A cinco años de su promulgación, el Decreto Presidencial que prohíbe obstaculizar el paso de los ciudadanos al mar y establece multas millonarias para los transgresores, es letra muerta; hoteleros en Quintana Roo persisten en la violación impune de la ley, ante la inacción de las autoridades
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO
A cinco años del Decreto Presidencial que garantiza el libre acceso a todas las playas del país, la norma sigue siendo sistemáticamente ignorada en Quintana Roo. Mientras decenas de hoteles bloquean el paso con bardas, rejas y vigilantes, amparados en la omisión de las autoridades, las pocas playas públicas que existen carecen de servicios básicos, estacionamientos suficientes y rampas para personas con discapacidad. Además, en algunas, como Playa del Niño en Puerto Juárez, se presentan condiciones insalubres, ya que se ha detectado la presencia de heces fecales flotando en el agua, lo que las convierte en espacios no aptos para uso recreativo.
El decreto fue concebido para corregir una injusticia histórica, pero en la práctica, la ley ha sido enterrada bajo la complicidad de los tres niveles de gobierno.
La modificación a la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) fue publicada en octubre de 2020, y establece la prohibición de cualquier tipo de obstáculo físico o administrativo que impida el libre acceso a las zonas federales marítimo-terrestres.
Además, contempla sanciones y multas de hasta un millón de pesos para quienes incumplan. Sin embargo, en lugares como Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Costa Mujeres y Tulum, la violación es cotidiana y a plena vista: cadenas, casetas de seguridad, caminos cerrados con portones, macetas, pasillos privatizados o simplemente personal que niega el paso si no se acredita una reservación en el hotel.
Las autoridades responsables, desde la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), hasta los gobiernos municipales, han actuado con una pasividad que raya en la protección al infractor.
Además, las playas que ostentan distintivos internacionales como Blue Flag apenas cumplen con lo mínimo y, aun así, tienen restricciones: sanitarios abiertos solo en ciertos horarios, vigilancia insuficiente, accesos mal diseñados, rampas para personas con discapacidad con pendientes peligrosas que no llegan hasta la playa.
El resultado es un litoral profundamente desigual, donde el mar es de todos en el papel, pero solo accesible —y en condiciones dignas— para quienes pueden pagar una estadía en los lujosos hoteles que se creen dueños de las playas.
Es de destacar que la resistencia empresarial a este decreto se manifestó desde su origen. Los hoteleros argumentaron que no fueron consultados y que la norma fue impuesta de forma unilateral.
De hecho, esta tensión escaló hasta provocar un conflicto interno en la Secretaría de Turismo (Sectur) entre su entonces titular, Miguel Torruco, y quien fungía como subsecretario, Simón Levy, quien denunció presiones y conflictos de interés en torno al acceso a las playas y todo el entorno regulatorio costero.
Aunque la disputa se desvaneció de la escena pública, el trasfondo permanece intacto: el poder económico impone condiciones sobre un bien nacional ante un Estado que opta por no incomodar.
De esta forma, cinco años después, la pregunta no es por qué se incumple el Decreto Presidencial, sino por qué nadie lo hace cumplir. La respuesta apunta a una fórmula ya conocida en Quintana Roo: negocios millonarios, autoridades omisas y derechos colectivos convertidos en obstáculos para el modelo turístico dominante.
Cabe destacar que este problema no es exclusivo de Quintana Roo; se replica en los 17 estados costeros del país, donde la falta de accesos públicos, la corrupción y la inacción de las autoridades perpetúan un modelo que favorece los intereses privados sobre el bien común.
El marco legal que nadie respeta
La reforma legal de 2020 establece en el artículo 127 de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) que, en caso de no existir vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo-terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para tal efecto convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios, mediando compensación en los términos que fije el reglamento. Dichos accesos serán considerados de servidumbre, en términos de la fracción VIII del artículo 143 de esta ley.
Cabe apuntar que la servidumbre de paso es un derecho real –es decir, un derecho que se constituye sobre las cosas, en oposición a los derechos personales que se constituyen sobre las personas– para permitir la entrada o salida a un predio por un camino público. Este derecho, regulado en los artículos 1097 a 1108 del Código Civil Federal de México, se establece para garantizar el acceso y tránsito sin obstáculos, y puede incluir el paso de personas, vehículos, maquinaria y servicios.
La misma disposición de la LGBN señala que quien incumpla con ello será acreedor a sanciones de entre 3 mil y 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que al valor de 2025 es de 113.14 pesos, lo que equivale a entre 339 mil 420 y un millón 357 mil 680 pesos. Incluso se plantea la opción de revocar concesiones en caso de reincidencia.
El Equipo de Investigación de El Despertador de Quintana Roo realizó un ejercicio para verificar si realmente los hoteleros cumplen con la ley. Sin embargo, fue evidente que los “magnates” de la hotelería ignoran el Decreto Presidencial con total impunidad.
Este trabajo de investigación para intentar ingresar a la zona federal como lo establece la ley se llevó a cabo solicitando el permiso al personal de seguridad del hotel Gran Oasis Cancún, de inversión española, ubicado en el kilómetro 16.5 del bulevar Kukulcán, el cual cuenta con un pasillo de servidumbre que va desde el área de la caseta de seguridad hasta la playa.
Al llegar a la primera caseta de seguridad para hacer valer el derecho constitucional, sin titubeos el guardia exclamó: “No voy a caer en una discusión con ustedes. Yo también soy mexicano y no me dejan pasar a la playa por el hotel, pero si quieren, inténtenlo y pregunten en la segunda caseta, porque aquí no tengo cómo avisar”.
En la segunda caseta, la mujer que atendía se mostró sorprendida por los argumentos presentados con base en el artículo 127 de la LGBN y dijo desconocerlos, pero solicitó la oportunidad de comunicarse con sus superiores para saber si nos permitirían ingresar.
Después de más de 15 minutos de espera, la respuesta nunca llegó y la mujer se disculpó, argumentando que solo era una trabajadora del hotel, y que, si dependiera de ella, permitiría el acceso por el callejón de servidumbre, pero hacerlo sin autorización le costaría el empleo.
“La verdad, les pido disculpas. Yo solo cumplo con mi trabajo y si los dejo pasar, lo más seguro es que me corran. Estoy de acuerdo con ustedes, pero lamentablemente solo se permite el acceso a quienes estén hospedados o cuenten con una reservación en el hotel”, insistió.
Es importante señalar que no todos los hoteles cuentan con accesos de servidumbre hasta la zona federal marítimo-terrestre, y los que los tienen, en muchos casos están bloqueados, lo que demuestra que el decreto que debía devolver las playas al pueblo está completamente desmantelado por la inercia, la impunidad y el poder económico. Mientras el mar sigue rompiendo contra los muros del privilegio, la ciudadanía observa cómo se diluye otro derecho fundamental.
En ese sentido, la senadora por Quintana Roo Mayuli Martínez Simón, quien en su momento votó a favor de la reforma a la LGBN, sostiene que el acceso libre a las playas no es un privilegio, sino un derecho constitucional que siempre ha existido, pero que ahora puede sancionarse a quienes lo restrinjan. “Desde 2020, la Ley General de Bienes Nacionales prohíbe expresamente cualquier acto que impida, restrinja o condicione el paso a las playas del país, y la misma reforma establece sanciones claras: multas que pueden superar el millón de pesos y la revocación de concesiones en caso de reincidencia. Estas medidas no deben quedar solo en el texto.
“Por eso se hace un llamado a la Semarnat para que cumpla con su responsabilidad, supervise de manera efectiva y aplique las sanciones cuando se violente este derecho. La ley ya existe; ahora debe cumplirse”, insistió.
Solicitud de información a la Plataforma de Transparencia
Como parte del trabajo periodístico de investigación en torno al incumplimiento del Decreto Presidencial que garantiza el libre acceso a las playas del país, el Equipo de Investigación de El Despertador de Quintana Roo presentó dos solicitudes formales de información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
La primera, con folio 330026725001301, fue dirigida a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la segunda, con folio 330024425000536, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Las peticiones están fundamentadas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y respaldadas por el Decreto Presidencial publicado el 21 de octubre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, que establece que el acceso a las playas y a la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) no podrá ser restringido, obstaculizado ni condicionado, y que los propietarios de terrenos colindantes deberán permitir el libre acceso.
Las solicitudes se estructuraron en cuatro ejes principales: cumplimiento del Decreto Presidencial, sanciones impuestas por incumplimiento, denuncias ciudadanas, así como transparencia y difusión.
A las autoridades se les pidió informar qué acciones han realizado para garantizar el cumplimiento del Decreto, así como los mecanismos de inspección, verificación o monitoreo implementados en zonas turísticas como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y otros destinos. También se solicitó copia de cualquier lineamiento, circular o protocolo emitido con posterioridad al decreto, orientado a asegurar el acceso libre.
El Despertador de Quintana Roo también requirió datos detallados sobre cuántas sanciones se han impuesto a particulares o concesionarios (como hoteles) en Quintana Roo desde la entrada en vigor del Decreto, incluyendo desglose por año, municipio, nombre del infractor, tipo de infracción, monto de la multa y tipo de sanción (como multas, clausuras o revocaciones de concesión).
De igual forma, se pidió información sobre concesiones que hayan sido revocadas y copia de las resoluciones correspondientes.
Se consultó cuántas denuncias ciudadanas han sido recibidas por casos en los que se ha impedido el acceso a playas públicas desde octubre de 2020, así como los motivos más frecuentes de estas quejas, la respuesta oficial en cada caso, y qué autoridades (federales, estatales o municipales) son responsables de atenderlas.
Otro punto importante en la solicitud fue que las autoridades informaran sobre los mecanismos disponibles para interponer dichas denuncias (presencial, telefónica o digital), con el objetivo de incentivar a la ciudadanía a denunciar, ya que es evidente que los organismos encargados de representarla guardan total silencio.
Finalmente, se solicitó saber si existe algún registro público o plataforma en línea donde los ciudadanos puedan consultar las concesiones vigentes de Zofemat y su estatus respecto al acceso libre, así como qué campañas informativas o acciones de difusión ha realizado la autoridad para informar a la población sobre sus derechos y cómo denunciar restricciones indebidas.
Cabe mencionar que ambas solicitudes fueron presentadas con la petición expresa de que la información sea entregada en formato digital (PDF o Word), para su análisis y posterior difusión.
Este ejercicio forma parte de una serie de acciones de periodismo de investigación orientadas a visibilizar cómo se está aplicando o incumpliendo el marco legal vigente que garantiza el acceso libre y gratuito a las playas, en un estado donde el turismo y los intereses privados suelen imponerse sobre los derechos ciudadanos.
Simulación oficial y complicidad gubernamental
Las denuncias sobre la relación entre autoridades y hoteleros no son nuevas. Uno de los episodios más ilustrativos ocurrió cuando Simón Levy, exsubsecretario de Turismo, reveló que el entonces titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, le prohibió abordar el tema de los accesos a playas por presuntos compromisos con el sector hotelero. Levy terminó renunciando a su cargo, evidenciando la falta de voluntad política para enfrentar los intereses privados que restringen el derecho de la población a disfrutar del litoral.
A esta omisión se suma la ineficacia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), particularmente de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), que ha permitido que los intereses privados prevalezcan sobre el bien común.
De hecho, aunque en 2020 se lanzó el llamado “Movimiento Nacional para la Recuperación de los Accesos Públicos a las Playas”, encabezado con gran despliegue mediático desde Cancún, los resultados han sido prácticamente inexistentes.
El operativo, anunciado como un esfuerzo federal para abrir accesos y garantizar el derecho al mar, quedó en simulación. La única acción concreta fue la apertura de un acceso en Puerto Juárez, con la demolición de un muro construido por el hotel TRS Coral, de la cadena española Palladium Hotel Group, mientras que zonas con demandas históricas como la Zona Hotelera de Cancún, Costa Mujeres o el corredor de la Riviera Maya siguen sin avances sustantivos.
Habitantes de Quintana Roo denuncian cierre ilegal de playas
Ciudadanos de Puerto Aventuras, Tulum y Cancún han alzado la voz contra la creciente privatización de playas, en clara violación al derecho constitucional de libre acceso. Recientemente, en Puerto Aventuras, colonos denunciaron al PA Hotel & Beach Club por restringir el paso con una soga y condicionar el ingreso a un consumo mínimo de 350 pesos.
Aunque tras una reunión se acordó mantener el acceso libre para residentes, persiste el malestar por lo que califican como apropiación indebida de espacios comunes.
En Tulum, decenas de ciudadanos marcharon pacíficamente el pasado 9 de febrero para exigir accesos públicos en zonas hoteleras y eliminar cobros en áreas cercanas al Parque del Jaguar. La consigna fue clara: “¡La playa es de todos!”
En Cancún, persisten denuncias contra clubes de playa como Mandala Beach y complejos como The Ritz-Carlton, acusados de colocar cercas, macetas y otros obstáculos para impedir el paso a bañistas. Pese a que la Ley de Bienes Nacionales garantiza el acceso libre a las playas, ciudadanos acusan omisiones de autoridades y prácticas que contradicen el marco legal.
El poder hotelero contra la Ley
En Cancún, el acceso público a las playas se ha convertido en una batalla cotidiana para la ciudadanía. A lo largo de la Zona Hotelera, muchos desarrollos turísticos han bloqueado los accesos al mar, en abierta contradicción con las leyes que garantizan este derecho. Detrás de esta situación se encuentra un poder hotelero que no solo impone sus propias reglas, sino que desafía a la autoridad con declaraciones que rayan en el cinismo.
Uno de los portavoces más notorios de esta postura es Abelardo Vara Rivera, expresidente y actual consejero de la Asociación de Hoteles de Cancún. Vara ha afirmado públicamente que los hoteleros no permitirán el acceso a través de sus instalaciones, argumentando que se trata de propiedad privada. Según sus palabras, permitir el paso sería “un paso al socialismo”.
No es la primera vez que Vara lanza afirmaciones polémicas. En 2011, cuando se registraron ataques de tiburones a turistas, declaró: “Si los tiburones ponen en riesgo al turismo, habrá que sacrificarlos, no hay más… hay que hacerlo, yo estoy a favor cien por ciento. No por cuidar unos animalitos por ahí, que qué pena, pero si nos están afectando, hay que exterminarlos”.
También ha criticado leyes como la que protege los manglares, considerándolas un obstáculo para “proyectos ambiciosos”, y se ha confrontado con miembros del ámbito político, a pesar de que su hija incursionó en la política como candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez hace algunos años.
La postura del exlíder hotelero refleja una visión compartida por otras organizaciones, como la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), que cuestiona la legislación sobre el acceso libre a las playas, considerándola imprecisa y generadora de desorden. En privado, los hoteleros manifiestan su temor de que Quintana Roo pierda el control de sus zonas exclusivas, como ocurrió en Acapulco.
Mientras los hoteleros defienden sus intereses, los ciudadanos enfrentan muros, rejas y vigilantes armados cuando intentan ejercer un derecho constitucional.
“Soy nacida en Cancún y vengo a la playa desde niña, pero ahora cada vez es más difícil. Nos ven feo, nos preguntan del hotel, y si no tienes brazalete, te sacan. ¿Entonces las playas ya no son de todos?”, reclama Rosario Juárez, vecina de la Región 93.
“Vengo con mis hijos y tengo que caminar más de un kilómetro porque el acceso más cercano está cerrado. Es un abuso. Ponen sus caminitos, pero son trampas: al final hay una reja o un guardia. ¿Dónde está el gobierno?”, denuncia Mario López, trabajador del sector servicios.
Legalmente, el panorama es claro. La reforma al artículo 127 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial y la Zona Federal Marítimo Terrestre obliga a los propietarios a permitir el paso cuando no existen accesos públicos, en coordinación con la Semarnat y con posibilidad de compensación. Sin embargo, el incumplimiento de la ley por parte de los hoteleros es la norma, no la excepción.
Para justificar su negativa, los empresarios acusan a los municipios de no cumplir con su deber de habilitar las llamadas “ventanas al mar”. No obstante, esa narrativa omite que muchos desarrollos se construyeron bloqueando antiguos caminos costeros y que ahora se niegan a abrir paso alguno, escudándose en el argumento de la propiedad privada.
Las playas ‘Blue Flag’ y su deterioro
Cancún ostenta 47 distintivos Blue Flag en playas, hoteles y embarcaciones, lo que lo posiciona como líder nacional en esta certificación. Sin embargo, de los 15 accesos municipales, tres no tienen entradas claras ni dignas, cinco carecen de servicios, y solo siete cuentan con la certificación del programa internacional Blue Flag, operado por la polémica Fundación para la Educación Ambiental (FEE). Esta certificación reconoce a las playas que cumplen con estándares de calidad en cuatro áreas: calidad del agua, gestión ambiental, educación ambiental y seguridad/servicios, que incluye estacionamientos.
Además, no existen rampas adecuadas para personas en silla de ruedas que permitan llegar a la orilla. Las pocas que hay presentan una inclinación peligrosa y solo llegan hasta los baños, no hasta la playa.
Esto, a pesar de que José Ricardo Velázquez, titular de la Dirección para la Inclusión del Ayuntamiento de Benito Juárez, sostiene que en Cancún habitan aproximadamente 120 mil personas con discapacidad.
Las playas de Cancún que ostentan la certificación Blue Flag durante la temporada 2024-2025 son: Chac Mool, Las Perlas, Delfines, Marlín, Ballenas, Coral (Mirador II, que incluye la categoría pet friendly) en la Zona Hotelera, y El Niño en Puerto Juárez, donde hace unas semanas usuarios de redes sociales compartieron imágenes de heces fecales flotando en el mar, presumiblemente humanas, aunque las autoridades municipales que se encargaron de recolectar casi un kilo de desechos tras la viralización de la denuncia, aseguraron que era de tortugas.
El cumplimiento de los criterios Blue Flag está en entredicho. Es evidente que existen deficiencias, principalmente en los servicios, siendo este uno de los puntos más recurrentes. Muchas de estas playas carecen de espacios adecuados para estacionarse, lo que dificulta el acceso para visitantes locales y nacionales.
En algunos casos, los estacionamientos existentes son controlados por hoteles o particulares que cobran tarifas, pese a tratarse de espacios gratuitos.
Por ejemplo, en Playa Marlín, al Equipo de Investigación de El Despertador de Quintana Roo no se le permitió el acceso al área de estacionamiento, a pesar de que aún había lugares disponibles. Un trabajador municipal, identificado con una camiseta de Zofemat, mencionó que se le debía dar “para los chescos”, una práctica irregular recurrente.
En esa misma playa, una de las más populares, pero con un área pública limitada a solo 50 metros, se observó una amplia erosión de la arena. Además, se detectó la presencia de personas que hacen negocio con la renta de sillas, mesas, sombrillas y camastros, actividades que requieren una concesión federal.
Las playas de México, y en particular las de Quintana Roo, son un bien común que no puede seguir siendo monopolizado por intereses privados. El decreto presidencial de 2020 y la reforma a la Ley General de Bienes Nacionales son herramientas poderosas, pero su efectividad depende de la voluntad política para hacerlas cumplir.
En un destino como Cancún, donde las playas Blue Flag son un atractivo internacional, los problemas de acceso, estacionamiento, cobros indebidos y ambulantaje no solo violan los derechos ciudadanos, sino que también amenazan la sostenibilidad del turismo.
Es hora de que las autoridades, los hoteleros y la sociedad trabajen juntos para devolverle a las playas su carácter público y garantizar que todos los mexicanos puedan disfrutarlas sin restricciones.
Las 15 playas públicas de Cancún
Playa del Niño (Blue Flag)
Puerto Juárez
Playa Las Perlas (Blue Flag)
Kilómetro 2.5, Zona Hotelera, Cancún
Playa Linda (sin acceso visible)
Kilómetro 4, Zona Hotelera, Cancún
Playa Langosta (libre, con estacionamiento limitado)
Kilómetro 5, Zona Hotelera, Cancún
Playa Pez Volador (sin acceso visible y sin estacionamiento)
Kilómetro 5.5, Zona Hotelera, Cancún
Playa Tortugas (libre, con obstáculos y estacionamiento limitado)
Kilómetro 6.5, Zona Hotelera, Cancún
Playa Caracol (sin acceso visible)
Kilómetro 9, Zona Hotelera, Cancún
Playa Forum/Gaviota Azul (concesionada, con acceso limitado)
Kilómetro 9.5, Zona Hotelera, Cancún
Playa Chac Mool (Blue Flag, con pocos estacionamientos)
Kilómetro 10, Zona Hotelera, Cancún
Playa Marlín (Blue Flag, cobran estacionamiento)
Kilómetro 13, Zona Hotelera, Cancún
Playa San Miguelito (sin acceso visible, poco conocida)
Kilómetro 14, Zona Hotelera, Cancún
Playa Ballenas (Blue Flag, con estacionamiento limitado)
Kilómetro 14.5, Zona Hotelera, Cancún
Playa Delfines (Blue Flag, la más popular, con pocos problemas)
Kilómetro 18, Zona Hotelera, Cancún
Playa Río Nizuc (concesionada, con limitaciones)
Kilómetro 24, Zona Hotelera, Cancún
Playa Coral (Blue Flag, pet friendly)
Kilómetro 25, Zona Hotelera, Cancún