MÉXICO.- Diputados de oposición exigieron investigar el presunto desvío de mil 200 millones de dólares del fideicomiso a cargo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), asociado al cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), a la construcción del Tren Maya.
Héctor Saúl Téllez, legislador del PAN y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dijo que presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que se investigue este caso y se castigue a los responsables.
La denuncia, comentó, surge a raíz de la investigación “El Gran Capricho de AMLO”, que reveló el desvío de recursos de las Tarifas de Uso de Aeropuerto (TUA) de la terminal aérea que se construía en Texcoco hacia la construcción de la magaobra del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El congresista blanquiazul aseguró que identificó tres posibles delitos: desvío de recursos, uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio abusivo de funciones.
Entre otras personas, mencionó a los integrantes y exintegrantes del GACM y exservidores públicos, como el extitular de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Arturo Herrera, quien en 2019 habría autorizado la transferencia del dinero del Fideicomiso operado por el Grupo Aeroportuario de la CDMX, a las obras del Tren Maya.
Argumentó que, de acuerdo con esa publicación, la SHCP y el Grupo Aeroportuario, determinaron enviar mil 200 millones de dólares generados a través del cobro por Uso Aeroportuario en el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a las obras del Tren Maya.
Como elemento de sustento a la denuncia, refirió las declaraciones del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien habría reconocido la irregularidad de la transferencia de un rubro a otro.
Además de la denuncia penal, Téllez Hernández presentará una denuncia administrativa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), buscando que se investigue y, en caso de faltas graves, se inhabilite a los servidores públicos involucrados por hasta 10 años. (MVS)
