Aunque las cifras oficiales presumen incrementos históricos al salario mínimo, la realidad abate cualquier discurso triunfalista: el poder adquisitivo se desploma y millones de familias subsisten con ingresos que apenas alcanzan a cubrir lo indispensable
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO
En el Caribe mexicano, donde los turistas pagan en dólares y los trabajadores cobran en mínimos, la inflación no es solo una cifra: es una forma de exclusión. Mientras el modelo económico favorece a los grandes capitales, miles de familias apenas sobreviven con ingresos que no cubren lo esencial. El derecho a vivir con dignidad en Quintana Roo se ha vuelto un lujo.
La mayoría de las familias lo percibe antes de poder explicarlo: el dinero cada vez alcanza para menos. Aunque en cifras oficiales se presume un aumento histórico del salario mínimo —más del 110 % en los últimos seis años—, la realidad cotidiana de millones de trabajadores es la de una economía más exigente, más costosa y profundamente desigual.
Según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Quintana Roo ha registrado en el último año una inflación acumulada de 6.8 %, por encima del promedio nacional. En Cancún y Chetumal, productos como el huevo, el frijol, el aceite comestible y el gas LP han experimentado aumentos de entre 15 % y 25 % tan solo en los primeros cinco meses de 2025, de acuerdo con monitoreos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Los precios de productos esenciales como alimentos, transporte, servicios básicos, medicamentos, agua purificada, entre otros, no han dejado de subir, incluso muchas veces a un ritmo mayor que los ingresos. El poder adquisitivo se erosiona con cada quincena, y la narrativa triunfalista del aumento al salario mínimo se desvanece entre los anaqueles de los supermercados, las farmacias y las estaciones de gasolina, pues hay que destacar que Cancún ha ocupado los primeros lugares en aumento del combustible.
Desde 2018, el salario mínimo ha pasado de 88.36 pesos a 278.80 pesos diarios en este 2025, lo que equivale a 4,182 pesos quincenales en la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG), que incluye a la Península de Yucatán. En la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el salario mínimo es de 419.88 pesos diarios, lo que representa 6,298.20 pesos a la quincena, según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
A pesar de estos aumentos al salario, hasta la fecha no han sido suficientes para frenar la caída del poder adquisitivo, aunque el mismo Gobierno Federal lo celebra como un incremento del 135 % en comparación con 2018.
Considerar un sueldo de 4,182 pesos a la quincena no es solo hablar de economía, es hablar de realidades palpables: es la mamá que le echa más agua al frijol para que rinda; el niño que se queda sin la mayoría de sus útiles porque el dinero no alcanza; el padre que camina en vez de tomar el camión para ahorrar los 20 pesos (ida y vuelta) necesarios para ir de su casa al trabajo y viceversa. Es el trabajador de hotel que atiende a turistas que pagan en una noche lo que él gana en todo un mes.
“El salario mínimo no sirve para nada”: Manuel Alcocer Heredia
“La situación es insostenible. Sabemos que el salario mínimo no sirve para nada”. Así, sin rodeos, lo afirma el abogado Manuel Moisés Alcocer Heredia, delegado de la zona Sur-Sureste de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y la Previsión Social (AMDTPS), en entrevista con el Equipo de Investigación de El Despertador de Quintana Roo.
Sus palabras son duras, pero reflejan una realidad que golpea a millones de familias mexicanas todos los días: los aumentos al salario mínimo, tan celebrados por las autoridades, no alcanzan para contrarrestar el encarecimiento constante de los productos básicos. “Aunque lo incrementen un tanto por ciento, si sube la gasolina, sube todo, y eso termina por anular cualquier beneficio. Es ridículo”, sentencia Alcocer Heredia.
Según el abogado, el problema no es solo el monto del salario, sino la estructura económica y social que lo rodea. “Desde que se decretó el aumento al salario mínimo, lo único que hemos visto es que suben los precios al doble o al triple. ¿De qué sirve ganar mil pesos más si una reja de huevo cuesta 90 pesos? ¿Si el pollo se va a 120? Todo esto es en perjuicio directo de la clase obrera, que sobrevive apenas al día”, advierte.
Pero su crítica no se limita al salario. También lanza una fuerte acusación contra la reforma laboral que, según el gobierno federal, vendría a dignificar el trabajo en México. “Esa reforma que nos anunciaron como una maravilla ha sido como el cangrejo: en lugar de avanzar, retrocede. Y lo hace en agravio del trabajador, sindicalizado o no, y también de las empresas que intentan sobrevivir en medio de esta maraña”.
Para el abogado laborista Alcocer Heredia, lo más grave es que los trabajadores se enfrentan solos a esta realidad, sin el respaldo firme de los sindicatos tradicionales ni el acompañamiento de un sistema laboral justo. “El país está mal. La clase trabajadora está siendo abandonada. Y los derechos laborales retroceden mientras los discursos oficiales maquillan la miseria con cifras que no tienen rostro”.
Con tono más emocional, hace un llamado a la conciencia colectiva: “En otros países existen mejores prestaciones, mejores condiciones, pero en México hoy más que nunca necesitamos estar unidos, porque nos está yendo mal. Muy mal. Y si no reaccionamos ahora, el daño será irreversible”.
Sus declaraciones dejan al descubierto una verdad incómoda: los trabajadores mexicanos siguen siendo los grandes olvidados de un sistema que presume logros económicos, pero no garantiza el derecho básico a una vida digna.
En lo que va del mes de junio, el precio promedio de la gasolina regular en Cancún ha sido de 27.24 pesos por litro de diésel, 26.54 la Premium y 29.94 la Magna, mientras que el gas doméstico en cilindro alcanzó los 23 pesos por kilo, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Estos aumentos han repercutido directamente en el precio del transporte público, la distribución de alimentos y el costo general de vida.
¿Quién sobrevive con 4,182 quincenales en un municipio turístico?
Mientras las autoridades presumen el crecimiento turístico, la bonanza hotelera o los récords de visitantes, la vida de quienes sostienen esa maquinaria apenas se mantiene a flote. El salario mínimo no alcanza para vivir. Solo para sobrevivir.
El salario mínimo diario en México es de 278.80 pesos, lo que al cabo de una quincena —trabajando de lunes a sábado— representa 4,182 pesos. Esa es la cantidad con la que cientos de personas intentan cubrir lo indispensable: comida, transporte, servicios, salud, educación y vivienda.
En un ejercicio periodístico de El Despertador de Quintana Roo, se hizo un desglose básico quincenal (estimado para una familia de tres personas) que renta un cuarto y tiene gastos al día, para saber si les alcanza con un sueldo basado en el salario mínimo quincenal.
En ese contexto, si se considera que actualmente la renta mensual de un cuarto o pequeño departamento en la periferia está entre 2,500 y 3,000 pesos, de los 4,182 que se ganan a la quincena se deben reservar al menos 1,500 pesos, quedando 2,682 pesos disponibles para los demás gastos.
Entre ellos, una despensa básica que incluya arroz, frijol, huevo, tortillas, aceite, leche, pan, pasta, verdura y pollo, cuyo costo promedio —aun adquiriendo los productos más económicos— no baja de 1,200 pesos, lo que deja apenas 1,482 pesos para cubrir el transporte público y el pago de servicios como agua, luz, gas, recargas telefónicas e incluso la “gastada” del hijo si ya va a la escuela, con lo cual se rebasa fácilmente el ingreso.
Lo grave de esto es que cualquier imprevisto —una enfermedad, un cuaderno escolar, un aumento en el gas o la tortilla— rompería por completo el frágil equilibrio.
A esto hay que sumarle que muchos de estos trabajadores perciben ese salario por una jornada laboral completa, es decir, ocho horas diarias o más, a veces sin prestaciones, sin seguridad social y con incertidumbre permanente.
Ahora, si este ejercicio se realiza con una familia de cuatro personas, la situación se vuelve aún más complicada porque los gastos se multiplican.
Una economía que exige más al bolsillo trabajador
En un contexto donde los precios suben con mayor rapidez que los salarios, el poder adquisitivo de las familias mexicanas enfrenta desafíos constantes, especialmente en estados como Quintana Roo, donde los costos de traslado elevan aún más los precios de los productos básicos. Así lo explica el asesor financiero Rafael del Moral González, en entrevista con El Despertador de Quintana Roo:
“La inflación afecta prácticamente todos los bienes y servicios, pero en entidades como esta, donde muchos productos recorren largas distancias antes de ser consumidos, el impacto es aún mayor. El gasto en transporte encarece toda la cadena productiva”, señala. Alimentos, medicamentos y productos de uso diario tienden a subir de precio por factores externos como la inflación global, los aranceles y la dependencia de insumos foráneos.
Según Del Moral, la inflación y los aranceles impuestos principalmente por Estados Unidos a productos mexicanos son los principales factores detrás de la pérdida de poder adquisitivo. Y aunque el salario mínimo ha tenido un incremento acumulado del 110% en los últimos seis años, este aumento solo ha tenido un efecto moderado. “El aumento ha sido positivo para quienes lo reciben, porque incrementa un poco su capacidad de compra, pero no es suficiente frente al alza constante de los precios”, explica.
El asesor también destaca que existe una relación directamente proporcional entre salario y poder adquisitivo, pero advierte que los sueldos crecen a un ritmo mucho más lento. “Los niveles de precios se incrementan con frecuencia y por diversos factores. En cambio, los salarios nominales suelen ajustarse solo una vez al año, y muchas veces en función de la productividad del trabajador”, precisa.
Frente a esta situación, recomienda a las familias planificar mejor sus compras, organizar sus gastos y hacer presupuestos mensuales para mitigar el impacto en la medida de lo posible. “No es fácil, pero una buena administración ayuda a resistir mejor los efectos de la inflación”, dice.
Finalmente, Del Moral González sugiere que, para quienes tienen la posibilidad de ahorrar, buscar instrumentos que protejan el valor del dinero a largo plazo puede ser una opción. “Aunque no son muy comunes, el oro o la plata —en forma de monedas— pueden mantener el poder adquisitivo con el tiempo”, concluye.
Así, en un entorno económico complejo, la organización financiera familiar y la toma de decisiones informadas se vuelven herramientas clave para enfrentar con realismo los desafíos del día a día.
Miedo a enfermarse: medicamentos y consultas impagables
Otro ejemplo claro de que el salario mínimo de 278.80 pesos diarios y los problemas de la inflación afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana está en la salud, pues el acceso a servicios médicos gratuitos en instituciones públicas como el IMSS, ISSSTE o el Hospital General, se ha convertido en una ilusión.
La falta de especialistas, medicamentos y equipos básicos —“más lejos de Dinamarca que nunca”— obliga a las familias a recurrir a servicios privados cada vez más costosos. Consultas que rondan los 500 a mil pesos, estudios clínicos de laboratorio por arriba de los mil 500 pesos, y medicamentos que se venden a precios hasta 40% más altos que hace un año, forman parte de esta nueva normalidad que golpea a quienes menos tienen.
Además, el encarecimiento de la vida se refleja hasta en lo más básico: la comida. A pesar de que México es tierra de maíz, el país ha sido rebasado por Estados Unidos, donde hoy se consume maíz y tortilla de mejor calidad que las que se venden aquí. El mercado nacional ha sido desplazado por importaciones, y actualmente tomates, frijoles, chiles y maíz —cuatro pilares de la dieta mexicana— son más caros y en muchos casos de menor calidad.
Esta combinación de salarios limitados, servicios públicos deficientes y un encarecimiento generalizado de productos esenciales configura un escenario cada vez más difícil para millones de familias mexicanas, que enfrentan la inflación como una forma de exclusión: no solo del mercado, sino también de sus derechos básicos como la salud, la alimentación y una vida digna.
Aranceles, importaciones y crisis sanitaria elevan costo de alimentos
La imposición de aranceles por parte del presidente estadounidense Donald Trump ha impactado directamente a productos mexicanos como el aguacate, el tomate y el limón, encareciendo su exportación y dificultando su presencia en el mercado internacional. Aunque existe un acuerdo comercial vigente —el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC)—, los problemas fronterizos y las tensiones diplomáticas han agravado los costos y la logística.
Al mismo tiempo, México ha dejado de producir muchos de sus alimentos esenciales. El maíz, por ejemplo, se importa en su mayoría desde Estados Unidos —de hecho, de ser un líder mundial en producción, México es en la actualidad el principal importador de maíz del planeta—, lo que incrementa la dependencia alimentaria y presiona los precios al alza.
A esta problemática se suma la crisis en el sector ganadero, incrementada por el mal manejo sanitario del gobierno federal frente al brote del gusano barrenador del ganado. La falta de control y respuesta efectiva ha puesto en riesgo la producción cárnica nacional, encareciendo aún más la carne para los consumidores mexicanos y profundizando la crisis alimentaria.
En Cancún, la desafortunada combinación de carestía y salarios insuficientes ha propiciado el aumento de tiendas que venden, al medio mayoreo, productos de importación, principalmente de Centroamérica, lo que lleva a que muchas familias adquieran artículos más económicos, pero de calidad dudosa, ya que además no existe verificación sanitaria al respecto.
Trucos silenciosos que encarecen la vida cotidiana
Detrás del encarecimiento generalizado de productos y servicios en Quintana Roo —y en todo el país— existen estrategias silenciosas que operan en las gasolineras, supermercados y tiendas de conveniencia, y que tienen un efecto directo en el bolsillo de la ciudadanía. Aunque muchas veces los aumentos no son evidentes a simple vista, al final del mes el resultado es uno solo: el dinero alcanza para menos.
En las estaciones de servicio, por ejemplo, hay mecanismos sutiles para encarecer el combustible. Algunas gasolineras aplican aumentos diarios de apenas uno o dos centavos por litro, lo cual pasa inadvertido para la mayoría de los conductores. Pero al llegar el fin de mes, ese aumento acumulado ya puede representar entre 50 centavos y un peso más por litro.
A esto se suman las irregularidades como el uso de “gallitos”, dispositivos ocultos que alteran las bombas despachadoras para entregar litros incompletos. El resultado es doblemente perjudicial: el cliente paga más por menos y ni siquiera lo nota.
Otro frente donde el alza de precios se disfraza es en los supermercados. Productos como huevos, embutidos o cereales han cambiado su presentación. En lugar de venderse por kilo o en paquetes estándar, ahora se ofrecen en porciones reducidas: 900 gramos en vez de un kilo, conos de 9, 12 o 18 piezas de huevo; rebanadas más delgadas o piezas de menor tamaño de pan, jamón o salchichas; bolsas de cereal más pequeñas, pero con el mismo precio.
En apariencia, el precio se mantiene estable, pero la cantidad que se compra es menor. El resultado: el consumidor paga lo mismo por menos producto.
El impuesto invisible y el agua que encarece el Congreso
Además del aumento generalizado de precios, los ciudadanos en Quintana Roo enfrentan una carga silenciosa cada vez que hacen el súper y que nadie revisa ni mucho menos toma en cuenta: un sobreprecio disfrazado de legalidad en cada ticket de compra. Los supermercados aplican un 16% de IVA (Impuesto al Valor Agregado) sobre una gran cantidad de productos y servicios, además de un 8% de IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), lo que en conjunto representa hasta un 24% adicional sobre el precio original de muchos artículos de consumo diario.
El IVA es un impuesto indirecto que se aplica en México sobre la venta de bienes, la prestación de servicios y la importación de productos. Es uno de los principales generadores de ingresos para el gobierno federal, pero también es uno de los más regresivos: afecta por igual a quien gana el salario mínimo que a quien tiene ingresos altos, ya que se aplica en proporción al consumo, no a la capacidad económica.
Este esquema impositivo encarece alimentos, productos de higiene, bebidas y artículos de primera necesidad, afectando sobre todo a las familias trabajadoras. El consumidor termina pagando más por lo mismo, sin transparencia ni vigilancia efectiva por parte de las autoridades.
A la par, el servicio de agua potable también se ha convertido en un gasto cada vez más difícil de sostener. En municipios como Benito Juárez (Cancún), Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, donde opera la concesionaria Aguakan, el costo por metro cúbico se ha incrementado en más del 35% en apenas dos años, sin que existan mejoras visibles en la calidad del servicio ni en la infraestructura.
Aunque la empresa acapara la crítica ciudadana, es el Congreso del Estado el que determina el precio del agua, al fijar las tarifas anualmente por decreto. Es decir, los legisladores locales son directamente responsables del encarecimiento del servicio, cuya prestación sigue siendo deficiente y constantemente denunciada por cortes, cobros excesivos y agua turbia o insuficiente.
A esto se suma la inacción de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que, lejos de defender al consumidor, guarda silencio ante los abusos tanto de empresas como de autoridades. En el caso del agua, la omisión institucional ha reforzado la percepción de colusión entre el poder político y los intereses privados.
En un contexto donde los precios suben sin freno y los ingresos se estancan, estos cobros disfrazados de impuestos y decisiones legislativas terminan por convertir necesidades básicas como el agua y los alimentos en lujos cotidianos.
Compras al menudeo: estrategia de sobrevivencia
Frente a esta realidad, muchas familias han optado por las compras al menudeo: 50 gramos de queso, 100 gramos de jamón, medio kilo de arroz. Lo mismo ocurre en los tianguis, donde los consumidores buscan pan del día anterior, frutas de segunda calidad o verduras que ya pasaron su mejor momento, pero que aún son comestibles y más baratas.
Tiendas como los expendios de pan industrial también ofrecen productos próximos a su fecha de caducidad, mientras que en los supermercados las “ofertas” de última hora suelen esconder fechas de expiración cercanas. Todo se vuelve parte de una economía de sobrevivencia.
Esto ocurre porque, si bien el salario mínimo diario en México es de 278.80 pesos, en una ciudad como Cancún, donde el costo de vida está por encima de la media nacional, esta cifra resulta completamente desconectada de la realidad. Camaristas, choferes de taxi o combi, trabajadores de fraccionamientos como Villas Otoch Paraíso, Cielo Nuevo, Prado Norte, entre otros, enfrentan gastos diarios que superan con creces sus ingresos.
Muchos conductores deben cubrir gastos como gasolina, cuotas sindicales o mantenimiento de sus unidades. Aun así, su ingreso neto diario apenas les permite cubrir lo básico. “El costo de la vida no es real”, afirman quienes viven esta contradicción todos los días.
Gobiernos de acuerdos incumplidos
Pese a los múltiples anuncios del Gobierno de México para frenar el alza de precios en productos esenciales, los resultados en la práctica han sido limitados, cuando no nulos. Desde el lanzamiento del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) en 2022, pasando por los acuerdos para estabilizar el precio de la gasolina y, más recientemente, de la tortilla, la narrativa oficial ha prometido alivios que no se reflejan en los bolsillos de las familias mexicanas.
El PACIC, originalmente establecido por Andrés Manuel López Obrador y renovado en noviembre de 2024 (https://acortar.link/NeiIqw) por la presidenta Claudia Sheinbaum con grandes agroindustrias y cadenas de autoservicio, estableció un precio tope de 910 pesos para una canasta de 24 productos básicos durante seis meses. Sin embargo, en los anaqueles los precios siguen al alza. La falta de vigilancia, la inflación estructural y la discrecionalidad en su aplicación han vuelto inoperantes muchos de estos acuerdos.
En febrero de 2025, el gobierno federal anunció otro “acuerdo histórico” (sic), esta vez con gasolineros (https://acortar.link/VqEF2e), para mantener el precio máximo de la gasolina magna en 24 pesos por litro. A pesar del acto protocolario y los discursos en “Las mañaneras del pueblo”, los reportes ciudadanos y los precios en estaciones de servicio revelan que ese límite es frecuentemente superado sin consecuencias visibles para los concesionarios.
El intento más reciente fue el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, firmado también en Palacio Nacional apenas el pasado jueves 12 de junio (https://acortar.link/eTR11y), con el objetivo de contener o, incluso, reducir el precio del kilo de tortilla. Aunque el gobierno se comprometió a apoyar a los productores y mejorar la cadena de abasto —un anuncio que se ha repetido varias veces en los últimos años—, en la práctica los precios de la tortilla no han dejado de subir y los consumidores actualmente pagan hasta 28 o 30 pesos por kilo en muchas regiones del país, como Quintana Roo.
“Los acuerdos del gobierno suenan bien en el papel, pero no sirven si no se cumplen. No hay mecanismos reales de supervisión ni sanciones efectivas. Son estrategias políticas, no soluciones jurídicas ni económicas”, cuestiona el abogado Manuel Alcocer Heredia.
En el tianguis de Tierra Maya, al oriente de Cancún, la percepción es la misma. “Cada semana sube algo. Antes venía con 500 pesos y me alcanzaba para toda la despensa; ahora apenas llevo lo básico”, lamenta doña Irma, madre de familia y trabajadora del sector limpieza. “Dicen que bajaron la tortilla y la gasolina, pero aquí nadie ha visto eso”, agrega, entre bolsas de frijol, arroz y huevo que compra con esfuerzo.
El común denominador de estos anuncios ha sido la buena voluntad oficial, pero sin una política pública de control efectivo, los acuerdos se convierten en promesas mediáticas que no logran frenar el encarecimiento generalizado. La inflación, lejos de ser contenida, ha seguido golpeando de lleno a las familias mexicanas, especialmente a las de menores ingresos.
Consejos para resistir
En este contexto, hay algunas estrategias que pueden ayudar a mitigar los efectos de estos aumentos encubiertos:
- Comparar precios por unidad y no solo por empaque. A veces una presentación más grande resulta más cara por gramo.
- Leer las fechas de caducidad. Las “ofertas” pueden esconder productos a punto de expirar.
- Comprar a granel o en tianguis. Aunque no todo es más barato, suele haber más flexibilidad para adquirir porciones ajustadas al presupuesto.
- Evitar gastos hormiga. Pequeñas compras diarias que parecen inofensivas pueden representar una fuga importante de recursos al mes.
Lista de productos básicos (precios promedio en Cancún):
Producto Supermercado Tiendas populares
1 kilo de tortillas 15 pesos 25 pesos
1 litro de leche 28 pesos 35 pesos
Una reja de huevo 91 pesos 110 pesos
Bolsa de frijol de 750 g 48 pesos 60 pesos
1 kilo de carne de cerdo 120 pesos 145 pesos (carnicería local)
1 kilo de carne de res 254 pesos 280 pesos (carnicería local)
900 gramos de arroz 22 pesos 30 pesos
1 pollo entero 120 pesos 150 pesos
1 garrafón de agua 45 pesos 53 pesos
1 litro de aceite 45 pesos 58 pesos
Pan de caja 52 pesos 60 pesos
Jabón de baño 22 pesos 28 pesos
Papel higiénico (4 rollos) 32 pesos 37 pesos