CHETUMAL.- Como una de las medidas de aplicación inmediata a la entrada en vigor de la nueva Ley General contra la Extorsión, aprobada la semana pasada por el Congreso de la Unión y en proceso de promulgación, las entidades federativas, como Quintana Roo, tendrán seis meses para eliminar el uso de teléfonos celulares en sus centros penitenciarios, a fin de que dejen de ser sitios desde los que se practica la extorsión telefónica.
El Artículo Séptimo Transitorio del decreto de la ley establece: “Los centros penitenciarios tendrán 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para establecer los procedimientos y tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen a que se refiere el artículo 38 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
El artículo 38 dice que “los centros penitenciarios deberán establecer, conforme a las disposiciones aplicables, los procedimientos y las tecnologías correspondientes para inhibir la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen, dentro de su perímetro”.
Esta Ley General, que homologa en todo el país las penas y medidas para el combate de la extorsión, nace del reconocimiento del Gobierno Federal del preocupante hecho de que este delito ha tenido una tendencia a la alza en los últimos años, pues en 2015 registró 6,223 casos denunciados y para el 2022 ya eran 8,439, además de que se ha llegado a una tasa de incidencia de 7.74 delitos y 8.21 víctimas por cada 100 mil habitantes en el 2024.
Inclusive, en el Informe de Incidencia Delictiva de octubre de 2025 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se informó que la extorsión ha crecido su promedio diario de incidencia en 22.9% del 2019 a la fecha, con un registro de 8,965 casos denunciados hasta ese corte del año.
Pero esos son los casos que llegan al Ministerio Público por denuncia de las víctimas, pues el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informa que se cometen alrededor de 5.7 millones de extorsiones anuales, con una tasa de 4,643 delitos por cada 100 mil habitantes, por lo que se tiene una cifra negra que supera el 99%.
Por eso la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió que el delito se persiga de oficio, sin necesidad de la denuncia de las víctimas, y además resaltó que unos de los fenómenos más preocupantes es la comisión de extorsiones desde el interior de los centros penitenciarios, y que pese a encontrarse privadas de la libertad, numerosas personas internas logran acceder a teléfonos celulares y otros medios de comunicación, desde los cuales intimidan, amenazan y extorsionan a la población.
Consideró que, además de generar un clima de inseguridad que trasciende los muros de los centros penitenciarios, este problema revela la realidad y la existencia de deficiencias estructurales en la administración penitenciaria y proyecta un mensaje de impunidad que resulta inaceptable para la sociedad mexicana: “el que una persona privada de su libertad puede seguir delinquiendo desde un centro de reclusión y que no se cumple la función de reinserción social del sistema penitenciario, además, exhibe la incapacidad del Estado mexicano para ejercer un control efectivo dentro de sus propias instituciones”.
Sobre esto, el Senado señaló que se han identificado al menos 200 mil números telefónicos vinculados a intentos y consumación de extorsiones, que corresponden a dispositivos móviles ubicados en penales.
Por lo anterior, la Ley General propone medidas específicas y de carácter obligatorio dirigidas a las autoridades de los centros penitenciarios federales y estatales.
En primer lugar, las personas directoras de las cárceles deberán garantizar que las personas sentenciadas por el delito de extorsión no tengan acceso a medios digitales, como teléfonos celulares, tabletas o computadoras.
En segundo lugar, los centros penitenciarios deberán implementar procedimientos y tecnologías que inhiban la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación y de transmisión de voz, datos o imágenes dentro de su perímetro.
“El objetivo es cerrar de manera definitiva una de las principales brechas por las que este ilícito ha logrado mantenerse vigente y expandirse, aun cuando las personas responsables se encuentran privadas de la libertad”, se lee en el dictamen del Congreso de la Unión.
Por la importancia que se da a este problema, las penas para los que cometan extorsión desde los penales son más severas, pues llegan hasta los 42 años de prisión, cuando el castigo ordinario será de 15 a 25 años de cárcel.
Adicionalmente, al que cometa el delito desde un centro penitenciario, se le impondrán medidas como la restricción de desplazamiento al interior del centro de reclusión, la prohibición temporal del uso del teléfono público o hasta el aislamiento temporal.
Por lo mismo, también se prevé el castigo para los directores de penales que no cumplan con las medidas, pues el artículo 38 de la ley establece que “el incumplimiento del presente artículo se considerará como una falta grave en materia de responsabilidades administrativas, con independencia del delito en que pudiera incurrir”, lo cual implica que podrán ser destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos.
Los seis meses para que se limpien los penales de teléfonos celulares son el mismo tiempo que el Estado tendrá para armonizar la legislación penal en la materia, aunque de entrada la sola promulgación de la Ley General deja sin efectos las disposiciones establecidas en Quintana Roo para el delito de extorsión.
