La Secretaría de Defensa busca contratar fianzas por más de 1,400 mdp para responder ante posibles afectaciones a ecosistemas, entre cuestionamientos de especialistas por el destiempo en que se implementa la medida

MÉXICO.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), responsable de la operación del Tren Maya, inició el proceso para contratar un seguro de protección ambiental que cubra los siete tramos ferroviarios que atraviesan cinco estados del sureste del país. El objetivo es contar con un respaldo financiero ante posibles incumplimientos en las medidas de mitigación ambiental o frente a accidentes que afecten ecosistemas durante la operación de la obra.

De acuerdo con la licitación pública, el esquema contempla seis fianzas ambientales por un monto total de 1,404 millones 143 mil 927 pesos. Estos instrumentos funcionan como garantías financieras exigidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y permiten a la autoridad hacer efectivo el recurso en caso de daños no atendidos conforme a lo establecido en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Especialistas explican que este tipo de seguros no sustituye la responsabilidad directa del operador. El director de Defensa Ambiental A.C., Vadir Arbizu, señaló que las fianzas operan de manera similar a un seguro automotriz: cubren hasta un límite y solo para los supuestos previstos, por lo que, si el daño ambiental supera el monto asegurado, la Defensa deberá asumir los costos adicionales de reparación.

La mayor cobertura corresponde a los tramos uno, dos y tres, que abarcan 603 kilómetros desde Palenque, Chiapas, hasta Izamal, Yucatán, con una garantía de 847 millones de pesos. En contraste, el Tramo 5, de Cancún a Tulum, dividido en secciones Norte y Sur, contará con fianzas que en conjunto suman 203 millones 938 mil pesos.

La vigencia del seguro está programada del 16 de enero de 2026 al 15 de enero de 2027, conforme a estudios técnicos y económicos que sustentan los montos definidos por la autoridad ambiental. Sin embargo, el inicio de este mecanismo ha generado cuestionamientos sobre su oportunidad, ya que el proyecto ha enfrentado señalamientos y litigios por daños ambientales ocurridos durante la etapa de construcción.

Aunque el seguro no tiene carácter retroactivo ni está diseñado para resarcir afectaciones previas, especialistas consideran que su contratación responde a una obligación normativa y busca reducir riesgos financieros futuros en una obra de gran escala que atraviesa zonas de alta fragilidad ecológica.

Defensa sostiene que el objetivo del seguro es contar con un respaldo financiero que permita atender de manera inmediata cualquier incidente ambiental, especialmente en una región caracterizada por ecosistemas frágiles, cuerpos de agua subterráneos y alta biodiversidad, donde los riesgos asociados a la infraestructura ferroviaria requieren mecanismos de protección adicionales. (Con información de El Sol de México)