GERARDO RUIZ
Los ciudadanos que vivimos en situación vulnerable —especialmente quienes enfrentamos una discapacidad— somos los más afectados por las recientes modificaciones a la Ley de Amparo. Lo que antes era una herramienta de defensa constitucional, hoy corre el riesgo de convertirse en un trámite inerte.
Los ciudadanos con discapacidad nos pronunciamos en contra de esta reforma. No por capricho, sino por conciencia. Porque lo que está en juego no es solo un procedimiento legal, sino el derecho a ser consultados, escuchados y reconocidos como sujetos políticos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó un precedente clave. Antes, si una ley afectaba a personas con discapacidad y no había sido consultada con ellas, podía ser invalidada. Ahora, esa protección se diluye. La Corte sostiene que:
• Ya no es obligatorio invalidar leyes por falta de consulta previa, siempre que se considere que la ley “beneficia” a las personas con discapacidad.
• La carga de exigir consulta recae en los afectados, no en el legislador ni en el sistema judicial.
Esto rompe con el principio de que la consulta no es una cortesía, sino un derecho consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
¿Qué riesgos implica esto?
• Despojo simbólico y material: Si el Estado decide que una persona con discapacidad “no necesita” propiedad, autonomía o participación, y no hay consulta ni amparo efectivo, se abre la puerta a decisiones paternalistas o incluso expropiatorias.
• Pérdida de autonomía jurídica: Ya se han documentado casos donde se exige a personas con discapacidad certificados médicos para demostrar que pueden ejercer sus derechos, lo cual vulnera su dignidad y acceso a la justicia.
• Retroceso hacia modelos de prescindencia: Históricamente, la discapacidad fue vista como castigo o carga. El nuevo enfoque legal podría permitir que se legisle desde esa visión, sin escuchar a quienes viven la realidad.
Si eres una persona con discapacidad —o si acompañas a alguien que lo es— esta reforma significa que:
• Ya no puedes confiar en que el sistema invalide leyes injustas por sí solo.
• Tendrás que demostrar que no fuiste consultado, y que la ley te perjudica.
• Si el Estado decide que “te está ayudando”, aunque no te haya escuchado, tu derecho a reclamar se debilita.
• Podrías perder acceso a tu patrimonio, a tu autonomía, o a tu participación política sin que haya forma efectiva de defenderte.
¿Qué proponemos los ciudadanos que vivimos con discapacidad?
• Reivindicar el derecho a la consulta previa como principio constitucional.
• Exigir que el modelo social de discapacidad sea el eje rector de toda legislación.
• Documentar y ritualizar cada acto de exclusión como testimonio para la 5T ciudadana.
Porque la discapacidad no borra la voz, ni la voluntad, ni la conciencia. Cada paso, cada gesto, cada herramienta dice: aquí estoy, aquí pienso, aquí decido.
*Gerardo Ruiz Sánchez es presidente de la Red de Ciegos de Quintana Roo.