Busca AMLO proteger a CFE; oposición advierten riesgos económicos y ambientales; elevará tensión comercial con EEUU: Financial Times
AGENCIAS
MÉXICO.- Como lo había anticipado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa, de carácter preferente, de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, lo que generó gran polémica dentro y fuera del país.
Con ella, el Ejecutivo propone dar marcha atrás a los aspectos centrales de la reforma energética en materia eléctrica aprobada en el sexenio pasado, cuando “se otorgó plena cobertura legal a la política neoliberal de privatización de las empresas públicas para despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”.
La iniciativa –que debe ser aprobada por la Cámara de Diputados en un plazo de 30 días– plantea revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno de los contratos de compraventa de energía eléctrica suscritos con productores independientes, “que han causado un gran daño al patrimonio de CFE”, cuyo servicio se pretende priorizar ante otros participantes de la industria.
El documento contiene modificaciones a ocho artículos y cuatro transitorios de dicha ley, que entró en vigor en 2015. Según analistas, el que formara parte del marco legal vigente al momento de la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos (T-MEC) podría desencadenar controversias internacionales si se aprueba su modificación.
La iniciativa podría aumentar las tensiones comerciales con Estados Unidos y Canadá, advirtió el diario Financial Times, pues “cambiaría el orden en que envían la electricidad a la red nacional”, lo que “mandaría a los inversionistas privados al final de la fila”.
Diputados del PRD y el PRI coincidieron en que la iniciativa es violatoria de la Constitución y de varios tratados internacionales y adelantaron que, ante una muy probable votación a favor por parte de la mayoría oficial, recurrirán como bloque opositor a interponer una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
“Es clara y declarada su inconstitucionalidad, se encarecerá el precio de la energía eléctrica, monopolizará la industria, sepultarán a los generadores de energías limpias, podrán en riesgo las inversiones en el país y se afectaría irremediablemente al medio ambiente”, enfatizó la legisladora perredista Mónica Almeida.