La secretaria del Trabajo y Previsión Social en la entidad ha realizado una labor intensiva desde el 2016 para sanear la dependencia y abatir el enorme rezago de expedientes; ahora, con la crisis del Covid-19 anticipa que se elevarán sustancialmente las denuncias por despidos
JENNIFER AGUILERA
Catalina Saarvelia Portillo Navarro, abogada laboral con más de 32 años de experiencia en Quintana Roo, nació en el Pueblo Mágico de Taxco, Guerrero, donde vivió toda su niñez y parte de su adolescencia.
Al iniciar sus estudios de nivel medio superior la familia toma la decisión de radicar en el Estado de México, donde cursa la carrera de derecho en la Universidad en la Autónoma de Toluca. Se tituló en 1982 e ingresó a su vida laboral en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), en esa entidad.
Años más tarde le detectaron a su padre una enfermedad en el corazón y la recomendación de los cardiólogos fue vivir cerca del mar, por lo que su familia eligió a Cancún como el lugar para radicar, a donde arriban a finales de los 80.
Explicó que a pesar de ser de Guerrero, un sitio más cercano a Toluca, no consideró Acapulco como una opción para mudarse porque ya había un gran desarrollo y el tema de la violencia empezaba a crecer, mientras que Cancún era un lugar más virgen, con más oportunidades de crecimiento.
Previamente, respaldada por su experiencia en materia de derecho laboral, viajó a la Ciudad de México para solicitar empleo en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), así es como logró entrar a la sección 123 del Sindicato de la Industria Hotelera, Gastronómica y Conexos de la República Mexicana, y llegó con empleo a Cancún al lado de su familia. Al llegar se presentó con el entonces líder cetemista en Quintana Roo, Nereo Gutiérrez Hernández e inició como abogada dictaminadora de la junta local.
Después toma el cargo de secretario general Procónsul Cruz del Valle y continúa con su labor, pero cuando entran en conflicto en el sindicato y asume el cargo Isidro Santamaría, decide renunciar y se instala en su propio despacho jurídico, siempre enfocado en materia laboral.
En el 2016 el gobernador electo, Carlos Joaquín González, le pidió su apoyo durante la transición gubernamental, fue un trabajo sin goce de sueldo y lo hizo con gusto porque creyó en el proyecto y porque deseaba ser parte de un cambio para Quintana Roo y su gente.
Al concluir los dos meses de la transición el gobernador le ofreció la titularidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) en Quintana Roo, aceptó y se enfrentó a la urgente necesidad de realizar un saneamiento a fondo de la dependencia, pues encontró numerosas adjudicaciones indebidas de bienes inmuebles, empresas, casas, autos, dinero y cuentas bancarias, eran muchos los afectados a nivel nacional e internacional, y ello afectó la confianza para invertir en Quintana Roo.
Así que uno de sus primeros retos en el cargo fue reconstruir la secretaría y resolver cada uno de esos casos. Explica que a la fecha han logrado recuperar 711 millones de pesos a favor de propietarios y concesionarios que fueron despojados, aún existen algunos litigios pendientes debido a la interposición de amparos, pero espera que pronto puedan concluirse.
Además, ha tenido que sanear el ambiente dentro de la institución ya que existía personal con “otro tipo de mentalidad, que no deseaba avanzar al mismo ritmo para lograr ese sano equilibrio; algunos abogados sólo deseaban hacer lo que ellos querían”. Recordó que la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el 2012 incluye un artículo transitorio que refiere que los integrantes de las juntas deben acreditarse como abogados titulados con cédula profesional, por lo que se les brindó la oportunidad de cumplir con ese requisito hasta el 2016.
Por lo tanto, al asumir el cargo justo en el 2016, hizo valer ese artículo pues se topó con que varios de los abogados litigantes no cumplían con dicho requisito, el cual les fue exigido también a los representantes legales de los trabajadores y de los patrones, lo que hizo desaparecer a muchos de los “coyotes” que pululaban por las procuradurías.
Otro gran reto ha sido agilizar y sanear el gran rezago de expedientes en la secretaría, que llegaba a 46 mil en todo Quintana Roo; a la fecha han logrado reducir la cifra a 28 mil expedientes, aún elevada, sin embargo, continúan trabajando para continuar disminuyéndola, y es que también cada vez son más las quejas que ingresan en todo el estado.
De hecho, con motivo de la pandemia por el coronavirus Covid-19, considera que la cifra de denuncias por despidos se eleve, por lo que seguirán trabajando en la sensibilización de los empresarios y en la entrega de los mejores resultados, con el fin de mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses, colaborando en el proyecto de un cambio de gobierno que busca la madurez política y hacer las cosas correctamente.
Catalina Portillo afirmó que como mujer, abogada y ciudadana, todos los días se prepara para superar de la mejor forma cada uno de los retos que se le presentan en su vida personal, profesional y en todas sus vertientes.
Señaló que para el año 2021 vienen nuevas reformas constitucionales en materia de justicia laboral, por el nuevo tratado comercial con Canadá y Estados Unidos, lo que representará un gran reto a nivel nacional. En lo que respecta a sindicatos y empleadores, busca siempre la conciliación, la comunicación, lograr acuerdos y evitar los emplazamientos a huelga, sin dejar de lado los derechos de los trabajadores.
A dos años y seis meses de que concluya su periodo en la institución, se dice dispuesta a continuar con la misma fuerza que al principio de su gestión, en busca de cumplir con las metas que se ha propuesto y así lograr un buen equilibrio para que el sector laboral siga creciendo y se mantenga el flujo de la economía.