Marisol Balado Esquiliano
Más allá de la opinión de muchos en el sentido de que la Suprema Corte se arrodilló ante el Ejecutivo pienso que en el fondo la decisión de la Corte de aprobar la consulta popular para enjuiciar o no a los últimos cinco expresidentes fue una decisión política contraria al estudio jurídico que en su ponencia hizo el ministro Luis María Aguilar quien concluyó que la pregunta que formuló el Presidente contenía “un rosario de inconstitucionalidades”; salomónicamente el Pleno de la Corte resolvió reformular la pregunta dejándola tan ambigua que nadie que decida prestarse a ese teatro podría decir que no, cerrando así un capítulo de esta historia.
Por supuesto que no es la intención del Presidente enjuiciar a los expresidentes pero aun cuando lo fuera, no hay manera de atribuirles alguna responsabilidad política o penal en el ejercicio de su encargo porque el sistema político mexicano está diseñado para que no alcance al Primer Mandatario; sin embargo esta decisión le servirá para traer el tema a discusión y así incidir en el proceso electoral del próximo año. De pasada le dará más argumentos para seguir desgastando ante la opinión pública la imagen del INE como un órgano autónomo eficaz, capaz de garantizar que se cumplan las reglas de la democracia primero representativa y ahora por mandato de Andrés Manuel, la democracia participativa.
El INE tendrá que duplicar esfuerzos para organizar la compleja elección de 2021, operativamente hablando son 15 gubernaturas, renovación de 300 diputados y alrededor de 1100 ayuntamientos, además en tiempos de pandemia; un mes después tendrá que realizar la consulta popular en la que tendrán que salir a votar 30 millones de mexicanos para que ésta tenga efectos vinculantes, independientemente de que le autoricen el presupuesto que van a solicitar y a esto súmele la encuesta para elección de Presidente y Secretaria General o viceversa de MORENA partido cuya dirigencia se enfrascó en una pugna que acabará manchándolo como instancia organizadora. Andrés Manuel está empedrando el camino para el entierro de este Instituto que ha resistido hasta ahora los intentos para cancelar en los hechos su naturaleza autónoma.
LA RUEDA DE LA FORTUNA
Con la llegada de la diputada Judith Villanueva y Tomás Medina al PVEM se oficializa el legado político de Roberto Borge, es decir transferir los activos políticos del PRI a ese partido; primero fue cederle un porcentaje de votos que no correspondía al peso electoral del Verde en Q Roo, luego fue la transferencia de estructuras y candidatos hasta que en medio de lo poco valioso que queda se dan estas bajas que por lo que alcanzo a ver no serán las últimas en el éxodo electoral rumbo al 21. La militancia partidista es una decisión personal; las dirigencias deberían estar ocupadas en realizar acciones para mantener a sus afiliados unidos en torno a un proyecto cosa que hoy por hoy es un problema de todos los partidos, sobre todo los de oposición los que no encuentran como hacer política en los tiempos de la “nueva normalidad”.
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Sonría que hoy también hay buenas noticias.