AGUAKAN, INTOCABLE E IMPUNE
6 Dic. 2025
A dos años de que la pasada XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo avaló el retiro de las concesiones que posee la empresa para lucrar con el servicio de agua, el proceso permanece empantanado, en espera de una resolución de la Suprema Corte
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR
Mientras el Senado de la República aprobó la semana pasada, mediante un proceso “fast track”, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales —bajo el argumento de fortalecer la rectoría del Estado sobre el recurso—, en Quintana Roo persiste una paradoja que exhibe lo contrario: una concesión privada cuestionada, impugnada por la ciudadanía y revocada por el Congreso local continúa operando con absoluta impunidad, extrayendo agua del subsuelo de la Península de Yucatán para lucrar con ella.
A tres años y medio de la consulta popular realizada en junio de 2022, en la que la mayoría de la población de los cuatro municipios involucrados —Playa del Carmen, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Benito Juárez— votó por retirar la concesión de Aguakan, y pese al Decreto 195 emitido por la XVII Legislatura en diciembre de 2023, que anuló la ampliación contractual otorgada en 2014 y ordenó la transferencia de la infraestructura a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) a partir del 1 de enero de 2024, la empresa continúa administrando el servicio de agua, drenaje y saneamiento con vigencia hasta 2053, como si nada hubiera cambiado. Su permanencia descansa en una compleja red de amparos que ha congelado el proceso y mantiene neutralizada la voluntad pública.
Según diversos reportes periodísticos, en la estructura empresarial vinculada a Aguakan aparece el nombre del Rey de España —Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, Felipe VI—, lo que sugiere la presencia de intereses relacionados con la realeza española en la concesión, aunada a las múltiples inversiones de capital español existentes en la hotelería de Quintana Roo, lo que podría ser uno de los motivos por los cuales el proceso legal no avanza.
La contradicción se profundiza al revisar los cimientos jurídicos del agua en México. Los artículos 4, 27 y 115 de la Constitución establecen que el acceso al agua es un derecho humano, que todas las aguas pertenecen originariamente a la Nación y que los municipios son responsables de los servicios de agua potable y alcantarillado. En conjunto, ordenan una gestión pública, equitativa y sustentable del recurso. Sin embargo, la continuidad de Aguakan —y la incapacidad del Estado para ejecutar el mandato ciudadano— expone la tensión entre el modelo de concesiones y el espíritu constitucional que dice regir al país.
En los cuatro municipios involucrados esta tensión se manifiesta cotidianamente: los usuarios pagan las tarifas más altas del país por un servicio irregular que no garantiza agua apta para el consumo humano, mientras los gobiernos federal y estatal reiteran públicamente que la concesión debe concluir. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha expresado con claridad: “no se puede hacer negocio con el agua”. Pero los expedientes judiciales avanzan con lentitud y la Suprema Corte evalúa si atraerá el caso, sin que exista, hasta el momento, una fecha definida.
Y entonces surge la pregunta incómoda: si el Estado ha demostrado capacidad para confrontar a corporaciones de escala internacional —como en el caso de Calica/Sactun—, ¿por qué no ha logrado hacerlo con Aguakan? ¿Qué intereses rodean a esta empresa?
Lo que debió ser un trámite sencillo —acatar el resultado de una consulta ciudadana— se transformó en un intrincado laberinto legal que revela la distancia entre el marco constitucional, las promesas de campaña, la rectoría pública y la realidad de un modelo de concesiones capaz de resistir incluso el mandato democrático.
Aguakan opera bajo un contrato otorgado en 1993 durante el gobierno estatal de Mario Villanueva Madrid y ampliado anticipadamente en 2014 hasta 2053 en la administración de Roberto Borge, lo que hoy se considera la raíz del conflicto. Cabe destacar que ambos exmandatarios se encuentran sujetos a procesos penales: el primero, vinculado a temas de narcotráfico, y el segundo, acusado de delitos relacionados con la función pública.
La compañía de la polémica
Aguakan —nombre comercial de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (DHC)— opera desde hace más de tres décadas los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen. Aunque suele percibírsela como una empresa “propietaria del agua”, en realidad su función se limita a administrar la infraestructura para extraer, distribuir y cobrar por el recurso hídrico que es propiedad de la Nación. El agua no la produce la empresa: la obtiene de las fuentes subterráneas de la Península de Yucatán, que forman parte del sistema del Gran Acuífero Maya.
Pese a que el líquido es sometido a procesos de potabilización, no es apto para consumo directo del grifo, como sí ocurre en varios países desarrollados. A ello se suma la percepción ciudadana sobre el alto costo del servicio —considerado entre los más elevados del país— y la inconformidad por prácticas de cobranza y suspensión señaladas por usuarios como intimidatorias. Vecinos y organizaciones civiles han denunciado durante años un clima de “terrorismo administrativo”: advertencias de embargo, amenazas de perder la vivienda, restricción del servicio y una relación tensa entre la empresa, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y los consumidores.
Los nombres detrás de la concesión
De acuerdo con la escritura pública número 5624, volumen 548, fechada el 22 de marzo de 1991 en la Ciudad de México, Desarrollos Hidráulicos de Cancún fue constituida ante el notario Arturo Llorente Martínez. En aquella conformación inicial figuraban como socios Alberto Baillères, Aquileo Medel, José Medel Martínez, Crescencio Ballesteros y Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, hoy Rey de España.
La presencia de este último en la escritura ha generado diversas especulaciones sobre intereses extranjeros en el desarrollo inmobiliario y hotelero del Caribe mexicano, así como sobre la participación de capital europeo en proyectos estratégicos de la región.
Aunque Aguakan ha pasado por manos internacionales —como Azurix y el Grupo Suez—, desde 2013, cuando Baillères —fallecido en 2022— vendió su participación en la firma, su estructura de propiedad se concentra en dos actores mexicanos:
• Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), encabezado por Jorge Ballesteros Zavala, con la participación mayoritaria.
• Un CKD (Certificado de Capital de Desarrollo) administrado por GBM (Grupo Bursátil Mexicano), que controla el porcentaje restante.
A través de esta configuración, la empresa administra la concesión otorgada por el gobierno de Quintana Roo para operar el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los cuatro municipios turísticos más importantes del estado.
El litigio que mantiene inamovible a Aguakan
El conflicto legal que mantiene a Aguakan operando no es un accidente jurídico; es la consecuencia de una cadena de decisiones políticas, irregularidades documentadas y una resistencia empresarial que ha logrado frenar, por casi dos años, la voluntad expresada en las urnas.
Todo comenzó el 5 de junio de 2022. Ese día, miles de ciudadanos en Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos participaron en una consulta pública para decidir si Aguakan debía continuar operando el servicio de agua potable y saneamiento. La respuesta fue contundente: la mayoría votó por terminar el contrato y la participación superó el 35 % requerido por la ley para que el resultado fuera vinculante. El Instituto Electoral lo confirmó y ordenó al Congreso iniciar el proceso para revocar la concesión. La demanda social dejó de ser opinable; se volvió obligatoria.
Con ese mandato, la XVII Legislatura abrió una comisión especial que reveló irregularidades graves en la ampliación otorgada en 2014: una prórroga sin licitación, aprobada anticipadamente y extendida hasta 2053, pese a que la concesión original aún tenía una década de vigencia. Además, se documentaron deficiencias persistentes en el servicio: cobros indebidos, fallas en drenaje y falta de abastecimiento en zonas completas. El 22 de diciembre de 2023, el Congreso respondió con el Decreto 195, anulando la ampliación de 2014 y declarando el fin de la concesión el 31 de diciembre de ese mismo año. Desde el 1 de enero de 2024, toda la infraestructura debía regresar a manos de la CAPA.
Pero Aguakan no estaba dispuesta a perder el negocio. La empresa se refugió en el recurso del amparo y obtuvo, primero, una suspensión provisional y luego una definitiva. Con ese escudo judicial, logró mantener el control del sistema hídrico mientras el expediente 1323/2023 quedó detenido en el Juzgado Octavo de Distrito. En paralelo, otros recursos de la Consejería Jurídica del Estado avanzaron lentamente en tribunales federales y llegaron incluso a la antesala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el centro del litigio chocan dos narrativas opuestas. Aguakan sostiene que es víctima de hostigamiento político e incluso advierte que la cancelación comprometería inversiones y afectaría ahorros de trabajadores en Afores. Su argumento principal es que el Congreso no tiene facultades para extinguir la concesión. Del otro lado, el gobierno estatal y el Poder Legislativo recuerdan a la empresa que la ley es clara: cualquier concesión que exceda el periodo de un ayuntamiento requiere autorización legislativa, algo que la ampliación de 2014 nunca tuvo. A ello se suma un principio más difícil de evadir: la ciudadanía ya votó por la salida de Aguakan.
El resultado es un escenario donde la empresa continúa operando gracias a suspensiones que congelaron las decisiones del Congreso, mientras los tribunales federales deciden si validan la revocación o si extienden la vida de una concesión rechazada por la ciudadanía, cuestionada por la ley y señalada durante años por su servicio deficiente.
Aguakan sigue en pie, pero lo hace sostenida por un entramado judicial que podría derrumbarse en cualquier momento. El litigio permanece abierto, mientras la presión política, social y legal avanza sobre una concesionaria que opera a contrarreloj.
CAPA y Congreso fijan tarifas, pero Aguakan manipula medidores
El costo mensual del servicio de agua potable en la región está regulado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y aprobado por el Congreso local, instancias que establecen las tarifas que los usuarios deben pagar. Sin embargo, denuncias ciudadanas señalan que la empresa concesionaria Aguakan, responsable de la instalación y mantenimiento de los medidores, podría estar manipulando estos dispositivos, alterando el registro del consumo real de agua, a pesar de que no es potable.
De acuerdo con usuarios afectados, esta práctica generaría cobros superiores a los consumos reales, lo que ha provocado descontento y cuestionamientos sobre la transparencia de la empresa. Especialistas en el sector señalan que la correcta medición es clave no solo para garantizar un cobro justo, sino también para detectar fugas y gestionar eficientemente el recurso hídrico.
La situación plantea un dilema: mientras las autoridades reguladoras establecen tarifas oficiales, la veracidad de los cobros queda en entredicho por posibles irregularidades en la operación de los medidores, lo que genera incertidumbre y preocupación entre la ciudadanía.
Las presuntas manipulaciones no solo afectan la economía de los usuarios, sino también la confianza en el sistema de suministro. Vecinos de distintas colonias acusan que han recibido facturas con incrementos inesperados, aun cuando su consumo se mantiene constante.
Expertos en regulación de servicios públicos advierten que este tipo de irregularidades refleja la dificultad de supervisar a las empresas concesionarias, incluso cuando existen tarifas oficiales aprobadas por CAPA y el Congreso. La ausencia de auditorías independientes sobre la instalación y funcionamiento de los medidores limita la capacidad de los usuarios para verificar la exactitud de sus consumos.
Aguakan, abusos documentados y justicia omisa
Mientras el Gobierno de Quintana Roo y la ciudadanía exigen el fin de la concesión de Aguakan, el proceso legal avanza al ritmo de la autoridad menos interesada en que algo cambie: el Poder Judicial. Aunque dos presidentes de la República —el anterior y la actual— han denunciado públicamente los abusos de la empresa, la Suprema Corte mantiene congelados los juicios clave, incluido el amparo 1433/2024 promovido por Paul Andrew Rangel Markley, director de la concesionaria e investigado por fraude procesal. Pese a las denuncias y a que pesa sobre él una ficha roja y una alerta migratoria, su caso continúa entrampado en los pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin resolución.
En el terreno, los usuarios siguen pagando las consecuencias. Aguakan opera desde hace años con una lógica que coloca sus intereses por encima del derecho humano al agua. Amenaza, intimida y presiona a la población mediante el control de un recurso que no debería ser negocio, pero que la empresa ha convertido en un mecanismo de coerción. Los reportes de abusos se acumulan y, en algunos casos, llegan al extremo: la suspensión de la descarga sanitaria a domicilios y negocios.
La indignación social no es gratuita. Auditorías técnicas y financieras ordenadas por el gobierno estatal revelan irregularidades que explican por qué Aguakan defiende con uñas y dientes una concesión que fue ampliada de manera ilícita hasta 2053. La empresa no solo habría sido beneficiada con una prórroga ilegal y una expansión a Playa del Carmen sin facultades legales, sino que enfrenta también denuncias por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las órdenes de aprehensión contra directivos y socios no surgieron de la nada: responden a un cúmulo de hallazgos que comprometen la operación de la concesionaria.
Además, muestreos oficiales han detectado niveles de E. coli y coliformes fecales por encima de lo permitido tanto en el agua “potable” como en aguas residuales. Es decir, lo que Aguakan vende como “servicio” representa un riesgo para la salud pública. Aun así, la empresa continúa cobrando tarifas elevadas mientras incumple con lo básico: suministrar agua limpia y garantizar un drenaje sanitario funcional.
Tanto Claudia Sheinbaum como Andrés Manuel López Obrador han sido claros: Aguakan no debe seguir administrando un recurso que ha convertido en un negocio privado. “Un abuso”, han dicho ambos mandatarios. Pero aun así, el proceso judicial permanece estancado, protegido por la misma estructura a la que la empresa recurre cada vez que se presume algún avance: el Poder Judicial que históricamente la ha blindado.
En este contexto, voces como la del activista Héctor Ortega Contreras insisten en que el Congreso local también tiene responsabilidad. Revisar y modificar la Ley de Cuotas y Tarifas para dejar de privilegiar intereses empresariales es un paso indispensable para frenar los abusos que Aguakan ha sostenido durante décadas.
Políticos y funcionarios cómplices de Aguakan
El 11 de noviembre de 2014, durante el ejercicio de la XIV Legislatura del Congreso de Quintana Roo, la mayoría de legisladores aprobó una prórroga anticipada y la expansión de la concesión de agua potable —a favor de Aguakan— por cuarenta años más.
A casi diez años de distancia, varios de esos mismos funcionarios han cambiado de postura: hoy denuncian abusos, irregularidades y encabezan campañas para revocar la concesión. Esta es la historia de esa metamorfosis política.
La decisión fue avalada por cabildos municipales y por mayoría en el Congreso estatal durante una sesión nocturna y exprés, marcada por críticas sobre la opacidad del procedimiento.
En aquel entonces, la concesión se extendió hasta 2053, garantizando a la empresa el control del servicio de agua, drenaje y saneamiento en buena parte del estado durante varias décadas.
Se reportó que la empresa pagó una “contraprestación extraordinaria” —más de 1,050 millones de pesos— al gobierno estatal, monto cuyo destino sigue permanece en la incógnita.
Entre los diputados que en 2014 aprobaron la ampliación de la concesión se encuentran Marybel Villegas Canché; Juan Luis Carrillo Soberanis; José Luis Toledo Medina; Pedro José Flota Alcocer; Maritza Aracely Medina Díaz; Berenice Penélope Polanco Córdova; Filiberto Martínez Méndez; José Ángel Chacón Arcos; Marcia Alicia Fernández Piña; Jesús de los Ángeles Pool Moo; Juan Manuel Herrera; Susana Hurtado Vallejo; Cora Amalia Castilla Madrid; Arlet Mólgora Glover; Martín de la Cruz Gómez; Mario Machuca Sánchez (QEPD); Luis Fernando Roldán Carrillo y Emilio Jiménez Ancona.
Sin embargo, después, diputados de la XVII Legislatura que integraron la Comisión Transitoria Especial y de Investigación para el seguimiento de las concesiones otorgadas a Aguakan también terminaron siendo cómplices de la empresa, al no derivar su encomienda en acciones determinantes.
Entre ellos se encuentran Humberto Aldana Navarro —quien, al dejar el cargo para buscar una diputación federal, cedió su lugar a Jissel Castro Marcial—, María José Osorio Rosas, Hugo Alday Nieto, Cinthya Yamilie Millán Estrella, Alfonsa Leticia Padilla Medina, Elda Candelaria Ayuso Achach, Julián Javier Ricalde Magaña y Maritza Deyanira Basurto Basurto.
Una década de denuncias, abandono e impunidad
La concesionaria Aguakan acumula más de una década de señalamientos por opacidad, deficiencia en el servicio, abandono de infraestructura y presuntos actos de corrupción. Entre 2021 y 2025, diversos reportajes y notas de fondo de El Despertador han documentado un patrón constante: plantas de tratamiento en ruinas, evasivas legales para impedir la revocación de la concesión y una relación marcada por complicidades institucionales.
A continuación, un recuento de diversas publicaciones que describen este deterioro progresivo y sus consecuencias para la ciudadanía.
AGUAKAN: PLANTAS DE TRATAMIENTO, EN EL ABANDONO
10 de marzo 2025
Pese a presumir fuertes inversiones en infraestructura, Aguakan mantiene varias de sus plantas en condiciones lamentables tanto en la zona urbana como en la Zona Hotelera de Cancún, generando riesgos ambientales y sanitarios.
AGUAKAN, LA INEFICIENTE: UN LARGO ADIÓS
8 de marzo 2025
El proceso para retirar la concesión continúa atorado por candados contractuales y recursos legales promovidos por la empresa, que exige una millonaria indemnización. Persisten versiones de que otra concesionaria vinculada al “Niño Verde” podría reemplazarla. Las plantas de tratamiento muestran tanques secos, basura y vegetación desbordada.
AGUAKAN: SIGUE LA IMPUNIDAD
14 de octubre de 2023
La revocación de la concesión permanece en punto muerto. CAPA no entrega el informe solicitado por el Congreso, mientras que el propietario de la empresa, Jorge Ballesteros, es comparado con Germán Larrea por su poder e influencia.
CANCÚN EN CRISIS HÍDRICA, CORTESÍA DE AGUAKAN
2 de julio de 2023
Familias que llevan meses sin agua desmienten las justificaciones de Aguakan, la cual pretende atribuir a la CFE la escasez del servicio en amplias zonas de Cancún.
AGUAKAN, NEGOCIO REDONDO
9 de mayo de 2023
Según la ampliación de concesión otorgada en 2014, Aguakan solo debe invertir uno de cada diez pesos que gana en infraestructura, y entregar una cantidad similar a CAPA, convirtiendo el contrato en un negocio excepcionalmente favorable para la empresa.
REVOCACIÓN DE AGUAKAN ES POSIBLE
8 de mayo 2023
Sale a la luz el título de concesión —oculto durante años— donde se especifica que la revocación puede realizarse sin pagar la multimillonaria indemnización que se ha usado como pretexto para frenar el proceso.
CAPA, LA GRAN CÓMPLICE DE AGUAKAN
7 de mayo de 2023
La historia de abusos de Aguakan se entrelaza con años de opacidad, omisiones y complicidad entre la empresa, el órgano rector estatal y diversos gobiernos municipales.
AGUAKAN: ¿QUIÉN LE PONE EL CASCABEL AL GATO?
8 de enero 2023
Ninguna autoridad asume la responsabilidad de ejecutar la voluntad popular que ordenó retirar las concesiones de Aguakan en tres municipios de Quintana Roo. Persisten enredos, contradicciones y opacidad.
CONCESIÓN DE AGUAKAN: LA TORMENTA QUE VIENE
19 de junio 2022
Si se confirma la cancelación de la concesión en los cuatro municipios donde opera, las autoridades entrantes enfrentarán un escenario complejo, comparado con una “papa caliente”.
AGUAKAN, VENENO A DOMICILIO
9 de mayo de 2021
Aunque se cobra como potable, el agua que llega a los hogares presenta condiciones que la hacen inapropiada para consumo humano. La situación perdura con la permisividad de Cofepris y Profeco.
**** RECUADRO ****
PROPUESTAS DE EL DESPERTADOR
1.- Solicitar a la Suprema Corte y tribunales federales priorizar el caso como asunto de interés público, estableciendo plazos máximos para resolver los recursos y evitando dilaciones administrativas.
2.- Implementar declaraciones de conflicto de interés obligatorias y supervisión externa por organismos ciudadanos y académicos en todas las decisiones relacionadas con Aguakan.
3.- Crear una auditoría financiera forense independiente, con resultados públicos, para determinar el uso de esos recursos y garantizar que se destinen a infraestructura y servicios de agua.
4.- Solicitar investigación del origen de capital extranjero y su implicación en decisiones de concesión, bajo supervisión de la Secretaría de Hacienda, la UIF y autoridades federales de inversión extranjera.
5.- Instalar medidores inteligentes independientes, con auditoría externa periódica y sanciones automáticas por irregularidades detectadas.
6.- Establecer un comité interinstitucional con representantes del Congreso, CAPA, PROFECO, SFP y ciudadanía para coordinar acciones legales, operativas y comunicacionales.
7.- Implementar muestreos independientes y diarios, con alertas públicas y suspensión de cobros en zonas con agua no potable, mientras se reparan las plantas de tratamiento.
8.- Crear un registro público de concesiones con acceso ciudadano, criterios claros de evaluación y mecanismos legales para revocar contratos en caso de incumplimiento.
9.- Implementar plataformas digitales y comités locales de vigilancia, donde los ciudadanos puedan reportar fallas, abusos o irregularidades, con seguimiento oficial obligatorio.
10.- Promover investigaciones administrativas y penales de exlegisladores y funcionarios involucrados, estableciendo sanciones proporcionales y medidas de prevención para el futuro.
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