pali (Experiencias Xcaret): Más allá de los parques temáticos, controla una de las ofertas turísticas más influyentes, con millones de visitantes al año, expansión constante y ferris que cruzan de Cancún a Isla Mujeres y de Playa del Carmen a Cozumel.
- Fernando Chico Pardo: Dueño del Aeropuerto Internacional de Cancún y del de Cozumel, a través del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR). Durante el sexenio de AMLO, su fortuna creció 220 %, alcanzando los 2,800 millones de dólares. Hoy figura entre los 10 hombres más ricos de México.
- Jorge Eduardo Ballesteros: Propietario de Aguakan, controvertida concesionaria denunciada por abusos, cortes y falta de transparencia en el manejo del agua, drenaje y alcantarillado en Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos y Playa del Carmen. Representa un ejemplo de la paradoja mexicana: opera empresas en quiebra, pero es un empresario multimillonario.
- Familia Joaquín (Cozumel): Históricos terratenientes y figuras clave en la política. Controlan tierras, influencias y cargos públicos.
- Jorge Emilio González Martínez (Niño Verde): Conocido por su historial político con el Partido Verde, tiene intereses en casinos, edificios, franquicias y desarrollos turísticos. Representa una fusión entre política y negocios que ejemplifica el modelo de poder en Quintana Roo, y ya se perfila para contender por el control del estado en las elecciones de 2027.
- Ricardo Salinas Pliego: Uno de los hombres más ricos del país, posee terrenos en la zona hotelera de Cancún, así como bancos y tiendas Elektra en todo el estado.
- Radio Fórmula y Banco Multiva: Su presencia va más allá de los medios. A través de decenas de sucursales bancarias, consolidan también el control financiero en la región.
- Familia Hank Rhon (Grupo Hermes): Propietarios del exclusivo desarrollo Playa Mujeres en Cancún. Carlos Hank Rhon, con una fortuna de 1,400 millones de dólares, ha enfrentado denuncias por adeudos millonarios en la construcción de sus hoteles.
- Los López Beltrán (hijos de AMLO): Controlan la política local a través de Morena. Su influencia se extiende a la apropiación de cientos de hectáreas en diversos puntos del estado, consolidando una nueva clase empresarial-política que se enriquece bajo el discurso de transformación.
- Familia Mollinedo: Poseen extensiones significativas de tierra en Tulum. Su poder territorial crece mientras la región enfrenta una feroz especulación inmobiliaria y una crisis ambiental sin freno.
- Familia Zambrano (Grupo Cemex): Dueños del gigante cementero, su influencia abarca el desarrollo urbano, infraestructura y acaparamiento de tierra. Son actores clave en el crecimiento desmedido de la región.
- Ricardo Vega Serrador (zar de las gasolinas): Empresario que controla gran parte de las estaciones de servicio en el estado. Su dominio del combustible lo convierte en un actor central en la economía local, desde el turismo hasta el transporte.
- Rafael Nadal (extenista profesional): En 2013 invirtió 14 millones de dólares en la renovación de los hoteles Secrets Aura y Sunscape Sabor del Grupo AMResorts, en Cozumel. En 2018 inauguró el Rafa Nadal Tennis Centre en Costa Mujeres, en colaboración con Palladium Hotel Group.