El 6 de mayo de 2025, organizaciones y ciudadanos preocupados por el medio ambiente presentaron ante el Congreso de Quintana Roo un paquete de iniciativas conocido como Once x Cuatro: Ley Pok Ta Pok, Movilidad Sustentable, Tajamar y Solimán.
No nacieron de la ocurrencia, sino de la experiencia acumulada de una ciudadanía que desde hace tiempo venía advirtiendo problemas claros: crecimiento urbano desordenado, presión ambiental, movilidad rebasada y la ausencia de mecanismos efectivos de responsabilidad del Estado.
No son ideas en el aire. Cada iniciativa atiende un problema específico. La Ley Pok Ta Pok, por ejemplo, busca impedir que las aguas residuales lleguen a cenotes, cavernas, manglares e incluso arrecifes, poniendo en riesgo nuestro bien más preciado: el medio ambiente. Otras iniciativas abordan la movilidad sustentable, la protección de zonas ambientalmente sensibles como Tajamar y la responsabilidad del Estado frente a los daños que permite o no corrige.
Hoy, a casi un año de distancia, esas iniciativas no han sido dictaminadas ni votadas.
Y ahí está el problema.
No falta diagnóstico, ni propuestas, ni participación ciudadana. El problema es el tiempo. O, más bien, la forma en que el Poder Legislativo decide administrarlo.
Porque legislar no es solo producir leyes. Legislar también es entender el momento en que una decisión puede evitar que un problema crezca. Es actuar cuando aún es posible contener, amortiguar o corregir.
Después, lo que sigue ya no es prevención. Es reacción. Y casi siempre, reacción tardía.
El caso de las iniciativas Once x Cuatro es claro. Se presentan cuando los problemas todavía son visibles, medibles y, en cierta medida, controlables. No se trata de crisis colapsadas, sino de procesos en curso. Justamente ahí es donde el Estado debería ser más eficiente: intervenir antes de que el costo social, económico y ambiental se dispare.
Pero no ocurre.
Si lo traducimos a lenguaje legislativo, el proceso es simple:
1. Iniciativa presentada
2. Turno a comisiones
3. Análisis técnico
4. Dictamen
5. Discusión en Pleno
6. Votación
7. Aprobación o rechazo
Las iniciativas Once x Cuatro están detenidas entre el turno a comisiones y el análisis técnico. Se reciben, se turnan, se “analizan”… y se quedan ahí, en ese punto intermedio donde todo parece avanzar, pero en realidad nada se resuelve.
Ese espacio es, en los hechos, una forma de congeladora institucional.
Y mientras tanto, el tiempo sigue corriendo y los problemas continúan acumulándose sin control.
Cada mes sin dictamen no es un simple retraso administrativo. Es un mes en el que los problemas que dieron origen a esas iniciativas se desarrollan sin regulación, sin corrección y sin una responsabilidad clara.
Después, cuando el problema estalla, llegan las soluciones de emergencia, los discursos de urgencia y las decisiones improvisadas. Se legisla entonces bajo presión, con costos más altos y con menos margen de maniobra.
Las iniciativas Once x Cuatro no son solo un conjunto de propuestas detenidas. Son un ejemplo de cómo el sistema político puede reconocer un problema… y aun así no actuar en consecuencia.
Porque el verdadero trabajo legislativo no está en recibir propuestas, sino en procesarlas a tiempo.
Legislar a tiempo no es un lujo. Es una obligación. Es la diferencia entre solucionar o administrar crisis. Entre prevenir o lamentar.
Si tú pudieras ver lo que yo escucho, entenderías que el silencio legislativo también habla.
Y lo que está diciendo, en este caso, es que dejamos pasar el momento en que todavía era posible atender las causas a tiempo.
Y luego nos sorprende que se diga que Quintana Roo tiene un Congreso caro y poco productivo.
Lo digo en plural: también nos corresponde, como ciudadanos, exigir resultados a quienes fueron electos para asumir un cargo público y dar soluciones a tiempo.
Gerardo Ruiz es director de la Red Ciegos Quintana Roo
X: @gruizcun