EDUARDO MAY
MÉRIDA.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el bloqueo de cuentas bancarias sin control judicial previo debilita el Estado de derecho y genera incertidumbre entre inversionistas y ciudadanos.
En un comunicado, Coparmex Mérida señaló que la certeza jurídica es un elemento fundamental para la confianza, la inversión y el desarrollo económico, por lo que permitir restricciones al acceso a recursos sin controles judiciales definidos abre un escenario de incertidumbre que impacta la estabilidad económica y contraviene disposiciones constitucionales y tratados internacionales.
El organismo empresarial consideró que la decisión de la SCJN, emitida el 6 de abril, establece un precedente delicado al permitir afectaciones al patrimonio de personas y empresas con base en indicios, sin una resolución judicial previa.
La resolución establece que el bloqueo de cuentas puede proceder cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuente con “indicios suficientes” de posible vinculación con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo.
Coparmex advirtió que este esquema también tensiona el principio de presunción de inocencia, al permitir medidas que pueden tener efectos similares a una sanción antes de que se acredite responsabilidad.
El organismo subrayó que este tipo de disposiciones puede afectar la percepción de riesgo país, al considerar que la posibilidad de restringir recursos sin control judicial previo reduce la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.
Asimismo, señaló que el impacto sería mayor en las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del 99 por ciento del tejido empresarial, debido a su dependencia de la liquidez diaria para operar.
Indicó que un bloqueo de cuentas, incluso de carácter cautelar, puede impedir el pago de nómina, proveedores o créditos, poniendo en riesgo empleos y la continuidad de los negocios.
Finalmente, el sector empresarial planteó la necesidad de revisar los alcances de esta resolución, a fin de evitar afectaciones al entorno económico y garantizar condiciones de certeza jurídica.