La ola de ataques registrada en 20 entidades de México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, subraya la urgencia de planificación anticipada, coordinación efectiva y reglas públicas claras para contener escenarios de alto impacto
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR
La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, el pasado domingo 22 de febrero, no solo marcó un punto de alto impacto en la agenda de seguridad nacional: detonó una reacción simultánea, expansiva y calculada. En cuestión de horas se registraron incendios de vehículos, bloqueos carreteros y sabotajes urbanos en al menos 20 entidades del país. Medios nacionales documentaron la quema de al menos 500 vehículos —15 de ellos en Quintana Roo— en hechos atribuidos a células vinculadas a la organización.
Especialistas en seguridad pública señalan que cuando la violencia busca intimidar a la población civil, presionar decisiones institucionales y amplificar su impacto mediático, encuadra en prácticas de terrorismo criminal. El Instituto para la Economía y la Paz, en su Índice Global de Terrorismo, define este fenómeno como el uso de violencia ilegal para generar miedo colectivo con fines políticos, económicos o ideológicos. Bajo esa definición, los ataques coordinados posteriores al abatimiento del líder criminal no fueron actos vandálicos aislados, sino una demostración de fuerza orientada a alterar la vida cotidiana y exhibir capacidad operativa interestatal.
La experiencia mexicana reciente ofrece antecedentes claros. El llamado “Culiacanazo” de 2019, tras la captura momentánea de Ovidio Guzmán —liberado por instrucción del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador “para no poner en riesgo a la población”, según admitió él mismo—, evidenció cómo una reacción coordinada puede paralizar ciudades enteras. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha reconocido que estos eventos buscan presión política y mediática más que confrontación militar directa.
En estados con alta exposición internacional como Quintana Roo, el riesgo adquiere dimensión estratégica. Con cuatro aeropuertos internacionales, frontera terrestre y conectividad marítima global, cualquier episodio violento impacta no sólo en la seguridad interna, sino en la percepción diplomática y económica. La pregunta estructural no es si el operativo fue exitoso, sino si el Estado está preparado para administrar sus consecuencias.
Coordinación nacional ante actos terroristas
Cuando la violencia estalla en múltiples entidades de forma simultánea —bloqueos, incendios, ataques a instalaciones estratégicas— el desafío deja de ser operativo y se vuelve estructural: intercambio inmediato de inteligencia, protocolos homologados de reacción y vocería unificada que evite vacíos informativos capaces de alimentar el pánico social.
La lección del llamado “Culiacanazo”, ocurrido en la capital de Sinaloa el 17 de octubre de 2019, la fallida operación tras la que las autoridades mexicanas dejaron escapar a uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue contundente: sin planeación anticipada, cadena de mando clara y coordinación interinstitucional efectiva, la violencia puede paralizar una ciudad en cuestión de horas.
Tras darse la captura, sicarios y miembros del Cartel de Sinaloa se enfrentaron a las Fuerzas Armadas y tomaron la ciudad de Culiacán, donde miles de personas quedaron atrapadas en el fuego cruzado, además de ocasionar bloqueos, incendiando unidades de transporte público y tomando rehenes en ciertos puntos de la capital del estado.
Informes posteriores de la Auditoría Superior de la Federación señalaron fallas en comunicación táctica, delimitación de responsabilidades y evaluación de riesgos.
Hoy, la exigencia técnica apunta a mesas permanentes de coordinación que integren Federación, estados, Guardia Nacional y actores estratégicos del sector privado. No como reacción improvisada, sino con activación automática ante eventos de alto impacto, simulacros periódicos y mecanismos de rendición de cuentas verificables.
La caída del líder no desarticula la estructura
Existe un principio reiterado en análisis de seguridad: cortar la cabeza no elimina el cuerpo. La experiencia mexicana lo confirma. Tras la captura o abatimiento de líderes criminales, las organizaciones suelen fragmentarse, reacomodarse o escalar violencia para demostrar vigencia territorial. La reacción coordinada —incluida la quema masiva de vehículos y bloqueos simultáneos en distintos puntos del país— evidencia capacidad logística, comunicación interna y mando alterno. La aparente “calma chicha” posterior puede ser apenas una fase de reconfiguración estratégica.
Episodios como el llamado “Culiacanazo” de 2019 mostraron que la presión operativa sin control integral puede derivar en crisis urbana. El reto, por tanto, es sistémico. La estabilidad no puede depender del impacto mediático de una detención ni de conferencias triunfalistas. Debe sostenerse en inteligencia operativa coordinada, seguimiento financiero y manejo diplomático preventivo.
La caída de un líder puede ser un punto de inflexión; la verdadera prueba es si el Estado convierte ese momento en oportunidad para corregir fallas estructurales, depurar instituciones y fortalecer coordinación multinivel. En una entidad cuya economía depende de su reputación global, la seguridad no es discurso político: es política pública permanente.
Vulnerabilidad estratégica de Quintana Roo
Quintana Roo concentra activos críticos cuya afectación tendría repercusiones nacionales. La carretera federal 307 funciona como eje troncal que articula el corredor turístico del Caribe mexicano; cualquier bloqueo prolongado fractura la movilidad laboral, el abasto y la operación hotelera. A ello se suma la condición fronteriza de Chetumal y la existencia de cuatro terminales aéreas internacionales, en Cancún, Chetumal, Cozumel y Tulum. El Aeropuerto Internacional de Cancún, uno de los más transitados de América Latina según la Agencia Federal de Aviación Civil, es un nodo logístico esencial para el turismo, la inversión y la conectividad global.
El Consejo Nacional Empresarial Turístico ha advertido que la percepción de inseguridad impacta directamente en reservaciones, tarifas y rutas aéreas. A su vez, el Instituto para la Economía y la Paz documenta que las economías altamente dependientes del turismo son especialmente sensibles a eventos violentos de alto perfil.
Ante este escenario, especialistas proponen la integración de un mapa estatal de vulnerabilidades dinámico, con clasificaciones de riesgos por municipio y protocolos diferenciados para Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y Chetumal. Blindar no implica militarizar indiscriminadamente, sino anticipar con inteligencia, prevención situacional y coordinación público-privada permanente.
Infraestructura crítica y manejo diplomático
Instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, plantas de bombeo, hospitales, bancos, puertos y el proyecto Tren Maya integran un entramado de infraestructura cuya interrupción tendría efectos económicos inmediatos y, en algunos casos, impactos humanitarios. Un sabotaje eléctrico paraliza aeropuertos y cadenas hoteleras; un ataque a sistemas de agua compromete salud pública; un bloqueo portuario altera suministro y exportaciones. No se trata solo de activos físicos, sino de nodos estratégicos que sostienen la estabilidad regional.
El Sistema Nacional de Protección Civil establece lineamientos para resguardar infraestructura estratégica ante amenazas deliberadas, pero especialistas en seguridad turística advierten que los protocolos deben actualizarse con enfoque preventivo y coordinación multinivel. Además, plantean integrar formalmente al cuerpo consular en esquemas de gestión de crisis para evitar vacíos de información.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos emite Travel Advisories que pueden modificar de inmediato seguros de viaje, flujos turísticos y operaciones aéreas. Una alerta elevada impacta reservas, rutas y percepción internacional. La diplomacia preventiva —basada en informes técnicos verificables y comunicación directa con consulados— es un componente estratégico, no accesorio.
Inteligencia financiera: el frente decisivo
El combate estructural no se libra sólo en calles y carreteras; se define en balances contables, transferencias electrónicas y redes empresariales fachada. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés: Office of Foreign Assets Control) ha sancionado en múltiples ocasiones al CJNG por lavado de dinero y expansión internacional, evidenciando que el músculo financiero es la verdadera columna vertebral de las organizaciones criminales. Congelar cuentas y bloquear activos no es un gesto simbólico: es asfixiar su capacidad operativa.
México figura entre los principales receptores mundiales de remesas, de acuerdo con el Banco Mundial y el Banco de México. En ese volumen masivo de transacciones, la trazabilidad financiera resulta clave para detectar flujos atípicos, triangulaciones y estructuras empresariales utilizadas para dispersar recursos ilícitos. La Unidad de Inteligencia Financiera ha advertido sobre esquemas cada vez más sofisticados de dispersión y simulación fiscal.
Investigaciones periodísticas recientes señalan que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ingresaron a México millones de dólares en remesas desde países en las que según las autoridades mexicanas no hay registro de connacionales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recomendado el bloqueo efectivo de señal en centros penitenciarios para frenar la extorsión telefónica. Sin desarticulación económica real, la estructura criminal no desaparece: muta, se adapta y se reconfigura.
Infiltración institucional y “nóminas” paralelas
Transparencia Mexicana y México Evalúa han advertido de manera reiterada sobre debilidades en los controles internos, declaraciones patrimoniales poco verificadas y escasa supervisión en corporaciones municipales. A ello se suman procesos judiciales federales que han documentado esquemas de corrupción y colusión vinculados al crimen organizado, confirmando que la captura institucional no es un fenómeno aislado, sino una vulnerabilidad sistémica.
La presunta existencia de “nóminas” criminales —pagos periódicos a funcionarios, mandos policiales o personal administrativo para garantizar protección, filtración de información o inacción deliberada— no es hipótesis novedosa. Lo verdaderamente alarmante es su normalización. Sin auditorías patrimoniales robustas, cruces automatizados de información fiscal, mecanismos eficaces de denuncia protegida y procesos permanentes de evaluación y depuración policial, cualquier golpe táctico contra una célula delictiva queda incompleto y, en ocasiones, simbólico.
El poder criminal no se sostiene sólo con armas o capacidad de fuego. Se afianza en redes de complicidad que aseguran operación, impunidad y acceso anticipado a decisiones estratégicas. Romper esas redes exige voluntad política verificable y controles externos independientes.
Extorsión, turismo y estabilidad
El “derecho de piso”, la extorsión telefónica y la percepción de impunidad erosionan silenciosamente la estabilidad económica y social. No siempre generan titulares espectaculares, pero minan la confianza cotidiana de comerciantes, transportistas y empresarios turísticos.
En destinos como Cancún o Playa del Carmen, donde la economía depende de la imagen internacional, el daño reputacional puede ser incluso más profundo que el material. Una cadena de pequeños incidentes, amplificada en redes sociales o replicada en alertas internacionales, impacta decisiones de viaje, inversión y conectividad aérea.
El sector turístico organizado, representado por instancias como el Consejo Nacional Empresarial Turístico, ha insistido en que la seguridad no puede abordarse sólo como reacción policial, sino como política estructural de competitividad.
La propuesta integral contempla una mesa permanente de coordinación con el sector hotelero y comercial, simulacros periódicos ante crisis, plan de continuidad operativa aeroportuaria y evaluación constante de percepción internacional en mercados emisores.
En destinos globales, la confianza no se improvisa tras una crisis: se construye con previsión, protocolos claros y comunicación estratégica sostenida.
El impacto diplomático en tiempo real
En entidades con alta dependencia del turismo estadounidense, una alerta internacional puede convertirse en un detonador económico inmediato. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió recientemente una recomendación de “shelter in place” (refugio en el lugar) para ciudadanos estadounidenses que se encontraban en ocho estados de México, incluido Quintana Roo. La instrucción implicaba permanecer en interiores, evitar desplazamientos innecesarios y seguir canales oficiales de información.
En destinos como Cancún, donde una proporción significativa del turismo proviene de Estados Unidos, una advertencia de esta naturaleza puede alterar itinerarios, generar cancelaciones preventivas y activar protocolos extraordinarios en hoteles y aerolíneas. Aunque menos de 12 horas después la alerta fue retirada para los destinos turísticos del estado, el efecto mediático ya se había proyectado a escala internacional.
El episodio confirma que la gestión diplomática preventiva no es un componente accesorio, sino una pieza central en la administración de crisis. La comunicación técnica, oportuna y directa con consulados y autoridades extranjeras puede mitigar impactos y evitar escaladas innecesarias.
Turismo y estabilidad económica
En destinos globales, el daño reputacional puede ser más severo y duradero que el daño material. Un incidente focalizado puede resolverse operativamente en horas; una narrativa negativa amplificada en redes sociales o replicada por medios internacionales puede afectar durante meses la ocupación hotelera, las tarifas aéreas y las decisiones de inversión. En polos como Cancún o Tulum, donde la economía depende de la confianza externa, la percepción es un activo estratégico.
Por ello, especialistas en gestión de crisis turística proponen institucionalizar una mesa permanente de coordinación seguridad–turismo que integre autoridades, sector hotelero y aerolíneas; realizar simulacros periódicos ante escenarios de alto impacto; establecer planes de continuidad operativa para aeropuertos y puertos; y mantener monitoreo constante de percepción internacional en mercados emisores clave.
La estabilidad no se sostiene únicamente con campañas de promoción ni con mensajes reactivos. Se construye con previsión, transparencia informativa y protocolos verificables. En una economía donde el turismo es uno de los principales motores de ingreso, la seguridad no debe verse como gasto coyuntural, sino como inversión estructural en competitividad y confianza global.
Código Rojo: protocolo, no espectáculo
En el lenguaje institucional de seguridad pública, el “Código Rojo” no es una consigna mediática ni una etiqueta dramática: es la activación formal de un protocolo extraordinario ante una amenaza que supera la capacidad operativa ordinaria. Su declaratoria implica el despliegue inmediato de recursos tácticos, la priorización absoluta de la atención del evento crítico y la concentración de mando para evitar dispersión de decisiones.
Técnicamente, un Código Rojo debe activar tres dimensiones simultáneas: coordinación interinstitucional, control territorial y gestión informativa. La primera obliga a sincronizar policías municipales, corporaciones estatales, Guardia Nacional y, en su caso, fuerzas federales. La segunda implica establecer perímetros, asegurar vías estratégicas y proteger infraestructura crítica. La tercera exige una vocería única y comunicación clara para evitar pánico social y especulación digital.
El problema no es declarar el Código Rojo; el problema es no tenerlo normado, homologado ni evaluado. En muchos estados su activación depende de criterios discrecionales y carece de reglas públicas que definan tiempos de respuesta, responsabilidades específicas y métricas de desempeño. Sin lineamientos auditables, la figura puede convertirse en reacción improvisada en lugar de instrumento técnico.
Un Código Rojo efectivo no se mide por el número de patrullas desplegadas, sino por la rapidez con la que se restablece el orden, se protege a la población civil y se preserva la estabilidad económica. En entidades con alta exposición internacional como Quintana Roo, su correcta ejecución no sólo es un asunto de seguridad pública, sino de gobernabilidad y confianza global.
Diez propuestas de acción coordinada multinivel
• Creación de un Protocolo Estatal de Reacción Inmediata ante Violencia Coordinada
Establecer entre todos los órganos de gobierno, un protocolo automático de activación ante eventos simultáneos (bloqueos, incendios, sabotajes). Debe incluir cadena de mando clara, centros regionales de crisis y vocería única.
El Congreso estatal debe convertirlo en ley para garantizar obligatoriedad y presupuesto.
• Mesa Permanente de Seguridad Turística
Formalizar una mesa institucionalizada con simulacros trimestrales, plan de continuidad operativa aeroportuaria y monitoreo de percepción internacional.
No debe ser reactiva, sino preventiva y técnica.
• Sistema Estatal de Inteligencia Multifuente
Integrar inteligencia operativa, análisis financiero, datos penitenciarios y monitoreo digital en un solo sistema interoperable.
El Congreso debe etiquetar recursos específicos y establecer controles de auditoría tecnológica.
• Blindaje de Infraestructura Crítica
Elaborar un mapa dinámico de activos estratégicos (carretera 307, aeropuertos, plantas eléctricas, hospitales) con niveles de riesgo diferenciados y protocolos específicos.
La protección debe incluir vigilancia física, ciberseguridad y rutas alternas de operación.
• Unidad Especializada Antiextorsión con Cobertura Regional
Crear una unidad con agentes capacitados, inteligencia telefónica y coordinación federal para bloquear señal en penales.
Debe incluir un sistema ágil de denuncia protegida y seguimiento judicial rápido.
• Reforma Legislativa para Control Patrimonial Obligatorio
Aprobar auditorías patrimoniales periódicas obligatorias para mandos policiales, directores municipales y funcionarios estratégicos.
Incluir cruces automatizados con información fiscal y financiera.
• Fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal
Establecer convenios directos con la UIF federal para seguimiento de operaciones atípicas vinculadas a remesas, empresas fachada y lavado en sectores inmobiliario y turístico.
Congelar activos debe ser parte del golpe estructural, no una medida simbólica.
• Programa Permanente de Evaluación y Depuración Policial
Implementar evaluaciones de control de confianza periódicas, rotación estratégica de mandos y monitoreo patrimonial continuo.
La omisión debe generar responsabilidad administrativa y penal.
• Estrategia de Comunicación Diplomática Preventiva
Establecer un canal técnico permanente con consulados de Estados Unidos, Canadá y Europa para evitar alertas desproporcionadas.
La transparencia informativa inmediata reduce impacto reputacional.
• Fondo Estatal de Contingencia para Crisis de Seguridad
Crear un fondo etiquetado para responder a emergencias de alto impacto (reposición de infraestructura, apoyo a comercios afectados, campañas de comunicación estratégica).
La estabilidad económica también es seguridad pública.
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En la edición impresa 1947 de nuestro semanario, correspondiente al 12 de enero de 2026, El Despertador presentó un amplio reportaje con el título TERRORISMO AMENAZA EL TURISMO (www.eldespertador.com.mx/terrorismo-amenaza-el-turismo/), donde se evidencia cómo, a pesar de que la legislación mexicana contempla el terrorismo como delito grave, autoridades federales evitan nombrarlo incluso cuando los hechos encajan en la definición legal, dejando a la sociedad frente a una violencia normalizada y sin respuestas claras del Estado
Ante el nuevo escenario de violencia suscitado tras la muerte de Nemesio Oseguera, nuestro planteamiento se mantiene: frente a la normalización de actos que generan terror, con efectos reales sobre la ciudadanía, la economía y sectores estratégicos como el turismo, corresponde a la sociedad, al gobierno y a los medios de comunicación asumir una responsabilidad ineludible: informar con rigor, actuar con legalidad y prevenir que la violencia se traduzca en pánico o en estigmatización.
Reconocer la gravedad del problema no implica dañar al país, sino protegerlo. La industria, la inversión y la vida cotidiana dependen de que el miedo no se convierta en política pública ni en estrategia criminal tolerada por omisión.