MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la Secretaría de Gobernación atender personalmente la crisis de violencia y desplazamiento forzado en Chilapa, Guerrero, donde al menos 96 personas abandonaron sus comunidades tras enfrentamientos entre grupos armados, mientras el gobierno federal descartó una incursión militar inmediata para evitar más víctimas civiles.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que la prioridad es garantizar la salida segura de personas heridas y retirar bloqueos carreteros mediante negociaciones con habitantes y grupos armados presentes en la región.
“Lo que no queremos es que haya un enfrentamiento que vaya a afectar a la población civil. Primero que nada hay que preservar la vida de las personas”, declaró Sheinbaum.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las comunidades afectadas se ubican en la región de la Montaña Baja de Guerrero, donde mantienen presencia grupos criminales como “Los Ardillos” y “Los Tlacos”.
El funcionario confirmó que fuerzas de la Guardia Nacional, Ejército y autoridades estatales fueron desplegadas desde el inicio de los hechos, aunque reconoció que la situación continúa siendo “muy delicada” debido a la presencia simultánea de civiles y personas armadas.
“Ahorita se está dando prioridad al diálogo para poder establecer una zona de operación más adentro”, explicó Harfuch al señalar que alrededor de 20 personas permanecían aún resguardadas dentro de las comunidades afectadas.
La presidenta sostuvo que una intervención exclusivamente militar podría agravar el riesgo para habitantes ajenos al conflicto. “No se puede actuar exclusivamente con el Ejército o con la Guardia Nacional”, afirmó.
Mientras las autoridades federales intentan negociar una salida sin confrontación, comunidades indígenas y organizaciones sociales denunciaron nuevos ataques con drones presuntamente perpetrados por el grupo criminal Los Ardillos contra la comunidad de Alcozacán.
Las agrupaciones acusaron además ausencia de protección gubernamental y aseguraron que las agresiones iniciaron desde el 6 de mayo sin que fuerzas federales ingresaran a la zona.
El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana documentó en un reciente estudio al menos 15 mil 795 personas desplazadas internas en 73 eventos ocurridos durante 2025 en 11 estados del país. (Con información de agencias)