ROBERTO HERNÁNDEZ GUERRA
En el momento en que Andrés Manuel López Obrador, como presidente electo, expresó la frase “perdón, no olvido”, fue cuestionado por sus adversarios y también por algunos de sus simpatizantes; estos últimos exigiendo una actuación más severa en contra de los depredadores del pasado reciente. El político tabasqueño insistió en que lo importante era ponerle “punto final” a la historia de corrupción e impunidad y que se acabara con la política impopular y entreguista para comenzar una etapa nueva. Señalaba que lo importante es que hacia adelante no haya perdón para ningún corrupto. Para rubricar sus palabras agregaba que no era su fuerte la venganza.
A poco más de dos años de manifestada esta oferta de “amnistía”, nos enteramos por los medios de información de diversas denuncias en contra de funcionarios del pasado por presuntos actos de corrupción. Largo y prolijo sería enumerar estos casos pues día con día van apareciendo nombres que se añaden a la lista. La pregunta pertinente es en qué ha parado la oferta de perdón y pensamos que la mejor explicación la podemos encontrar en una antigua historia de piratas que narraremos a continuación.
Durante un período aproximado de doce años, de 1706 a 1718, en el territorio de Nasáu, archipiélago de las Bahamas, operó una base de los piratas caribeños en que hallaban refugio y centro de aprovisionamiento. Esta república pirata, como fue llamada, era autogobernada mediante un Código de Conducta establecido por los propios hombres del mar. Cabe señalar que la que había sido una posesión inglesa, a consecuencia del ataque de una flota franco-española había quedado fuera del control de la Corona, quedando en manos de corsarios, filibusteros y piratas de diversas nacionalidades que diversificaron sus actividades. De tener como objetivo robar el oro de los galeones españoles, riqueza que a su vez había sido sustraído de los virreinatos de América, los “ciudadanos” de la república pirata abrieron “nuevos mercados”, como dirían nuestros economistas neoliberales.
Resulta que la restricción de atacar barcos británicos desapareció poco a poco, siendo fuertemente afectada la economía de las “indias occidentales” y de las colonias de norte américa, que dependían del comercio con Europa y del trabajo esclavo en las plantaciones; es de mencionar que al atacar a los navíos que transportaban el cargamento humano, los piratas fueron los primeros “abolicionistas” ya que liberaban a los cautivos y en muchos casos los incorporaban a sus filas.
Ante las quejas de los afectados, el Rey británico Jorge I nombró a un antiguo corsario, Woodes Rogers, como gobernador de las Bahamas con el encargo de acabar con la piratería. Este personaje, conociendo las dificultades de la empresa por la fuerza del adversario, consiguió el perdón real para quien se acogiera a la amnistía y abandonara sus actividades delictivas, pudiendo conservar la riqueza anteriormente obtenida. El resultado fue exitoso, logrando que la mayoría de los implicados aceptaran el perdón real. Sin embargo, hubo un grupo que continuó con sus tropelías, siendo entonces perseguidos, apresados y por último, ejecutados como ejemplo para los que quisieran “volver a las andadas”.
Quizás hemos exagerado al comparar lo que pasó en la “república pirata de Nasáu” con lo sucedido en nuestra “república pirata neoliberal” porque hay diferencias sustanciales: la primera duró 12 años la nuestra 35; la riqueza sustraída por los piratas de Nasáu fue menor a la que se apropiaron “los de casa”; los de aquella isla tenían un código de conducta que respetaban, los de aquí se van “por la libre” y por último, la mayoría de los de aquel tiempo aceptaron el perdón real y comenzaron a portarse bien, mientras que los nuevos filibusteros de este país no se resignan y quieren regresar por sus antiguos fueros. Quizás esto último sea la explicación a las denuncias que mencionamos al principio, el problema es que no va a haber espacio suficiente en los reclusorios.